A cuarenta años de las elecciones internas de 1982, uno de los grandes hitos en la recuperación de la democracia en Uruguay, el próximo martes 29 de noviembre a las 19 horas, se presenta en el Centro Cultural VERDE, una investigación realizada por el magíster en Comunicación Política Marcel Lhermitte, que analiza cómo los colectivos políticos más opositores al régimen lograron vencer a quienes conformaban el denominado oficialismo de la dictadura cívico-militar.
La investigación abarca las campañas electorales de los principales sectores que compitieron en la convocatoria, el voto en blanco, el rol de la prensa y del humor, el papel de las encuestadoras, la regulación sindical y el activismo político que se dio desde la cultura, el deporte, la iglesia y los colectivos sociales en general, las desproscripciones, la comunicación de gobierno de la dictadura, etc. En Voces te presentamos un adelanto del libro.
La campaña electoral
El 1 de octubre de 1982 comenzó oficialmente la campaña electoral, un mes y veintiocho días antes de la cita ante las urnas. Con una vigilancia e injerencia continua del régimen militar, con 26 políticos proscriptos del Partido Colorado y del Partido Nacional, con el Frente Amplio inhabilitado y convocando a votar en blanco, con medios de comunicación que jugaban sus cartas y con tres partidos que formalmente volvían a competir en las urnas luego de más de una década, así se llegó a esta campaña que es un hito de la historia democrática del Uruguay.
El gobierno de facto, más allá de haber definido qué partidos y qué candidatos podían postular, y de fijar las reglas de la campaña y la elección, también ejercía una injerencia directa sobre el proceso, a través de la censura imperante en los discursos y accionar de los ciudadanos, que se extendía en los medios de comunicación, pero también a través de las declaraciones que realizaban a la prensa los jerarcas militares.
“Todos los ciudadanos sepan valorar el esfuerzo que se ha hecho, y que se desarrollen las actividades (de los partidos políticos en la campaña electoral) dentro de las normas y el marco de tranquilidad y paz que requiere este tipo de actividad”, decía el ministro del Interior, Yamandú Trinidad a los medios de comunicación, el 3 de octubre.
Trinidad se refirió a la eventualidad que el gobierno de facto tuviera que “llamar la atención” a los políticos. “La COMASPO no ha tenido contacto directo con los partidos, salvo algún tipo de consulta llevada a cabo de lo actuado; pienso que el diálogo ha sido muy efectivo, dado que hasta el momento los partidos se están moviendo sin tener que recurrir a la COMASPO para rever o aclarar alguna situación”.
Pero la injerencia de la dictadura llegaba a límites insospechados y las declaraciones de sus jerarcas se repetían casi a diario, entre ellas, las continuas advertencias de militares asegurando que no se permitirían “agravios” en los discursos, sin especificar claramente qué calificaban como tal. Incluso en el pleno del Consejo de Estado se dio un debate sobre la obligatoriedad de las elecciones internas.
El martes 5 de octubre, en la sesión de este órgano legislativo de facto, el consejero Bernardo Barrán afirmaba que “decir que las elecciones del próximo 28 de noviembre son meramente las elecciones internas de los partidos políticos es una verdad a medias, porque además de poseer este carácter, significan el paso previo para la futura democratización del Uruguay. Y lo que el pueblo quiere es, precisamente, volver al estado de derecho en su plenitud”.
“El cambio no será fácil (…) la tarea más ardua quizá comience después que las Convenciones a ser elegidas tomen posesión, porque sus facultades son muy amplias y actuando en nombre del pueblo y levantando la bandera de cada partido político, va a constituir el interlocutor válido de las Fuerzas Armadas para recorrer, junto con estas, el camino que nos va a conducir a la ansiada democratización”, subrayaba Barrán.
El consejero de Estado luego argumentaba que “concurrirán a las urnas los blancos, los colorados y los cívicos, pero también deberán hacerlo aquellos ciudadanos que no encuentren un representante entre las opciones que el proceso les ofrece en este momento. Como decía, querer la democracia implica la obligatoriedad de concurrir a las urnas, ya que significa el deseo de volver a la institucionalización. Entonces, esos hombres que no encuentren un representante entre los candidatos posibles, ya sea, simplemente, porque ninguno de ellos les gusta o porque su colectividad política está proscripta o imposibilitada de actuar, no obstante, deberán concurrir a votar. Y si no encuentran un representante deberán votar en blanco, pero deberán hacerlo. (…) La importancia del voto en esta elección (…) es una obligación para con su conciencia cívica”.
En el debate de la sesión, Eduardo Praderi –también consejero de Estado–, confrontó las palabras de su colega. “De ninguna manera puedo permitir que en la sala del Consejo se diga que querer la democracia significa la obligatoriedad de votar en las elecciones internas del próximo mes de noviembre. Ello constituye una forma más de crear confusión. Puede ser que en la desesperación del momento se quiera entreverar las aguas. De todos modos, ese propósito está cada vez más manifiesto. Y mucha gente en la calle está convencida que lo que va a votar en noviembre es un presidente de la República”.
Las elecciones internas no eran obligatorias, pero ante la existencia de rumores que afirmaban lo contrario y que se hacían eco en algunos medios de prensa, la Corte Electoral había aclarado esta situación. El vicepresidente del organismo Camilo Pereira Urueña, había explicado a El Día, según se publicó el 9 de setiembre, que el acudir a sufragar era un “acto voluntario” de cada ciudadano, ya que no había “ninguna disposición legal” que lo impusiera.
La sentencia del jerarca de la Corte Electoral tuvo una respuesta desde la misma tapa de La Semana de El Día: “Creemos en la fuerza de las obligaciones morales para regir la conducta humana. Incluso cuando no concurra sobre el mismo punto una norma de derecho. De allí que entendamos que el voto el próximo 28 de noviembre, es un deber de los ciudadanos. Se trata de participar en la formación de una voluntad democrática, de impulsar la vida partidaria, para que esta a su vez, sea el motor de la nueva sociedad y el nuevo estado al que aspiramos. Votar es comenzar a existir políticamente y contribuir a la consolidación de nuestra democracia. Por ello, más allá de las discusiones sobre la obligatoriedad jurídica del voto, es nuestra convicción que él, es una exigencia moral”.
La injerencia que realizaban algunos de los consejeros de Estado tenía un motivo extra y era que una decena de ellos integraban listas: postularon Bolentini (Partido Colorado), Cersósimo (Unión Colorada y Batllista en San José), Santana Etcheverrito (lista pachequista en Durazno), Wilson Craviotto (lista de Nuevo Uruguay, colectivo pachequista de Montevideo), Daniel Barreiro (pachequista), Walter Belvisi (Nueva Agrupación Colorada de Paysandú) y Milton de los Santos (lista pachequista en Rocha); Antonio Gabito Barrios (herrerista de Rocha), Rodolfo Ciganda (lista canaria de varios movimientos nacionalistas) y Carlos Gelpi (Partido Nacional de Salto).
Más allá de las injerencias continuas que generaba el gobierno de facto, los partidos políticos se lanzaron en una campaña electoral caracterizada por la falta de experiencia de sus activos militantes, en las que apelaban a herramientas como los mítines, las giras, el cara a cara, los espacios de prensa, entre ellos los de radio y televisión que había cedido el régimen a sesenta y dos listas partidarias de todo el país, de los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado, Río Negro y Treinta y Tres.
Claro está que en esos espacios no se emitían piezas publicitarias como las que surgirían pocos años después en Uruguay, sino que se trataba, por lo general, de un dirigente político leyendo un breve mensaje, de aproximadamente tres minutos y medio, que era el tiempo concedido por DINARP.
La campaña de 1982 tuvo sus particularidades, no solo por el hecho de celebrarse en dictadura, sino también porque los partidos tuvieron que desarrollar una maquinaria electoral que estaba oxidada y en desuso desde las elecciones nacionales de 1971, muchos dirigentes seguían proscriptos, no había recursos económicos y las libertades seguían cercenadas, a lo que se sumaba que los medios de comunicación sufrían censuras y autocensuras.
En ese escenario y con ese clima los sectores presentaron sus propuestas basadas en estrategias nacionales y departamentales.
El voto en blanco
La intención de votar en blanco por parte de las fuerzas frenteamplistas fue tomando forma, hasta que el 14 de setiembre, en la edición 36 de Opción, Francisco Ottonelli, director de la revista, propuso formalmente la creación de una Comisión de Ciudadanos por el Voto en Blanco.
“Opción lanza así desde sus páginas una iniciativa que no era dable demorar, buscando a través de ella canalizar la inquietud cívica de todos aquellos que –no encontrándose representados dentro de las listas admitidas para las elecciones internas del 28 de noviembre– entienden que es su deber y derecho participar de las mismas emitiendo su sufragio”, argumentaba el director.
La convocatoria estaba “abierta a todos los interesados” en llevar adelante la propuesta y, se adelantaba que desde la revista se brindaría “el mayor de los apoyos”.
En el editorial de esa edición Ottonelli hacía referencia exclusiva a la convocatoria de este colectivo: “No hay acto más trascendente en la vida de una nación que el pueblo participando, decidiendo, actuando soberanamente. Ante eso, como dijo nuestro Artigas, cesa toda autoridad: y a estos comicios es llamado todo el pueblo. El uruguayo, por formación, por tradición, por un impulso que nace desde muy adentro de su ser, es político. Esto quiere decir que nada de lo que atañe a la comunidad en que vive le es ajeno. Que valora lo colectivo. Que quiere participar en el trazado de los caminos que con sus conciudadanos ha de recorrer. En una palabra, que quiere ser dueño de su destino. Por eso reniega de toda tiranía y es visceralmente contrario a todo tipo de opresión”, decía el texto.
Por tal motivo, “hemos levantado nuestra voz de protesta contra la discriminación que se ha consagrado en la ley de partidos políticos, favoreciendo a unos y disolviendo o postergando a otros; contra la marginación indiscriminada que allí también se hace de ciudadanos; contra la discrecionalidad sin garantías, contra las proscripciones. Pero como integrantes de ese pueblo uruguayo que siempre quiere ser protagonista, transitaremos igual por la senda angosta que se nos ha abierto. Lo haremos con la vista puesta en un horizonte que queremos de paz y libertad. Sin desconocer las pasadas claudicaciones de muchos, pero en procura de la concordia entre todos”.
“No pretendemos imponer a nadie nuestras ideas. Muy por el contrario, lucharemos con energía y sin descanso por el respeto de todas las ideologías en la medida en que ellas propendan a la elevación espiritual y material del hombre y al progreso de toda la comunidad. Pero con la misma energía reclamamos igual respeto para las nuestras. Por eso mismo anhelamos que la del 28 de noviembre se convierta en una jornada de libertad”, añadía.
Desde Opción se convocaba a votar “libre, soberana y positivamente”, en procura de una consolidación democrática en el país. La participación en las urnas significaba “la consagración del pluralismo ideológico” y constituía a su vez una manifestación “contra las exclusiones, por la reconciliación nacional y la posibilidad de todos a participar en la vida cívica, por la igualdad, por la vigencia de los derechos fundamentales”.
El voto en blanco era definido como “la herramienta útil y eficaz” en la tarea de convertir Uruguay en un estado de Derecho.
Con estos argumentos se convocaba a integrar una Comisión Nacional de Ciudadanos por el Voto en Blanco, que debería estar compuesta por “hombres y mujeres de reconocida vocación y conducta democrática. Amantes de la paz, imbuidos de un espíritu solidario, servidores de la libertad y respetuosos de las ideas ajenas”, ya que sus integrantes sería los encargados de “propiciar, esclarecer y difundir” el pensamiento democrático.
Barrán fue el único consejero de Estado de ese entonces que votó NO en el plebiscito constitucional de 1980.
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