España ha vivido en los últimos años un clima de fuerte tensión política, de cruces con descalificativos durísimos, en los medios de comunicación y también en el ámbito parlamentario. El propio funcionamiento del sistema facilita esos cruces de alta tensión. Sin embargo, teniendo presente esta característica, siempre ha estado enmarcado en un ámbito institucional.
Es bueno recordar que, en el año 2019, se conoció un estudio realizado por expertos la Universidad de Princeton y de Jerusalén que ubicó a España como el país más polarizado de los veinte analizados, entre los que se analizaron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Grecia, Francia y Portugal durante los años 1996 y 2015. En España, todos increíblemente coinciden que las cosas desde entonces se agudizaron, y la crispación se ha agudizado aún más. Todo ello, dentro del cauce institucional.
A pesar de los pesares, hay un esfuerzo en casi todos acerca de la necesidad de que debe centrarse el debate. No está bueno, no ayuda, solo procurar desautorizar moralmente al oponente bajo acusaciones que pueden caber o no al interpelante, pero lo central del debate político es focalizarse en el argumento, no en las personas. Las ideas no se combaten negándole autoridad moral a quienes las formulan o defienden, sino denunciando las consecuencias desastrosas de aplicarlas.
El ejemplo español
Este año la cita electoral anticipada en España está ocupando un momento clave para el país, por los desafíos que estas decisiones en el orden institucional, político y económico van implícitas para la sociedad española. Hay una grieta enorme, con una agresividad alarmante y una izquierda poco cohesionada. Así las cosas, el reclamo de la ciudadanía para recibir información cierta, verificada es significativo. La información verificada, cierta, se ha convertido en un bien escaso, pero que el sistema político y los sindicatos y lectores deberían reclamar, como reserva de una prensa honesta y profesional, y también, obviamente, como herramienta a favor de las libertades públicas. La libertad de información y la de expresión son derechos elementales a proteger y practicar, pero con ello no alcanza. Es necesaria una efectiva unidad en su defensa, porque es necesario reforzar estos valores.
Hace unas semanas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, y la Asociación de Directivos de Comunicación de España, (DIRCOM), han expresado a través de un comunicado conjunto, y lo hicieron con claridad, acerca de la necesidad de que el ecosistema político, es decir, gobiernos, partidos, instituciones, medios y el conjunto de las organizaciones, desde sus particulares puntos de vista, colaboren decididamente para que el escenario electoral se desarrolle de acuerdo a los valores democráticos que la sociedad española ha ido construyendo, y así lograr un clima de controversia electoral respetuoso de las diferencias y, especialmente, de respeto a la verdad.
El comunicado conjunto de FAPE y DIRCOM, dice textualmente:
“Que se garantice por parte de todas las fuerzas políticas, en sus actos y ruedas de prensa de precampañas y campañas electorales, la igualdad de acceso de todos los medios y, por norma general, se acepten preguntas en las comparecencias de los candidatos y líderes políticos.
Que los partidos políticos y las Administraciones Públicas se abstengan de ejercer presiones sobre los medios y los profesionales de la información destinadas a condicionar el trabajo de los periodistas con objetivos partidistas. Igualmente, que las empresas periodísticas refuercen la independencia de sus profesionales frente a esas presiones.
Que las legítimas líneas editoriales de los medios y artículos de opinión no condicionen las informaciones periodísticas sobre los procesos electorales.
Que las formaciones políticas no generen ni alimenten bulos y no los difundan por redes sociales, renunciando al uso de bots y perfiles falsos. Estas prácticas favorecen la desinformación al evitar actividades básicas del periodismo como intermediario cualificado, como son el conocer, investigar, comprender y contrastar las informaciones antes de publicar.
Que en la próxima ley electoral se incluya la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos y se considere modificable el precepto de evitar la publicación de sondeos en la semana previa a los comicios, para evitar entre otros riesgos la proliferación de encuestas falsas y/o manipuladas”.
Preocupados
Lo están todos. No sólo por España, sino porque “es un momento especialmente importante por los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos, como se ha comprobado recientemente en otros países. Los profesionales de los medios de información y de la comunicación quieren alertar de la gravedad de las consecuencias que puede tener para nuestra democracia el desprecio a la verdad, al rigor, a la defensa de los derechos de los ciudadanos a conseguir información veraz y de calidad a la hora de votar”.
Resulta significativo que FAPE y DIRCOM, exhorten a “los partidos políticos (que) deben ser los mediadores de la voluntad popular y, por tanto, deben ser respetados, al tiempo que respetan a la ciudadanía y a los medios de comunicación a la hora de trasladar a la opinión pública sus propuestas durante la campaña electoral”.
El clima de tensiones crecientes, la crispación como recurso de enfrentamiento, el insulto como argumento, son recursos antidemocráticos que no hacen bien a una sociedad. Y son el camino equivocado que conduce a tentaciones autoritarias inaceptables.
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