La presentación del proyecto de Rendición de Cuentas por parte del gobierno, que propició varios titulares altisonantes y una catarata de números de compleja interpretación, es, como lo afirmaba el extinto expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, “una tormenta con matracas”. Es decir, una farsa bien arropada por la demagogia.
Si bien el texto asigna 45 millones de dólares a la ANEP para la mentada reforma educativa, ello está lejos de compensar la amputación de 80 millones de dólares consagrada en la Ley de Presupuesto y de los 95 millones de dólares sustraídos de los bolsillos de los docentes por rebaja salarial. Hoy, los recursos destinados a la enseñanza equivalen al 4,9% del Producto Bruto Interno, cuando en 2019 representaban el 5,15% del PBI.
La presunta recuperación de los salarios públicos- no se mencionan las jubilaciones afectadas por la caída del poder de compra en ningún momento- también es artificial. En efecto, lo perdido entre 2020, 2021 y lo transcurrido del 2022 ya no se recuperará, porque, para que ello suceda, los futuros ajustes deberían ser retroactivos. A lo sumo, el año próximo o en 2024, el poder de compra de los funcionarios estatales volverá a ser el de 2019, siempre que la inflación no se dispare.
Los otros sectores favorecidos por la inyección de recursos serán el Ministerio del Interior, para seguir fortalecimiento el aparato represivo en vez de atender las necesidades reales de la gente y las asimetrías sociales que son el verdadero caldo de cultivo del delito, la Administración de Servicios de Salud del Estado, seguramente para financiar el 30% de los medicamentos que no se compran y están faltando, y el área de ciencia, tecnología e innovación, que recibirá partidas simbólicas para llenar el ojo.
Obviamente, la decisión de que el proyecto de Rendición de Cuentas no sea de gasto 0 se tomó en función del creciente descontento de la población, expresado en varias encuestas de opinión pública. Lo real es que el refuerzo de 226 millones de dólares previsto en este proyecto se financia con el recorte de 600 millones de dólares aplicado en 2020 y 2021.
Empero, lo realmente grave es que, conjuntamente con el proyecto de una ley que es de materia preceptivamente presupuestal, aparecieron dos cangrejos debajo de la piedra: la derogación de la Ley de Medios y el nuevo sistema de licencias médicas para los funcionarios públicos, que castiga a los empleados que se enferman quitándoles parte de sus salarios.
En el primer caso, la desaparición de la legislación vigente supone una apertura indiscriminada al mercado de datos, que se suma al otorgamiento de permisos para explotar el servicio de internet a los cableoperadores privados, en clara violación del monopolio previsto en la ley de creación de Antel.
Sin embargo, tan vez lo más preocupante sea el restablecimiento de dos medidas de censura homologadas por la dictadura, que son de clara connotación autoritaria y que atentan contra la libertad de expresión inherente al estado de derecho.
Se trata del decreto ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, rubricado por el dictador de extracción blanca Aparicio Méndez, y del decreto ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, firmado por el criminal dictador militar Gregorio Álvarez.
La primera de estas disposiciones, que es represiva, habilita a aplicar sanciones a los medios, cuando “perturben la tranquilidad pública, menoscaben la moral y las buenas costumbres y comprometan la seguridad o el interés públicos o afecten la imagen y el prestigio de la República”.
La norma sostiene que el Poder Ejecutivo puede imponer sanciones que van desde una mera advertencia, a la revocación de la autorización a la emisora, pasando por un apercibimiento, una multa de 30 a 300 unidades reajustables y la suspensión o clausura de la empresa permisaria por un plazo de veinticuatro horas, como mínimo, y de treinta días, como máximo.
El restablecimiento de esta medida punitiva, que fue derogada durante los gobiernos del Frente Amplio, supone una flagrante amenaza a la libertad de expresión y una auténticas Espada de Damocles que pende sobre los medios de comunicación, particularmente sobre los opositores y críticos con la gestión gubernamental.
Por supuesto, las sanciones previstas nos retrotraen a los oscuros tiempos autoritarios del gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco en la década del sesenta, cuando fueron censurados o clausurados decenas de publicaciones opositoras y emisoras de radio, en el marco de las medidas prontas de seguridad que rigieron desde 1968 y 1971 y, luego, también durante el efímero período legal del mandatario Juan María Bordaberry. Obviamente, durante la dictadura nadie osó criticar al gobierno que detentaba todo el poder.
La otra disposición dictamina que “la Dirección Nacional de Comunicaciones, cuyos servicios se declaran esenciales, será el órgano de asesoramiento, de coordinación y de ejecución de la Política Nacional de Comunicaciones que fije el Poder Ejecutivo”.
Estas redivivas medidas, de corte radicalmente dictatorial, aumentarán el control oficial sobre el aparato mediático, consagrado de hecho por la concentración oligopólica y los permisos otorgados a empresas audiovisuales amigas, a lo cual se suman la digitación de la cobertura de las conferencias de prensa convocadas por el gobierno y la presión sobre los periodistas que no son obsecuentes, lo cual hizo descender en picada a Uruguay en el ranking internacional de libertad de prensa difundido por Reporteros sin fronteras.
POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES
Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.
Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.
Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.
Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.
Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.
Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.
Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES
Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.
Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo.
Conozca aquí las opciones de apoyo.
