El financista Sebastián Piñera de Chile Vamos, poseedor de una de las mayores fortunas de su país, fue electo por segunda ocasión presidente, tras el balotaje que lo enfrentó a Alejandro Guillier -conductor de televisión que fue contratado por el reelecto para la emisora oficial en su primera presidencia-.
El triunfador consiguió una ventaja de alrededor de 10 puntos en comicios que no redujeron el creciente índice de abstención: no concurrieron a las urnas 57.21% de los habilitados. Dicho de otra manera: Piñera fue escogido por 3.8 millones de un padrón de 14.3 millones de ciudadanos en un país con más de 18.2 millones de habitantes. Se infiere que existe debilidad institucional donde sólo uno de cada cinco habitantes sufraga por el futuro presidente, aunque la abstención, según la consideración de analistas, favorece a este candidato derechista. Desde el punto de vista noticioso los guarismos están entre lo más destacable, aunque no los tome en cuenta la gran prensa que sólo los ubicará como tema de solución futura, sine die, o los ignorará.
Dos cosas surgen en lo inmediato: la alternancia cuatrienal los 11 de marzo en La Moneda entre Bachelet y Piñera terminará y del electo deben esperarse cosas predecibles. Por ejemplo, se debe decir que pasada la “fiesta democrática” -tal cual la califican- el modelo neoliberal de administración y gestión económica en curso -que adoptó la dictadura- seguirá gozando de buena salud, robustecido por estamentos de la sociedad en la que se logró, como práctica de moda, implantar un modelo consumista. La anulación de idealidades distintas a esa en Chile (también en otros países) y la extensión de ésta explica -en alguna medida- que se tenga en el mundo al país entre los de distribución más injusta de la riqueza.
Mientras las clases dominantes esperan ajustar el modelo a sus apetitos, a Piñera lo consideran indicado para darle la forma normativa que se espera apruebe -en lo que le corresponda- el futuro Congreso.
Se debe esperar a partir de marzo un presidente que se avenga al discurso difundido por la Casa Blanca sobre un -ajeno- libre comercio donde los países periféricos se abran y permitan el ingreso a capitales de trasnacionales con grandes capacidades productivas, experimentadas en cambiar fiscalidades aduaneras, no transferir tecnologías y subordinar los arbitrajes a jurisdicciones europeas occidentales o estadunidenses. Se mancomunará con autoridades regionales de signo conservador que transitan por el ejercicio de un neoliberalismo tardío, según unos, o reciclado, de acuerdo con otros, proponiendo “más de lo mismo”: aperturas económicas sin protección de la producción local, aunque con ello conciten protestas gremiales.
De sus acciones debe aguardarse una reforma laboral que, como aseguran las oligarquías en muchas partes, promueva la reducción de los costos empresariales y la flexibilización -en favor también del empleador- de las condiciones de trabajo, con menguas en las indemnizaciones por despido, por ejemplo. En puerta estará la reforma tributaria dirigida a rebajar costos empresariales desgravando o derogando ciertas cargas impositivas: de las favoritas es el decrecimiento de aportes patronales a la seguridad social de los empleados. De la mano de ésta, llegarán las reformas previsionales, asociadas a la promoción por la pinochetista familia Piñera de las cuentas individuales y la administración privada de las mismas.
Donde no habrá cambios de fondo será en el tratamiento de la inversión extranjera directa, que cuando llega se la rodea por las autoridades -de todos los signos políticos- de grandes esperanzas, aunque luego resulten otra cosa. Es significativo que los países eufemísticamente designados como en vías de desarrollo -los latinoamericanos en particular- se muestren acríticos frente a ella y no perciban lo inconveniente de competir entre sí, aceptando sus condicionamientos que, al ingresar a economías de libre mercado, dirigen sus apuestas a lo más rentable debilitando o extinguiendo todo proyecto de producción o investigación nacionales. Analistas señalan que “si no hay cambios en las políticas hacia la inversión extranjera seguiremos comprando vidrios de colores”.
Pero el retorno de Piñera no se concretó únicamente con base en sus potencialidades sino que de su lado la oponente Nueva Mayoría no intentó un tránsito político renovador capaz de atraer todos los votos del agrupamiento de 14 fuerzas denominado Frente Amplio. Nueva Mayoría y su candidato fueron incapaces de dar ese paso, de deshacerse de la carga que suponía defender posiciones del oficialismo; de superar las barreras del progresismo y la socialdemocracia que partiendo de un intento “centrista” -autocalificado de izquierda- no concibieron un programa capaz de proponer algo distinto al capitalismo.
Así, parte del Frente Amplio no fue a votar. Dicho de otra forma: la derecha en el gobierno no es responsabilidad, como se dice, del Frente Amplio. Parte no despreciable del frenteamplismo piensa que la “derecha” y la “centroizquierda” se asemejan y como sostuvo el socialista Sergio Aguiló en 2002, la política chilena se dilucida “entre dos derechas”. La dirigente del agrupamiento, Beatriz Sánchez, anticipaba antes de esta elección que desde el Congreso «nosotros, como Frente Amplio, vamos a hacer oposición a cualquiera de los candidatos. No vamos a participar del gobierno”. Afirmó que votaría por Guillier, “pero las personas son dueños de sus votos. No me siento poseedora de los votos de nadie. No he hecho un llamado a votar”.
Algunos de los frenteamplistas que no votaron actuaron pensando que Nueva Mayoría debía morir porque alargar su agonía constituía un error. Con 20 diputados y un senador, llegarán al Congreso con una agenda conteniendo la exigencia de una Asamblea Constituyente que redacte un nuevo pacto social; cambiar el modelo de desarrollo; ampliar derechos sociales y civiles; hacer una reforma tributaria progresiva; defenderán la educación pública gratuita; insistirán en la derogación del sistema de pensiones por ahorro individual (Afp) y demandarán aprobar los matrimonios igualitarios, entre otros asuntos.
Asimismo, el cuatrienio de Bachelet -que merece consideración en otro momento y espacio- encontró resistencias dentro y fuera de filas del gobierno, además de que termina el mandato sin cumplir con parte de sus promesas, como en el caso de las reformas tributaria y educacional que sólo apuntaron a suavizar desigualdades del modelo, mientras quedaron por el camino cuestiones económicas. En cuanto a los cambios del Código Laboral, éstos profundizaron las distancias con el movimiento sindical y sus organizaciones fragmentadas y con escaso poder de negociación colectiva.
Para el final recurro a datos de Ricardo Nazer y Jaime Rosemblit acerca de que en los comicios del 4 de octubre de 1970 sufragaron 83.07% de los inscritos en el padrón electoral y que días después el 78.38% de 195 congresistas (5 no asistieron) proclamaron presidente al doctor Salvador Allende. Este mandatario, electo democráticamente, proclamado por el Congreso, socialista y librepensador, murió el 11 de septiembre de 1973 en medio del asalto a las instituciones por parte de los militares alentados por opositores civiles. En su último discurso radiofónico, Allende atribuía esos hechos a la defensa de “las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos”, para finalizar alentando la esperanza de que “se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.
A 44 años de aquel momento trágico, las alamedas siguen manteniendo el paso entornado.
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