In Memorian: de Yuyo, educador de la izquierda
El régimen instalado en Uruguay el 1º de marzo dio los consabidos pasos para en segunda vuelta -noviembre de 2019- derrotar al Frente Amplio (FA), gobierno por 15 años consecutivos. A partir del 13 de marzo el Estado adoptó algunas medidas desde el Ejecutivo, en distintos ministerios, para enfrentar la epidemia del coronavirus.
Antes, sin instalarse aún la nueva administración, el 22 de enero se conoció el borrador de un proyecto de ley de urgente consideración -firmado por la dirección del Partido Nacional y el presidente electo, Luis Lacalle Pou- que tomó estado público y donde algunos de sus puntos fueron considerados como indignos de incluirse en un intento de normatividad por quienes exhibían títulos universitarios, además de otros que aludían a cuestiones de derecho penal retomando propuestas que habían sido plebiscitadas y rechazadas en octubre de 2019; alguno más fue incluso motivo de burla, como el que preveía regular las carnicerías para la elaboración de cierto tipo de embutido (conocido en el país como “chorizo de campaña” o “casero”).
Luego de los escrutinios que establecían el triunfo de los opositores mezclados (autodenominados multicolores), desde un espacio similar a este señalé qué tipo de gobierno se tendría durante 5 años y cuáles serían los ejes del mismo: en su momento afirmé que se impondría en esta administración la predominante égida política del modelo neoliberal extremo: a) abandono o desaparición de las empresas públicas del Estado; b) alejamiento de los adherentes a los sindicatos de empresas; c) promoción del individualismo; d) alineamientos dependiente del gran capital y automático a EE.UU.; e) sacrificio de principios de soberanía; f) crecimiento sostenido de inequidad, pobreza y miseria; g) desaparición de cualquier indicio de Estado de Bienestar y h) resurgimiento de la corrupción, sobre todo partidista.
De aquel suceso comicial del año pasado hasta ahora pasaron 5 meses, dos de ellos de haberse instalado el régimen y en él un mes y medio de declarada la alarma sanitaria. En ese tiempo el sólo anuncio de que el FA había perdido la elección y se aproximaba un nuevo régimen elevó el precio del dólar del promedio de $37 a $44: devaluación de 19% que objetivamente benefició al rico sector de empresas exportadoras. Entre el anuncio de la pandemia y su primer estadio en curso, se aplicó desde el 1º de abril un tarifazo que elevó el precio de bienes y servicios que produce el Estado; generó renuncias en el sector sanitario de Salud Pública (pese a haber heredado una estructura adecuada) y en medio de la crisis sanitaria -que plantea la necesidad de adoptar periódicamente diversas acciones- envió un proyecto de ley al parlamento considerado de Urgente Consideración (LUC: tratamiento en 90 días por ambas cámaras).
A mediados de abril, el presidente Lacalle Pou afirmó a la nación que el documento estaba en línea con los acuerdos –Compromiso por el país– que formaron la mezcla opositora que derrotó electoralmente al FA: sostengo lo mismo que apuntan otros colegas al indicar que quienes sufragaron por este gobierno, autonombrado multicolor, desconocían el proyecto, que el mismo fuese parte de algún programa y su existencia misma. Entonces, también comparto el sospechar que de lo que se trata el envío de la ley de urgencia -releyendo los dichos presidenciales- es de que será un régimen donde crecerá el desempleo; se fomentará el individualismo con el teletrabajo; se desprestigiará a empresas estatales -al mentir que las mismas “funcionaron con menos trabajadores”- y sindicatos (acotando espacios de huelga, sobre todo); la política social fundamental será la contribución a ollas populares para que concurran quienes desciendan a la pobreza o la miseria; que para colmo estén desempleados y no encuentren trabajo. De nada de esto se debe culpar a la pandemia, sino a quienes ocupan el Poder Ejecutivo, que nos enseñan la LUC como su carta de presentación que presagia futuras conductas.
Por otra parte, el 11 de marzo el presidente decidió el camino para superar deudas fiscales del gobierno y abrirse paso hacia un prometido e idílico progreso (que si no llega se dirá que es culpa de la pandemia): “El capital es el que hará fuerza al salir de esta crisis, por eso no vamos a gravarlo”.
El Cuquito -como, al parecer llaman algunos (de cariño, me imagino) al Sr. presidente- no recurrió en el caso a la vía que la ciudadanía eligió en 1992 para derogar la intentona de Luis Alberto Lacalle, el Cuqui (su padre, a la sazón presidente) mediante la cual pretendía acabar -o algo similar- con las empresas públicas y perdió tal opción en un plebiscito: sólo logró el desestanco de ciertos servicios oficiales abriéndolos a la concomitancia privada.
Para el caso que nos ocupa, con propaganda en la prensa, empresas codiciosas del capitalismo financiero pretenden acceder al circuito del crudo -refinación y distribución que por décadas atiende la compañía estatal-, lo mismo que con las oficiales eléctrica y telefónica -con sus servicios conexos-, las que se encuentran como objetivos básicos de privatizaciones en el recetario de compromisos a que obligan los empréstitos de organismos económicos internacionales, en paralelo con grupos bancarios y de administración de dineros de los trabajadores para el retiro.
Las actuales acciones (pueden considerarse exabruptos) no significan que un triunfo progresista, no anticapitalista y con pretensiones socialdemócratas, asome en unos años: la promoción del individualismo, cierto analfabetismo por exceso de información sin contexto, la paranoia y el miedo a la crisis sanitaria, a lo desconocido, son el caldo de cultivo donde se desarrolla el autoritarismo y sus expresiones fascistas; en el caso de Uruguay su embrión está en la coalición multicolor y su dirigente: Cabildo Abierto y Guido Manini Ríos, que no es únicamente el que ampara la omertà militar, sino que aspira a crecer y establecerse como un presidente-caudillo.
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