Hay planteado en el mundo, especialmente en los países (llamémosle) centrales una gran preocupación acerca de los “mercados digitales”, una realidad que ya instalada en la base no sólo del mundo de los negocios, de la economía, de las organizaciones gubernamentales y sociales, de ciertas formas de gobernanza, incluso en el ámbito más reservado de las cuestiones personales. Esta cuestión de lo digital, a falta de normativas que (naturalmente) van corriendo de atrás, lo que lo hace todo más complejo en un universo tecnológico ya muy sofisticado y opaco, desde hace tiempo ha despertado preocupaciones varias, en diversos estadíos, y de esas inquietudes y debates, han comenzado a surgir un nuevo marco de normas y restricciones.
Un punto alto, de quiebre, pero en verdad, de síntesis, lo constituye la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. En noviembre del año pasado el Parlamento Europeo aprobaba, por 42 votos en 45, la denominada Ley de Mercados Digitales, con el que se aspira a regular la competencia de las tecnologías, incluyendo especialmente, las denominadas “catekeepers” o “guardianes de internet”, a las que dedicada algunas medidas específicas.
Así se refieren a Meta, Apple, Google, Microsoft y Amazon como los “guardianes”, y Margrethe Vestager, la Comisaria de la UE de la Competencia (desde 2014 vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa adaptada a la era digital) está comprometida con aplicarla a rigor desde el primer día, que ya no está tan lejano.
Es que Vestager tiene la convicción de que en un mundo globalizado y cada vez más digitalizado (hasta aquí obvio y consensual), poco pueden hacer las autoridades nacionales para regular el torrente de información, cierta o falsa, que circula por internet. Muchos podrían decir, es una resignación compartida. Y el punto es ese; para Vestager no existe la palabra resignación. A este impulso es que ha respondido el Parlamento Europeo que ha dado un paso innovador, que se basa en promover e instalar nuevas reglas acerca del universo internet, del comercio electrónico y de los servicios digitales, de alcance comunitario e incluso aspira a incidir en muchos países socios.
Vestager no es una novata en estas complejas batallas antimonopólicas, en sus dos vertientes, la jurídica y la política. Ella es la impulsora de las normas históricas para acotar el poder de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Ahora mismo, ha advertido en el marco de los debates de última hora acerca de la Ley de Mercados Digitales, que es preciso fortalecer un enfoque global sólido, compacto, hacia las grandes tecnologías para evitar que las empresas se aprovechen de las lagunas legales. El desafío, ha dejado en claro, no es sólo la audacia política de recuperar ciertos principios democráticos frente a los monopolios, sino hacerlo de manera efectiva, políticamente inclusiva y técnicamente eficaz, sin fisuras.
Ella sabe lo que significan estas cuestiones: en el pasado aplicó multas por miles de millones de euros a Google, de Alphabet, y promovido investigaciones a Apple, Amazon, Facebook y la plataforma Meta. De allí que insista en la necesidad de un acuerdo global sobre los problemas que plantean las grandes plataformas digitales.
En síntesis, de la capacidad técnica y de la cooperación de los organismos de control antimonopolio de todo el mundo dependerá la mejor implementación de las normas y de la preservación de los derechos democráticos de los usuarios, ya sea en el ámbito individual como de los económicos. No es el único énfasis; hay otro de igual significación: el mundo digital es innovador, e innova permanentemente. A los institutos antimonopólicos “no nos faltará trabajo, ni nos faltarán servicios o prácticas novedosas que examinar».
La maravillosa maldición del Big Data
De tan popular que se ha vuelto “big data”, parece que lo es todo, por lo vasto, por lo opaco y lo invisible. Una “razonable” definición de big data es decir que son datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a mayor velocidad. Aclara un poco saber que también se le refiere como «las tres V»: volumen, velocidad y variedad.
Volumen, pues se trata de procesar grandes volúmenes de datos no estructurados de baja densidad.
Velocidad, refiere al ritmo al que se reciben los datos y también al que se aplica alguna acción. Muchos de esos productos inteligentes funcionan en tiempo real o prácticamente en tiempo real y requieren una evaluación y actuación en tiempo real.
Variedad, pues se trata de diversos tipos de datos disponibles. Big data apela a nuevos tipos de datos no estructurados y semiestructurados, como el texto, audio o vídeo, los que requieren un preprocesamiento adicional para poder entender su significado y admitir metadatos.
A estas “tres v”, se han agregado otras “2 v” más, de complementaria y profunda significación: valor y veracidad. Es que asumir el valor del big data no se reduce a solo analizarlo, sino a la calidad conceptual con la que se ha recolectado y definido. Pasa por plantearse las preguntas correctas que permitan identificar patrones, formular hipótesis informadas y predecir comportamientos. De hecho, de lo que se trata de obtener es datos limpios, relevantes y organizados de tal modo que permitan un análisis significativo.
Nuestros derechos menos expuestos
Esta nueva ley de la UE dotará de elementos fundamentales para el ciudadano: protección de datos, competencia y protección del consumidor. Para quienes han impulsado este marco legal, se trata de darle a “Big Data” leyes para desarrollar su potencial para aplicarlo a las políticas y acciones para el cambio climático, mejorar la medicina o la economía. Por ello, dicen, hay que rescatar la internet como un espacio seguro y confiable. Y ello no es posible si no se salvaguarda la privacidad de los usuarios y a éstos no se los persuade si efectivamente no se cuenta con una legislación vigente potente y de aplicación efectiva.
La declaración de derechos y principios digitales despeja dudas y define ámbitos de derechos y de acción. Vestager ha sido contundente al respecto: “Queremos tecnologías seguras que funcionen para las personas y que respeten nuestros derechos y valores. También cuando estamos en línea. Y queremos que todos estén capacitados para participar activamente en nuestras sociedades cada vez más digitalizadas. Esta declaración nos da un punto de referencia claro a los derechos y principios para el mundo en línea».
Desde junio de 2016 (32° período de sesiones del Consejo de DD.HH., pero hay antecedentes) se ha promovido la idea del acceso a internet como un nuevo derecho humano, con todo lo que ello implica. Ahora se trata de que ese universo no sea una selva ni un territorio liberado sin referencias ni normas, sino un espacio infinito delimitado por los principios democráticos, desde el campo económico hasta la convivencia intangible de los vecinos.
El 1 de junio de 2021, en Sines, Portugal, Ursula von der Leyen, lo definía con claridad: “Adoptamos las nuevas tecnologías. Pero mantenemos nuestros valores».
Antes, en 2015, Barak Obama era concluyente, “hoy la banda ancha no es un lujo, es una necesidad”. ¿Pero porqué buscamos tan lejos? Nuestro Plan Ceibal creado en el 2007 puso en manos de todos los niños de las escuelas públicas una computadora portátil con conexión inalámbrica, dentro y fuera del aula, asegurando conectividad (el derecho) para ellos (maestras y alumnos) en todo el territorio nacional. El Plan Ceibal, pionero a nivel mundial, no es “una computadora, un niño”, lo que no habría sido poca cosa. Es más, es una network educativa. Es un “conjunto de programas, recursos educativos y formación docente que transforma las maneras de enseñar y aprender”. Significó asegurar el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, con la profundidad que ello significa. Y hoy tenemos varias generaciones de escolares y liceales formados en este espacio digital
Pero esto va más allá. Mucho más allá. Va en defensa de nuestros vulnerados derechos digitales. No sólo por los abusos de quienes tienen posición dominante. No sólo por los generadores en serie de fake news, de intromisiones vandálicas en procesos electores. Va en el más profundo sentido democrático.
Tenemos condiciones para asegurar y profundizar nuestra democracia, para darles a las empresas un marco seguro de acción y proyección, un ámbito donde también preservar los derechos individuales fundamentales y los principios democráticos.
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