Una reunión de hace algunas jornadas en la Casa Blanca exhibió en la prensa a dos mandatarios sonrientes que se estrechaban en varios saludos, demostrando la percepción de entendimiento del uno para con el otro, de una reunión amable y relajada, sin crispaciones. Pocos días después, con el necesario visto bueno presidencial, EE.UU. -seguido por Canadá, al que seguramente se sumará España- decidió cuestionar la política energética mexicana que supuestamente rompe cláusulas del TLCAN (NAFTA en inglés) reformado (T-MEC, USMC o CUSMA, según lo mencione cada contratante). Dicho llanamente: Biden y Trudeau se suman a reclamos de empresas privadas sobre la política interior de México y espero que se agregue Madrid indicando que afecta a la compañía hispana Iberdrola. La acción de las naciones más del norte continental hizo al presidente López Obrador precisar con estos términos la litis: “EE.UU. con Canadá están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional”, olvidando que México no es colonia de nadie.
Es claro que las actitudes cuestionadoras de estas naciones y las voces allende frontera que le hacen coro, son fruto del modelo neoliberal (como acción e ideología impuestos por décadas a los pueblos de la periferia) y que el derecho internacional a la inversión extranjera coadyuva a mantener.
Lo anterior me da la motivación para señalar que, por casi medio siglo, aproximadamente, el neoliberalismo fue el modelo económico preeminente en Occidente impulsando el libre mercado, la reducción de la inversión social y la protección superior de los derechos de propiedad (en particular el trasnacional empresarial). Coincido con Boaventura de Sousa Santos en que estas tres incorporaciones en lo institucional derivaron en A) la existencia de restricciones a la capacidad reguladora del Estado para intervenir en la operativa del mercado; B) el Estado quedó subordinado al financierismo de agencias bajo control estadunidense (FMI y BID, por ejemplo) y C) rigió un inmodificable régimen protector de propiedades de inversionistas internacionales.
Sobre estos pilares de ideológicos fue que el austríaco Friedrich von Hayek construiría las estructuras de lo que conocimos (y sufrimos) como neoliberalismo de Chicago (o de EE. UU.) otorgando extremo valor al mercado sobre la sociedad. Chile, a partir de la dictadura de Augusto Pinochet, fue el primer país latinoamericano en adoptar esta: tras el golpe de Estado la burocracia tecnocrática y conservadora que dirigió la política económica se integró por una mayoría de miembros “capacitados” en la Universidad de Chicago.
En materia de política internacional, la trilogía Reagan-Thatcher-Wojtyla le reforzó la estructura, además del combate consonante a toda expresión de izquierda. Con estos “padrinos” el neoliberalismo construyó una idealidad dominante en Occidente que se impuso sobre cualquier variante o novedad, impregnando con sus formas todo valor social.
Un principio que este modelo capitalista impuso fue el amparo, la defensa y el fomento de la libertad comercial entre los países, procurando derogar las normas que lo protegieran, así como cualquier medida -explícita o implícita que regulara el mercado como bien general- con tal de brindar facilidades a las operaciones de particulares en el comercio internacional. En verdad, el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera, como se lo conoce ahora, deviene de la segunda mitad del siglo XX, en que ganan terreno las descolonizaciones políticas de África y Asia: los antiguos colonialistas buscaron proteger del independentismo las inversiones previas de sus connacionales.
Los tecnócratas del FMI y del BM, imbuidos de neoliberalismo ubicaron en el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera una gran vía de expresión. Al respecto, en un ejemplar editado por Cambridge University, Muthucumaraswamy Sornarajah sostuvo lo siguiente: “Durante las últimas décadas, el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera ha sido usado como un instrumento para ideales neoliberales…el derecho internacional se ha transformado en un instrumento a través del cual principios del neoliberalismo relacionados con inversión extranjera fueron impuestos al mundo”. En tanto, De Sousa Santos afirma que el sistema de IED ha servido de herramienta para proteger la propiedad privada de multinacionales y para influir en la actividad regulatoria de los Estados. La supraprotección, sostiene Sornarajah, de igual forma que el aumento en el número de tratados firmados por países del Tercer Mundo ha generado que estos se encuentren en una situación en la cual los compromisos acordados en los tratados de inversión chocan con las obligaciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, preservación de la cultura o medio ambiente.
Acerca del caso en que me ocupo en esta nota, no se trata de un radicalismo trasnochado que de antemano descalifica toda llegada actual de capital externo a la periferia, sino de ser cautelosos, explorar las posibilidades de compromisos de cada nación, el nivel de obligaciones que contrae y -en caso positivo, tras una consulta amplia- que el eventual arribo de fondos redunde en un cambio beneficioso para la población, los trabajadores y la economía. En el caso de Latinoamérica existen atisbos y algunas iniciativas -por parte de Bolivia, por ejemplo- que han abierto el debate frente a la verdadera necesidad de la inversión extranjera, los mecanismos para atraerla y el actual régimen de protección de estas a nivel internacional.
En el caso uruguayo la posibilidad de firmar un acuerdo del tipo TLC con China Popular -separado del Mercosur (unos 278 millones de habitantes entre los cuatro)- no se sabe bien de qué se trata: suena a sueño asimétrico y huele a cortina de humo duradera con intención de romper con la parte de intercambio comercial lo poco que se ha alcanzado.
El autor consultó obras de la Universidad del Rosario de Bogotá (desde 2014) y otras publicaciones.
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