La conmemoración de la Marcha del Silencio liderada por las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura -un emblemático símbolo de la enconada lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad- adquirió este año una connotación aun más emocional, devenida de la epidemia de Coronavirus.
Como se sabe, esta movilización que se realiza desde 1995, recuerda los despiadados asesinatos acaecidos en 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, del senador del Frente Amplio Zelmar Michelini, del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes de izquierda Rosario Barredo y William Whitelaw.
En esta oportunidad y a consecuencia del distanciamiento físico impuesto por la emergencia sanitaria, esta actividad evocativa se desarrolló mediante numerosas intervenciones callejeras en la Plaza de Cagancha, la Avenida 18 de Julio y otros sitios de nuestra capital y el interior del país, con pequeñas concentraciones humanas, abundante cartelería, gigantescas fotografías que reprodujeron las imágenes de los detenidos desaparecidos y huellas de pisadas.
Por supuesto, el pueblo uruguayo también participó colgando balconeras y distintivos en fachadas de viviendas y edificios de apartamentos, en explícita adhesión a una proclama que es un compromiso de los auténticos demócratas: verdad y justicia.
Ni la epidemia pudo callar las voces del silencio y la interpelación colectiva de miles de ciudadanos, que reclaman el esclarecimiento de más de dos centenares de secuestros y desapariciones y el juzgamiento de los criminales que las perpetraron.
Aunque durante los quince años de gobiernos progresistas se registraron avances significativos y hay 21 represores militares procesados con prisión o condenadas por delitos de lesa humanidad según la información aportada por el Observatorio Luz Ibarburu, el sistema político y la Justicia aun están en deuda con la sociedad uruguaya.
En efecto, todavía no hay dictamen judicial sobre 160 causas activas que se dirimen en el marco del antiguo código penal y otras tres vienen siendo diligenciadas en el contexto de la nueva legislación, además de las que están en curso de investigación.
Habiendo transcurrido treinta y cinco años desde el epílogo de la dictadura liberticida, la radical diferencia entre los expedientes sobre los que ya existe sentencia y los que quedan pendientes, constituye un contundente y hasta flagrante testimonio sobre la persistencia de la impunidad como una suerte de herida abierta que aun lacera y agravia a la memoria colectiva.
Aunque pueda parecer compleja, la explicación es muy simple: la congelación de los juicios durante veinte largos años de inmoral ocultamiento, a consecuencia de la sanción, el 22 de diciembre de 1986, por parte de un Parlamento hegemonizado por un bloque conservador de derecha, de la inconstitucional Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 15.858.
Como es notorio, esta norma, que no es propiamente una amnistía, que si está contemplada legalmente por nuestro ordenamiento jurídico, fue un perdón ciego a los militares que perpetraron torturas, asesinatos, desapariciones y otras deleznables de fechorías en el transcurso del gobierno autoritario.
Esa suerte de inmoral conjura, que fue un acto groseramente antidemocrático, contrario a derecho y violatorio de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, culminó en el referéndum celebrado el 16 de abril de 1989, con la ratificación de la ley por parte de una atemorizada mayoría del electorado.
Obviamente, el corolario de esta consulta, impulsada por partidos de izquierda, organizaciones sociales y hasta algunos referentes blancos y colorados, fue el resultado de una campaña de miedo montada –salvo excepciones- por los partidos tradicionales, con el apoyo explícito de medios obsecuentes.
Por supuesto, el auténtico arquitecto de la impunidad fue el hoy ex presidente de la República colorado, Julio María Sanguinetti, en ejercicio del gobierno, quien acordó esta aberración jurídica con la mayoría del Partido Nacional.
Este impresentable adefesio archivó transitoriamente y durante dos décadas, todas las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos, maniatando literalmente al Poder Judicial.
Naturalmente, este contubernio blanqui-colorado se remota en el tiempo a julio de 1972, cuando los denominados partidos fundacionales aprobaron la Ley de Seguridad del Estado 14.068, que entregó literalmente el poder a los militares y aceleró –un año antes- el tránsito a la dictadura.
En ese contexto, referentes de dichos colectividades partidarias ocuparon -durante casi doce años- numerosos cargos ejecutivos en el criminal gobierno autoritario, en ministerios, gobiernos departamentales y en el ilegal Consejo de Estado que usurpó al disuelto Poder Legislativo- corroborando su vocación golpista y antidemocrática.
Con semejantes antecedentes, que sin dudas los condenan ante la historia, resulta insólito que el Partido Nacional y el Partido Colorado, que integran esta coalición multicolor restauracionista- sin autocrítica ni adjurar del pasado- se rasguen las vestiduras por la causa de los derechos humanos, porque es políticamente correcto.
Se trata de una actitud de inadmisible e intolerable hipocresía, que es ciertamente muy pesada de digerir, teniendo en cuenta, además, que, para ganar la elección nacional, no dudaron en pactar e integrar al gobierno a un partido de ultra-derecha sin credenciales democráticas, algunos de cuyos dirigentes han reivindicado abiertamente el terrorismo de Estado.
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