La sanción del proyecto de ley de Rendición de Cuentas del gobierno multicolor en el ámbito de la Cámara de Representantes, profundiza la impronta regresiva y recesiva del presupuesto promulgado en 2020, priorizando el recorte de políticas públicas y la privatización de áreas estratégicas del Estado.
Más allá de discursos enrevesados, los números no mienten. En efecto, del texto se infiere que el recorte del gasto global alcanza a los 309 millones de dólares. De ese monto, 86 millones de dólares corresponden a la rebaja de salarios y jubilaciones, 100 millones de dólares serán amputados a la atención de escuelas, hospitales y centros CAIF y otros 124 millones de dólares corresponden a inversiones que no se ejecutarán.
Esa cifra leonina permitió al gobierno ahorrar 600 millones de dólares, retaceando recursos a la atención de las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Debería darles vergüenza vanagloriarse de este apócrifo logro, que contrasta claramente con la tendencia internacional en la materia.
Más allá de algunas transferencias monetarias destinadas a atender a la infancia en situación de vulnerabilidad y de una irrisoria inversión prevista para proyectos de regularización de los asentamientos irregulares, se trata de una Rendición de Cuentas de achique y que no contiene medidas concretas para atender la grave crisis económica y social que padece el país.
En efecto, no están contempladas, en modo alguno, la reactivación económica, la generación de empleo ni la recuperación de salarios y pasividades, en un contexto de persistente caída del consumo, que alcanza a un 11% en comercios y servicios y a casi un 13% en los supermercados.
Si la población retacea el gasto en la compra de
productos esenciales, la causa es la caída de los ingresos de las familias, a lo cual se suman la alta tasa de desocupación oficial y la encubierta- que no está registrada en los informes oficiales- al incremento de la informalidad laboral y el incesante aumento de la pobreza.
Con este oscuro panorama que fue denunciado públicamente por la bancada del Frente Amplio al fundamentar su voto contrario a la iniciativa, parecen indigeribles los argumentos del oficialismo que transmitió el vocero de la mayoría parlamentaria, el diputado blanco Sebastián Andújar.
El legislador oficialista calificó insólitamente el proyecto como una “Rendición de Cuentas Social”, pese a que no contempla las demandas y urgentes necesidades de las grandes mayorías nacionales. Viniendo de quien viene, las aseveraciones no llaman la atención.
Como se recordará, en 2015, Andújar fue denunciado judicialmente por libramiento de cheques sin fondos, pagarés truchos y falsificación documentaria, delitos que debieron haber ameritado su procesamiento. Por supuesto, se amparó en sus fueros parlamentarios para conservar su curul.
A raíz de esa situación, el por entonces senador Luis Lacalle Pou lo expulsó de sus sector y pidió que renunciara a su banca, lo cual no acató. Luego, pidió perdón y fue reintegrado a las filas de su colectividad.
Por entonces, su deuda sumaba casi medio millón de dólares. Además de tratarse de un deudor contumaz, incurrió en flagrantes conductas delictivas que debieron ser condenadas.
Plenamente reivindicado como si nada hubiera sucedido, este señor es hoy un vocero calificado de la bancada de la coalición multicolor e integra el flamante Honorable Directorio del Partido Nacional, que no tiene nada de honorable porque ampara a autores de delitos impunes.
Comparada con esta y otras situaciones similares que involucran o involucraron a políticos blancos, la deuda que mantiene el senador frenteamplista Oscar Andrade –que originó un inexplicable escándalo de proporciones- es realmente un poroto.
El gobierno, que no tiene motivos para ufanarse a excepción del exitoso plan de vacunación, es el que invirtió menos en atender y atenuar los estragos económicos y sociales provocados por la pandemia a nivel regional. También, según calificados estudios, será el último en recuperar el nivel de actividad post-pandemia, por haber ahorrando en vez de invertir, como lo hicieron tanto las naciones centrales como las periféricas.
Esta es, sin dudas, la Rendición de Cuentas de la “vergüenza”, porque ratifica la gestión económica de un gobierno que no apuesta a la gente, sino a subsidiar y exonerar a los denominados “malla oro”, integrantes de la voraz oligarquía empresarial y del patriciado rural, que se siguen enriqueciendo con el alza internacional de las materias primas en plena crisis, acumulan la renta escamoteada a la clase trabajadora y no derraman hacia el conjunto de la sociedad.
El proyecto de país de la derecha es un traje de confección a la medida de la clase dominante, del acomodo político y de los cargos de confianza con salarios gerenciales y en detrimento de la clase trabajadora, acorde a la ortodoxia de un perverso dogma neoliberal.
En tal sentido, resulta insólito y hasta inmoral, que en la Ley de Rendición de Cuentas remitida al Parlamento, el propio Presidente de la República se haya aumentado el salario, en un contexto crudamente restrictivo.
Más allá de los avatares de la economía mundial y de las incertidumbres generadas por el errático comportamiento de los mercados, el modelo de país del gobierno multicolor sólo puede acarrear salarios y jubilaciones más bajas, más desocupación, más precariedad laboral, más pobreza y el aumento de personas en situación de calle, que, en apenas un año y medio, creció un 55%.
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