Los presidentes del Mercosur reunidos en Puerto Iguazú, -además de tomarse fotos en bucólicos escenarios con cataratas- concluyeron en realizar un esfuerzo de reflexión política para lograr una base común de actualización del conjunto y de consenso para relacionarse con países no miembros del bloque. Pese a esta afirmación, la declaración final de los mandatarios está signada por tres de ellos y existe otra versión solo firmada por el presidente de Uruguay.
De acuerdo con corrillos, miembros del grupo argentino interpretaron que la amenazante posición de los uruguayos de negociar por fuera del MERCOSUR es una materia reiterada en cada encuentro porque a
«Lacalle Pou parece redituarle beneficios a nivel interno ante su electorado», y de ahí coligen que el discurso disidente o la postura general de ese gobierno sea su ristra.
Más allá de que no descarto que este sea un recurso para la satisfacción de algún sector de sus votantes (empresarios exportadores y/o importadores), se pueden advertir en la actitud dos cuestiones; a nadie sorprendió la posición del gobierno de Lacalle: fue la esperada.
Lo que debió agregarse es que tampoco sorprendió en la reunión previa de cancilleres el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, animador del estudio de prefactibilidad de un TLC con China Popular, a lo que diplomáticamente Pekín se ha negado estirando los tiempos y pasado a darle un carácter explícito desde que Lula ganó la elección en Brasil. Tal vez en la ocasión usó un lenguaje más directo, menos elaborado, según el cual -sin decirlo- amenazó con un abandono
del grupo (rompimiento) o situándose (rebajado) en la posición de “observador”.
Si aparto lo que estimo como “pensamiento Bustillo” y regreso al más general espacio de gobierno Uruguay, creo interpretar de manera correcta que al grueso de la población del país le importa poco y nada qué hace el presidente en Argentina y, en todo caso, está pendiente de la sequía que azota por más de dos años, que el 60% de la población recibe agua salada por las tuberías que administra el Estado -que no repara, ni prevé contingencia que obligarían a proponer obras alternativas- y que Montevideo sería la primera capital nacional en el mundo que no brindaría agua potable a su población.
Otro grupo de personas -en general votantes de la oposición al actual gobierno Uruguay- agregan que el presidente al cargar con dirigir el gobierno de coalición, cuando siente que los medios de comunicación de que dispone resultan insuficientes para paliar la situación personal, recurre a salir al extranjero para atenuar las críticas, cuando no la condena ante el cúmulo de sus desaciertos. En general, esas situaciones comentadas en las que el mandatario elude ser golpeado por la ciudadanía directa e inevitablemente, en ocasiones, se llega a comparaciones que no lo benefician. Es así que en una reciente ocasión se recuerda que en Colombia, Gustavo Petro, su ministro de Defensa y el jefe del Ejército, en acto público solicitaron el perdón de familiares de los asesinados extrajudiciales cometidos por el Estado (a partir de 1988 y hasta 2009); en tanto, en Uruguay el presidente faltó a la parte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligaba al país -imponiendo que estuviesen sus máximas autoridades- a reparar a los deudos por el asesinato de “las muchachas de abril” (Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik) durante una madrugada (sin orden de cateo de un juez) por parte de las fuerzas armadas, en 1974. El presidente se ausentó: hay ausencias que valen más que una explicación.
Los reunidos en Puerto Iguazú escucharon a Lula -presidirá el MERCOSUR por los siguientes seis meses- afirmar “Me comprometo a concluir el acuerdo con la UE”; antes, en una visita a París, había señalado que no son africanos o latinoamericanos los que contaminan el mundo, sino los que ejecutaron la revolución industrial y siguieron contaminando por 200 años, aludiendo a los Estados europeos del capitalismo avanzado (Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) que apuntan contra las naciones periféricas, pero esconden sus propias agresiones al medio ambiente.
El brasileño coincidió con el presidente argentino Albero Fernández en rechazar la última propuesta de la UE y señalar que el acuerdo no puede «condenar» a las naciones del Mercosur a cumplir «el eterno papel de exportadores de materias primas». El proteccionismo de la Europa de los 27 desea imponer cláusulas inaceptables para el MERCOSUR como son algunas medidas dirigidas contra la producción agropecuaria sudamericana, extendiéndose a cuestiones de orden sanitario, en tanto se escuchan voces que demandan que las reglas de la UE se apliquen como parte de los acuerdos, Asimismo, intentan proteger a los productos farmacéuticos, poniendo piedras en el camino de la adquisición en Sudamérica mediante los genéricos.
De acuerdo con lo surgido desde Bruselas y de esta reunión, en pocos días se producirá una junta más -en la UE- entre los dos grupos; no pienso que en este tiempo el bloque que ahora preside Lula logre deshacer todo lo negativo que hay en la propuesta recibida o, lo que es lo mismo, que los parlamentos de los 27 aprueben acuerdos que no contemplen las cláusulas contenidas en la última carta u otras que puedan aprobar o demandar.
Por las mismas vías oficiales tenemos que a mediados de agosto, en Sudáfrica, habrá de darse una cumbre de los BRICS, en la que el presidente brasileño, presumiblemente podrá hablar de un principio de acuerdo (sin ningún efecto práctico hasta ahora) de 2019 con la UE y del rechazo de su propuesta actual. En tal situación, atendiendo de manera sobresaliente el interés de China, estará a consideración de esta junta el ingreso como bloque del MERCOSUR y, aunque este no será el primer paso pequinés en Latinoamérica, debe considerarse significativo -si decide darlo- como confirmación de una muy advertida, hábil y ávida presencia en un territorio antes dominado y tenido como “patio trasero” por parte del imperialismo estadunidense.
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