Luego de numerosas denuncias de abuso de autoridad policial proclamadas por la Asociación de Abogados de Oficio y la Institución de Derechos Humanos, el Frente Amplio le asestó una dura bofetada al gobierno, al presentar, con la debida documentación, 52 imputaciones de violencia perpetrada por fuerzas represivas.
Algunas de las acusaciones, con número de expediente del trámite ante la Fiscalía, dan cuenta de maltratos, golpizas, torturas y violaciones de los derechos humanos, propias de un régimen de extracción autoritaria y no de uno democrático.
Pese a que la reacción oficialista no se hizo esperar, lo concreto es que todos los episodios –que son más de cien- están radicados en la Justicia. A eso se suman notorios casos de abuso de poder con dictamen penal y hasta violaciones de mujeres en circunstancias extrañas.
Estos cuestionamientos a conductas aviesas no configuran un ataque al instituto policial. Sí corroboran que la cobertura que otorga la LUC fue, en algunos casos, como soltar a una jauría de dementes uniformados cuyos excesos eran castigados durante el gobierno anterior, al igual que las prácticas de corrupción que se han acentuado en los últimos dos años, como la apropiación de celulares de alta gama capturados a ladrones.
Hoy, los detenidos –delincuentes o no- carecen de garantías, porque una persona puede ser privada de libertad por no portar su documento de identidad, pese a la que la tecnología permite su identificación. Antes, nadie impedía que la Policía pidiera la cédula, pero la omisión de portar el documento no constituía un delito.
También en el marco de la nueva normativa, se puede detener a personas por su aspecto y hay autorización para mantenerlas privadas de libertad durante cuatro horas, antes de derivarlas a la Fiscalía.
En ese contexto, la implantación de la LUC, en su capítulo dedicado a la seguridad, otorga prerrogativas excepcionales a la Policía que sólo existían en los tiempos del autoritarismo.
La cuestionada legislación confiere impunidad a los uniformados para detener arbitrariamente a una persona y si el individuo tiene una reacción fuera de lugar, se le aplica el delito de agravio a la autoridad.
Por supuesto, no faltaron allanamientos sin orden judicial, que violan la Constitución de la República, represión callejera ante presuntas aglomeraciones de obreros–como en el caso de las registradas en la Terminal de Tres Cruces en el Puerto- y por lo menos un caso de violación comprobada por parte de policías, que culminó con el procesamiento de los agresores, además de otras acusaciones de abuso sexual.
El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no ha investigado ninguno de esos casos, lo que constituye una actitud de flagrante negligencia o de mera complicidad con los implicados, propia de alguien que carece de idoneidad para ocupar dicha investidura.
Incluso, el Secretario de Estado se permite la osadía y el atrevimiento de viajar para apoyar a tres policías procesados por abuso de funciones en Durazno, en un explicita falta de respeto a los dictámenes de un poder independiente del Estado.
Por supuesto, la salida de tono de Heber viola el principio de separación de poderes consagrado por la Constitución, en una suerte de espasmo golpista que recuerdo los tiempos más oscuros del pasado reciente.
En forma absolutamente inesperada, el Sindicato Policial de Maldonado fustigó duramente al Secretario de Estado, afirmando que “la seguridad no ha mejorado nada” y que “el Ministerio del Interior retrocedió veinte o treinta años”.
En ese contexto, los uniformados fernandinos condenaron “el regreso de viejas prácticas en la interna policial que creíamos desterradas, como perseguir al funcionario que denuncia y permitir actos que rozan la ilegalidad y la corrupción”. También criticaron la rebaja salarial del personal y la grave situación de las cárceles.
Realmente, resulta preocupante que el referéndum del 27 de marzo sea fiscalizado por un organismo del Estado cuyo responsable hace abierta propagando por el NO. Naturalmente no se puede ser juez y parte, porque esa circunstancia le resta transparencia y garantías a la consulta. Debería abstenerse de participar en la campaña.
Por supuesto, no es cierto que la LUC no haya derivado en excesos, como lo afirman los voceros del NO en sucesivos debates, ya que a la violencia policial –que en casos que ya hemos reseñado ha provocado muertes- se suman las víctimas de personas asesinadas por particulares y amparadas por la legítima defensa presunta contenida en la ley.
En realidad, como es lógico el mantenimiento del orden interno es privativo de la Policía y no de particulares armados, que han perpetrado homicidios por presunción o sospecha que iban a ser robados y, en otros casos, dispararon sus armas por el mero “aspecto delictivo” de sus víctimas, como ha sucedido en reiteradas oportunidades.
Estos episodios, que han acaecido durante los primeros dos años del gobierno multicolor, corroboran que la LUC contiene herramientas brutalmente represivas y de impronta autoritaria y hasta criminal, más propias de una dictadura que de una democracia.
De ahí la necesidad de anular esas medidas punitivas profundamente antipopulares en el referéndum del domingo 27 de marzo, para que en nuestro país vuelvan a regir el estado de derecho y las garantías individuales, groseramente vulneradas por una norma que alimenta la violencia estatal y privada, los excesos, la violación de los derechos humanos y, en muchos casos, la más irracional impunidad.
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