En plena campaña y aunque la Constitución se lo prohíbe, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou –con su habitual talante de soberbia- rechazó tajantemente las argumentaciones de la oposición, del movimiento sindical y de las organizaciones sociales que impulsan la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Corroborando que se cree infalible, por el blindaje que le otorga su sólida mayoría parlamentaria y la obsecuencia del aparato mediático cómplice del gobierno, se despachó con una controvertida y desafiante reflexión: “la ley está vigente hace más de un año y que alguien me diga cuál es el efecto negativo”.
Aunque aun puede ser peor, hay varios perversos efectos negativos para enumerar por la aplicación de ese auténtico engendro jurídico, que, en muchos de sus artículos, peca de abiertamente inconstitucional.
En efecto, en lo que atañe al capítulo de la seguridad, la aplicación de la LUC ha permitido numerosos casos de abuso policial, desde allanamientos ilegales con violencia en barrios y espacios públicos y detenciones arbitrarias, hasta asesinatos de civiles inocentes.
Uno de esos casos es la violencia desmedida perpetrada por policías en Pocitos contra dos jóvenes, que fueron registrados en un video filmado por un vecino. Allí se observa que cuatro uniformados detienen a los jóvenes y les exigen-bajo amenazas-que borren el contenido de sus celulares.
Todos vimos el registro, que denuncia el abuso de autoridad de quienes legalmente detentan el uso de la fuerza para proteger a la sociedad pero no para reprimirla, como allí sucedió.
El video, que no pudo ser manipulado por el Ministerio del Interior para borrar el delito como sucedió en análogas situaciones, confirma que el gobierno instaló un Estado gendarme, como sucede en cualquier dictadura.
Otra situación es la que se registró en la Plaza Líber Seregni, donde un piquete de coraceros reprimió una manifestación callejera absolutamente pacífica, en aplicación de medidas que limitan el derecho de reunión.
Estos episodios se suman a decenas de casos de abuso policial paridos por este gobierno de corte neofascista, bien camuflados por el Ministerio del Interior.
Al respecto, no fue menos grave el allanamiento ilegal practicado en una vivienda de Punta Rubia, en Rocha, cuando un comando policial armado a guerra ingresó por la fuerza y sin orden judicial, rompiendo la puerta de acceso y provocando graves destrozos en la propiedad, en un cinematográfico operativo en el cual participaron vehículos blindados, helicópteros y drones.
Los moradores fueron amenazados y obligados a firmar una declaración. El pretexto habría sido la existencia de una plantación de marihuana en modalidad de auto-cultivo, cuyo responsable tiene autorización legal para desarrollar esta actividad.
Estas situaciones se suman al adolescente de 16 años baleado el año pasado en Artigas, al procesamiento de dos policías por torturar con picana eléctrica a un detenido, al maltrato a una mujer psiquiátrica que había robado un chocolate en un centro comercial y a numerosos actos de represión callejera en plazas.
El hecho más grave fue el reciente procesamiento de dos funcionarios policiales en Durazno por abuso de funciones, donde murió un joven que piloteaba una moto y no se detuvo ante la orden policial. Los funcionarios intentaron detener al hombre por circular con un “caño tronador”, ante lo cual este aceleró, chocó contra un árbol y pocos días después perdió la vida.
El prontuario se nutre con 93 denuncias de abuso policial radicadas ante la Fiscalía por defensores de oficio, lo cual corrobora que la Policía perdió las referencias y ha devenido en mera fuerza represiva.
Otro artículo de la LUC que afecta a la mayoría de los uruguayos es la rígida regla fiscal, que ha derivado en salvajes recortes presupuestales en áreas estratégicas del Estado y rebajas salariales y de jubilaciones.
Por supuesto, esta política rigurosamente restrictiva también provocó estragos económicos y sociales, porque el gobierno –salvo en el aspecto sanitario- no invirtió los recursos suficientes para atender las consecuencias de la pandemia, lo cual derivó en el aumento de la tasa de pobreza y las personas en situaciones de calle, que sólo en Montevideo suman más de 4.000. Hoy, hay 100.000 pobres más que el año pasado. No en vano, Uruguay está en el puesto número 164 a nivel mundial en inversión para atender las graves secuelas de la epidemia y será uno de los últimos en recuperar su economía y su entramado social.
Otra consecuencia nefasta de la LUC fue el desmantelamiento de la estructura de la educación pública, con la eliminación de la representación docente en sus órganos de conducción y la supresión de los Consejos de Educación, reemplazados, a la sazón, por Direcciones Generales.
La consecuencia es que el CODICEN –bajo el paraguas del Ministerio de Educación y Cultura- gobierna la enseñanza como si fuera un órgano dictatorial y la autonomía educativa, consagrada por el artículo 202 de la Constitución de la República, fue virtualmente arrasada.
La LUC, de talante antidemocrático, limita también los derechos de huelga y de reunión y ampara toda suerte de atropellos e ilegalidades, ante el beneplácito del oficialismo, de nuestro inefable presidente y de la clase privilegiada beneficiada por las políticas antipopulares del gobierno. Estas son apenas algunas de las nefastas consecuencias de estas normas. Sólo un ciego, un obtuso o un obcecado como Luis Lacalle Pou, pueden negarlas.
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