Una auténtica andanada de denuncias ante la Institución de Derechos Humanos por casos de abuso policial marcaron los primeros días del recrudecimiento de una represión estatal que evoca tiempos oscuros de nuestra historia, en el marco de las medidas dispuestas por el gobierno multicolor.
Ante señales contradictorias de las autoridades, el personal policial ganó la calle en estrictos operativos de control sobre personas, pero lejos de las zonas y barrios más conflictivos.
En efecto, el despliegue territorial de efectivos fue más una puesta en escena para llenar el ojo de la población y las cámaras del oligopolio mediático obsecuente, que un trabajo tendiente a combatir realmente el delito.
Contrariamente a lo aconsejable, la mayor presencia de uniformados se verificó en los lugares de más concentración poblacional, donde, por las cámaras de video vigilancia instaladas naturalmente por los gobiernos del Frente Amplio, la tasa delictiva cayó sustantivamente.
Mientras tanto, siguieron registrándose robos, rapiñas y homicidios –casi uno por día – como si nada hubiera cambiado, lo cual corrobora la ineficiencia de operativos meramente efectistas. Por supuesto, los minutos de televisión destinados a la crónica policial bajaron considerablemente, lo cual reafirma la convicción que los medios audiovisuales administran su menú informativo en función de los tiempos políticos y acorde a los intereses del bloque conservador hegemónico.
Empero, pese a la orquestada campaña de ocultamiento, algunos episodios de abuso policial tuvieron visibilidad pública gracias al testimonio de las redes sociales. Luego, ante la contundencia de los hechos, no pudieron ser ignorados.
Uno de los más impactantes fue el registrado en la plaza de San José, cuando un policía apuntó con un arma larga a un malabarista callejero. Estas prácticas de represión contra trabajadores informales se reiteraron en otras regiones del país, en el marco de una escalada de violencia estatal de alto nivel intimidatorio.
El otro caso que conmovió a la opinión pública fue el de un trabajador municipal que denunció haber sido insultado y golpeado por policías en horas de la noche, en el marco de un control de rutina.
Si bien el Ministerio del Interior difundió un video tendiente a refutar el testimonio del damnificado, persisten las dudas sobre lo sucedido. Nadie asegura que la pieza audiovisual conocida no haya sido editada antes de su difusión, ya que sería inimaginable que la Policía asuma explícitamente su eventual responsabilidad.
La circunstancia agravante tendría una connotación política, ya que el trabajador lucía un distintivo del Frente Amplio en su moto, lo cual, según se relató, exacerbó los ánimos de los policías.
Asimismo, un joven argentino que es también trabajador callejero, denunció ante la Fiscalía que efectivos de la Guardia Republicana lo golpearon e insólitamente le dijeron: “a los crotos como vos los vamos a sacar de la calle”.
Lo cierto es que hay por lo menos media docena de denuncias a estudio de la Institución de Derechos Humanos y otros casos radicados ante la Justicia, que deberá investigar a fondo para evitar la reiteración de futuros abusos de autoridad.
Aunque nadie desconoce que la inseguridad es el tema que ocupa el primer lugar en la preocupación de la ciudadanía, estos hechos son consecuencia de la flagrante irresponsabilidad de los discursos propalados desde el oficialismo.
En efecto, a la ya conocida prédica de “mano dura” anunciada por el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se suma naturalmente la amenaza del ultra-derechista senador y líder del Partido Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos, quien afirmó reiteradamente que “se terminó el recreo”.
¿Qué quiere decir este militar retirado con esa expresión absurda y cargada de odio y falacias? Durante los gobiernos progresistas no hubo ningún recreo para los delincuentes, ya que se concretaron golpes contra el narcotráfico sin parangón en nuestra historia, hubo exitosos operativos coordinados en los barrios identificados como más conflictivos y se reprimió con la energía necesaria, aunque sin violar los derechos humanos.
Por supuesto, el FA no criminalizó la pobreza, como sí está haciendo este gobierno represor, cuya acción se dirige casi exclusivamente contra la población más vulnerable. Evidentemente, lo que hacen es barrer bajo la alfombra las miserias del sistema.
Como si no fuera suficiente, todo parece indicar que la multitudinaria marcha del domingo 8 de marzo convocada en el marco del Día Internacional de la Mujer, fue filmada.
Naturalmente, también molestó el aparatoso despliegue policial realizado frente a la Iglesia del Cordón, con la novedad de que la guardia estaba integrada por efectivas del sexo femenino. Realmente, inadmisible.
Con relación a este contexto de alta tensión, el Presidente del PIT CNT, Fernando Pereira advirtió que “se construye un relato de odio que finalmente hace que nos miremos unos a otros con desconfianza”.
La escalada represiva que para nada sorprende, permite evocar
el patético decreto 690/80, que habilitaba a la Policía a detener a personas en averiguaciones. La medida, que fue derogada en 2005 por el primer gobierno del Frente Amplio, databa de la época de la dictadura y fue firmada, coincidentemente, por otro blanco de extracción herrerista: el patético dictador Aparicio Méndez.
La autoritaria norma se mantuvo vigente durante los gobiernos de derecha de post- dictadura originando las “razzias”, mediante las cuales se violaban impunemente los derechos humanos de jóvenes, artistas, drogadictos y homosexuales.
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