¿La seguridad descuartizada?
La situación de la inseguridad pública está complicada y todo parece estar indicando que la disminución de delitos que se anunciaba fue producto de la pandemia. La violencia se manifiesta cotidianamente, aumentan los homicidios y aparecen eventos de la llamada justicia por mano propia. ¿Hay un discurso que legitima la represión indiscriminada? ¿Fracasó la LUC para combatir el delito? ¿Son Heber y Santiago González el equipo idóneo para afrontar esta emergencia? ¿Cuánto de demagogia hubo en los discursos de campaña? ¿Es suficiente con apoyar moralmente a la policía? ¿Cuál es la sensación térmica imperante? ¿Hay menos crónica roja en los medios? ¿Era tan sencillo combatir la inseguridad como se proclamaba? ¿El aumento de presos soluciona algo? ¿Qué hacer?
Realismo y diálogo por Andrés Scavarelli
El expresidente Tabaré Vázquez decía algo muy realista cuando hablaba de ser firmes en la lucha contra el delito, pero aún más firmes en la lucha contra las causas del delito, él entendía algo que muchas veces no se tiene en cuenta y es que las leyes penales y las políticas represivas, necesarias que son para la sociedad, funcionan como un analgésico que ataca los síntomas del delito, pero no las causas del delito, ellas no son una cura o una solución en sí mismas. Es en las políticas sociales, la educación, la formación en valores y virtudes en donde se encuentra la mejor forma de prevenir el delito.
El problema es que, como han expresado varios pensadores y estadistas a lo largo de la historia, las causas de ciertos fenómenos sociales se encuentran una o dos generaciones atrás, por lo que hoy podremos construir las soluciones para el futuro, pero no para el presente, sin embargo, cuanto más se demora en esa construcción, mas distante será ese futuro.
Otro de los grandes obstáculos para la construcción de seguridad es que se trata de un tema sumamente atractivo, fácil de procesar, encausar y digerir dentro del discurso partidario, es un tema que despierta pasiones y por ende muy sencillo de convertir en un arma de retórica o propaganda política, muchas veces por la vía de argumentos de difícil comprobación y otras mediante la promesa de soluciones milagrosas, cuando lo cierto es que, muchas veces, tanto en la vida diaria como en la política se podría sostener que si una solución a un problema duradero es presentada como fácil entonces mayores chances tiene de no ser realista.
Un ejemplo de ello fue la LUC como cura mágica para la erradicación del delito o la ilicitud, señalemos solamente una de las normas contenidas y prometidas como gran solución, la que refiere al derribo de aeronaves o también llamada “ley de derribos” en su momento. El “realismo mágico jurídico” puede servir para movilizar una causa, pero no para solucionar las cuestiones relativas a seguridad pública.
Afrontar el problema desde una perspectiva de solución pasa por la, tal vez utópica, construcción de consensos entre los distintos partidos, la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de justicia, represión, prevención y reclusión, un dialogo que esté orientado no a la construcción de relatos parciales, de explicaciones o excusas sino de un entendimiento para la construcción de una política pública, social, de Estado, que trascienda gestiones, personas y partidos.
Mientras no se construya con una perspectiva integral y sin excusas, sin buscar réditos temporales o electorales, lo único que se logrará es perpetuar el estado de insatisfacción social y de inseguridad pública.
Inseguridad: el dogmatismo que no resiste ni datos ni relatos por Milton Romani
Violencias sociales y criminalidad
El derecho a la seguridad no es solo un asunto policial. Ni de autoridad. Ni de aumento de penas y castigos. Ese modelo, que persiste, es un dogmatismo que no se condice ni con los datos y el relato. Es incoherente, no ayuda, genera más inseguridad y violencia. Ya lo dijo Lacalle Pou cuando era senador: un ministro del interior no puede usar la coartada del narcotráfico para justificar los índices de criminalidad. Porque esa es su tarea. Punto. El ministro Heber y el Sr. Santiago González, recurren con exceso adictivo al fenómeno narcotráfico como explicación de todo. González, que tiene un cúmulo de denuncias de mal trato y autoritarismo incluso con sus pares, no parece un ejemplo de convivencia. Repite en un exceso de cámaras, la intervención en cada cierre de bocas de narcotráfico. Llegó a decir que se cerraron 2000. Eso si, no hubo hasta ahora ningun procesado por lavado de dinero, ni allanamiento en bufetes o estudios que se dedican ostensiblemente a ello. Ni hablar de la injusta aplicación de la ley por la cual las mujeres son procesadas con prisión por gramos de marihuana y los sojeros cocainos, con toneladas exportadas, no tienen el mismo tratamiento. El aumento de la criminalidad, y el aumento de las violencias sociales (que no es son la misma cosa) son un monstruo que pisa fuerte. Aumentan las dos. A veces nos asombra, nos genera incertidumbre, miedo e inseguridad. Repetir que es un tema complejo parece una coartada para desentenderse del asunto. No es así. Asumirlo implica generar institucionalidad para una política pública criminal que sea una responsabilidad compartida. Siempre insisto que la experiencia institucional de la Junta Nacional de Drogas, integrada por varios ministerios, debería ser un ejemplo aleccionador. Lo mismo para generar con la academia, organizaciones sociales y un arco político amplio, un espacio de investigación y abordaje con pretensión científica el tema de la criminalidad.
El horizonte de la convivencia es un tema más extenso que incluye la seguridad ciudadana. Es necesario definir una política criminal con pretensión de largo plazo, como bien lo han señalado distinguidos especialistas, como el ex Fiscal General doctor Jorge Díaz o los académicos Nicolas Trajtemberg y Clara Musto, entre otros. Algunos siguen creyendo, por pura ideología, en un reduccionismo simplote: castigo y autoridad. Y en una coartada: las responsabilidades son de las gestiones del anterior gobierno. No de todas las gestiones anteriores. No. De esas no. Porque hay que decir que desde 1997 se retoca el Código Penal aumentando todas las penas y aunque los cataclismos sociales fueron cantera de reclutamiento de niños y niñas cuya carrera criminal conocimos 20 años después, todavía continúan, porque se ha reemplazado la cultura del trabajo, por la libertad. No es solo la pobreza y marginalidad las únicas explicaciones del aumento de violencias y criminalidad. Pero no se pueden ignorar. La libertad de “arreglate como puedas”. La falta de trabajo. La inequidad e injusticia que hoy se expresa en un récord histórico de exportaciones (carne, soja, arroz, leche y bienes) por 11.000 millones de dólares que se acompaña por el aumento de depósitos dentro y fuera del país (conocidos) de 9000 millones de dólares. Los pibes chorros que salen por la de ellos, quizás no saben de estas cifras. Pero la sufren y eligen sin formación económica de operar un reparto del producto bruto por mano propia. Anotemos que en 2020 se creó un Impuesto de Emergencia COVID por cuatro meses, afectando los salarios públicos y el IASS. Si se procediera a un Impuesto de Emergencia solo por 4 meses a las exportaciones, solo por cuatro meses, recaudaríamos 440 millones. Otro monto igual podría ser recaudado por los depósitos mayores. Por pura ideología no se hace. El dogmatismo fiscal es coherente con el dogmatismo punitivo. Si se invirtiera en un sistema penitenciario y de penas alternativas en serio y no como se hace ahora, ahorraríamos. Costo beneficio sería favorable. Económica y socialmente. Pero lo que tenemos no son empresarios, ni políticos liberales que piensen estratégicamente. Siquiera en la propia reproducción del sistema de mercado. Son angurrientos, solo ven la ventaja a corto plazo. Un dogmatismo de bolichero de cuarta.
Violencias sociales: niñez, feminicidio, conflictos. A propósito de violencias y niñez “más de 386.000 niñas, niños y adolescentes de Uruguay viven en hogares donde se reportaron situaciones de violencia de género, según un informe de Inmujeres, Sipiav y Unicef que busca visibilizar el impacto de estos contextos en la infancia y la adolescencia”. Categórico. A estos futuros jóvenes lo que les promete este modelo, son más palos, más cárcel, menos oportunidades. ¡Que quieren!!! ¿Que luego salgan blanquitos de ojos celestes y se comporten como egresados de la Universidad de Montevideo? Por favor, déjense de joder. Al poder actual con LUC o sin LUC le importa poco. Los esfuerzos de Miguel Angel Petit son encomiables. En denunciar esto y cambiar. Le deseo el mejor de los éxitos. Las experiencias de Luis Parodi en la Unidad 6 Punta Rieles, como las de Jaime Saavedra en la Comisión del Liberado no han sido incorporadas al patrimonio de las políticas públicas. De la misma manera que fueron desechadas todas las enseñanzas y el excelente personal formado por el mejor policía Julio Guarteche. Una manga de malos policías que les gusta ser amigos de la ¨pesada¨, algunos de la coima y del abuso, estaban agazapados para saltar. El finado Larrañaga y el actual ministro persisten en la refundación. Basta solo el ejemplo más que simbólico que por suerte se frustró. El actual Director de la Policía intentó bajar la placad de reconocimiento a Julio Guarteche en la sala de la DNII y sustituirla por el torturador Victor Castiglioni.
Política criminal pública, una definición postergada Seguir aumentando castigos con más penas y más tiempo en la cárcel, dar “todo el poder a la Policía”, ha demostrado su inoperancia; no resuelve nada. Es más, empeora el clima de violencia, en las cárceles, en la represión callejera a lo popular y lo sindical. Además, no resuelve otras violencias que se tramitan con una crueldad infinita: feminicidios, violencia contra niños, ambiente futbolístico, micro menudeo, siniestros, suicidios. Es un grave error insistir en que el único actor en este tema es la Policía o el Ministerio del Interior; es materia de abordaje interinstitucional. Lo afirmo luego de haber actuado en el campo de las políticas de drogas con una institución modelo de abordaje multi como fue la Junta Nacional de Drogas. Estas son “medidas” de fondo a tomar. Insistir con el hallazgo epistemológico enunciado recientemente de que “no tomar medidas es también una medida” aportará, quién sabe, al principio de incertidumbre. Pero en este caso será la medida del fracaso.
La Seguridad Pública Re calculando por Edward Holfman
El Ministerio del Interior presentó las cifras de Homicidios y denuncias de delitos correspondientes al “Primer Trimestre 2022” los homicidios aumentaron 33% respecto al mismo período del año pasado, las denuncias de hurto lo aumentaron un 3,2% y las de violencia doméstica, aumentó 11,2%. Por otra parte, las denuncias de rapiña bajaron 6,3% y las de abigeato también en comparación igual periodo un 16,3%.
Estas cifras prendieron las primeras alertas a las autoridades Policiales, yo le agrego que perdemos de vista siempre, son el porcentaje de los delitos no denunciado a las autoridades Policiales, la famosa “cifras negras” del delito, en Uruguay esa cifra ronda en el 73% (7 de cada 10) que son víctimas de algún tipo de delitos no lo denuncian, encuesta realizada por INE año 2017 (a 8400 personas en nuestro País).
Las políticas públicas de seguridad privilegian la aplicación de mecanismos de control, represión para enfrentar la criminalidad y no en la prevención como herramienta. Partiendo de la idea que no se puede prevenir, ni tratar lo que no se conoce, es fundamental trabajar sobre la evidencia y poner el foco en la construcción de sistemas de información en materia de seguridad, mucho más amplia y abarcativa nuevos delitos y el FOCO EN QUE LAS PERSONAS DENUNCIEN TODOS LOS DELITOS.
La realidad criminal en Uruguay como en gran parte del Mundo cambió cualitativa y cuantitativamente, Delitos o actividades criminales, como delitos de estafas (cuento tío) estafas en (Internet), nuevas drogas ilícitas para el mercado doméstico (Tussi, éxtasis) laboratorio de drogas de síntesis (4 desmantelaron) delincuentes de nacionalidad colombiana participando en la fabricación de droga síntesis como Tusi “cocaina rosa” la trata de Personas en Uruguay un fenómeno que no se reconoce (2018 informe Departamento de Estado de EEUU)
El delito de trata de personas que nos explota en la cara Trata de Persona con fines, laborales, sexuales y criminales. Las rutas del narcotráfico en constante cambio, micro tráfico y narcomenudeo se modificaron, nuevas estructuras criminales, nuevas drogas, estamos en la cuarta generación narco, más joven, más violenta, que disputan territorio mercado y drogas. La marihuana prensada paraguaya fue sustituida por la marihuana “cogollo” elaborada en Uruguay, por calidad y precio, hay un mercado ilegal de marihuana y cocaína de consumo muy importante en Uruguay.
Dato no menor, en nuestro País tenemos la misma cantidad de Personas Privadas de Libertad, unos 14.000 aprox. (Presos) y 14.000 personas con penas alternativas, cuando se reclama este beneficio.
Hoy se prendió la primera luz de alerta ante el aumento de los homicidios y determinados delitos en el primer trimestre del 2022. Queda claro que la gestión está marcada por los resultados, esto lleva a que cada Jefatura de Policía Departamental combata micro tráfico y narcomenudeo a nivel Departamental (se detienen vendedor, transportista, al último eslabón de la cadena narco) pero no lo dueños de la droga ilegal, lavado de dinero. Hay una economía ilegal muy grande rodeando el negocio de venta de drogas ilegales. La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas organismo encargado de la lucha del NARCOTRÁFICO perdió protagonismo, avionetas, grandes cargamentos de drogas ilegales quedaron en el pasado, las cifras lo demuestran.
La seguridad pública en “modo pausa” está “re calculando” ….
INSEGURIDAD por Cristina De Armas
No es tema nuevo el de la inseguridad, no solo porque es uno de los cinco temas de fundamental interés ciudadano sino porque fue la estrella de la campaña política de 2019 del actual gobierno.
En aquel momento los noticieros se enfocaban en los robos, hoy que parecen estar en pantalla las 24 horas la noticia son los asesinatos y la violencia más encarnizada. La respuesta de las autoridades como en el gobierno anterior es el ajuste de cuentas del narcotráfico como gran responsable. No es posible negar la incidencia del negocio de la droga en estos casos pues tienen su propio sistema de lo que llaman; hacer justicia. Llegó, se instaló y avanzó y todo eso se avisó con tiempo y se replanteó cuando la DEA dejó el país para instalarse en Buenos Aires en 2012.
¿Estamos preparados para enfrentar este fenómeno mundial? Absolutamente No, no lo está el mundo. Lo primero que hace el mercado del narcotráfico es meterse en el entramado social, en los jóvenes y en los jóvenes pobres encuentra el camino para convertirse en solución. No hace tanto tiempo para “salir de pobre” apostaban al fútbol; hoy apuestan al narco. Hace unos días el cantante Daddy Yankee hablando sobre su retiro y sus orígenes humildes en Puerto Rico se alegraba de ser un referente para sus jóvenes compatriotas que hoy prefieren ser cantantes que narcos. En nuestro país el proceso recién comienza y faltan referentes. La respuesta de la política por un lado con el Nuevo Código del Proceso Penal que comenzó a funcionar en noviembre de 2017 trajo algo más de justicia y transparencia al sistema penal marginado y olvidado por la sociedad sin tener en cuenta que si bien la solución para la seguridad es integral, el sistema penal es una de sus puntas más importantes, si acaso no la principal. El gran problema es que como toda buena cosa muchos quieren tener mérito en ella y desde 2017 muchas manos han modificado e intentan continuar. También un tema tan importante invita a la política a plantear e insistir en ideas cuestionables como la modificación del Art. 11 de la Constitución sobre los allanamientos nocturnos desconociendo la garantía que nos brindaron con él los legisladores al mantener al Estado, a veces demócrata, a veces no tanto, fuera de nuestras casas.
Pero no podemos culpar de todo al narco. La violencia intrafamiliar, la débil salud mental a la que se sigue sin dar la debida atención, juegan un rol importante. Desde el suicidio, el asesinato de familiares y vecinos habla de una enfermedad en el entramado social que excede al femicidio, el patriarcado, la emasculación o el derecho. La vida intramuros no se impone por ley, por discurso social o interés político. El discurso fácil del gobierno no ayuda cuando pretende decir que a nivel de inseguridad estamos mejor con una pandemia de por medio y los hechos que nos atemorizan actualmente. Por otro lado, a la oposición le conviene más hacer énfasis en los sueldos y jubilaciones, la inflación y la inseguridad es culpa de Heber.
Yo no sé si el presidente lo quiere a Heber mucho, poquito o nada, pero no le ha hecho ningún favor después de una vida de parlamentario ponerle al frente de un Ministerio insignia que necesita tener mucha calle, mucho recorrido. Le ha quedado la gente que apuntalaba a Larrañaga, como la tiene todo político que asume un cargo. Algunos, aprenden, la mayoría se conforma con ser políticos.
Hay mucho de impericia por Martín Forischi
Increíble e imprevistamente Heber tuvo muchas dificultades en estos últimos tiempos al frente del MI, que era según las encuestas, el ministerio de mejores resultados, si uno habla con respecto a los números proporcionados por el propio ministerio. Cartera que, se fastidiaba cuando diferentes actores de la sociedad le reprochaban que esos números eran el fiel reflejo del efecto “quedate en casa” por la pandemia; y una cuenta de gallegos dice que, a menos gente en la calle, menos probabilidades de ser víctimas de delitos hay. Y sin embargo, ese equipo del MI, hoy dirigido por Heber, que semanas atrás se vanagloriaba diciendo que “ahora podemos salir con carteras…”, se da cuenta hoy que, con más gente en la calle, hay muchas dificultades, como sucedía con los ministros del interior de los últimos años.
Siempre digo lo importante que es detectar las cosas que uno puede hacer, y para cuales no está apto ¿no? Y a partir de eso intentar construir algo, en este caso estar al frente de una cartera que presenta muchas dificultades.
A este gobierno ¿cómo no mostrarle los errores y las deficiencias que tiene? Cómo no hacerlo frente a la opulencia y la obscenidad que hay al otro lado; del lado del gobierno, con un ministro que se muestra poderoso y según él devolviéndole a la población la tranquilidad, “ahora podemos salir con carteras…”, hoy a todas luces, un ministro que, sabiendo cuáles son sus limitaciones, no actuó en consecuencia.
Ahora creo que hay mucho de impericia en esta administración, que a este gobierno en general, le cuesten conseguir resultados positivos, sin excusarse de que les cuesta el arranque producto de la pandemia, y de la guerra, y sobre todo destrabar conflictos gremiales, ya es un síntoma que se repite y se reitera. Ahora, la paradoja es que las encuestas le siguen dando un alto porcentaje de aprobación en general.
Increíblemente a esta altura, y a más de dos años de gestión, esta administración, la mejor de todas en votos, según dicen, digo porque hay que sostener en el tiempo desde el 2020 una popularidad tan alta en las encuestas respecto a la aprobación del gobierno con estos datos negativos de seguridad, falta de empleo y pobreza. Pero los defensores de la coalición multicolor dicen que, han tenido políticas en las áreas más sensibles para los más necesitados
Ahora un puñado de buenas acciones no me hace definir a este como un buen gobierno, podría decir que es una falta de respeto.
Con respecto a esto, uno se reitera en los comentarios y la verdad, tampoco quiero transformarme en alguien aburrido para ustedes; porque todos los semanarios tengo que arrancar diciendo que este gobierno es un dolor de cabeza. Un gobierno que involuciona, ¿vieron que no se usa la palabra involución? Hasta para hablar de alguien que está enfermo, “evoluciona”, “evoluciona favorablemente”, nunca se dice “involuciona”, la palabra involución como que suena feo, suena mal, es contundente, es dura, y está marcando un retroceso ya sea en un cuadro médico, en una cuestión pedagógica, bueno, en la política se involuciona también, yo creo que el partido Nacional muestra una involución lo cual es mucho más preocupante que no ver una mejoría, son dos cosas distintas, ¿se entiende? Pueden coexistir, pueden convivir, pero no es lo mismo no advertir mejorías o advertir una involución, yo creo que este gobierno involuciona mes a mes, después del punto de inflexión que fue el apretado margen en el referéndum y la posibilidad de utilizar ese viento de cola, ese resuello emocional de poder contra el FA.
Se lo llevaron preso por Fernando Pioli
Una de las decisiones controvertidas de la pasada administración fue mantener en su puesto al ministro Eduardo Bonomi. Fue controvertida y polémica, porque más que ignorar la realidad de la seguridad pública ignoró el hecho político de que la oposición estaba siendo exitosa en instalar el discurso de que la inseguridad era obra del mal accionar de las autoridades del Ministerio del Interior. El cargo de Ministro es un cargo político, no técnico. A su cargo debe estar alguien políticamente solvente y Bonomi venía de un largo desgaste a través del cual se le atribuyeron, a veces con razón, pero la mayoría sin ella, responsabilidades injustificadas. El resumen de esto es que era demasiado fácil pegarle a Bonomi y el ejecutivo del último Tabaré Vázquez no tuvo la visión de hacer algo para allanar el camino a sus correligionarios en la lucha electoral. Evitó cambiar nombres polémicos y resistidos antes que esta empezara, dándole una salida digna a algún que otro Ministro o Ministra quitándole la chance a Daniel Martínez de eludir algún que otro tema más sobre el que tener que defenderse.
Las autoridades entrantes portaron un discurso retrógrado y evidentemente ignorante sobre la temática. Tuvieron la suerte de que la pandemia les resolvió muchos temas que eran importantes dolores de cabeza, pero en su borrachera de poder recién obtenido cerraron los ojos y creyeron su propio discurso. Los medios de comunicación les fueron funcionales, como le han sido funcionales a este gobierno desde antes de asumir. Ahora que nos levantamos con la resaca de la pospandemia y empezamos a abrir los ojos hay cosas imposibles de ocultar.
La mejor medida que tomó el gobierno para enfrentar el desafío de la pandemia fue no cerrarse a su propio círculo, limitarse a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Eligió el camino de formar un grupo de científicos que abarcara distintas ópticas para asesorarse, en este caso recurrir a la academia fue un éxito. Uruguay adoptó medidas antes que la OMS las sugiriera, como darle a la ventilación de los ambientes una importancia crucial asumiendo que el virus podía estar en el aire. ¿Qué evita que sobre otros temas en los que se ha hecho hincapié en la campaña tengan un trato parecido? ¿Por qué en la educación y la seguridad no se forma algo parecido al GACH que sugiera medidas de carácter técnico práctico, despartidizadas y consensuadas? ¿Acaso la academia no tiene algo que decir sobre estos temas y sólo debemos limitarnos a las opiniones de tres o cuatro iluminados que tuvieron la suerte de ganar una elección?
Promotores de la inseguridad por Lucía Siola
El problema de la inseguridad en los últimos 15 años constituyó uno de los ejes de la discusión política nacional. Los partidos tradicionales impulsaron un discurso de alarma pública que instaló un clima de inseguridad, que había que combatir con medidas punitivistas y mayor represión social. Los gobiernos del Frente Amplio sin ir tan lejos, confluyeron con este tipo de orientación y entre otros aspectos reforzaron y ampliaron los aparatos represivos con nuevos equipamientos y tecnologías, al tiempo que propiciaron las razzias en los barrios pobres de la periferia.
Así, en el transcurso de estos años tuvieron lugar distintos plebiscitos e incluso un referéndum que buscaban aumentar los mecanismos represivos, mediante la baja de la edad de imputabilidad buscando criminalizar a la juventud, y la reforma constitucional impulsada por Larrañaga que planteaba entre otros aspectos la militarización y los allanamientos nocturnos. Si bien, estas iniciativas fueron rechazadas en su momento mediante pronunciamiento popular, la orientación general se volvió a expresar en la Ley de Urgente Consideración.
A pesar de esta orientación punitivista los delitos no han disminuido. Por el contario, en los últimos años han aumentado los niveles de violencia de algunos delitos graves. La situación de pandemia primero y el ajuste impulsado por el gobierno multicolor aumentó significativamente los niveles de pobreza y la desocupación, bajando considerablemente la capacidad de compra de los sectores trabajadores. Así, la violencia descargada por el régimen político se manifiesta en una mayor descomposición del tejido social. En este sentido, no sólo podemos afirmar que el gobierno no es efectivo con su política de mayor represión, sino que además es responsable de generar las condiciones para que se reproduzca y se amplíen las condiciones sociales que propician el delito y la violencia.
Lejos de combatir la inseguridad de la cual los empresarios y parte del régimen político son parte -como lo gráfica la operación Océano, o los casos de empresarios sojeros que traficaban droga- el gobierno promovió una política de criminalización de la pobreza por un lado, y de la protesta social por el otro. En el primer caso, ha dado vía libre para el atropello policial, como se expresó en el procedimiento de la UTU del Cerro, en el cual la policía ingresó a la institución educativa y detuvo a estudiantes. En el segundo, impulsando la persecución de militantes sociales y políticos por pintar muros, lo que constituye una escalada represiva que plantea la criminalización de la libertad de expresión.
De conjunto, la inseguridad continúa en aumento, y esta incluye no sólo los índices de delitos, sino también los niveles de violencia que el régimen descarga sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables a partir del ajuste brutal y la quita de derechos fundamentales para la vida digna.
El programa del gobierno en este sentido, se ha revelado una farsa. La única salida para terminar con la inseguridad, con el narcotráfico, es atacar las causas últimas que generan estas condiciones sociales, atacando a los verdaderos grupos de poder que conforman redes de intereses, delitos y complicidad.
Justicia por Juan Pablo Grandal
En muchas de mis anteriores columnas he hablado, refiriéndome a temas muy variados, de la importancia de construir una comunidad en la que todos o la inmensa mayoría de sus integrantes se encuentren, justamente, integrados. Esto está determinado por una postura filosófica, ni colectivista ni individualista, que entiende que el individuo puede desarrollarse plenamente únicamente como miembro de una comunidad. Pero esto está lejos de ser un simple capricho ideológico de parte de quienes defendemos esta postura, y la situación de la seguridad pública lo demuestra con claridad.
En primer lugar, en este como en tantos otros debates, la agenda político-partidaria entorpece terriblemente el debate y tiene buena parte de culpa en que no se pueda afrontar esta problemática con seriedad. Durante los gobiernos del Frente Amplio, la entonces oposición mostraba una constante preocupación por la situación de la seguridad pública y afirmaba que las acciones del gobierno eran insuficientes; en la actualidad sucede una situación similar, pero a la reversa. Tanto el actual ministro Heber como el entonces ministro Bonomi han tenido varios exabruptos públicos que parecieran ser una burla a los cientos de miles de orientales que sufren la inseguridad a diario, y la situación hace muchos años que no pareciera dar señales de mejoría.
Otro tema que impide enfrentar seriamente la problemática son las posturas ideológicas francamente infantiles de varios sectores. Desde parte de la izquierda se defienden posiciones que no se pueden calificar de otra manera que como anti-sociales y disolventes, promoviendo activamente la inacción de las fuerzas de seguridad, denigrándolas y acusándolas de ser serviles a los más oscuros intereses. En su fetichización del Estado y de lo público, parecen no incluir una de las principales y más fundamentales funciones del Estado, la represiva. En una sociedad mínimamente civilizada existen normas, y deben existir mecanismos para forzar su cumplimiento, quien piense lo contrario difícilmente pueda tomarse en serio, o actúa de mala fe.
Pero existe un sector de la derecha que defiende posturas igualmente infantiles y destructivas, que también tienen un efecto anti-social. El pretender solucionar todos los problemas relativos a la seguridad pública mediante “mano dura” no hace más que abrir la puerta a potenciales abusos, que además de ser profundamente inmorales de por sí, generan una situación de desconfianza y temor entre los sectores más vulnerables (quienes más sufren la inseguridad, por lejos) y las fuerzas de seguridad. Muchas propuestas desde este sector tuvieron un potencial bastante contraproducente, como la propuesta de involucrar a las FFAA en la seguridad pública, cuando es una función que absolutamente no le corresponde a esa institución; u otras reñidas con valores que muchos consideramos fundamentales para construir un orden social justo, como la habilitación de los allanamientos nocturnos (reñida con el principio del hogar como un sagrado inviolable), o la baja de la edad de imputabilidad (que considera a un menor de edad igualmente responsable ante la Justicia como un adulto).
Así que lamentablemente esta es otra temática en la que el sistema político le está fallando a la población, y los resultados están a la vista. Quien me diga que anda seguido en la calle, particularmente de noche, y se siente seguro, probablemente esté mintiendo, o pisa la calle únicamente para bajar y subirse al auto. Ni que hablar que en los barrios más carenciados la situación es aún peor, existen miles de compatriotas que han tenido que aprender a convivir diariamente con una violencia que hasta hace poco creíamos ajena a nuestro país. Sí es cierto que este nuevo gobierno respalda públicamente a la policía más que el anterior, y eso es correcto; también que durante los gobiernos del FA se aumentó bastante tanto los salarios como el equipamiento de la policía. Pero si bien ambas medidas son correctas y justas, nada parece mejorar.
No corresponde tocar el tema en este artículo, pero como mencioné al principio, la creciente violencia e inseguridad son síntomas de una sociedad en descomposición. Las causas son múltiples y muy profundas, pero me parece claro que el modelo imperante de organización social no está cumpliendo su cometido. Existen medidas en lo inmediato para paliar la situación, sin duda, quizás las fuerzas de seguridad en ciertos contextos pueden ser más duras, se puede utilizar las políticas sociales para elevar de la marginalidad a muchas personas que terminan en la delincuencia por falta de oportunidades. Pero urgen las discusiones más a profundidad, de cómo construir un orden social más justo (o “justo” en sí, lamentablemente la injusticia campea), claramente no estamos tomando un buen rumbo. Quien lo niegue, me hace difícil creerle cuando se muestra preocupado por la inseguridad.
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