La imputación penal sin prisión de cuatro dementes que le propinaron una brutal golpiza y profirieron amenazas de muerte contra el hijo del docente de filosofía y asesor de la ANEP Pablo Romero en Punta del Este, está íntimamente imbricada con el paradigma de violencia instalada por la Ley de Urgente Consideración.
Pese a que la fiscalía solicitó prisión preventiva por 90 días, el dictamen judicial determina únicamente una medida cautelar de distanciamiento de 500 metros y la fijación de domicilio, que limita sus salidas del país.
En efecto, de acuerdo a los testimonios recabados, el joven de 18 años fue atacado a golpes y atropellado por un cuatriciclo, lo cual le provocó heridas leves pero un fuerte impacto emocional, que devino en su derivación a terapia psicológica.
Los agresores lo confundieron con un ladrón y el factor desencadenante habría sido su indumentaria, ya que lucía un gorro con visera, pantalones rotos y escuchaba rap.
Esta estética, que es habitual en jóvenes de su edad, fue suficiente para que cuatro matones de extracción burguesa decidieran agredirlo, en una interpretación errónea de las prerrogativas en materia de legítima defensa presunta que otorga la LUC.
Cuando advirtieron que habían cometido un exceso, se disculparon e intentaron solucionar el diferendo con dinero, acorde a la costumbre de esta clase social privilegiada. Incluso, uno de ellos, en tono desafiante, afirmó que el incidente no aparejaría consecuencias porque él era hijo de un diplomático.
Empero, lo más sorprendente y censurable, según la versión registrada en una carta pública rubricada por el propio Pablo Romero, es que la Policía le restó trascendencia al grave episodio y hasta lo atribuyó a un mero error, sin proceder, como hubiera sido menester, a la detención de los denunciados.
Siempre según la versión de la familia damnificada, que ocupa una vivienda lindera a la de los agresores en régimen de arrendamiento, estos matones de guante blanco siguieron hostigándolos e intentando zanjar el incidente con dinero.
Por supuesto, esta no es la primera vez que jóvenes de extracción burguesa agreden a personas en la vía pública. En tal sentido, se han reportado numerosas golpizas contra marginales en Montevideo, mediante la utilización de bates de beisbol. En todos los casos, los agresores se desplazaban en automóviles de alta gama.
Esta es la consecuencia del odio de clase instalado en la sociedad uruguaya, en cuyo marco jóvenes de alto rango social se creen con derecho a segregar y naturalmente a agredir a personas en situación de calle.
Estos auténticos delincuentes con cobertura profesional, ya que disponen de los mejores abogados patrocinantes, nos recuerdan a los personajes del “Naranja mecánica” (1971), el formidable film del maestro Stanley Kubrick, inspirado en la novela homónima del escritor Anthony Burgess.
Como se recordará, el relato –ambientado en un tiempo futuro y en una sociedad autoritaria- narra la tortuosa peripecia de un grupo de jóvenes que se dedican a golpear sin clemencia a marginales y a robar en suntuosas viviendas.
Más allá de eventuales parangones y disquisiciones, en el episodio de Punta del Este subyace la violencia latente que estremece a la sociedad uruguaya, el prejuicio, el desprecio, la segregación por el diferente y, obviamente, el odio de clase.
Por supuesto, no se trata de un episodio aislado sino de un testimonio más que la grieta política y social que divide al país no es un mito, sino una tan contundente como cotidiana realidad.
El tema encuadra perfectamente dentro del debate por el referéndum destinado a anular 135 artículos de la LUC, que impugna, entre otras disposiciones, la relativa a la legítima defensa presunta.
En tal sentido, el artículo 1°, que modifica a su vez el artículo 26 del Código Penal, otorga discrecionalidad al eventual damnificado por presunción de robo, para aplicar la violencia contra una persona que ingrese su casa y o al predio donde está emplazada la propiedad, incluyendo balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares.
En este caso, la víctima agredida no ingresó a ninguna vivienda ni estaba en actitud de hacerlo. Sin embargo, los agresores interpretaron que lo haría, seguramente por su aspecto.
Queda demostrado, pues, que existe en el imaginario colectivo un estereotipo de delincuente, que es absolutamente apócrifo. En efecto, hay jóvenes de clase alta –denominados peyorativamente como planchetos -que también usan gorro con visera y pantalones rotos y escuchan, a todo volumen, cumbia, rap y otros ritmos populares.
Es claro que la ropa y el aspecto físico no transforma en delincuente a nadie, porque es bien sabido que los peores criminales que asolaron a comienzos de este siglo al país eran banqueros y pertenecían a la elite de la sociedad uruguaya. Por supuesto, vestían trajes costosos y camisas de seda importadas.
Empero, el dramático episodio de Punta del Este corrobora que los confusos mensajes del oficialismo que emanan de la propia LUC, son interpretados por algunos matones de alcurnia como una suerte de licencia para cometer tropelías, amparados en sus privilegios y en una norma ambigua que se presta a más de una interpretación.
No obstante, lo realmente grave es el odio de clase que subyace en una sociedad en estado de crispación, que debería convocar al padre del damnificado –adherente a la coalición multicolor- a meditar muy bien su voto el 27 de marzo.
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