¿Ley orgánica militar o saludo a la bandera?

La semana pasada se aprobó con los votos del Frente Amplio, la Unidad Popular y el partido Independiente la nueva ley orgánica de las Fueras Armadas en la cámara de diputados. El resto de la oposición votó en contra. Los argumentos esgrimidos fueron que no era el momento dada la cercanía de las elecciones. Mientras que desde el oficialismo se sostuvo que el proyecto se conocía desde septiembre de 2018 y que se había ido postergando.

¿Corresponde votar una ley de estas características a escaso meses de que cambie el gobierno? ¿No es imprescindible que medidas de este tipo cuenten con un amplio consenso de todo el espectro político? ¿Son posibles esos consensos? ¿Hay demagogia en ambos lados para impulsar o rechazar esta ley? ¿Es un intento del FA de mostrar a sus votantes que se mete a fondo con los militares? ¿Es una postura electoralista de los partidos de oposición para obtener apoyo en la familia militar? ¿Ayuda esta ley a democratizar definitivamente a las Fuerzas Armadas?

El Ejército de Artigas era pueblo armado por Gonzalo Abella

Las Fuerzas Armadas uruguayas son las únicas de la región que no llevan la Bandera Nacional como insignia en sus máquinas de guerra: usan la bandera de Artigas. Sugieren ser continuadoras institucionales del artiguismo, pero eso no es correcto. El Ejército de Artigas era pueblo armado, o mejor en plural: eran pueblos en armas del antiguo virreinato, pueblos organizados “de fogón en fogón”. Asociados hasta 1817 con los cabildos patricios, éstos los abandonaron cuando el proceso popular y agrario se radicalizó.

El Ejército “uruguayo”, brazo armado de un Estado tapón que Artigas nunca reconoció, nació ejecutando el terrorismo de Estado contra los charrúas, y haciendo de los niños cautivos por entonces los primeros desparecidos. Después participó en la criminal alianza contra el Paraguay independiente y en el pasado reciente desde sus filas se violaron todos los Derechos Humanos.

Cuando Estados Unidos decidió que ya las dictaduras habían cumplido su papel, se desentendió de los militares que le hicieron el trabajo sucio, y desclasificó documentos que comprometían a sus antiguos aliados. Pero el partido Colorado y la cúpula del Frente Amplio aceptaron el Pacto del Club Naval, que luego fue complementado por el acuerdo blanqui – colorado de la Ley de Caducidad. Detrás de estos acuerdos públicos hubo pactos de silencio que recién ahora estamos comprendiendo. La gestión de Huidobro los evidenció, y la soledad de nuestro diputado proponiendo la anulación de la Ley de Caducidad los confirmaron, aún antes de que el Dr. Vázquez firmara sin mirar documentos de esencial importancia sobre delitos de lesa humanidad.

Pero los temas militares, por cuanto se trata de funcionarios públicos, no son ajenos a los temas presupuestales. Se quiso afectar el derecho a la jubilación de los soldados rasos, como punta de lanza de la ofensiva astorista contra la Seguridad Social, y la UP planteó que la familia de un humilde trabajador, de civil o militar, debe ser rescatada de la pobreza. En cambio, la UP planteó topear los sueldos, las prebendas y las jubilaciones obscenas de la alta oficialidad.

Y cuando, 14 años después de asumir, el Gobierno recién recuerda que la Ley Orgánica Militar es del tiempo de la Dictadura, y plantea modificarla, la UP da su acuerdo, aunque el proyecto sea mucho más tímido que la propuesta UP, que, por ejemplo, planteaba bajar el número de generales y coroneles a los que había antes de la Dictadura.

¿Este proyecto votado por el FA es sólo fruto de la presión electoral, para borrar la omisión de datos que dio pretexto a los senadores de la derecha tradicional para no destituir a los cuatro altos oficiales? ¿Pretende el FA que con su presencia en la impresionante “marcha del silencio” del 20 de mayo va a aparentar que no hay acuerdos subterráneos?

Todo el FA votó la Ley Anti terrorista, engendro clonado de otras como la que se usa, por ejemplo, en Chile para masacrar al pueblo mapuche.

Casi todo el FA (incluyendo PCU y PS) votó el envío de “cuerpos de paz” a los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel,  para “pacificar” y apoyar así la ocupación.

Siempre surgen de filas del aparato militar de un Estado opresor como el nuestro, jóvenes oficiales a quienes no les gusta   la pesada herencia antipopular. Si los hay, que se muestren, que den alguna señal. Ojalá.

La ley orgánica y el problema militar por Oscar Mañán

Ciertamente, los cambios realmente importantes no son siempre los que se presentan con apariencia formal. Luego de una larga postergación y algunos cambios menores, obtuvo media sanción la reforma de la Ley Orgánica Militar. Los puntos centrales son: la baja del número de coroneles de 198 a 130 y de 16 a 12 los generales; se eliminan los tribunales de honor y se cambian por tribunales de ética y conducta que estarán regulados por ley. Además, buena parte de la ley se basa en darles status de funcionarios o servidores públicos a los militares, y el código resulta un estatuto para regular el oficio.

A pesar que la nueva ley pudiera mejorar algunos aspectos de los militares y avanzar en nuevos derechos y, tal vez, mejorar ciertas condiciones de trabajo, lo cierto es que no aborda el “problema militar”. ¿Qué es el problema militar? La sociedad uruguaya todavía no salda sus cuentas con la institución militar que fuera la mano represiva garante de los desmanes del Estado autoritario por más de una docena de años. Tampoco la institución militar ha sido capaz de abordar con dignidad su papel actual para esclarecer los hechos del pasado. Pero, a su vez, ninguno de los gobiernos democráticos intentó subordinar a las fuerzas armadas como la constitución lo manda y arrancar tales secretos para terminar de una vez por todas con los sinsabores de la impunidad.

Asimismo, la gran preocupación del gobierno actual, que también lo será de los venideros, tiene que ver con el déficit de la caja militar. Para ello, recortar el número de la oficialidad y los mayores salarios puede ayudar en ese objetivo a largo plazo. Sin embargo, esto tampoco aborda el tema central que cada vez más está en el imaginario de los comunes, ¿tiene sentido un ejército para un pequeño país como éste? Abordar esta pregunta, sería efectivamente tomar el toro por las astas, y apuntar a un debate nacional que el país necesita y se merece.

Claro está que la defensa de las fronteras no puede ser otra que la diplomacia y la razón para este país, y particularmente, todos saben lo nocivo que fue para la población cuando se le pretendió otorgar responsabilidades de seguridad interna al ejército. Ni su formación y entrenamiento son adecuados para tales fines, y tampoco, es deseable que los militares realicen otros trabajos que no son los estrictamente encomendados por la constitución. Peor aún, tareas como recoger la basura en tiempos de conflictividad sindical no debería ni siquiera pensarse en países democráticos. No obstante, la nueva ley prevé la realización de tareas “industriales y comerciales” y “otras subsidiarias”. Definiciones tan amplias generan ambigüedad suficiente como para embretar al ejército a tareas que no debe y no podría realizar con un esperado buen suceso.

Más allá de las formalidades, la reforma de la ley orgánica militar no permite avanzar en la reconstrucción de la legitimidad perdida del ejército nacional, la que depende de que la institución acepte con dignidad, vergüenza y arrepentimiento los hechos del pasado como lo exige la razón democrática. Los temas más urticantes del ejército nacional siguen en carpeta, en especial un debate sobre las bondades de su propia existencia.

DEMAGOGIA DE AMBOS LADOS por José Luis Perera

El Frente Amplio corre el riesgo de perder las elecciones, fundamentalmente por la pérdida de votos por izquierda, y ese dato está influyendo en la agenda parlamentaria y del ejecutivo.

La ley orgánica militar, del consejo de estado de la dictadura, siguió vigente durante 45 años, y si el gobierno actual se decidió por fin a modificarla hay que celebrarlo, aunque sea evidente el oportunismo; y apoyarlo con el voto. Esas y tantas otras rémoras de la dictadura, debieron ser modificadas o directamente eliminadas hace ya mucho rato. Las jubilaciones de privilegio, entre otras. Pero hemos tenido gobiernos que muy poco quisieron hacer a ese respecto, y prefirieron hacer la plancha para no molestar a los militares y así poder contar con su apoyo tácito.

La principal excusa esgrimida por parte de la oposición para no votar las modificaciones, fue que “no era el momento dada la cercanía de las elecciones”. No se entiende muy bien cuál sería el impedimento para votar algunas leyes en momentos previos a las elecciones. Si el impedimento es que se puede afectar las expectativas electorales de un partido entonces es un argumento fuera de lugar. Tanto los gobiernos, como los parlamentarios que los controlan, deberían tener claro que su función es gobernar y legislar, independientemente de intereses partidarios. Pero claro, eso es un ideal muy lejano de la realidad: que los partidos ponen en primer lugar sus propios intereses, y luego los del país.

¿Sería posible lograr consensos sobre este tipo de leyes si se hicieran a mitad o al principio de un período de gobierno? Quizá, no lo podemos ni afirmar ni negar, porque ha sucedido que los votos faltan en cualquier parte del período. La ley de impunidad intentó ser anulada mediante otra ley en el año 2011, a mitad de un período de gobierno, y por cierto que hubieran sido necesarios los más amplios consensos en esa instancia; sin embargo, ni siquiera se logró entre los promotores de la anulación y el proyecto naufragó.

La demagogia es de ambos lados, desde el oficialismo que impulsa medidas para recuperar votos, y desde el sector de la oposición que no da los votos al proyecto para no perder los suyos. También fue demagógico todo el accionar del presidente de la república en el “caso Gavazzo”, pretendiendo limpiar su conciencia con la baja de los militares que integraban el tribunal, o cesando al ministro de defensa, que había hecho su tarea como debía. Es indudable que el primero en ser cesado debió ser el secretario de presidencia, ya que es impensable la renuncia del propio presidente, que es lo que hubiera pasado en un país en serio.

Las mejores fuerzas armadas son las que no existen. Este proyecto, será un paso adelante en la democratización de las que tenemos, pero la real se logrará cuando se termine la impunidad, y aquellos que ensuciaron el honor de las fuerzas armadas paguen por los delitos aberrantes cometidos. La verdad y la justicia son los caminos idóneos para que las nuevas generaciones de militares encaren su vocación con una cabeza diferente.

Complacer a desencantados radicales por José Pedro Pollak

¿Corresponde votar una ley de estas características a escaso meses de que cambie el gobierno?

No me rechina que se haya hecho en estos tiempos

¿No es imprescindible que medidas de este tipo cuenten con un amplio consenso de todo el espectro político?

Lo ideal es que sí, pero no es imprescindible.

¿Son posibles esos consensos?

En este momento es muy dificil

¿Hay demagogia en ambos lados para impulsar o rechazar esta ley?

Si

¿Es un intento del FA de mostrar a sus votantes que se mete a fondo con los militares?

Si. Es una movida del Frente para impulsada por el ala radical para complacer a desencantados radicales

¿Es una postura electoralista de los partidos de oposición para obtener apoyo en la familia militar?

Si, el partido que no la vote peligra que votos militares migren a otro partido que la haya apoyado

¿Ayuda esta ley a democratizar definitivamente a las Fuerzas Armadas?

Para nada. Pero si ayuda a que se vaya ordenando el status militar, organización de FFAA y jubilaciones y pensiones-

Ley orgánica militar, avance a medias por Federico Kreimerman

La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley orgánica delas Fuerzas Armadas, enviada por el gobierno, tuvo los votos del Frente Amplio, Unidad Popular, Partido Independiente y Partido de la Gente.

Con esto se aprobó la reducción del número de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas.

En total, los generales serán 12, en vez de los 15 actuales, y los coroneles pasarán de los 200 actuales a 130, lo cual hay que reconocer como positivo, pero se podría haber ido a más, como propuso el diputado de la Unidad Popular: llevar el número a lo que había antes de la dictadura, 110 coroneles.

La ley se había mantenido incambiada desde 1974 en los años de la dictadura y por eso es correcta esta aprobación, pero amerita destacar algunos artículos puntuales que lamentablemente fueron aprobados.

Esta Reforma de la Ley Orgánica Militar, en articulo votado en contra por la Unidad Popular, incorpora la presencia de los militares uruguayos en lo que llaman la Ley Espacial de Frontera o zona de frontera, en la que se adjudican 20 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera para el patrullaje policial a cargo de las FFAA. Esto es parte del avance represivo y de militarización que se viene llevando a cabo por el gobierno, que presenta así una doble cara cuando después quiere criticar la propuesta de “Vivir sin miedo”.

El FA está buscando reposicionarse como una fuerza que se opone los militares, pero el artículo 21, votado en contra por la Unidad Popular, encomienda al ejército tareas de inteligencia. En medio del debate sobre la impunidad, incluso cuando algunos diputados del Frente Amplio propusieron una investigadora de espionaje militar en democracia, y ahora le adjudican tareas de inteligencia.

También destaca el artículo 22 que hace referencia al papel del Ejército en la lucha contra el terrorismo en el marco de la Ley Antiterrorista, que es la ley que promovió el gobierno de Trump y que aprobó este gobierno.

En esta ley se convalidó el envío de tropas a las “Misiones de Paz”, que no es más que la participación en la ocupación en los territorios del exterior como el del Congo, Haití o los Altos de Golán, en una política al servicio del imperialismo.

Por último, se eliminaron los tribunales militares, pero en una fuerte concesión del gobierno a la casta militar, se los terminó sustituyendo por Tribunales de Ética, que terminan siendo lo mismo, y sobre todo consagrando el privilegio de poder tener una justicia distinta a la que deben someterse el resto de los ciudadanos.

La siguiente cita de la fundamentación del voto del Diputado Eduardo Rubio resume lo expuesto: “Quince años después y al final de un mandato, aparece este proyecto y ante la necesidad de reformarla realmente damos el voto en general, pero estas cuestiones que son fácilmente comprensibles, no se pueden acompañar porque el sostenimiento de aspectos que identifican a las FFAA con la Doctrina de la Seguridad Nacional.”

Oigan el clamor de la marcha del silencio por Ruben Elías

En la década de los 70, en todos los países de la región se instalaron dictaduras cívico-militares que EEUU impulsó, asesoró y brindó apoyo logístico y económico. También reconoció y legitimó a esos regímenes ante el mundo.

Los militares aplicaban la Doctrina de la Seguridad Nacional y los civiles, en lo económico, seguían a los Chicago Boys, aumentando la explotación y la desigualdad.

Para imponer ese modelo y superar rechazos y resistencias, buscó la supresión de los herejes, mediante una “limpieza étnica” de los mismos. Asesinó, desapareció, torturó, encarceló, clasificó a los ciudadanos en categorías, inhabilitó para cargos públicos, circuló listas negras, intervino la enseñanza, violó la laicidad, persiguió a amigos y familiares de los disidentes por el pecado de serlo. Los detenidos eran juzgados por tribunales militares no por el Poder Judicial.

Entonces basta de hablar de “errores”, “desvíos” o “excesos”. Fue una política de Estado fríamente calculada y ejecutada. Los militares, los civiles que ocuparon cargos de confianza en la administración pública y los empresarios que se asociaron a ellos, son culpables de crímenes de lesa humanidad, por acción o por omisión.

La coyuntura internacional, el fracaso del modelo económico y el descontento del pueblo obligó a una transición. El 8 de marzo de 1985, el parlamento electo, votó la ley de indulto para los presos políticos. Se les dio la libertad por el trato inhumano que sufrieron en las cárceles durante años.

En 1986, llegaron las primeras citaciones del Poder Judicial a los cuarteles. El Gral. Medina las guardó, en un claro desacato. Este delito se saldó con la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, consagrando la impunidad.

Los constantes esfuerzos por derogar esta ley fueron saboteados desde el primer día hasta la fecha. Cuando no fue un poder fue otro.

La mayoría de los militares y sus socios civiles nunca fueron juzgados, no pasaron un día en la cárcel. Como chivos expiatorios, unos pocos fueron condenados, como sádicos autores de acciones aisladas. Esa explicación niega la existencia de una cadena de mando, niega el apoyo de sus pares y la obediencia de sus subordinados. Esas acciones no eran aisladas sino la norma, se llama Terrorismo de Estado y caracterizó a esa época.

Los militares conservaron la estructura y los privilegios, como las jubilaciones, con una caja subsidiada que nunca fue intervenida. Si se plantearon modificaciones, fue  sólo para disminuir el déficit. De ser por principios, debió hacerse antes.

La ley orgánica militar lleva tantos años de trabajo de parto que parece un hijo no deseado. Se negoció en la interna y externa para asegurar su aprobación en diputados, por lo cual nació debilucha y vulnerable, como para cumplir.

La crisis política generada por los fallos del Tribunal de Honor, mostró que la concepción y formación en las Fuerzas Armadas no ha cambiado.

Es notorio que ningún gobierno electo logró subordinar a los militares al poder civil y, sobretodo, que no hubo voluntad política de hacerlo. El hecho no menor, fue ser insensibles al dolor de madres y familiares.

La respuesta de la gente no se hizo esperar: desde 1996 se hace la Marcha del Silencio, convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. A la luz de los últimos sucesos, este 20 de mayo, decenas de miles de personas, desafiando la lluvia, marcharon, marchamos, en Montevideo, en el interior y en el exterior, exigiendo ¡¡Qué nos digan donde están!! – Contra la impunidad de ayer y de hoy.

Marchamos porque los desaparecidos nos duelen, porque la impunidad nos duele, y exigimos verdad, justicia y nunca más. Porque queremos una sociedad más sana e igualitaria. Porque estamos hartos de los cuentos y exigimos acciones concretas y no palabras que se lleva el viento.

Ese día, desde incontables bocas salió la voz de Luisa diciendo PRESENTE

TAN PA’ ESA por Valeria David de Lima

El pedaleo presidenciable e imparable del nuevo impulso, la ternura y el despertar del feminismo de la fuerza que transforma, la alegria del Boca, la renovación guitarreada de Mario, el combate -perdido- de Luis a su alopecia indeclinable, la presentación del pájaro de vaqueros de Enciso, la “renovación” del partido colorado desempolvando figuras nefastas para la historia reciente del país. Y la permanente caída en desgracia de Larry y de Mieres fundamentan la pregunta que me hicieron hace unos días: ¿Me podrías explicar qué es toda ésta “orgia” electoral que se armó? -Y no, la verdad es que mucho no pude. Sólo sé que extraño al DANILO candidato y al 10 de Nacional en proporciones similares.

Al gerontuber o presidente de los milicos que probablemente gane la interna de su partido, ayer lo escuché decir -en alguno de esos informativos que le proporcionan una cantidad de minutos al aire en horario central- que en el país se están discutiendo anécdotas y no ideas. ¿Le llamará “anécdota” a todo lo ocurrido durante la última dictadura? 

Las señales son claras…

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