La pandemia que azota al mundo es un desastre que afecta al conjunto de la humanidad de diversas formas y, previsiblemente, hay quienes intentan conducir cómo encaren los humanos el porvenir.
Entre las opciones que se atribuyen a las derechas, se sostiene por parte de investigadores que los guerrilleros ultraconservadores digitados por una fracción de la alta burguesía deben prepararse para luchar en medios tenidos como nuevos, las redes sociales, y los más tradicionales espacios radiales y audiovisuales. El principio que rige, de acuerdo con las observaciones de dos politólogos uruguayos entrevistados por Natalia Uval, es que “el interlocutor no es con quien se está teniendo esa conversación, sino quienes están mirando esa conversación alrededor”. Algo como no importa que entiendas sino que recluto entre los que escuchan.
Si no salimos de Uruguay y tomamos dos hechos comunes a los cuales se les dio relevancia en los medios de comunicación (sumando las redes sociales), sus efectos públicos y los trascendidos que tuvieron, escapan ampliamente al tratamiento que estos acontecimientos tienen, cumpliendo el precepto de generar respuestas por parte del auditorio, no sólo de amplios discursos doctrinarios por parte de editorialistas y responsables de los medios de comunicación, sino mediante incontables twitters. Me refiero a la denuncia de una supuesta violación tumultuaria y al apaleamiento de un adolescente, temporal habitante del principal balneario del país, perpetrado por una interpretación equivocada de sus vecinos: debido a la indumentaria de la víctima supusieron que era un delincuente.
En el primer caso, amparado posteriormente en el principio de la libertad de expresión, un periodista emitió opinión sobre el caso, pero -deduzco que con afán protagónico- actuó para atraer más público a su espacio radial e incursionó en la intimidad -sin autorización de la presunta víctima- trasmitiendo una cinta magnetofónica que supuestamente había obtenido y que contradice el acto denunciado. De esta forma, una parte de la libertad de expresión contaba con todas las garantías, pero la trasmisión de la grabación violó sin duda las limitaciones impuestas a aquella potestad que regula la actividad periodística: el ítem 13.2, una barrera sobre la que existe coincidencia en su consideración por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las leyes uruguayas (artículo 13 total), tiene lecturas más amplias que sólo su inicio e impone, para mí, a los difusores una restricción clara en el acto antes citado. De ahí la condena implícita en la declaración gremial de APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) al señalar la falta ética del periodista aludido.
Por supuesto, se puede estar de acuerdo o no con esa ley u otras, de las cuales se sostiene que están mal hechas y son un mamarracho jurídico, pero quienes actúan en el caso (abogados, fiscales, jueces) no hacen las normas, aplican lo que está vigente, lo cual, más allá de toda consideración o intento de justificación, no exime de la debida sanción a la fiscal que -posiblemente influida por el estado público y el consiguiente debate sobre el hecho- se extralimitó al ordenar un allanamiento y violar el principio de libertad de expresión consagrado preceptivamente.
En el caso del joven veraneante puntaesteño, vapuleado por cuatro o más personas, su padre se encargó de difundir los lamentables hechos, filtrando que él es un funcionario público asesor de un integrante del gabinete de gobierno. La Cartita, un resumen semanal de noticias, define así parte de lo acontecido: señala que “la apariencia delictiva que la LUC (Ley de Urgente Consideración, de la cual 135 de 476 artículos se plebiscitarán el 27 de marzo –N. de la R.-) establece como razón para detener a una persona en la vía pública”, el apresamiento -sin que medie flagrancia- por particulares. Soledad Platero, al escribir para Resumen Latinoamericano, sostiene -y comparto- que “no hay manera de justificar la cacería callejera de personas”.
Estos casos de la vida cotidiana sirven para desviar la atención sobre aquello que debiera ocupar un lugar preponderante en la discusión social, como la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y pasivos; el incremento en los carburantes; qué se propone el gobierno con la reforma al sistema jubilatorio; algo tan general como el derecho de huelga; el aumento de la violencia (por citar algunos temas) y el propio plebiscito de marzo -en que las encuestas señalan un extendido desconocimiento sobre la LUC por inscritos en el padrón electoral obligados constitucionalmente a votar-.
Al parecer, el enjuiciamiento y hasta la condena o intentos de interferencia fuera de lugar a través de los medios (sin otro criterio que aquel de que cada quien tiene la posibilidad de evaluar y condenar al margen del Poder Judicial) parece ser una norma adoptada universalmente por los medios que sin ser exactamente parte del capital trasnacional monopólico dominante hacen parte de ese poder.
Allí donde la tarea se deja a empresarios locales, comunicaciones e interpretaciones obedecen a los criterios informativos y de análisis de las grandes agencias monopólicas (por lo menos en lo que se denomina como Occidente) al que se agregan (por todos los involucrados) los matices locales de los dirigentes, editorialistas y analistas a conveniencia de los dueños de medios y sus representantes.
En casos extendidos mundialmente se le presentan a los pueblos “verdades y definiciones” que a partir -a veces- de ciertos hechos se hace una interpretación de la realidad que, en verdad, es “solamente una creación” que aspira a implantarse como razonamiento incontrovertible a una parte mayoritaria de la sociedad.
Un gran jurista argentino, el doctor Raúl Zaffaroni, afirma que “Hay una lucha por la recuperación de la política y de nuestros movimientos populares; tenemos que seguir adelante con la lucha anticolonial (ante la falta de libertad y sus derivaciones) en esta etapa de colonialismo financiero tardío”.
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