Uruguay y los uruguayos viven en un momento crítico en materia de seguridad. Es que muchas cosas se han perdido. Una de ellas, a pesar de que se diga lo contrario, es el control del Estado en sus diferentes espacios territoriales donde han ido ganando poder los delincuentes y por ende el delito se hace fuerte.
Por un lado, se han debilitado los instrumentos para disuadir y evitar el delito y, consecuentemente, garantizar la seguridad de los ciudadanos en el marco de la ley y el Estado de Derecho.
Por otro lado, se ha perdido el control del espacio aéreo por insuficiencia de radares y la carencia de una dotación mínima de aviones. De esta manera, los vuelos ilegales sobre nuestro territorio son cada vez más frecuentes y solo un ínfimo número de ellos son interceptados. De la misma manera, se ha perdido el control del espacio marítimo por los escasos medios asignados para el patrullaje y reprimir e impedir la pesca ilegal.
Las frágiles fronteras de nuestro territorio -terrestres, aéreas, fluviales y marítimas- no cuentan con los recursos humanos, materiales y técnicos mínimos para impedir los contrabandos más variados, incluido el de drogas y el de armas, o la trata transnacional de personas, entre otros delitos.
Así, el delito se ha hecho algo cotidiano en varios barrios capitalinos donde bandas de narcos se adueñan del territorio y allí disponen también de vidas. Esta situación se replica en algunas ciudades del interior del país como en San Carlos, Minas y Chuy, por nombrar las más problemáticas.
En este plano es donde está radicada la mayor preocupación de los uruguayos. La inseguridad crece y se expresa en el alto número de rapiñas, robos y asesinatos que han llevado a Uruguay, a conocer, al cierre del mes anterior, una cifra récord de homicidios.
Se extraña el Uruguay de las puertas abiertas, sin cerrojos. Ahora cada vez más y va en aumento: nos encerramos entre rejas, ponemos cerraduras y los vecinos de varios barrios contratan cuerpos casi parapoliciales para vigilar sus propiedades.
Es en medio de esta situación que surge la propuesta de reforma constitucional del senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, con el objetivo de introducir cambios en la seguridad pública.
Para ello, el líder de Alianza Nacional debe conseguir la firma de un 10% de los ciudadanos para poder plebiscitar una reforma constitucional con el objetivo de que se vote en las elecciones nacionales de octubre del año 2019.
La propuesta promueve: 1) el cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión.
2) la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores.
3) permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha «fundadamente» que se están cometiendo delitos.
4) la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares para que colabore en determinadas tareas con la Policía.
La propuesta de reforma no deja de ser polémica por dos razones. La primera razón es si está bien incluir este tipo de medidas en la Constitución de la República, cuando se puede regular legislativamente. La segunda razón es por plantear el uso de efectivos militares en tareas de seguridad interna.
El primer punto es materia de discusión entre especialistas, sobre si es acertado o no hacerlo de esa manera y, como siempre ocurre, hay dos bibliotecas.
Concentrémonos en el segundo punto: el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Primera cosa, este planteo no es nuevo, viene desde los años ´90. Se remonta al Consenso de Washington, cuando se planteaba la necesidad de ajustar las estructuras del Estado, reordenando las prioridades del gasto público.
Ese reordenamiento del gasto público implicaba, también, una mirada hacia las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, sobre en qué lugar son más necesarias, más allá de las especificidades propias de una y otra, fruto de su formación.
En el año 2004 un general de cuatro estrellas James T. Hill, ex jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, decía en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, que “Latinoamérica es la región menos militarizada del mundo siendo la más violenta» y agregaba: “yo sugiero que como los países no pueden mantener las Fuerzas Armadas (…) deben elegir qué clase de fuerzas de seguridad quieren, cómo lograrlo, cómo organizarlas, pagarlas, entrenarlas y dirigirlas”. Seguía Hill: “Si usted tiene unas Fuerzas Armadas de 100.000 hombres y solo 15.000 policías, pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías”.
Juan Pegoraro, es profesor titular de la cátedra de Delito y Sociedad de la Universidad de Buenos Aires y en una entrevista con el diario Clarín, en el año 2005, reflexionaba sobre el tema: “Si los chicos que hoy están creciendo en los barrios marginales de Argentina, y de Uruguay agrego, no adquieren un capital social, no se los ciudadaniza, en diez años podríamos tener acá el fenómeno de Centroamérica y México». ¿Les suena? Algo parecido a lo dicho por el inspector Mario Layera.
En Uruguay hay resistencia a cambiar el papel de las Fuerzas Armadas, y no sólo desde el ámbito civil, sino también de parte de ellas mismas, porque, entre otras cosas, no están formadas para actuar en ese campo. Hay, además, una historia de desconfianza que no se puede obviar. De todos modos, mas allá de este aspecto polémico, el planteo de Larrañaga parece estar destinado a dar respuestas a las preguntas que hoy se hace una gran mayoría de la población. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que quien haya cometido un delito grave no cumpla con la totalidad de la pena?
Ahora, como decía el ex presidente José Mujica, “como te digo una cosa te digo la otra”. Para combatir a la delincuencia no alcanza solo con la Policía y la Justicia; son necesarias otras medidas, quizás la más urgente, necesaria y clave es la educación.
El fracaso educativo es palpable y se expande. En Uruguay hay una creciente barbarización, donde se ha perdido la noción del valor del esfuerzo del trabajo para ganarse decentemente el pan de cada día. Por lo que el fracaso educativo no es solo el de las aulas y el que se expresa en indicadores, sino también está presente en el seno familiar y en la calle y de esto, en mayor o menor medida, todos somos responsables.
La gran mayoría de los adolescentes uruguayos marginales integran familias no tradicionales. No saben quién es el padre o éste está preso y se cría yendo a la visita carcelaria. La memoria de ese niño en camino a la adolescencia es la de un padre preso, la de un abuelo preso, la de un familiar muerto.
Y en la cárcel la situación es dramática, a pesar de que la administración del ministro Eduardo Bonomi ha sido la que más ha hecho para solucionarlo y no lo ha logrado. En las cárceles se violan los derechos humanos de los presos y de sus familiares. El 60 por ciento de los reclusos vuelve a delinquir. Los presos como producto de luchas internas y del ocio se matan entre ellos. No hay retorno posible.
Hay, entonces, un caldo donde se cocina la delincuencia y eso no se arregla con reformas constitucionales, ni con campaña de firmas.
Otrosi digo: No estoy de acuerdo con la propuesta del senador Jorge Larrañaga, pero voy a firmar porque creo que la ciudadanía debe tener la posibilidad de expresarse en las urnas y no en las redes sociales como está ocurriendo.
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