Si de algo nos ufanábamos los uruguayos era de la decencia pública, al menos ante las grandes coimas, ante el uso del Estado en beneficio propio, descaradamente. Avivadas sí: las fotocopias para uso personal con cargo al presupuesto nacional, el otorgamiento de preferencias en algún concurso, pequeña ventajas sí. Pero no creíamos estar en el ranking de los grandes hechos de corrupción.
Cuando todavía los ecos del asunto Sendic no se habían disipado, un nuevo escándalo político vuelve a ocupar titulares y la atención de la ciudadanía. El senador Pablo Mieres presenta una demanda penal contra su colega Leonardo De León, por presuntas irregularidades en gastos que incurrió como jerarca de Alur, filial de Ancap. Vuelven a escena las ya famosas tarjetas corporativas de empresas estatales. Se sabía que Alur era un clavo para las cuentas de Ancap, casi un capricho. También se suponía que el tándem político Sendic-De León, que había llegado a puestos de dirección en la principal industria estatal en base al reparto del FA, haría de tripas corazón para volver rentable lo que parecía imposible. Era un gran desafío. Los tupas, en su tiempo, habían superado grandes desafíos, por lo que quienes se reclamaban herederos de aquella historia parecían dispuestos a dar de sí mucho más que el resto.
El recambio en el Frente Amplio no ha sido sencillo, y todavía parece una utopía, cuando los grandes nombres vuelven a estar entre los cálculos electorales. Sendic era una posibilidad. Tenía un apellido mítico, un cargo importante como para darlo a conocer, tenía un padrino excepcional; en fin, era uno de los posibles candidatos a la Presidencia, sólo que para las elecciones del 2014 todavía estaba verde. El peso político de Mujica alcanzó para ponerlo en inmejorables condiciones para el futuro político de Raúl Fernando Sendic. Después apareció el embuste del título, y desde ese momento hasta el día de hoy todo ha sido barranca abajo.
Si tanto se esperaba de Sendic, el desplome de las expectativas estuvo acorde con la imagen insegura que nadie pareció percibir. También su obra luce resquebrajada, hecha con materiales inapropiados, y en algunos casos no es una metáfora. No se podía haber administrado tan mal una empresa que tenía una clientela cautiva, donde todo lo esperable hubieran sido ganancias. En otros países las empresas públicas tienen que competir, aquí no, es un monopolio protegido por el Estado y los mil mecanismos que lo hacen posible, que en un país burocratizado como el Uruguay quiere decir mucho. Investigar las maniobras dolosas, o, simplemente, las que son producto de una mala administración, se vuelve muy difícil. La mayoría parlamentaria es el primer muro de contención. Cada frase que requiera salir de una comisión parlamentaria puede ser objeto de una dura negociación, y así los controles pierden vitalidad, ni siquiera las recomendaciones del Tribunal de Cuentas tienen la certeza de que alguien las considere. Se amontonan por miles a las puertas de las pesadas puertas de la burocracia oriental.
Por eso la iniciativa de un senador como Pablo Mieres, sin respaldo propio, donde los partidos mayoritarios de la oposición toleran muy mal que alguien les gane de mano, tiene valor. Había recibido la información sobre De León un buen tiempo atrás, pero trabajó en silencio, dejó de lado todo lo que no fuera posible demostrar, y, ojo, eso no quiere decir que no tenga más sobre el caso, no arriesgó a que la denuncia pudiese trancarse por falta de pruebas suficientes.
Todavía existía un elemento de carácter personal y humano entre la decisión de llevar el caso De León a la Justicia y dar los pasos concretos. Los parlamentarios, hasta los de distintos partidos, comparten horas, días, y algunos muchos años de trabajo en común. Si se toma en cuenta el enfrentamiento político público es posible que la imagen de la ciudadanía esté ligada a un permanente maltrato entre colegas parlamentarios. La gente común puede pensar que el discurso público influye más de lo que influye en las relaciones personales. Muchos parlamentarios se conocen de otros ámbitos, o han ido descubriendo el lado humano de sus colegas. Pablo Mieres y el senador Leonardo De León tienen entre sí un trato cordial, comparten el trabajo en comisiones, se ven en los pasillos, se saludan, intercambian puntos de vista de forma respetuosa. Mieres le había advertido a De León que había recibido una serie de informaciones sobre Alur, y que si encontraba irregularidades su obligación era actuar en consecuencia.
Mieres, y sus asesores, llegaron a la conclusión de que toda aquella información era de tal gravedad que ameritaba la actuación de la Justicia, y aunque se tratase de un adversario político para Mieres había un riesgo paralelo en toda esa acumulación de irregularidades: Su denuncia contribuiría, aunque fuese su responsabilidad ineludible, al debilitamiento de la imagen que la población tiene sobre el sistema político. El conflicto interno tuvo un momento duro cuando los senadores Mieres y De León estaban solos, esperando a los demás integrantes de la Comisión de Industrias del Senado. Al día siguiente se haría efectiva la demanda penal contra De León. La prensa ya estaba sobre la pista de este acontecimiento que desde entonces no ha dejado de crecer.
Sonó el celular de De León, el senador atiende la llamada y su rostro empieza a cambiar. Lo que estaba escuchando no le gustaba. Mieres tenía la sospecha de que pudiera haber alguna filtración antes de tiempo. Cuando De León terminó la comunicación hubo un largo instante lleno de incertidumbre para Mieres. Obviamente no desconocía que su denuncia era grave y que podía sacudir el ambiente político, tal vez de una forma inesperada. Hasta ese momento los dos senadores habían estado conversando con naturalidad pero la sombra llegó con la llamada de la prensa, que algo ya sabía, aunque no todo.
Pablo Mieres se había planteado muchas veces la profunda grieta moral que abría el manejo de las empresas públicas manejadas por los dirigentes de la 711. El Parlamento no es un campo de batalla, aunque a veces se le parezca. Al día siguiente, lo podía adivinar, la relación con el senador De León, inevitablemente, sería distinta. No muy distinta a la que se podría producir en la interna del Frente Amplio, donde sueños y realidades entran en conflicto casi de forma constante.
Este asunto es serio. Cuando durante décadas y décadas se ha apostado al rol que las empresas del Estado deben jugar como locomotoras de la justicia social, el manejo fraudulento de Ancap y su filial Alur es un golpe muy duro a varias cosas a la vez. En primer lugar, al propio Frente Amplio, y a su credibilidad ante la ciudadanía; a las jóvenes generaciones políticas, que deben tomar las riendas de este país sin pérdida de tiempo; a la concepción republicana, en el sentido de servicio del funcionario, aunque fuese el Presidente. Los dirigentes de la 711, muy ligados a Cuba, han demostrado no haber comprendido a este país. Se sirvieron del Estado como si fuese propio, y en una democracia, aunque herida, eso se paga.
Mieres viene de un partido de raíz cristiana, donde la formación humanista puede ser un freno para tomar decisiones que implique rupturas personales. Pasado el mal trago, llegó la calma del deber para satisfacción de quienes confiaron en la capacidad de control del Parlamento.
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