En su rabiosa campaña contra el referéndum tendiente a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el ex presidente de la República Julio María Sanguinetti, a sus interminables 85 años de edad, sigue mintiendo sin mayor recato ni pudor, acorde a lo que ha sido siempre su recurrente prédica de falacias y de distorsión de la verdad histórica.
Ahora, insta a votar por el “no” en la convocatoria a las urnas que presumiblemente se celebrará en el primer trimestre de 2022, invocando nada menos que al plebiscito de 1980, que culminó con la derrota del proyecto de reforma constitucional de la dictadura cívico militar que, cuatro años después, le allanó a el mismo el camino a la presidencia.
“Votar el no va a ser un mandato cívico como en 1980”, escribió el ex primer mandatario en su columna del semanario “Correo de los viernes”, comparando dos situaciones y contextos históricos diametralmente opuestos.
Hace 41 años, la mayoría de los uruguayos derrotaron la censura y el muro de silencio instalado por los militares y los civiles fascistas blancos y colorados que colaboraron con ellos, dando por tierra con una reforma que abolía la democracia, declaraba ilegales a los partidos de izquierda e instituía un régimen tutelado por el poder castrense.
En cambio, la consulta que se dirimirá el año próximo apunta a derogar algunos artículos, no todos, de una ley ómnibus abiertamente inconstitucional, que limita el derecho de huelga y el de reunión, establece nuevas herramientas represivas que coartan libertades y absurdos delitos como el de “agravio” a la autoridad, barre literalmente con la autonomía de la educación pública, violando el artículo 202 de la Constitución de la República, y modifica radicalmente la Ley de Inclusión Financiera, favoreciendo la evasión y el lavado de activos.
“Para la coalición es fundamental derrotar al referéndum y lograr que el No sea mayoritario cuando corresponda votar”, dijo el ex presidente, verdadero arquitecto intelectual del contubernio multicolor y una de las espadas del presidente Luis Lacalle Pou junto al ultraderechista líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.
Obviamente, este señor, que siempre se creyó dueño de la verdad aunque es un mentiroso profesional, auguró que no se alcanzarían las firmas para habilitar el recurso contra la LUC. Si financiera su presupuesto con sus pronósticos, no viviría a lo rico en una suntuosa mansión ni disfrutaría de sus privilegios burgueses.
Por supuesto, centró su análisis en dos temas cruciales del engendro jurídico que se aspira a derogar: las políticas de seguridad y la enseñanza, que fue desmantelada por la cuestionada norma.
Sanguinetti miente a cara de perro cuando afirma que el narcotráfico ingresó al país durante los gobiernos del Frente Amplio, ya que la DEA, en la década del noventa, cuando gobernaban blancos y colorados, denunció que el país era un centro de distribución de estupefacientes. Incluso, la entrada al mercado y el auge de la pasta base coincide con la crisis del 2002 provocada por la coalición blanqui-colorada.
También patina cuando denuncia que el aumento de la tasa delictiva comenzó en 2005 con el advenimiento del primer gobierno del Frente Amplio, por la liberación de 1.000 reclusos en el marco de la denominada Ley de Humanización Carcelaria.
Cuando el propio Sanguinetti se transformó en presidente en 1985, merced a elecciones rengas y tutelada por los militares, se sancionó una amnistía para presos sociales, que dejó en libertad a decenas de delincuentes peligrosos.
Incluso, según información oficial del Ministerio del Interior, durante la primera presidencia de Sanguinetti (1985-1990) aumentaron exponencialmente todos los delitos y, en el caso de los homicidios, el crecimiento fue de un 25%.En ese contexto, en 1987 el 80% de los uruguayos tenía la percepción que vivía en una situación de permanente inseguridad.
¿Puede este señor vanagloriaste de haber tenido éxito en la lucha contra el delito en sus gobiernos, pese al aumento de las penas y el endurecimiento de las herramientas punitivas?
Ahora, le indilga todos los males a los gobiernos del Frente Amplio, pese a que el problema comenzó bastante antes. En tal sentido, la baja en la tasa de delitos que se atribuye al actual gobierno se origina en dos factores: en la inicial disminución de la movilidad por la pandemia y en el sub-registro de denuncias y no en la aplicación de las medidas punitivas de la LUC que sólo han devenido en excesos policiales.
Por supuesto, el reconocido talante reaccionario de Sanguinetti fue siempre proclive a la represión. No en vano, integró, en calidad de ministro, los gobiernos autoritarios de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry y, durante su primera presidencia, organizó las “razzias” policiales, mediante en las cuales se encarcelaba y torturaba a jóvenes, homosexuales y prostitutas.
En lo que atañe a la educación, cuando fue Ministro de Educación y Cultura de Bordaberry, fue el gestor de la ley que abolió la autonomía de la enseñanza consagrada por la Constitución de la República y permitió, durante la dictadura, la destitución de miles de docentes por razones políticas o ideológicas.
Si este dinosaurio sobreviviente de la guerra fría que pactó con los militares para ser presidente, en una elección trucha con proscriptos y partidos ilegales y luego engendró la Ley de Impunidad de los delitos perpetrados por la dictadura apoya con tanto entusiasmo la LUC, es por su talante eminentemente fascista.
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