El exabrupto del Ministro de Defensa Nacional, Javier García, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes acusando al Frente Amplio de haber apoyado el golpe de Estado, constituye una nueva canallada que encumbre culpas y responsabilidades propias en la ruptura institucional consagrada en 1973.
Si bien los diputados del FA no debieron haberse retirado, lo realmente rescatable es el calificativo de “atrevido” que le aplicó el legislador comunista Gerardo Núñez al Secretario de Estado. Más que un atrevido Javier García es un auténtico Pinocho de la política, por haber perpetrado una conducta despreciable que agravia a una fuerza política de inveterada vocación democrática y falseado la verdad histórica sin pudor.
Obviamente, el titular de la cartera de Defensa Nacional se refirió a los comunicados 4 y 7 emitidos en febrero de 1973 por los mandos militares sublevados contra el mandatario y luego dictador Juan María Bordaberry, que indujeron a parte de la izquierda a reflexionar que la verdadera dicotomía era entre oligarquía y pueblo.
Esa fue la definición del PCU documentada en el diario El Popular, que ponderó inocentemente los presuntos cantos de sirena “progresistas” de algunos militares de la época, pese a su visceral contenido anti-marxista.
Al respecto, es pertinente recordar parte del comunicado 4, que, en su numeral 6º (literal c), expresa textualmente: “proceder en todo momento de manera tal de consolidar los ideales democrático- republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida”.
Queda claro, entonces, que las jerarquías del Ejército y la Fuerza Aérea alzadas contra Bordaberry, por un mero desencuentros entre fascistas, manifiestan -explícitamente y sin eufemismos- su total adhesión al sistema republicano de gobierno y rechazan al comunismo, al cual consideran un enemigo.
Obviamente, esta definición fue corroborada durante la dictadura, en cuyo contexto se emprendió una salvaje y criminal persecución contra miembros del Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda, que padecieron cárcel, torturas, asesinatos y exilio.
A los que ni se les tocó un pelo, salvo en el caso del encarcelado caudillo Wilson Ferreira Aldunate y del asesinado Héctor Gutiérrez Ruiz, fue a militantes y dirigentes del Partido Nacional, algunos de los cuales colaboraron, incluso abiertamente y sin ningún prurito, con el gobierno autoritario que asoló al país durante doce años. Por más que mientan y oculten la verdad, esa mancha está en los libros de historia.
El motivo de la controversia entre el legislador frenteamplista y García fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) al cual adhiere este gobierno, una dramática farsa, creada en 1947, que le permite a Estados Unidos ejercer su político intervencionista e injerencista en la región, invadir países, derrocar gobiernos legítimos e instaurar regímenes títeres funcionales a la Casa Blanca.
Por supuesto, desde la época de la administración Trump y ahora con el padrinazgo de Joe Biden, el TIAR sigue siendo un instrumento idóneo para intentar desestabilizar al gobierno de Venezuela y atacar a Cuba y a Nicaragua, acorde con la nueva escala expansionista del imperialismo norteamericano.
No en vano, hace unos días, Uruguay recibió la ingrata visita del almirante Craig S. Fuller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, un militar terrorista y enemigo acérrimo de los gobiernos de izquierda del continente, contra los cuales ha conspirado permanentemente.
Obviamente, fue recibido como una suerte de visitante ilustre por la administración encabezada por Luis Lacalle Pou, acorde a la cómplice obsecuencia de la derecha uruguaya.
La misión incluyó insólitamente el ingreso de una aeronave de transporte militar, armas cortas de seguridad, municiones y equipos de comunicaciones, según lo consignado en el semanario Búsqueda, que no es propiamente una publicación de izquierda.
La “cooperación” entre ambos países prevé, según lo anunció la embajada yanqui, programas de educación profesional y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia y a los desastres naturales y colaboración en “operaciones de mantenimiento de la paz”.
Naturalmente, esos enunciados encubren otras intenciones y estrategias de penetración propias de los tiempos de la Guerra Fría, cuando Uruguay, el 31 de enero de 1962, en el marco de un gobierno del Partido Nacional, votó la expulsión de la Cuba revolucionaria de la Organización de Estados Americanos, por mandato del imperio.
La incalificable acusación de García al PCU –quien juega con la desmemoria de los uruguayos- pretende encubrir la connivencia del Partido Nacional con la dictadura.
Al respecto, es pertinente recordar que la colectividad de Oribe aportó un presidente al gobierno autoritario, Aparicio Méndez, quien fue ministro de dos gobiernos blancos (1961-1964) y un dirigente herrerista de fuste como Martín Recadero Etchegoyen, quien ejerció la presidencia del Consejo de Estado, órgano usurpador del disuelto Poder Legislativo.
Obviamente, es insoslayable mencionar al general Mario Aguerrondo, connotado militar golpista, miembro fundador de la fascista Logia Tenientes de Artigas y candidato blanco a la presidencia en las elecciones nacionales de 1971, entre otros ciudadanos nacionalistas que colaboraron con un régimen criminal.
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