No satisfecha con ejercer un gobierno de espanto que horada dramáticamente la calidad de vida de los uruguayos, con un descomunal aumento de la pobreza, una rebaja salarial y de jubilaciones, dos tarifazos en apenas diez meses y una tasa de desocupación que retrotrae al país a un oscuro pasado recesivo, la derecha mantiene su feroz ofensiva contra el Frente Amplio.
Utilizando las execrables falacias que le permitieron ganar las elecciones nacionales, el bloque conservador ataca a la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, una de las figuras emergentes de mayor visibilidad y carisma de la izquierda, junto a su colega canario Yamandú Orsi.
Por supuesto, dado su creciente prestigio y el alto nivel de aprobación ciudadana a su gestión, la perciben como una de las potenciales precandidatas a la presidencia de la República para las elecciones de 2024, que, desde su investidura al frente del gobierno capitalino, demostró estar a la altura de la responsabilidad que le confío el electorado en un contexto de alta complejidad.
El desembozado accionar del oficialismo, que reedita la campaña sucia emprendida el año pasado contra los aspirantes frenteamplistas en los comicios departamentales, pretende encubrir el desastre económico y social que azota al Uruguay.
La ofensiva contra Cosse –que ahora se materializa en una denuncia penal ante la Justicia con relación al proceso que condujo a la ejecución del proyecto y la construcción del Antel Arena- comenzó en diciembre del año pasado, cuando el presidente del ente de las telecomunicaciones, Gabriel Gurméndez, informó que el costo total del complejo, que fue erigido cuando la actual Intendenta de Montevideo Cosse estaba al frente de dicha empresa estatal, fue de 118 millones de dólares.
Si bien se podrá coincidir o disentir con la decisión de invertir en la construcción de un estadio cerrado multipropósito, nadie puede negar que el emprendimiento colocó a nuestro país, antes del paréntesis impuesto por la pandemia, en un sitial vanguardista en materia de organización de eventos deportivos y culturales de nivel internacional, dinamizó el mercado, generó fuentes de trabajo y resucitó un barrio montevideano que estaba deprimido.
El proyecto se inscribió en una política estratégica de reposicionamiento de la marca Antel, que se encuentra en régimen de libre competencia en el mercado de la telefonía móvil y, durante los gobiernos del Frente Amplio, se transformó en líder, a nivel regional, en el desarrollo de la banda ancha y en la universalización del acceso a Internet.
El primer ataque multicolor contra Carolina Cosse fue cuestionar la inversión de Antel durante su gestión en materia de publicidad, que alcanzó a los 91 millones de dólares. Esa ofensiva –que fracasó estrepitosamente- coincidió con la campaña electoral para las elecciones departamentales.
Lo que omitieron deliberadamente los detractores de Cosse fue informar que el retorno de ese gasto en pautas publicitarias fue de nada menos que 3.400 millones de dólares.
La segunda fase de la ofensiva se inició en diciembre pasado, coincidentemente en plena explosión de la curva de contagios y muertos por Covid-19 en Uruguay.
Lo sugestivo es que el informe que nutre la denuncia fue elaborado por la consultora Ecovis Uruguay, cuyo propietario, el contador Marcelo Caiafa, de notoria vinculación al Partido Nacional, embolsó la nada despreciada suma de 1.700.000 pesos.
Este señor se prestó a hacer el trabajo, con el propósito de generar un hecho político, pese a que los balances contables de la telefónica al igual que los proyectos, pasaron por el tamiz de dos auditorías, una interna y otra externa.
¿Puede razonablemente confiarse en el reporte de una empresa privada notoriamente vinculada al Partido Nacional, que es cabeza del gobierno multicolor, cuya contratación se dio mediante la modalidad de compra directa? Evidentemente, el informe se presta a múltiples suspicacias.
En ese contexto, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, no ocultó su sorpresa por la contratación de dicha consultora, siendo que Antel ha sido doblemente auditada en los últimos años.
Según el dirigente gremial, Gurméndez necesitaba “alguien que le hiciera el mandado” y que afirmara la tesis del directorio en el sentido que la construcción de Antel Arena fue un “despilfarro”.
En ese marco, Molina denunció que el sindicato indagó y descubrió que la empresa Ecovis Uruguay –cuya auditoría no coincide con la de Price Waterhouse- “no es apolítica”, porque su propietario está notoriamente vinculado al partido de gobierno. Más allá de intencionalidades políticas, se trata de otra de las numerosas operaciones de clientelismo político de este gobierno.
Nadie hasta el momento, desmintió la denuncia de los trabajadores del ente de las telecomunicaciones.
El último capítulo de esta operación de enchastre fue la absurda interpelación en la Junta Departamental vía zoom, con el argumento que Cosse utiliza su investidura para promoverse políticamente- como hacen sus colegas de todos los partidos- y hasta la inverosímil denuncia de un edil nacionalista por la supuesta connotación proselitista del color de los postes de los semáforos.
La ofensiva de la derecha contra la Intendenta de Montevideo tiene un doble propósito: debilitar su imagen y detener su imparable crecimiento político y desviar la atención de la opinión pública respecto al drama que padecen los nuevos 100.000 uruguayos pobres que pasan hambre y privaciones.
El informe de la Junta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), sobre la construcción del Antel Arena sigue en el ojo de la tormenta. En declaraciones a Telemundo, el expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, consideró que el fallo “no es bueno y no es aceptable”, y fue contundente al afirmar que la resolución no la comparte “de ninguna manera” porque “el procedimiento estuvo absolutamente limitado en cuanto a la seriedad”.
El expresidente del organismo cuestionó que la propia Junta señala que no tiene claro si las herramientas de la auditoría son suficientes y confiables. “Si deja duda sobre la confiabilidad del único insumo que utilizó, creo que las conclusiones tienen que ser cuestionadas”, insistió.
Dijo que debieron considerarse más insumos, entre otros darles la posibilidad a las autoridades implicadas para que den su versión. “Nada de eso se hizo, entonces me parece que el informe, desde mi punto de vista personal, no es bueno y no es aceptable”
El informe de la Jutep que se conoció la semana pasada señaló que en la construcción del Antel Arena se violaron “principios y normas de conducta”. Este fallo se basó en una auditoría que el directorio de la empresa pública encargó a la consultora privada Ecovis Uruguay.
La intendenta Carolina Cosse, expresidenta de la telefónica estatal e impulsora del Antel Arena, consultada el miércoles por el pronunciamiento de la Junta, dijo que se basó en una “pseudo-auditoría” realizada por una firma que es de un “militante herrerista”.
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