¿Licencia para matar?

Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional anunció que presentará un proyecto para que los asesinatos cometidos por dueños de casa contra intrusos sean considerados legítima defensa.

Cuando se presentan estas situaciones es habitual escuchar los reclamos, en redes sociales y charlas de vecinos, para que los ejecutores no sean penados.

El Código Penal establece que tiene que haber proporcionalidad entre la reacción del propietario y el ataque del intruso.

¿La ciudadanía tiene preparación para portar armas? ¿Es esto hacer prevalecer la propiedad privada sobre el derecho a la vida? ¿No están en juego otras cosas como el miedo ante la violación del domicilio? ¿Es realista esperar que un ciudadano pacífico que descubre intrusos y teme por su familia, espere a ver si el delincuente va armado y lo amenaza? ¿Estamos acercándonos a la justicia por mano propia?  ¿Puede obrar como disuasivo para los delincuentes saber que estarán más expuestos? ¿O por el contrario irán más preparados y dispuestos a todo?

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De terror por Benjamín Nahoum

El miedo puede ser una de las causas más propicias para que los seres humanos cometamos disparates. Cuando el miedo se hace colectivo, cuando el miedo de uno alimenta el de los otros, y el de los otros hace crecer el propio, la paranoia puede llegar a extremos impensados y el disparate puede convertirse en atrocidad.

Vivimos en una sociedad insegura, eso no puede discutirse; no es un problema sólo del Uruguay, pero es también un problema del Uruguay, pese a que se quiera negarlo señalando disminuciones ínfimas en la comisión de delitos, que sin embargo son cada vez más graves. Pero más que la inseguridad, lo que alimenta el miedo es la sensación de inseguridad, cultivada por un manejo casi flagelante del tema por los medios masivos de comunicación.

En ese marco, es necesario, es imprescindible, que los hacedores de opinión pública traten de plantear estos temas en sus reales términos. Sin negar la gravedad del problema, pero también sin darle a la manivela. No es el caso. La manivela no permanece quieta un momento y, como las elecciones se acercan, los políticos fijan allí su centro de atención y buscan sacar partido, calculando que aquél que haga la propuesta más dura será el que tenga mayores réditos. Como si los delitos se fueran a acabar porque amenacemos con matar a los delincuentes.

El Partido Nacional hace punta en esa conducta; por algo es, por excelencia, el que expresa los sentimientos más conservadores de nuestra sociedad. Pero no es el único: tampoco está tan lejano el día  en que un ex jefe guerrillero devenido ministro propusiera como solución que todos los ciudadanos se armaran, algo así como constituir una Guardia Nacional en cada hogar y cada casa.

Los execrables acontecimientos de las últimas semanas, que concluyeron con el abuso y la muerte de dos niñas, pusieron sobre el tapete la pena de muerte, la cadena perpetua y hasta la castración química; ahora, el Sr. Senador Mario Heber, que además es Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, propone legalizar el homicidio cuando el muerto sea un aspirante a ladrón, dejando de lado aquello de que la defensa propia es tal si la respuesta está en proporción con la causa que la produjo.

Parecería como si los demonios que habíamos obligado a retroceder y esconderse en la oscuridad, con la frescura que dieron las nuevas normas ampliatorias de derechos, aprovecharan la oportunidad para reconquistar el campo perdido y mostrar impunemente sus feos rostros.

Sólo queda esperar que estas insensateces, políticas o ideológicas, no den dividendos a los insensatos que las profieren y a los insensatos que las publican y amplifican. Si se los dan, ahí sí, estaremos perdidos.

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La Justicia  es intrínsecamente injusta por Gonzalo Abella

Hay problemas  que no  pueden tratarse fuera de contexto. Ante la creciente violencia social, que a todos nos preocupa, la Unidad Popular ha sido muy responsable en no lanzar consignas simplistas y en cambio hacer propuestas estratégicas, vinculadas indisolublemente a  un programa radical de cambio social. Pero también hemos elaborado propuestas de mitigación de impactos que podrían encontrar mayores consensos en la actual correlación de fuerzas políticas. Entendemos que esa correlación no depende sólo de la integración del Parlamento sino también de la presencia que el movimiento social y popular pueda mostrar en torno a propuestas claras.

El Dr. Tabaré Vázquez, durante esta administración,  hizo dos proposiciones  a los partidos con representación parlamentaria: a) integrar cargos en directorios de entes y servicios y b) participar en un debate de ideas sobre la violencia social. Sólo la UP rechazó la primera, pero en cambio envió una delegación a la Torre Ejecutiva para participar de la segunda. Allí nos tocó confrontar respetuosamente con el Dr. Heber y otros, sobre causas y acciones posibles en relación a la violencia social que sufre nuestro pueblo trabajador.

Pero no nos quedamos sólo en eso. En nuestro local de Vázquez 1463 convocamos talleres donde participaron vecinos afectados directamente por la violencia, asistentes sociales, educadores sociales, abogados y sociólogos, un médico forense, ex convictos, y familiares de personas privadas de libertad. Allí trajimos de forma indirecta la voz de muchos que cumplen penas por violencia social. Como futo directo de estos talleres, el año pasado se publicó un documento de UP que se llamó “Rompiendo rejas”.

En un contexto neoliberal de desesperanza colectiva, como el nuestro,  la Justicia  es por esencia, intrínsecamente injusta.  Pero siempre hay un margen para que el magistrado actuante lo haga en forma humana, sirviendo los intereses superiores del pueblo trabajador.

En ese sentido, el magistrado no debería ampararse en aquellos requisitos formales que tienen varias lecturas para quedarse con la más cómoda. El derecho a la defensa personal y familiar debe tenerse siempre en cuenta, y mucho más en este ambiente de justificada preocupación colectiva. Por otro lado, no debe hacerse concesiones a la presión de una parte  de la ciudadanía la cual, desde el miedo y el hastío y no desde la razón, azuzada demagógicamente por la extrema derecha, exige una violencia de respuesta indiscriminada y desmedida.

En la UP puede haber varias opiniones sobre la pena de muerte; eso no lo sé. En lo personal, recuerdo las reflexiones de un vecino del barrio Toba (pueblo qom) de la ciudad de Resistencia, en el Chaco argentino. Había aparecido por esos días el cadáver de un reconocido violador de niños  y en un sospechoso empleo del  pronombre “nosotros” este vecino comentó: “No lo matamos, porque él ya estaba muerto; simplemente nos lo sacamos de encima”. Si había plena convicción, pensé,  no estaba del todo mal (en ese contexto que no es el nuestro) la justicia ciudadana

Pero más allá de nuestra diversidad ideológica, en la UP todos coincidimos que en el actual contexto de injusticia institucionalizada, debemos oponernos con toda nuestra fuerza  a la institucionalidad de la pena de muerte, ni cuando fuera ejecutada por el Estado ni cuando lo sea por los  matones de las trasnacionales alegando la defensa de su propiedad. No está de más advertirlo cuando existen cada vez más  posibilidades de que ambos brazos ejecutores terminen actuando  al unísono

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UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA por Miguel Manzi

Voces invitó a reflexionar a partir de la anunciada propuesta legislativa para que los asesinatos cometidos por dueños de casa contra intrusos sean considerados legítima defensa. Yo me lo imagino así:

En el medio de la noche, lo despertó un ruido adentro de la casa. Pese al entresueño, le resulta evidente que alguien entró por la puerta de atrás y se tropezó con el banquito que está al costado de la cocina. Viene tanteando; no tardará en avanzar por el corredor hacia los cuartos. Los más chicos están durmiendo en el de al lado. La más grande salió, pero está seguro de que la oyó volver; también está en su cuarto durmiendo. Imagina al intruso acercándose; un shock de adrenalina le prende de golpe todos los circuitos. ¿Es uno solo o serán dos? ¿Están armados? ¿Están pasteados? No siente miedo, siente furia: una comadreja se metió en el nido y amenaza a los pichones. En la siguiente fracción de segundo, está dispuesto a todo para defenderlos; no piensa en otra cosa; no le importa otra cosa; instinto y cerebro concentrados exclusivamente en la defensa de la nidada. El corazón y la cabeza le van a mil.

Justo el otro día estuvo hablando de estas cuestiones. Si hacerse de un arma o no; qué tipo de arma; si un trabuco como el de Harry el Sucio, o una de aire comprimido nomás. Después, está el tema de acertarle, mirá que no es como en las películas (incluso en algunas películas le erran: por ejemplo en “Wyatt Earp” o, por estos días, en “Viento Salvaje”, hay sendos tiroteos entre tipos que están a pocos metros, y les cuesta todo el cargador embocarse). Por otra parte, ¿cuántas veces disparó un arma? ¿Alguna vez disparó un arma? ¿Alguna vez disparó un arma contra otra persona? No, andar calzado no es para cualquiera. De repente es mejor un bate de béisbol, o una picana, o alguna especie de espada, como las de “Kill Bill”. Si, eso puede ser mejor.

Pero ahora ya no importa: lo tiene en la mano y no puede detenerse, está en marcha, al encuentro de su destino. Hay vidas que valen por un solo y único momento; a veces ese momento dura toda la vida; a veces pasó y ni te enteraste. Parece que este es ese momento. Hay nuevos ruidos, de un lado y del otro. Se dan cuenta que el otro se dio cuenta. ¿Por qué está en esta situación? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Qué va a pasar ahora? Finalmente (inevitablemente), en la media luz medio fantasmal que se cuela en la casa desde el farol de la calle, hacen contacto visual. Cierra los ojos y dispara; el otro cae muerto, la Magnum a su lado.

La crónica policial informará que este trágico episodio ocurrió un par de días después de sancionada la ley en virtud de la cual los asesinatos cometidos por dueños de casa contra intrusos se consideran legítima defensa; fue el primer caso que se sustanció bajo la nueva norma. Para sorpresa de algunos, en aplicación elemental del principio superior, inderogable e inabrogable de igualdad ante la ley, abogado, fiscal y juez coincidieron en que, al disparar, el chorro actuó en legítima defensa, con incuestionable proporcionalidad frente a la actitud del dueño de casa, que salió en su búsqueda para matarlo. La ley es dura, pero es la ley.

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Del duelo criollo al Estado punitivo  por Federico Charlo

Es un error, bien típico de nuestras advenidas bienes costumbres, presuponer que hace falta una licencia para matar.

Claro que el asesinato no puede ser la norma, ni ha de ser la prioridad, aún cuando se trate de salvaguardar la propiedad privada, o incluso, la vida misma. Pero es innegable que ante matar o morir, lo natural sea preservar la propia existencia. No hay ley que, en su más sensata redacción, pueda privar a una persona de este natural principio.

Esta opinión tiene por título una disyuntiva que nos permite, aún en el anacronismo, considerar un aspecto singular a la hora de interpretar, lo que, por no explayarme, llamaré vagamente asesinato. Y esto es, al margen de lo que consagra o han consagrado las leyes, cuál es el “contrato” en el que se circunscribe esa acción.

Los gauchos, dueños de una idiosincrasia en la que la libertad era un valor supremo, no titubeaban en arriesgar su vida si suponían cualquier ofensa. Es innegable que consentían participar de un duelo, aunque le significara matar o morir, si se ponía en jaque cualquier aspecto de su precaria y curtida existencia.

Esta práctica, era, al menos en el poblado medio rural, sencillamente aceptada.

Naturalmente, el duelo criollo, y el gaucho mismo, desaparecieron:

El Estado se modernizó, los campos fueron alambrados, los gauchos domesticados, el ejército controló (tren, telégrafo y otras tecnologías mediante) todo el territorio nacional. Tras el último levantamiento de Saravia, jamás se pudo hablar del campo en su esfera popular, y por supuesto, tampoco de su idiosincrasia. Los doctores ganaron, y las escuelas, los juzgados, los cuarteles, y el Estado mismo, se instalaron definitivamente en todo el país.

Similar a otras democracias liberales, la Constitución estableció, entre muchos aspectos, los derechos fundamentales de las personas, y asignó al Estado la responsabilidad de garantizarlos. El uso de la fuerza, y la aplicación de la justicia, son exclusiva competencia del mismo.

O al menos, nuestra moral humanista y democrática (o cuando menos lo que nos queda de esa tradición), nos afana a defender que así sea.

Pero cierto es que el Estado, por más tecnológico, garantista y presente que pretenda ser, no puede estar en todas partes, y por ello tampoco puede efectivamente regular todas las relaciones sociales.

Y por ello, una vez más, y sin entrar en detalles de índole jurídica que no domino, rescato la noción de “contrato”.

El ladrón, sabe que más que la libertad, en cada asalto se juega la vida.
Incursionar a un domicilio, implica, más que violar la propiedad y la privacidad de las personas, quedar expuesto a ser matado. Al violar el “contrato” que en teoría le debiera impedir, so pena de cárcel, cometer un crimen, consiente el hecho de poder ser asesinado.

Y en contrapartida, el dueño de hogar, a su vez, en muchas ocasiones no puede tener la certeza de saber si el delincuente va o no armado.

La legítima defensa es una institución por supuesto paradójica y singular, que queda por su propia naturaleza, a discrecionalidad del juez, resolver cuándo se conjugan los elementos que definen su aplicabilidad.

Descreo que la propuesta de Heber esté más relacionada con una interpretación jurídica que admita las limitaciones del Estado en este sentido, y asuma un carácter abolicionista de por lo menos algunas circunstancias de esa figura penal. Más bien interpreto en esa propuesta una reacción bien propia de avalar la muerte de “pichis”, que es mucho más concordante con su orientación oligárquica, y defensora de la propiedad privada.
Pero también comprendo que esta propuesta abre la cancha a repensar el rol del Estado, e incluso, a repensar en qué forma le delegamos la defensa de nuestros derechos, y libertades individuales.

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LA VIDA VALE MÁS por José Luis Perera

Matar a una persona es delito, y uno de los más graves, puesto que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, y el Estado debe protegerlo. La institución  de la legítima defensa es tan solo una excepción en la que el homicidio se justifica por sus particulares circunstancias, y puede evitar la pena o disminuirla.

Los ejemplos en los que un error puede terminar con la vida de un inocente, los peligros que significan las armas en hogares en los que hay niños, el miedo que puede llevar a apretar el gatillo sin necesidad, son factores que llevan a restringir al máximo el uso de armas por parte de los ciudadanos.

La generalización del uso de armas de fuego para defenderse no es más que una vía indirecta de dejar la protección del derecho a la vida en manos de los particulares. Esto es: que cada cual se defienda a sí mismo; ¿y de qué manera?, matando al agresor. Sin dudas una aberración que se debe evitar a toda costa. Es el Estado quien debe proteger la vida de todos los ciudadanos, y para ello se destinan cuantiosos recursos, personal especializado y preparado, armas adecuadas etc.

Si algo debiera hacer el Estado, en todo caso, es proteger aún más la vida; más que otros derechos, como el de propiedad. Nuestra legislación es de las más amplias en cuanto a los derechos protegidos con el instituto de la “legítima defensa”: protege la vida, la integridad física, la libertad, el pudor, los bienes y el honor.

En este sentido, siento que estoy mucho más cerca de la doctrina y jurisprudencia que se viene desarrollando en los últimos años en Alemania, y que -al contrario de lo que pretende el proyecto del senador nacionalista-  entiende que debe haber “restricciones ético-sociales” a la legítima defensa. Es decir, establecer que más allá de que se cumplan los requisitos tradicionales de la legítima defensa, la protección de los intereses individuales del agredido por medio de una acción violenta contra su agresor (que incluso puede dar lugar a su muerte) resulta éticamente reprochable.

Un grupo de supuestos de estas restricciones es el que tiene que ver con la extrema desproporción entre los bienes involucrados. Así, si el bien agredido es mucho menos importante que el bien del agresor que debe ser afectado, se excluiría la posibilidad de una legítima defensa, a pesar de que la opinión clásica no exige una relación de proporción entre los bienes involucrados. En otras palabras, no puedo matar a alguien que pretende robarme el celular, por decirlo de alguna manera.

En síntesis, dado que la agresión al derecho de propiedad es ínfima, sería intolerable la afectación a los derechos individuales del agresor,  por lo que no cabría calificar de legítima defensa.

Hoy en día se discute la posibilidad de eliminar por completo la justificación de homicidios intencionales en defensa del derecho de propiedad. Esta postura se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, que de ninguna manera justificaría un homicidio para salvar un derecho de propiedad ya que el derecho a la vida es de un rango superior en relación con otros derechos.

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¿Licencia para matar? Por David Rabinovich

Luis Alberto Heber, Senador y Presidente del Partido Nacional, anunció que presentará un proyecto para que los asesinatos cometidos por dueños de casa contra intrusos sean considerados legítima defensa.

Vivimos en una sociedad violenta. Esencialmente violenta. La estrategia debería ser frenar la espiral de violencia creciente, con medidas que alienten la convivencia pacífica. De forma de actuar contra la lógica del sistema y la cultura hegemónica que tan bien representa la iniciativa que anuncia Heber.

Para que el deterioro social no se profundice es necesario impulsar procesos virtuosos. Por el contrario, promover la presencia de armas de fuego en los hogares, con el pretexto de “defenderlos”, implica también aumentar la tenencia de elementos peligrosos, cuyo manejo responsable requiere pericia y solidez emocional. ¿Cómo se organiza la instrucción de los ciudadanos en la tenencia y uso de armas? ¿Cómo prevenimos que la violencia intrafamiliar termine en irreparable tragedia si armamos los hogares? ¿Hay conciencia del peligro que implica poner al alcance de niños y jóvenes un elemento que, por accidente o decisión propia, puede poner fin a la vida de alguien? La política de la pólvora es un problema social terrible, ejemplo extremo es el de los Estados Unidos y las reiteradas matanzas masivas.

Otro elemento cultural, arraigado en el corazón de estas discusiones, es la defensa de la impunidad para algunas conductas y el extremo rigor con el que se pretende sancionar otras. El propio senador blanco sufrió el terrorismo de estado bajo la dictadura con consecuencias funestas, su madre murió víctima de un crimen político, uno más de los que nunca fueron aclarados. ¿Recuerda el lector el episodio de los vinos envenenados? ¿Y las ‘sospechosas’ pericias caligráficas que no aportaron a la identificación del asesino ni de los ‘autores intelectuales’? ¿Cómo se puede apoyar ‘la caducidad de la pretensión punitiva’ de los peores crímenes de lesa humanidad y reclamar mano dura sin límites para los descerebrados que atentan contra la propiedad y la vida de las familias?

La pobreza, la marginación, la droga… Muchas cosas pueden ser explicación de ese emergente social que es parte de nuestro paisaje social cotidiano, nada justifica esas conductas. Pero una vez más deberíamos buscar en la prevención las mejores herramientas para enfrentar la pandemia que asola la convivencia.

El tema que nos propone Voces es algo que –a nuestro entender -no tiene solución en el marco del capitalismo. Otras pautas civilizatorias, otra cultura, formas diferentes de producción y consumo me parecen condición necesaria -no sé si suficiente, eso lo dirá o no la historia- para que podamos sentirnos seguros y no veamos siempre, en el prójimo desafortunado, un potencial enemigo.

Capítulo aparte para el lamentable papel que juegan las ‘redes sociales’ en estos debates cívicos aportando confusión, desinformación y abundante manija para que aflore lo peor de cada uno de nosotros al amparo del anonimato o alentado por el impúdico exhibicionismo de nuestras humanas miserias. O para el terrible comentario del Fiscal Zubía, desprecio y pánico, que parece proponer la caza de ratas en lugar de la justicia entre los seres humanos.

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Lo irracional por encima de lo jurídico por Leo Pintos

Ya es oficial: nos hemos dejado ganar por el discurso del odio a partir de la simplificación de la realidad. Desde sectores supuestamente intelectuales y elevados como lo son los que provienen de la política, surgen propuestas temerarias e insufladas de odio. Un odio que es hijo de la incapacidad y estrechamente emparentado con la ignorancia. Seguimos asistiendo al patético espectáculo de la política ramplona que se forja a golpe de corrientes de opinión y facilismos, sin medir consecuencias y sin reconocer responsabilidades. Es sencillamente irracional la propuesta de presunción de legítima defensa en todo asesinato cometido hacia un intruso en una propiedad privada por parte del dueño. El Código Penal ya prevé claramente las circunstancias que deben configurarse. Y no se trata de ser idealista, porque todos, alguna vez, hemos empatizado con quien abatió a un delincuente con justificación. Lo primero es reconocer que un problema extremadamente complejo, como es el de la delincuencia, requerirá soluciones igualmente complejas. Sabemos que hay un problema. Pero saber detectar el problema no significa saber cómo solucionarlo. Es como creerse médico por sentir un dolor y tomar un analgésico para calmarlo. Consultar al que sabe si el conocimiento no alcanza ayuda a encontrar la causa del mal. Hay que comprender las causas de la delincuencia y hacer foco en el problema. Es desconsolador lo que ha propuesto el Senador Luis Alberto Heber. Es infame. Y debiera preocuparnos a todos, porque el sistema político o, al menos una parte de él, está dejando a la sociedad sin mecanismos de solución, sin remedio y sin análisis crítico para los problemas emergentes. Pero el problema de la delincuencia hace mucho que dejó de ser un problema emergente, tiene su raíz en décadas de abandono de cientos de miles de personas en la pobreza. Bisnietos, nietos, hijos de pobres en un mundo que tiene como premisa agarrá lo más que puedas y corré. El objetivo principal es tener, y cuánto más es mejor. Pese a los esfuerzos de los gobiernos posteriores a la crisis de 2002 en mejorar la redistribución de la riqueza no se ha podido reducir el nivel de violencia y aún se requerirá mucho tiempo y recursos para lograr bajar los índices de ataques a la propiedad y contra las personas. Al individualismo actual no parece gustarle la responsabilidad colectiva, pero que desde la política se aliente a que la sociedad se arme parece ser una excelente forma de evadir esa responsabilidad. Toda estrategia surge en respuesta a un conflicto y es cuestión delicada elegir la más adecuada para remediarlo. El discurso del odio es un caldo de cultivo propicio para pasar a acciones peligrosas para la vida en sociedad. Existe un alto riesgo de tomar decisiones precipitadas que pueden empeorarlo todo y propuestas como esta, sin duda, lo son. Como dice una canción de NTVG: «la decisión equivocada puede transformarse en ley».

Existen investigaciones psicológicas que afirman que se tiende a odiar al perdedor porque se tiende a pensar que se lo merece. En ese sentido, no es casual que las cárceles de Uruguay estén abarrotadas de perdedores. Son los que quedaron tirados al costado del camino y parece que nadie quiere hacerse cargo de ellos. Pues bien, enfrentarlos a tiros no parece ser la estrategia adecuada por una razón muy sencilla, en un enfrentamiento entre lobos y corderos se sabe quién será el ganador. Tengo dos hijos y soy el primero que quiere que vivan en una sociedad segura y en paz, pero eso no me da derecho a dar seguridad a mis bienes y familiares a tiros. Como escuché una vez por ahí: «La respuesta nunca es la violencia, salvo que la pregunta sea qué cosa no es la respuesta».

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MIEDO AL MIEDO por Andrés Copelmayer

Tecleo recordando el temor real de ayer a las razias de las voraces “chanchitas” dictatoriales merodeando sombras y con pánico al nuevo paradigma virtual que hoy se nos quiere imponer. La horda de mandamases, apavorada por los desacatos, nos vende que vivir es un permanente peligro de muerte. El poder hegemónico idealizó virtudes esclavistas de la globalización absolutista gestionada desde la revolución digital. Iluso, viralizó al hijo pródigo de las telecomunicaciones pensando en el control total, pero la red engendró bastardos. El poder tecnológico no tiene botón rojo, ni inmunización alguna contra la subversión masiva de la anárquica ciudadanía digital. Desde la inmediatez de sus móviles, de oriente a occidente, cualquier mortal sólo u organizado; puede bardear, tirar fruta, marcar agenda, desafiar la autoridad o desenmascarar las obvias mentiras verdaderas de siempre.

Acosados por su propio Frankestein, no quieren ser meros testigos del sistemático fracaso y derrumbe de las instituciones legitimadas históricamente para que el pueblo no participe del reparto de las migas de la torta. Como la nueva receta no lauda sino que leuda conflictos, desesperados nos quieren hacer subir al tren fantasma del miedo. Incitan al miedo cuya existencia depende y necesita enemigos temibles y mortales. Promueven una configuración social en blanco y negro, con buenos y malos, sanos y enfermos. Vuelven al agujero del mate para controlar este sano y conflictivo desamor a todo mandato excluyente y hegemónico. Nos quieren aislados. Cada cual en su casa parapetado con su AK47, disparándole al musulmán, al Sida, al plancha, a la falla de la capa de ozono, al tabaco, a la chikungunya, a la sal, a la mayonesa y a todo lo que les mueva el tablero. No asombra que en Uruguay algún actor político, por convicción o demagogia, se suba al TrumpShip de la mano dura aria y ultranacionalista. Habría que avisarles que legitimar la defensa propia armada dentro del hogar y bajo cualquier circunstancia, habilitaría moralmente a cada sujeto a que haga lo que se le antoje con su familia, siempre y cuando esté dentro del perímetro de su casa propia o alquilada. Detesto un futuro de humanos paranoicos, encerrados en el miedo al miedo y disparándose todos contra todos. Mil disculpas Senador Heber, pero con libertad si ofendo no temo, y me seguiré haciendo cargo de las consecuencias.

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Cuando el Estado falla, las demandas cambian por Melisa Freiría

En ese momento, nadie se pone a hacer una valoración de qué derechos deben primar. Cuando un intruso invade tu casa, no sabes si sus intenciones simplemente pasan por robar, lastimarte o matarte a vos o a tu familia; lo único que sí sabemos es que todo eso está en juego, porque existe la posibilidad de que suceda. Y es precisamente ante la existencia de ese riesgo, que uno reacciona como puede y con lo que tiene al alcance.

En muchas de estas situaciones es absurdo esperar que nos pongamos a medir detenidamente intencionalidades y reacciones; pero no por ello debemos dar “carta libre” al uso de armas. Necesitamos sin dudas contar con garantías reconocidas en nuestra legislación, con un margen razonable para considerar situaciones dudosas. ¿Por qué? Creo que no nos sentimos debidamente respaldados en materia de seguridad y justicia. Por eso muchas personas optan por tener algún medio de defensa propio. Hablamos de casos en los que se invaden nuestros hogares, donde la acción oportuna es clave para no lamentar consecuencias mayores. Es entendible que no estemos dispuestos a dejar nuestras vidas y las de nuestros familiares dependiendo de la eficiencia de respuesta de la policía, y que además, reclamemos mayores certezas en materia de justicia para proteger a la población.

Es claro que cuanto más nos aproximamos a la justicia por mano propia, se evidencian los problemas que tiene el Estado en otorgarnos garantías. Porque lo único que estaríamos haciendo al modificar la legislación actual, es reconociendo un poco más, un problema imperante desde hace algunos años ya en nuestra sociedad. Si los ciudadanos sienten la necesidad de reforzar sus mecanismos de defensa y de modificar leyes para estar amparados, es porque algunas funciones del Estado están fallando.

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