La insólita actitud del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos de reivindicar al extinto golpista general Hugo Medina, quien fue Ministro de Defensa Nacional del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, reabre exacerbados debates sobre las secuelas de los ulcerantes crímenes perpetrados por la dictadura. Las afirmaciones del legislador ultra-derechista, que cada vez que habla polariza a la sociedad uruguaya, reflexionan sobre la plausible iniciativa del comandante en Jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, quien propuso iniciar un proceso de autocrítica del arma de tierra, tendiente a asumir responsabilidades sobre los delitos cometidos por el gobierno autoritario. Durante un encuentro realizado en la sede del Instituto Militar de Estudios Superiores, el jerarca manifestó su voluntad de aportar al “esclarecimiento de los hechos ocurridos”, lo que incluiría el reconocimiento de que hubo militares que asesinaron, torturaron y desaparecieron personas. Paralelamente, consideró que había llegado la hora de poner fin al silencio de la institución. Aparentemente, Guido Manini Ríos –que al igual que otros integrantes de su partido ha defendido a cara de perro a los represores procesados por la Justicia y no oculta su simpatía por la dictadura- no comparte la propuesta.
Por el contrario, consideró que son otros los actores de la época más caliente de la historia reciente los que deben asumir sus responsabilidades, en velada alusión a la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros. Si bien varios de los ex guerrilleros han manifestado posturas autocríticas, el testimonio más contundente de esa tendencia es haberse integrado, a partir de 1985, a la legalidad y, ulteriormente al sistema político, bajo el paraguas del Movimiento de Participación Popular, que desde hace un buen tiempo, es el sector mayoritario del Frente Amplio, la fuerza política que ostenta el mayor caudal de apoyo ciudadano en los últimos veinte años. Esta tesis es reforzada por la elección de José Mujica en 2009 como Presidente de la República, quien, desde su alta investidura, siempre apostó a la reconciliación y nunca a la confrontación.
Sin embargo, en los últimos treinta y cinco años, ninguno de los tres estamentos que integran las Fuerzas Armadas ha asumido análoga actitud y, por el contrario, ha mantenido un enconado corporativismo y hermético silencio, que se traduce en el sistemático ocultamiento de información, vital para el esclarecimiento de los delitos perpetrados por los uniformados. Incluso, pese a que las causas penales por violación de derechos humanos fueron reabiertas en 2005 cuando asumió el primer gobierno progresista, el aporte de las FF.AA. a los reclamos de verdad y justicia han sido virtualmente nulo, por la mentada obediencia debida que se imparte, como una religión, desde los clubes que agrupan a los militares retirados. Con ese comentario, Manini vuelve a exhumar la falaz teoría de los dos demonios, que encapsula y limita la violencia estatal a un mero enfrentamiento entre militares y tupamaros.
Obviamente, no es necesario ser historiador ni politólogo para demoler esa mentira histórica, ya que, como es sabido, la dictadura fue parte de una ofensiva continental contra los partidos de izquierda digitada desde los despachos imperiales de la Casa Blanca, en el marco de la Guerra Fría. Empero, lo más insólito es que Manini Ríos afirmó que el ex comandante del Ejército y ex ministro de Defensa Nacional general Hugo Medina reconoció la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en 1986. Naturalmente, no le falta razón, ya que el militar asumió y justificó abiertamente la comisión de delitos durante el gobierno autoritario, en el marco de la impunidad que le otorgaba el por entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti.
Medina, que integraba la Legión Tenientes de Artigas al igual que Manini, fue un hombre clave del proceso cívico-militar, quien, de una posición dura en las fracasadas negociaciones políticas del Parque Hotel de 1983, pasó a una actitud más conciliadora que culminó en el desdoroso Pacto del Club Naval. El acuerdo habilitó la convocatoria a las rengas elecciones de 1984, con Wilson Ferreira Aldunate preso y centenares de ciudadanos proscriptos. El militar, que fue socio de Sanguinetti para la tan mentada “salida en paz”- con quien mantuvo entrevistas secretas- desafió abiertamente al poder política y a la Justicia, cuando en 1986, siendo comandante en Jefe del Ejército guardo en un cofre las citaciones a los militares indagados por delitos de lesa humanidad. Lejos de ser destituido por el primer mandatario como hubiera sido menester, un año después fue designado Ministro de Defensa Nacional, a los efectos de vigilar el cumplimiento de la Ley de Caducidad votada por blancos y colorados, que consagró el perdón a los uniformados responsables de las tropelías. En 1989, en los meses previos al malogrado referendo destinado a derogar la cuestionada norma, Medina, desde su investidura ministerial, puso en duda la continuidad de la endeble institucionalidad si la ley era dejada sin efecto en las urnas. Esa suerte de terrorismo verbal, sumado a la campaña de la derecha de defender la inconstitucional ley, logró el objetivo de amedrentar al electorado y sostener la impunidad. Flaco favor le hace Manini Ríos a la reconciliación y a los intentos por restañar las heridas del pasado, reivindicando, mediante la falacia, a un golpista que negó la existencia de desaparecidos y conspiró contra la democracia incluso después de la dictadura.
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