¿La rebelión de los medios?

Hace unas semanas que los uruguayos estamos viendo en la televisión abierta y escuchando en las radios la publicidad del Sistema Nacional de Cuidados con suma frecuencia.  Llama la atención que previo al aviso hay un anuncio que dice que es publicidad de acuerdo a la ley. La presencia de estos avisos se debe a que se le comenzó a exigir a los medios publiciten durante quince minutos diarios lo que se considera campaña de bien público de acuerdo a la Ley de medios audiovisuales.  ¿La reiteración  de estos avisos de manera seguida en algunos medios es una forma de protesta?  ¿Perjudica tanto económicamente a los permisarios de los medios estos quince minutos diarios?  ¿Molesta tanto la ley de medios que llevó a que los medios apelaran a la justicia?  ¿Acaso no había dictaminado ya la Suprema Corte de Justicia que no era inconstitucional? ¿Limita estas campañas a la libertad de la empresa?  ¿Va en contra de la libertad de expresión?  ¿Son campañas de bien público o propaganda política gubernamental?

¿Sistema de Cuidados o cuidado con el sistema? Por Rodrigo da Oliveira

Los medios de comunicación (en radio y televisión) son empresas privadas, que utilizan las ondas que les fueron concedidas por parte del Estado. La discusión acerca de cómo y a quiénes fueron concedidas ha sido tema de largo debate y poco esclarecimiento, tema que como tantos otros debería ser revisado por elementos ajenos al sistema, a los efectos de –al menos- enterarnos en qué situación estamos.
En tanto empresas, tales buscan el lucro correspondiente de las mismas, pues es su razón de ser, más allá de la pasión y las ganas que hayan impelido a sus fundadores, en épocas en que la aventura por crear era el desafío y el conseguir réditos algo bastante incierto, sino impensado.
Por ese motivo y para aportar el elemento cultural o informativo estimado necesario, se crearon las radios y tv oficiales. Al igual que en el tema cultura, a nivel general, hay quienes sostienen que lo mejor es la ausencia total de papá Estado (compartida). Ambas visiones conviven, sin llegar a un acuerdo posible.
La llegada de publicidad oficial y obligatoria, dada la supuesta importancia social del tema a divulgar, en una medida menor en cuanto a tiempos, abrió un nuevo debate referido a esta materia.
Fijamos la vista en el detalle y no en el fondo, como pasa habitualmente en estas cuestiones.
El gran ruido de fondo lo genera la visión de la calle, del ciudadano de a pie, del que paga impuestos.
El gran desembarco del Sistema Nacional de Cuidados, anunciado tal fuera la tan necesaria reestructura en materia educativa o en seguridad, llegó a nuestras vidas con bombos y platillos.
Las campañas electorales solapadas a veces no lo son tanto. Lisa y llanamente, como tal es percibido. Y por tal es rechazado.
Embretada a presión en medio de la programación habitual de los canales de tv, provoca el mismo efecto que las cadenas oficiales. Desagrado y aburrimiento. Terminan siendo alimento de consumo para partidarios del gobierno e insumo de crítica para no oficialistas.
Se lo asume y con razón, como otra medida que va a generar mayores costos y otra metida de manos en los bolsillos de todos.
No se duda de algunas bondades del sistema propuesto, se teme por sus costos, en parte materia clientelar y en parte inoperancia generalizadas. Ejemplos de mala administración sobran, no es necesario profundizar en esto.
¿Tiene la necesidad el partido de gobierno someter a presión a los canales y radios? Como tal es percibida. La supuesta necesidad social de la divulgación de esta materia no es tomada como tal. Una vez más el gobierno comunica mal, busca y encuentra adversarios de innecesaria creación.
¿Acuden los canales y radios a un llamado de supuesta intromisión en la materia empresarial? También. Muchos de ellos se sostienen merced a la pauta oficial pero son poco adeptos a que les den directivas.
A todos: si nos gusta la independencia, disfrutemos de la intemperie.
Esta también es solventarse por sí mismos y no gracias a la publicidad de empresas monopólicas, de dudosa eficiencia y cuyo coste también solventamos todos.
Conocemos los guiños autoritarios de los muchachos de turno. Algunas de estas medidas podrían tomarse por tales, sin profundizar demasiado en lo legal. La llamada ley de medios busca (y buscaba más) tener mayor injerencia estatal en los medios y a través de la misma ejercer mayor control de contenidos. Mala cosa. Tenemos Estado en cantidades suficientes como para exportar.
¿Además va a aumentar su presencia en medios y Sistemas Nacionales y encima teniendo en cuenta la mala administración mostradas? Suficiente. Gesto miope del gobierno. Uno más a la cuenta de los mismos, dado que nuestros gobiernos no han sabido comunicar. Ninguno de ellos.
Desde otro lugar, ¿qué es lo que hace que estas medidas de divulgación sean tomadas como intentos pseudo autoritarios?
Debe hacer el gobierno un examen de credibilidad y autocrítica, por y para él mismo.
Un llamado a bajar la soberbia podría ser un buen gesto para todos. Ojalá así sea.

Chisporroteos por falta de diálogo por Michel Visillac

Aunque la mayoría no lo sepa, -porque la comunicación nunca ha sido el fuerte del gobierno-,la llamada «Ley de Medios» ya está vigente y goza del privilegio de haber sido creada por el Poder Ejecutivo, votada por mayoría absoluta en el Poder Legislativo y respaldada finalmente por el Poder Judicial.

Esta ley que en principio casi nadie quería y que si surgía sería «tirada a la basura»,hoy ofrece garantías a la población a través de sus muchos y amplios derechos y deberes.

Un derecho de todos es el de estar debidamente informados y de ahí surge

que hay asuntos sociales que ameritan la necesaria presencia en los medios audiovisuales.

Entre ellos, las campañas de «Bien Público» obviamente merecen el espacio que la Ley les otorga, y más.

Los permisarios de las ondas del Estado no pueden pretender que se les pague cuando se debe comunicar sobre la prevención del Dengue, la vacunación contra la Gripe, la seguridad en el tránsito, la violencia, o cualquiera de los problemas que nos afectan como sociedad y que apuntan, sin vender nada,  a una mejor y más sana convivencia.

Históricamente, lo canales han apoyado diversas campañas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) vinculadas a ONGs y creadas por Agencias de Publicidad que normalmente no cobraban por su servicio

y que eran emitidas a veces incluso incorporando el logo del Medio.

Esos avisos solían tener un perfil creativo y aunque a veces las Agencias los hacían para conquistar premios nacionales o internacionales, finalmente surtían efecto y cumplían con su cometido («vaya, vaya» dijo la tortuga gigante).

Esto significa que las buenas ideas puestas al servicio de la comunicación, normalmente tienen una eficacia que no  tiene un mensaje con aroma a propaganda de gobierno y que suele pecar de largo y aburrido. Es probable que esta también sea una razón por la cual los canales privados han incorporado al spot de TV sobre el programa de cuidados, el anuncio previo de que se trata de un anuncio «oficial».

Pero sin duda, estos chisporroteos y puja de poderes, son generados por la falta de diálogo.

El futuro Consejo de Comunicación Audiovisual debe de ser un gran mediador y un educador, nunca un comisariato político. Debe ser un defensor de los valores, la infancia, la adolescencia, los discapacitados, la inclusión, la diversidad, y tantos asuntos que muchas veces están desprotegidos y que merecen un trabajo y una responsabilidad que hay que atender mancomunadamente.

Por eso es fundamental que se genere un intercambio entre las partes. Que cada cual entienda y aprenda sobre el papel del otro,  y que ANDEBU, AUDAP, APU, CUTA, el Círculo y el resto de los actores que son cimiento de esta industria, tengan interlocutores que hablen su mismo idioma, que conozcan la realidad desde adentro y que juntos logren brindarle a toda la población el respeto que se merece.

Las ondas son de nosotros, las ganancias son ajenas por Benjamín Nahoum

El conocimiento que tengo de este tema es el de cualquier ciudadano que se interese medianamente en las cosas que conciernen a nuestra sociedad, o aún menos. Sé, sin embargo, que las ondas son del Estado (no del gobierno: del Estado), o sea de toda la sociedad, y no de particular alguno.

Sé también que, pese a ello, el Estado las usa mínimamente y las concesiona a privados máximamente, desde hace muchísimo tiempo y casi siempre a las mismas personas o empresas. Y aquí va mi primer “no sé”: no sé por qué las concesiona, y menos todavía por qué las concesiona como lo hace, sin que medie una competencia abierta, en la que gane quien ofrezca el cánon mejor a pagar, productos de mayor calidad a entregar, o lo que sea.

Se trata de que un enorme bien social, que algunos reciben en concesión para hacer muy buenos negocios (hay excepciones: pocas) revierta en beneficios hacia la sociedad que lo otorga: económicos, sociales, culturales, de información, de conocimiento y otros.

Si uno repara en la realidad, sin embargo, advierte que esto sucede en muy limitada medida: los “dueños” de radios y televisoras cobran jugoso dinero por difundir propaganda en la programación (que a veces es lo más ingenioso de ésta) y devuelven a cambio productos adocenados, información tendenciosa y sólo por estricta obligación abren sus espacios a la sociedad.

Con el Estado nos va mejor, pero no mucho: si bien hay campañas muy útiles y plausibles, como la del IMPO para que todos los ciudadanos conozcan qué derechos tienen y pueden reclamar, o la actual sobre las características y posibilidades del Plan de Cuidados, también hay entes y servicios que le pagan a los concesionarios por hacer propaganda que promueva a sus dirigentes o las potencie en la lucha en el mercado contra sus competidoras privadas. Como si la función de una empresa pública en vez de ser líder y reguladora, fuera tener más clientes y ganancias que sus competidores privados.

La hace poco aprobada “Ley de Medios” contiene elementos que podrían modificar el fiel de esta balanza. La cuestión es que se apliquen, lo que afectará a muchos y pesados intereses económicos, que por supuesto harán todo lo posible para que eso no suceda. Empezando por impugnar la constitucionalidad de la ley, primera bazuca que se dispara cuando se trata de alterar el orden que los favorece.

La presión del poder por David Rabinovich

Dicen que más vale tarde que nunca. Se le comenzó a exigir a los medios, de acuerdo a la Ley, que apoyen una  campaña de bien público. Lo hacen, pero bajo protesta.

Posiblemente ninguna ley haya sido tan cuestionada públicamente, ni tan recurrida en el terreno jurídico. Impugnaron todos sus artículos por inconstitucionales, tacharon de autoritario su espíritu,  de expropiador su propósito. En alguna cosita, no las esenciales, la Suprema Corte les dio la razón. Pero es cosa laudada, es constitucional y está vigente. Hay que cumplirla. Los medios, sus dueños y el gobierno, todos tenemos que cumplir con ella. ¿O no?

Pasa que realmente atenta contra aspectos esenciales del sistema (capitalista). Como tantas iniciativas que buscan libertad, justicia, democracia y enfrentan la oposición intransigente de las derechas. ¿Cómo se atreve el gobierno a poner el “bien público” sobre el derecho a la “rentabilidad” privada? No en vano hemos visto una pancarta que dice; “Rentabilidad o muerte” en las movilización del sector agropecuario.

Es curioso, porque en la misma ley se establece que los medios tienen que aportar a un fondo de fomento para la producción audiovisual. Han pasado tres años desde su puesta en vigencia–y todos los recursos en contra imaginables- y eso no se ha instrumentado. Son más de U$S 3:000.000 que los canales privados se embolsaron por la omisión del Ministerio de Industrias.

Se cumple a regañadientes. Tan es así que se avisa que lo hacen por obligación y amontonan las pautas para que se transformen en una molestia por repetitivas. Peor “leche” imposible. Son los mismos medios que reclaman apoyo del Estado por la ‘función social’ que cumplen. ¡No tienen vergüenza! Sólo panza y bolsillo. Quince minutos diarios de publicidad no es por cierto un esfuerzo tan determinante para su economía, pero hay una cuestión de filosofía, de convicción profunda, no importa cuánto sea. No quieren pagar nada, no quieren aportar nada, no tienen compromiso real alguno con la sociedad. Si estoy equivocado es fácil demostrarlo. Sólo tienen que cambiar de actitud.

Si la comunicación es un derecho esencial para la democracia, no todo puede ser negocio. Si porque se les pida una razonable contrapartida, por el uso privado de un bien público como es el espectro radioeléctrico, es imposible sostener económicamente un medio, lo más fácil es devolver la onda y dedicarse a otra cosa. Después de todo, con la ley anterior las concesiones eran precarias y revocables y el poder ejecutivo concedía o clausuraba por su sola voluntad. Bueno, el asunto ese de la libertad de prensa protege bastante a los emisores que acapararon (muchos de mala manera) los medios más importantes. No protege tanto a quienes no son dueños de medios. Menos –mucho menos- a quienes no son dueños de nada. Los beneficiarios del sistema de cuidados me parecen un buen ejemplo; las leyes del mercado son crueles. El capital es cruel. (Además de cobarde).

Tardío y razonable por Gabriel Kaplún

Finalmente empieza a aplicarse la ley 19307 de Servicios de Comunicación Audiovisual,  más conocida como “ley de medios”. Tres años y medio después de aprobada el gobierno está terminando el proceso de reglamentación (tenía 120 días para eso; ya pasaron más de mil). Pero muchos artículos no requerían reglamentación y se pudieron aplicar desde el primer día. Algunos se empiezan a aplicar ahora. Entre ellos el artículo 95, que establece  contraprestaciones por haber obtenido una licencia de televisión para abonados o un permiso para utilizar parte del espectro radioeléctrico, un bien público que los estados administran.

El inciso A del artículo 95 de la ley obliga a las radios, canales de televisión abierta y servicios de televisión paga a “permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación, por parte de organismos públicos y personas públicas no estatales”. Parece razonable que, por usar gratuitamente un bien público, se emitan gratuitamente campañas de bien público. La ley aclara que esas campañas “no podrán utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos ni podrán incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza”. Parece sano, para evitar desvíos. Normas de este tipo y con estas limitaciones hay en muchas partes del mundo. Parecen razonables esas normas y sanas esas limitaciones.

Contra ese y muchos otros artículos de esta ley Andebu y otras instituciones presentaron en su momento recursos de inconstitucionalidad. Hace dos años la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre estos recursos y declaró inconstitucionales dos artículos y partes de otros seis. El resto de la ley -más de 200 artículos- pasaron la prueba de constitucionalidad y quedaron firmes, incluido el artículo 95.

Mientras esos recursos se dilucidaban el gobierno prefirió no aplicar nada o casi nada de la ley. Muchos  juristas opinaron que eso no tenía sentido, pero en fin. Desde los primeros fallos de la Corte, cuando se supo que la ley casi no se vería afectada por estos recursos, los que venimos siguiendo el tema desde la sociedad civil y la academia reclamamos que se empezara a aplicar. Pero no. Cuando a fines de 2016 el último recurso fue resuelto pensamos que ya no había más motivos para seguir esperando. Pero tampoco. Recién ahora el gobierno se decide a aplicar al menos este artículo. ¿No hubo antes que eso ninguna campaña de bien público, sobre salud o seguridad vial, por ejemplo? Seguramente, pero los organismos que las realizaron debieron pagar mucho por ellas. Y otros que quizás quisieron o debieron realizar otras campañas tal vez no lo hicieron por que no tenían recursos para pagarlas.

En enero Andebu adhirió al acto organizado en Durazno por el movimiento Un solo Uruguay, más conocido como ”los autoconvocados”. En la proclama leída ese día se proponía “eliminar campañas publicitarias del estado que no apunten a temas sanitarios u otros temas importantes para el desarrollo de la sociedad”. Es una de las medidas propuestas para disminuir los gastos del estado. El gobierno, aplicando la ley, deja de pagar -y los medios de cobrar- por campañas de bien público. Según parece Andebu está en desacuerdo. No parece razonable.

Cuidado con el sistema por Leo Pintos

La realidad histórica del mundo empresarial de la comunicación audiovisual en Uruguay, estrechamente ligada a la política partidaria, habilita a que el rol que los medios masivos de comunicación debieran jugar en una sociedad verdaderamente democrática se vea distorsionado. El modo totalmente discrecional con que el Estado ha adjudicado permisos, frecuencias, alcance y publicidad oficial, basado básicamente en amiguismo y afinidad político-partidaria (recuérdese el caso Wilson Sanabria, por mencionar solo uno) ha sido la constante a lo largo del tiempo, y a la que ninguna fuerza política escapa. A lo que debe sumarse el oscurantismo en torno a la financiación de las campañas electorales en el que parece haber un acuerdo tácito y no escrito de todos los partidos para no profundizar y mantener el tema en esa situación. No es nueva la intención del gobierno de mejorar la comunicación de sus “logros”, que tuvo como primera experiencia el fallido intento de Presidencia de la República de editar una revista para tales fines. Y si hay que mencionar una gran debilidad en los sucesivos gobiernos del Frente Amplio es la estrategia comunicacional. Ha sido errática, equivocada y sobre todo nada profesional, algo inaceptable en los tiempos que corren.

El Artículo 95 de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece como una de las contraprestaciones a los titulares de dichos servicios el uso gratuito de hasta quince minutos al día para campañas de bien público sobre diversos temas de interés general, algo que parece razonable en tanto y cuanto el espectro radioeléctrico y la adjudicación de permisos de servicios por suscripción pertenecen al Estado y son explotados por privados con fines de lucro. Ahora bien, la primera experiencia en este aspecto que comprende la difusión del sistema Nacional de Cuidados, en su estilo comunicacional y lenguaje y textos utilizados, se asemeja más a una simple exaltación de un logro político que a la comunicación de un servicio del Estado y es un nuevo error en la estrategia comunicacional del gobierno. Aunque también es cierto que basta sintonizar radios de Montevideo para escuchar campañas publicitarias de Intendencias de otros Departamentos publicitando sus logros, con el consecuente costo de pautar en medios capitalinos. Y es que parece que en Uruguay la campaña electoral no tiene horarios, ni fecha ni calendario.

Uno esperaría de campañas de bien público la promoción de servicios, como el mismo Sistema de Cuidados, desprovisto de consignas y eslóganes propios de campañas propagandísticas. El embarazo adolecente, las adicciones, la discriminación, la discapacidad, los derechos de los trabajadores, las distintas formas de violencia, la política sanitaria, la prevención de accidentes de tránsito y laborales y otros temas, merecen ser abordados desde otro punto de vista, alejado de la propaganda y el cálculo electoral. Cierto es que el gobierno de otro signo político actuaría de igual manera, porque la separación de Estado y política parece imposible en el Uruguay. Así pues, atento a la realidad de la relación entre Estado y medios de comunicación, no debiera llamar la atención que algunos medios antes de emitir el aviso en cuestión aclaren que se ven obligados por una ley.

Medios de comunicación: La palabra maniatada por Lucía Siola

El problema de los grandes medios masivos de comunicación es su carácter empresarial y monopólico. Su clara defensa del orden establecido se vincula a esto, pues constituyen un importante grupo de poder como parte de una clase social que vive del trabajo ajeno. Además, los vínculos de los grandes medios con los partidos políticos del régimen son también evidentes. Como formadores de opinión, además de seleccionar su contenido en función de lo que ‘vende’, los grandes medios construyen una imagen de la realidad a fin a las ideas políticas a las que se encuentran vinculadas, la mayoría de las veces reaccionarias. La libertad de expresión que reivindican los grandes medios, es sin dudas, la libertad de los grandes empresarios para expresar su programa y sus intereses, de ningún modo es una defensa democrática de la expresión de todas las voces, de todas las miradas, menos aún de la de los trabajadores.

Las quejas de los grandes empresarios de los medios respecto a la obligatoriedad de publicidad gubernamental sobre el Cuidado de Salud, como parte de propaganda oficial, no son más que la mínima expresión de una batalla política por la difusión de propaganda. Una batalla, en la que el gobierno claudicó desde el inicio, pues se manifestó incapaz de enfrentar a los monopolios de los medios. En este sentido, el FA se encuentra con su ley de medios – que no tuvo prácticamente ningún gran efecto-  muy lejos de lo que fue por ejemplo la política del Kirchnerismo en Argentina, donde se estableció  una puja entre el empresariado de las comunicaciones y el Estado. Sin embargo, este caso, nos alumbra sobre una experiencia donde la estatización de la palabra a través de medios  gubernamentales es tan o más negativa que la de los medios empresarios, pues con el argumento de una supuesta ‘democratización’ se establecía una férrea y decidida defensa del Estado, es decir del orden establecido. Esta orientación, expresaba además – más allá del discurso- una política de connivencia con los grandes monopolios, pues no se trataba de ningún modo de su expropiación para garantizar una verdadera libertad de expresión, sino de una puja por ocupar un lugar en ese mercado tan importante que intenta construir ‘la opinión pública’.

La verdadera defensa de libertad de expresión, y de la pluralidad en la palabra sólo puede estar en manos de los trabajadores, por eso la salida no es una mayor injerencia estatal en las comunicaciones, o una política gubernamental capitalista de medios, sino la expropiación bajo control de los trabajadores y las organizaciones sociales de todos los grandes monopolios que dominan el mercado de los medios de comunicación. Esta es una tarea fundamental de un gobierno de trabajadores: liberar la opinión pública del yugo del capital. El modo más efectivo de combatir los medios de comunicación empresariales y monopólicos es extender los medios de comunicación de la clase obrera.

Algunos aspectos preocupantes por Max Sapolinski

El artículo 95 de la controvertida Ley No. 19307, más conocida como la Ley de Medios Audiovisuales, establece una serie de contraprestaciones a los titulares de servicios de radio, televisión abierta y televisión para abonados. En su inciso A) dispone la obligatoriedad de dichos titulares de permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios para realizar campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación.

La puesta en vigencia de esta disposición ha hecho aparecer en la cartelera televisiva una serie de avisos que son precedidos por la advertencia de que los mismos se enmarcan en la obligatoriedad establecida por la ley.

Hasta aquí todo parecería ser normal. Sin embargo, surgen una serie de interrogantes provocadas por estas novedades.

Aquellos defensores de los imperativos normativos (en general adherentes al oficialismo) defienden con fervor este tipo de medidas que consideran insertos en campañas de interés público e incluso se escandalizan por la reiterada aclaración de que la publicidad se cumple por mandato legislativo.

Por el contrario, quienes se oponen a la normativa (en general adherentes a la oposición)  consideran que ésta como otros aspectos de la mentada Ley atentan contra principios básicos de la libertad de expresión.

Más allá de la tradicional radicalización que se producen en las habituales discusiones de actualidad política de nuestra sociedad, considero que se generan algunos aspectos preocupantes en la situación creada.

En primer término, las denominadas “campañas de interés público” pueden ser sesgadas con extrema facilidad hacia intereses que atenten contra la buena intención de su aparente objetivo. Más aún si las mismas son determinadas, como lo establece la ley, por una serie de organismos oficiales como ser la Secretaría de Comunicación Institucional, la Presidencia de la República y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Perfectamente un habilidoso creativo puede lograr presentarnos una interesada campaña que muestre inversiones generadas por el gobierno (recordemos al señor que caminaba por todo el Uruguay promocionando ANCAP) como una campaña de interés público destinada a la temática de, por ejemplo, la seguridad vial. Otros casos similares podrían citarse.

Si bien la norma establece prohibiciones concretas (“Dichas campañas no podrán utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos ni podrán incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza”), parece claro que la creatividad puede lograr objetivos no deseados soslayando el objeto de la prohibición y provocando campañas gratuitas de política gubernamental en los momentos que se puedan considerar más beneficiosos.

Es bueno que citemos al prestigioso profesor Aníbal Luis Barbagelata: “No creemos, sin embargo, que la perturbación desaparezca, como se ha pretendido, por el monopolio de la información por parte del Estado. No es eso a nuestro juicio, una garantía o un medio de restablecer la libertad en plenitud. Por el contrario, la experiencia dice que la agrava. La información del Estado termina siendo, muy a menudo, la información del gobierno de un Estado”.

Todas estas consideraciones están insertas en las desavenencias que generan una controvertida ley que ha desarrollado todo tipo de contradicciones y cuestionamientos debido a la dudosa preservación de valores muy caros al mantenimiento de las libertades en nuestro país.

Como habría dicho nuestro doméstico protagonista de “Dr. Jekill y Mr. Hyde” aplicando su axioma de “como te digo una cosa te digo la otra” (me refiero al inefable Presidente José Mujica): “La mejor ley de prensa es la que no existe”.

Propaganda y publicidad por Celina McCall

Hace varias semanas que venimos siendo torturados por la propaganda electoral solapada del Frente Amplio llamada de “campaña de bien público”.

Según la Economipedia, “la propaganda es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información con la intención de influir en el público para que actúe de una manera determinada o utilice un determinado servicio o producto. (…) A diferencia de la publicidad, es una acción informativa con mayor intención ideológica, independientemente de la búsqueda o no de un beneficio o lucro”.

Los traviesos que incluyeron en la Ley de Medios la cláusula que obliga a pautar quince minutos diarios de material de interés público, entienden mucho de propaganda y poco de publicidad.   Porque 15 minutos diarios son demasiado tiempo en el aire y, como fue dicho, un tormento para el radioescucha o telespectador. Y un dolor de cabeza para el medio que tiene que hacerlos efectivos.

La llamada Ley de Medios siempre me pareció un mamarracho y las interminables tandas gubernamentales de estos días, resultantes de su implementación, lo comprueban.  No olvidemos que en lo que se refiere a las radios,  entre tanda y tanda, tenemos que escuchar 30% de música nacional.  O sea, hay una limitación insistente y paulatina a la libertad, en un mercado que es chico y cada vez más sofocado por las opciones que ofrece Internet.

El Frente Amplio anda, para variar, con los figurines atrasados.  En la era del control remoto y de los medios digitales, nada más fácil que saltearse la tanda, especialmente si te resulta engorrosa y repetitiva.  La Ley de Medios llegó tarde y sin considerar la realidad actual. Fue, contra viento y marea, votada por mayoría mínima en el final del gobierno de José Mujica, aunque él había dicho meses antes que “la mejor ley de medios es la que no existe”.  Como te digo una cosa, digo la otra.

Ahora entendemos la insistencia en implementar una Ley de Medios.  Es que el partido del gobierno encontró un medio de hacerse de propaganda sin poner un peso. Según informa El Observador, si el Estado tuviera que pagar por los minutos de campaña que emitirá debería abonar US$ 4.800.000 solo en televisión. A esa cifra habría que agregarle una importante inversión en radio. Ha sido una maniobra que se hace interminable y acaba siendo contraproducente.

No ha escapado a nadie que el spot del gobierno termina diciendo “Un Uruguay Para Todos”, lo que obviamente es una respuesta a los Autoconvocados de #UnSoloUruguay. Si querían evidencia de la propaganda solapada, ahí está.

Me imagino lo que será vivir en un país inundado de propaganda del partido de gobierno.  Un verdadero infierno.  A un año de las elecciones, supongo que nada se puede hacer para evitarlo. Y esto recién empieza.   No se sabe cómo termina.  O sí.

Medios para un fin por Melisa Freiría

Se nos plantea hoy, la disyuntiva sobre la influencia ya sea negativa o positiva, que supone la obligatoriedad por parte de los Medios de Comunicación, de emitir pautas publicitarias que contienen mensajes sobre gestión llevada a cabo por el Ejecutivo. Como estamos acostumbrados, frente a una situación planteada de la índole que sea, habrán tantas visiones como interesados involucrados en ella.

Si miramos lo que puede suceder con los medios, en particular televisivos donde el minuto se paga muy caro, no me preocuparía tanto la pérdida económica. Lo que pienso que no puede suceder con la implementación de esta ley, es que efectivamente se vean coartados los derechos de libertad de expresión en ninguno de los medios audiovisuales.

Desde el punto de vista político, no debería preocuparnos tanto ya que la ley prevé que las campañas de bien público no se puedan utilizar con fines propagandísticos para los partidos políticos. Alcanza con mirar lo que sucede en Argentina para quedarnos tranquilos…

Si a esto le sumamos que la ley establece casos que son muy bien intencionados, pero a priori parecen bastante difíciles de definir en lo que respecta por ejemplo a los contenidos permitidos y censurados.  Estos casos se dejan en manos de un Consejo de Comunicación Audiovisual integrado por cinco miembros, que palabras más palabras menos, pueden llegar a ser los cinco elegidos por el Poder Ejecutivo. Esto significa que existe la posibilidad de que sea solamente el gobierno de turno quien nos dirá qué podemos ver u oír y qué no.

Como ha quedado demostrado tras el desfile de recursos contra la ley y de acciones de inconstitucionalidad, esta ley tiene muchos intereses en contra lo cual es natural, pero además de eso tiene problemas de implementación y genera mucha incertidumbre. En mi opinión es una lástima que no se implementen mejores mecanismos, ya que el espíritu de la ley tiene muy buenas intenciones y creo que hay que apuntar al rol que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad. La importancia de lo que los medios transmite muchas veces es más fuerte que cualquier campaña política. Las campañas de bien público que buscan democratizar la información y difunden programas en lo relativo a salud, educación, niñez, igualdad de género, derechos humanos, combate a la violencia doméstica y la discriminación; así como el ayudar a fomentar artistas nacionales en las radios, etc. son objetivos muy loables.

Por lo que una vez más todo se trata de un tire y afloje entre los diferentes intereses, y en el medio el beneficio o perjuicio de toda la sociedad.

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