Las reflexiones de Ana Lía Piñeyrúa, actual ministra de la Corte Electoral por el Partido Nacional, que constituyen una grosera violación al artículo 77 de la Constitución de la República, generaron una auténtica tormenta política, en el marco de la campaña que impulsa la Comisión Pro-referéndum para la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Piñeyrúa, que integra el organismo encargado de validar las firmas presentadas por el Frente Amplio y las organizaciones sociales, publicó, en Twitter, distintas opiniones a favor del mantenimiento de la LUC y afirmó que la campaña por la derogación (realmente es la anulación) “transita a pura mentira “Es terrible¡ Qué poco serio!”, escribió en su cuenta la ex legisladora.
Al respecto, añadió que “si los 135 artículos de la LUC que pretenden derogar fueran tan malos, no sería necesario mentir para hacer campaña. Cero argumento válido”.
Naturalmente, sus expresiones fueron replicadas de inmediato por los impugnantes, quienes explicaron que la jerarca, por su cargo, está inhabilitada constitucionalmente de formular públicamente expresiones de tenor político, tal cual lo prescribe el artículo 77 de nuestra Carta Magna.
Sobre el particular, la Comisión Nacional por el SÍ acusó a Piñeyrúa de adoptar una actitud de “descrédito, en lugar de preservar la imagen de imparcialidad que tiene la Corte Electoral”. Asimismo, exhorta “a que se realice una campaña transparente y de información, porque esta forma de hacer política no es Uruguay”.
En ese contexto, el precepto constitucional establece que la prohibición alcanza a los magistrados judiciales, a los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas y a los militares en actividad, así como el propio Presidente de la República.
En ese marco, el único acto que tienen permitido es el ejercicio del voto, absteniéndose, por ende, de formular reflexiones de carácter proselitista de ninguna índole.
Obviamente, no sorprenden en modo alguna estas expresiones, luego que, días atrás, el propio presidente de la República, a quien alcanza esta inhibición, también violó la Constitución.
Más allá que ambos conocen sus derechos y sus obligaciones, el agravante es que tanto la ministra de la Corte Electoral como el primer mandatario son abogados. Por ende, o sufren un ataque de deliberada amnesia o bien reprobaron la asignatura derecho constitucional.
Como la naturaleza misma de la LUC es política, cualquier expresión a favor o en contra con tinte de propaganda está comprendida dentro de los parámetros y restricciones que establece el texto constitucional y, obviamente, vulnera el estado de derecho.
Empero, lo más grave es que Ana Lía Piñeyrúa integra la Corte Electoral, que es el organismo a cuyo cargo está el trabajo de validación de las impugnaciones y la ulterior convocatoria del referéndum.
Más allá de la honestidad de los funcionarios a cargo de la tarea, ¿qué garantías otorga la Corte Electoral, que ampara en su seno operadores políticos que vulneran impunemente la legalidad?
La sinuosa trayectoria política de la ex legisladora Piñeyrúa – que siempre fue una oportunista, avala, sin dudas, una conducta tan deleznable, pero acorde a las permanentes trasgresiones que suelen perpetrar los miembros del oficialismo.
En efecto, esta señora, que claramente no tienen principios, inició su actividad pública muy joven durante la dictadura, cuando se sumó a la agrupación ACF, integrada por el núcleo duro del wilsonismo, que compitió en las bastardas elecciones internas de 1982 convocadas por el gobierno autoritario.
En los comicios de 1984, integró la lista 2000 del Movimiento Nacional de Rocha, sin resultar electa diputada y luego ocupó una banca por dicha agrupación blanca entre 1990 y 1995.
También integró la Comisión Pro-referéndum para la anulación de la Ley de Caducidad sancionada en 1986, acorde con la condición principista de su sector.
Sin embargo, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, aceptó ocupar la titularidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de coalición blanqui-colorado. Obviamente, se olvidó de su ideología primigenia y pactó con el enemigo más acérrimo de caudillo Wilson Ferreira Aldunate.
Naturalmente, en el ejercicio de su investidura aceptó, sin pestañear, la suspensión de la negociación salarial que databa de la administración nacionalista encabezada por Luis Alberto Lacalle Herrera y avaló, con su prescindencia, la rebaja de sueldos y la pérdida de miles de puestos de empleo.
En los años siguientes, siempre acomodó el cuerpo dentro en la interna de su partido para salir airosa y arrimarse al ganador, sumándose finalmente al lacallismo, que representa el ala más reaccionaria, conservadora y derechista de la colectividad fundada hace 185 años por Manuel Oribe.
Su actitud, de clara y artera injerencia en la campaña hacia el referéndum que será convocado el año próximo para poner a consideración el mantenimiento o la anulación de 135 artículos de la LUC, es consecuente con la deleznable actitud de su Partido Nacional y de los restantes miembros del oficialismo.
Ello la transforma en protagonista de la furibunda guerra sucia declarada por el bloque conservador, que apela permanentemente a la falacia, la manipulación de la verdad y la ignorancia, con las mismas abominables estrategias empleadas en 2019 para ganar las elecciones e instalar el gobierno multicolor, el contubernio derechista que hoy padecemos.
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