Las confesiones del criminal coronel Gilberto Vázquez ante un tribunal de honor en 2006, que fueron conocidas 11 años después, ponen en evidencia, nuevamente, las incalificables atrocidades perpetradas por la dictadura y las gravísimas consecuencias de la impunidad instalada en 1986 por la derecha, con la sanción de la Ley de Caducidad.
Llama poderosamente la atención la reacción del Ministro de Defensa Javier García, quien manifestó su perplejidad ante lo declarado por el represor, pese a que su Partido Nacional fue protagonista directo del perdón prodigado a los violadores de derechos humanos, junto al Partido Colorado, que es un hermano ideológico gemelo.
El Secretario de Estado, hablando en nombre del gobierno que integra, se rasga las vestiduras y se hace el distraído, lo cual constituye una actitud de burda e intolerable hipocresía.
Por supuesto, la llamada coalición multicolor que detenta el poder por mandato de la ciudadanía, está integrada, entre otros, por un partido ultraderechista que suele reivindicar las barbaridades cometidas por los uniformados entre 1973 y 1985.
Ello constituye una flagrante contradicción de los otros cuatro socios del conglomerado conservador, que se golpean el pecho y se arrogan permanentemente el monopolio de la democracia.
Sin embargo, para ganar las elecciones de 2019, no dudaron en rubricar un pacto con el diablo, al igual que el Fausto que inmortalizó en su monumental obra clásica el célebre escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, incorporando a Cabildo Abierto al acuerdo político y, ulteriormente, al gobierno.
Obviamente, García habló en nombre del presidente Luis Lacalle Pou, quien, antes de sentirse conmovido y seguir jugando con la desmemoria colectiva, debería preguntarle a su padre, el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, por qué votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en diciembre de 1986, cuando era senador por el Consejo Nacional Herrerista.
La explicación es bastante obvia: en las elecciones de 1971, el por entonces muy joven Luis Alberto Lacalle Herrera fue electo diputado por el ala más recalcitrantemente conservadora del nacionalismo, cuyo candidato a presidente fue el general Oscar Mario Aguerrondo, connotado fascista y fundador de la Logia Tenientes de Artigas, que, coincidentemente, integró el hoy senador cabildante Guido Manini Ríos.
Luego, en 1975, cuando falleció el dictador Francisco Franco- a quien elogió en su libro “Trasfoguero” (1963)- Lacalle hizo el saludo fascista y cantó emocionado el himno “Cara al sol” de la falange española, en la embajada de España.
El año pasado, en una entrevista televisiva concedida durante la campaña electoral, el hoy presidente dijo que “la fruta nunca cae lejos del árbol”, cuando el periodista lo comparó con su padre, cuyo gobierno (1990-1995) fue el más corrupto de la historia.
Está todo dicho.
Gracias al aval de políticos como el padre del actual jefe de Estado, el asesino Gilberto Vázquez gozó de absoluta impunidad durante más de dos décadas y se paseó por las calles de Montevideo como cualquier otro respetable ciudadano.
Por eso, resulta realmente inconcebible que el Partido Nacional ahora se reivindique como defensor de los derechos humanos, cuando fue, junto al Partido Colorado, un arquitecto de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los militares y sus aliados civiles.
Ahora, como parte del mismo relato contaminado de mentiras que le permitió ganar las elecciones junto a sus otros cuatro socios derechistas, pretenden atribuir la responsabilidad a los gobiernos del Frente Amplio, de que las declaraciones formuladas por Gilberto Vázquez ante el tribunal de honor no hayan conocido la luz hasta la semana pasada.
Si bien pudo haber alguna omisión involuntaria de las autoridades de la época, que el otrora subsecretario del Ministerio de Defensa José Bayardi negó enfáticamente con fundamentos, ello no permite inferir que hubo intención de ocultamiento.
Como es notorio, fue el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez (2005-2010) el que habilitó la posibilidad al Poder Judicial de reabrir las causas penales por violaciones a los derechos humanos que, durante veinte años, permanecieron bloqueadas por la Ley de Impunidad blanqui-colorada de 1986.
Incluso, las propias confesiones del criminal uniformado, que está en prisión domiciliaria por problemas de salud, confirman el reconocido odio de los golpistas y criminales fascistas contra el FA, cuando narró que había planeado atentados con el propósito de asesinar a varios dirigentes de izquierda en 1989, durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, autor intelectual de la caducidad de los delitos de lesa humanidad.
Evidentemente, en ese contexto histórico tan singular de democracia tutelada, la impunidad había sobado a las bestias uniformadas asesinas, que seguían conspirando contra la frágil democracia restaurada y condicionando, entre bambalinas, las decisiones de los propios poderes del Estado.
Naturalmente, esta banda de mafiosos se sentía amparada por el inmoral paraguas de la Ley de Caducidad, cuya reinstauración es reclamada por el socio de la coalición Guido Manini Ríos.
Las espeluznantes deposiciones del connotado terrorista ante un cómplice tribunal de honor, corroboran, en forma absolutamente inequívoca, que la dictadura no fue una mera aventura militar sino un minucioso operativo represivo instigado por el poder imperial, destinado a liquidar a la izquierda uruguaya y abortar toda posibilidad de cambio político y social en nuestro país.
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