por Antonio Elías (*)
A partir del 13 de junio el equipo económico ha realizado múltiples reuniones para informar a la dirección y a los legisladores del Frente Amplio, así como a los sindicatos públicos, cuales son los lineamientos – resoluciones del Concejo de Ministros – para la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal que se puede presentar no más allá del 30 de junio.
Cabe recordar dos aspectos muy relevantes que condicionan y califican esta instancia: en primer lugar, que no hubo presupuesto quinquenal, el cual fue sustituido – en forma inédita – por un presupuesto bianual y que en esta instancia – algo mucho más extraño aun – solo será anual; en segundo lugar, porque en 2018, año preelectoral, rigen restricciones constitucionales muy precisas (Art. 229): “El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias…”.
Quiere decir, entonces, que para que se puedan evitar esas restricciones constitucionales la Rendición de Cuentas del año próximo deberá ser votada antes del 26 de octubre, de lo contrario no se crearan nuevos cargos, ni existirán mejoras salariales. Como el desafío de cumplir con esos plazos no es nada menor, tomando en cuenta que la fuerza de gobierno no tiene asegurada las mayorías parlamentarias está Rendición de Cuentas podría ser la última de este período de gobierno para lograr mejoras salariales y más recursos humanos para atender las crecientes necesidades de servicios públicos fundamentales.
1.- Fijando límites a las necesidades sociales
En los “Lineamientos para la Rendición de Cuentas 2016” el Poder Ejecutivo hace un muy breve análisis del contexto económico internacional (se ha consolidado un escenario más adverso para nuestro país) y de la evolución de algunas variables de la economía nacional (la economía crece, pero el empleo sigue cayendo), en particular de las cuentas públicas (las principales preocupaciones son el déficit fiscal, que se mantiene elevado en términos estructurales y el aumento de la deuda neta del sector público consolidado).
En ese escenario reafirmando sus conocidos criterios de “prudencia y responsabilidad fiscal” realiza la revisión del escenario macroeconómico (considerando los elevados riesgos que se enfrentan) y ajusta la proyección de ingresos (algunos que implican aumento, como el crecimiento del producto y las transferencias de las Empresas Públicas, otros que implican reducciones, tales como las utilidades vertidas por el BROU) y de egresos (importantes aumentos de gastos que no dependen de la voluntad del gobierno, tales como las transferencias a la seguridad social).
Como consecuencia de esas revisiones y ajustes el equipo económico llega a la conclusión de que existe escaso espacio fiscal para incrementar gastos y emite sus lineamientos/resoluciones: otorgar 50 millones de dólares para la ANEP, 12 para la Universidad y 10 para los Judiciales; no aumentar los gastos para 2019 y 2020; reducir el déficit fiscal financiado los egresos con incrementos tributarios a los juegos de azar y el aumento de la tasa consular a las importaciones.
Cabe agregar que los egresos aprobados en la Ley de Presupuesto de 2015 para ejecutarse en 2017 – los que fueron postergados como parte del ajuste fiscal del año pasado- ya tienen financiamiento y serán ejecutados en 2018. En total suman cien millones de dólares que, entre otros, recibirán: ANEP (26,3); Participación Público Privada (14,4); ASSE (11,4); Infraestructura Área Metropolitana (9,9); Nuevo Código del Proceso (6,4); Plan Ceibal (5,2); Cargos Escalafón Civil Penitenciario (5,2); Universidad de la República (4, 8).
2.- Cuando el producto crece más que las proyecciones
Debe destacarse que la piedra angular del llamado “espacio fiscal” es la estimación del crecimiento del producto y, consecuentemente, el aumento de la recaudación que eso implica. En sus lineamientos el gobierno estima que en 2017, el producto crecerá dos por ciento, un uno por ciento más de lo que había previsto, y que eso le dará un aumento de la recaudación de 130 millones de dólares; estima, a su vez, que en 2018 el producto crecerá 2,5 por ciento, medio punto porcentual más que lo previsto, eso implicaría recaudar 70 millones de dólares adicionales; en total aumentaría 200 millones de dólares.
Según el Informe Trimestral de Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU), la actividad de la economía uruguaya creció 4,3 por ciento en el primer trimestre de 2017 con respecto a igual periodo del año anterior (aunque debe recordarse que fue un trimestre especialmente malo por la pérdida de cosechas y la caída del turismo). Debe destacarse que el PBI tuvo una expansión de 1,5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2016, que a su vez había aumentado 1,4 por ciento respecto al tercer trimestre, superando así un periodo de estancamiento de dos años.
A partir de las estimaciones del BCU es de prever que el PBI crezca este año por encima del tres por ciento, lo que implicaría un crecimiento de la recaudación de, al menos, 260 millones de dólares en 2017, lo que ampliarían en forma significativa las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de los compromisos programáticos del gobierno, atender las necesidades sociales y aumentar los salarios.
Múltiples analistas coinciden en la estimación del crecimiento del producto y de la recaudación, pero difieren en lo que respecta al uso de esos recursos que, a su criterio, deberían utilizarse para reducir el déficit fiscal y/o para bajar el costo país y mejorar la competitividad.
En cualquier caso, el uso de estos recursos excedentes debería ser parte de las discusiones previas a la presentación de la Rendición de Cuentas.
3.- El gobierno pateó el tablero
En momentos en que estábamos terminando esta nota nos enteramos que el Poder Ejecutivo estaba presentando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al parlamento, abortando así la posibilidad de negociar y mejorar una propuesta totalmente insuficiente para las necesidades del país que es rechazada por los trabajadores y diversas organizaciones sociales y políticas.
El Poder Ejecutivo abusa de su poder y a través de un acto autoritario ignora y bloquea todos los justos reclamos de los trabajadores y de sectores del propio Frente Amplio. Esta medida se toma unas pocas horas antes de que comience un paro general del PIT-CNT en rechazo a los lineamientos de una Rendición de Cuentas que no contempla incrementos adecuados para la salud, la educación, la vivienda, la atención de niños y adolescentes, ni el Plan Nacional de Cuidados. A la vez que, tampoco incluye aumentos de salarios para los funcionarios de los servicios descentralizados. ¡Lamentable e incalificable!
(*) Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.
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