América Latina estuvo en este tiempo atravesada por corrientes políticas disímbolas: una, de principio de siglo, progresista dominante, con tintes socialdemócratas y apoyos desde la izquierda, concretó mejoras en garantías, matrículas educativas y condiciones materiales -en general- de clases medias y asalariados y abatimiento de las pobrezas. Hubo países donde florecieron principios de cuño similar al de estados demoliberales de bienestar.
Luego de la primera, con institucionalizaciones y extensión internacional, sobrevino la otra, de la reacción de la derecha desplazada que adoptó diferentes formas: golpe militar,impeachments y hasta triunfos electorales -con judicialización, previa o posterior, de dirigentes políticos-. Los últimos 10 años desembocaron en momentos diferentes en 2018: triunfos electorales en Brasil, de un ex militar -Jair Bolsonaro- representante de la ultraderecha, y en México, con Andrés Manuel López Obrador. AMLO, como también se le conoce, consiguió derrotar a derechistas neoliberales del PRI y del PAN (de gobiernos alternados en últimas décadas) y sus fraudes, que habían impedido el acceso de una tercera fuerza a la presidencia al ser trampeados los dictámenes de las urnas que favorecían a Cuauthémoc Cárdenas y después al propio actual mandatario. El desborde popular-electoral del pasado 1º de julio fue de tal magnitud que imposibilitó la estafa.
La toma de posesión de AMLO cerró la etapa de expectativas en el país y dio paso a la concreción de las ofertas. Ha habido un interregno donde se posaron más los focos sobre quien iba a llegar al Ejecutivo que el que está; así cobraron relevancia algunas medidas ahora en ejecución: en medio del manifiesto malestar de muchos desplazados de antiguos favores (corrupción mediante) y campañas de su prensa adelantándose a criticar o poner en duda acciones de cambio, ocurren cosas que estaban decididas, como la cancelación del costoso nuevo aeropuerto de Ciudad de México, con el disgusto de quienes soñaban con pingües ganancias al inflar el faraónico proyecto; poner a la venta el avión presidencial (Boeing 787-8, que costó 160 millones de dólares); retirar las pensiones, apoyos y prebendas a ex presidentes; abolir la reforma educativa (de orden administrativo, no curricular); convocar plebiscitos sobre medidas de gobierno (en el futuro deberán realizarse con apego a las normas de consulta); la determinación del propio salario presidencial y que éste sirva de parámetro, esperando que sea adoptado por los demás poderes e instituciones oficiales al margen de los mismos (banco central, autoridades electorales). Sólo pensar en los beneficios que daría la construcción aeroportuaria y el aumento del valor de los terrenos aledaños, redundarían beneficios declarados y de los otros para hacer multimillonarios a más de una generación de la mafia del poder, como fueron llamados por el actual presidente durante su campaña.
Al frente anti-AMLO se agregan las calificadoras, tras el acuerdo de un nuevo TLC con Estados Unidos y Canadá. Para estas empresas, son esenciales la independencia del banco central, el tipo de cambio flexible y las metas de inflación, lo que garantiza -dicen- la estabilidad de un país. Cuando Fitch y Moody’s bajan la perspectiva de Pemex, en verdad manifiestan desacuerdo con el gobierno que procura recuperar soberanía de la nación y eludir la senda de privatizaciones energéticas trazada previamente para beneficio del empresariado. Otro tanto ocurrió cuando cayeron las acciones bancarias por un proyecto en el Congreso -con mayoría de Morena (partido fundado por AMLO) en sus dos ramas- de reducir algunas comisiones que cobran esas instituciones, lo que hizo evidente el poder de éstas sobre los mercados ante medidas que no las favorecen. Al hecho de que parte de la estrategia económica gubernamental pase por atraer más inversión extranjera, ésta se podría retraer ante la actitud de las calificadoras.
Varios peros a la gestión del nuevo gobierno provienen -asimismo- de grupos de sus adherentes que consideran que AMLO no abandona como presidente su actitud de candidato en campaña y suman que no fue claro en varios temas: el de seguridad, ordenando la creación de una Guardia Nacional con participación de militares (que había prometido sacar de funciones policiales); de política económica, reduciendo la materia a proponer combate a corruptelas y austeridad pública; al admitir que la corrupción es mayor a la que suponía, sin exponer proyectos para depurar mecanismos esenciales como licitaciones, obras públicas con participación privada, programas federales con financiamiento mixto.
Un tropiezo que considero grave es el que mantiene con una parte de la academia en cuanto a la concreción del propósito ferrocarrilero para el sur. Acerca de los estados involucrados en estas operaciones del Tren Maya y el Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec -Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco en el primer caso, con inicio de obras el 16 de diciembre próximo, y Oaxaca y Veracruz en el segundo- quienes se oponen al mismo y piden tiempo para analizar estudios, afirman que estas entidades están consideradas “hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad”, las que los planes gubernamentales afectarían gravemente.
En resumen, creo que más allá de algarabías por el posible cambio de rumbo, sin considerar a quienes creen que se trata de un “terco” y un “caudillo” más que el presidente, aquellos que como en mi caso seguimos de cerca el devenir político mexicano tenemos la esperanza de que esta administración liderada por AMLO (que, como escribí antes y reitero hoy, no es un hombre de izquierda ni un revolucionario) le dé a su pueblo algo más de seguridad y aleje -hasta donde le sea posible- la corrupción pública y privada. Si dentro de seis años, con el neoliberalismo derrotado, esas metas se hubiesen alcanzado, AMLO entrará a la historia como un gran mandatario.
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