Obras públicas caras ¿Improvisación, derroche o corrupción?

Hace pocos días trascendió que en pocos meses finalizaría la obra del Antel Arena y se informó que el costo sería de ochenta millones de dólares. Cuando se planteó su discusión la cifra manejada era exactamente la mitad. En los últimos años ha sucedido con frecuencia que los costos de diferentes obras estatales insumieron muchísimo más de lo planificado. A modo de ejemplo cabe mencionar la planta desulfurizadora de Ancap, las obras de la fábricas de portland, y quién no recuerda que la torre de Antel salió mucho más cara de lo que se había previsto.

¿Por qué sucede esto? ¿Cobran más las empresas constructoras al Estado que a los privados? ¿No se hacen los estudios de inversión correctamente? ¿No se piden responsabilidades a los que toman las decisiones? ¿Sucede algo así en una empresa privada sin consecuencias? ¿No se cuida la plata del Estado? ¿Hay corrupción? ¿Se sobrefactura en las compras estatales?

Mejores sueldos para gobernantes por Martin Guerra

Nada nuevo me parece que puedo aportar sobre la espantosidad de la  temática propuesta.

No voy a ahondar en el Antel Arena, ni en el desastre de la Administración Sendic, como gestor del estado (esta última muchísimo peor que la primera).

Lo que si me gustaría decir, que parte importante de los problemas es tener gente no preparada para el desafío que les toca gerenciar.

Cuando uno averigua en detalle, las condiciones económicas y de compensación en general que reciben la mayoría de los funcionarios públicos, a mí me resulta bastante obvio inferir que no van a hacer una gran gestión, y pienso que entonces por algo están allí. Seguramente no consiguen algo mejor.

Este razonamiento no puede dejar de lado a las 20 o 30 personas por administración, que dejan todo y son muy capaces, y lo hacen sin mirar mucho sus propias billeteras. Son esos contra el mundo.

Los viajes, son muy importantes más allá de las misiones en particular, así como que un ministro o jerarca pueda ir trabajando mientras se desplaza, pero acá eso lo castigamos.

En un punto está bien porque tenemos una carencia muy grande en controles, o no le damos bola al tribunal de cuentas y no pasa nada.

Me parece que urge repensar el formato de relacionamiento laboral con las personas que ayudan en los gobiernos.

Debemos poder atraer talentos, sino de esta forma es una selección potencialmente adversa.

Más remuneración, más exigencia y más controles. Muchas otras cosas más también, pero esto es a mi juicio crítico, y las señales que damos todos en general van en el sentido opuesto.

El caso del precio del par de lentes por Benjamín Nahoum

¿Cómo es posible que una obra que se aprueba construir por un costo determinado, cueste luego dos o tres veces más? ¿Y que eso no suceda una vez, excepcionalmente, sino que más bien sea la norma? (para poner sólo el ejemplo de los proyectos de ANTEL: la Torre de las Telecomunicaciones, hace veinte años, y ahora el ANTEL-Arena).

Aunque la respuesta que en principio parece más lógica es que eso no es posible, sí lo es, y puede haber varias razones, más o menos sanctas o non sanctas, para explicarlo. La primera es que el presupuesto estimado por la Administración (lo que a veces se llama el “presupuesto de oficina”), en base al cual se  decide y planifica la inversión, esté catastróficamente calculado y eso recién quede en evidencia cuando la obra se licita o, peor aún, cuando se ejecuta.

La segunda es que lo catastrófico -para el Estado- sea la redacción del contrato, y eso habilite después a la empresa a cobrar innúmeros y jugosos adicionales, que dejarán chiquito al precio licitado.

También puede ser que los decisores sepan desde el principio que la obra va a costar el doble (total: siempre cuesta el doble) pero no lo digan para evitar mayores escándalos. Algo así como el cuento aquel del tipo que iba a comprar un par de lentes, y le daban un precio, para aclararle, en cuanto se entusiasmaba, que eso era sólo por el armazón, y después iban apareciendo, todo por separado, los precios de los cristales, las patillas, y hasta el estuche.

Una variante de esta explicación es que en realidad el dinero que se dispone sea sólo la mitad del que se necesita, y entonces se declara un precio menor para poner en marcha algo que se detendrá a poco que arranque, pero entonces será un hecho consumado que de alguna manera habrá que solucionar.

Puede ser también que en realidad la obra cueste realmente sólo la mitad y la diferencia se vaya en pagar muchísimas “comisiones”, y si hay dudas sobre esto, la empresa brasileña Odebrecht puede explicar cómo se hace. Pero ahí ya nos internaríamos en cuestiones de derecho penal.

¿Cuál de estas cosas, o alguna otra, pasó? No lo sé, pero de todos modos lo que me parece más interesante de todo esto -porque lo demás es moneda corriente- es por qué una empresa de telecomunicaciones tiene que, además de respaldar las arcas del Estado con importantes aportes (una especie de impuesto secreto a la telecomunicación), que salen de las tarifas, deba también construir un local de espectáculos, cuyo costo saldrá también de las tarifas (y de paso destruir un ícono de la historia montevideana, como el viejo Cilindro Municipal).

En algún momento se manejó como argumento, desde muy arriba, que todas las compañías de telecomunicaciones tenían sus correspondientes “Arenas”, y que se trataba, en definitiva, de una forma más de publicidad. Sólo faltó decir que esas compañías son privadas, y ANTEL es pública, y su objetivo no es competir por el mercado sino regularlo y asegurar la universalidad del acceso.

Quizá ahí esté el quid de la cuestión: que quienes vienen a los organismos públicos desde la empresa privada, no terminan de darse cuenta que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Como en el caso de las tarjetas corporativas, que un ex director del BROU usaba para comprar regalos para los hijos de los empresarios que lo invitaban a los casamientos de los nenes.

ARENA EN LOS OJOS por ISABEL VIANA

El tema no es nuevo. En abril del 2012 diputados colorados anunciaron su intención de citar a la comisión de Industrias al ministro del ramo, Kreimerman y a la Presidenta de Antel, Carolina Cosse, para discutir la pertinencia de que Antel construyera el Antrel-Arena, edificio “concebido como un estadio multifuncional de alta tecnología constructiva y de equipamientos, que será capaz de adaptarse a las diferentes necesidades de recitales artísticos, conciertos, y espectáculos deportivos (torneos de básquetbol, tenis, futsal, etc.)”, que resultaba poco compatible con los fines de la empresa pública.

Se llamó a concurso de ideas para la definición de las construcciones a realizar y en noviembre de 2013 se dio a conocer el fallo: fue elegido el de los arquitectos Flores y Bachetta. Se dispusieron premios por U$S 1:200.000 para los equipos ganadores y se otorgó un plazo de 120 días para que el equipo ganador entregara el proyecto ejecutivo.

En agosto de 2014 la presidenta Cosse anunciaba la concreción del proyecto ejecutivo (conjunto de documentación necesaria para construir el edificio, que incluye el diseño de planos generales y particulares, relacionados a los aspectos estructurales y constructivos internos y externos, instalaciones de todo tipo, aberturas, cálculos, memorias y especificaciones técnicas y pliegos para las decisiones técnicas de la construcción), compuesto por más de 1000 documentos y en el que habrían trabajado más de 100 técnicos durante 8 meses (plazo extendido a fin de estudiar adecuadamente los detalles). Puede inferirse que esa documentación permitía estimar adecuadamente el costo final del proyecto. Se publicó que la inversión sería de 40 millones de dólares y que la obra comenzaría en febrero de 2015.

En julio de 2015, la presidencia de la República ejercida ahora por el Dr. Vázquez ordenó la suspensión de las obras, ante la necesidad urgente de fondos para atender otros asuntos prioritarios. En ese momento se estimó que  la inversión demandaría aproximadamente US$ 48 millones. Pero se estimó que con el equipamiento la inversión rondaría los US$ 80 millones. Cabe preguntarse cómo pudo incurrirse en ese error de valoración.

Para factibilizarla la continuidad del trabajo, se acordó que no se haría con fondos públicos y se autorizó un fideicomiso administrado Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que se dotó con US$ 58 millones prestados por el Banco de Santander. Se anunció la terminación de obras para 2018.

En noviembre de 2017 Javier Emicuri, Gerente General de ANTEL, anunció que el proyecto del Antel Arena tendrá un costo de 44 millones de dólares que asciende a U$S 82 millones si se suma el equipamiento y acondicionamiento.

Estos datos no implican novedad. Hubo además, contrataciones directas observadas por el Tribunal de Cuentas: las obras de infraestructura en exterior del complejo (valor U$S 11 millones) y, en agosto de 2017, la gestión privada del conjunto (U$S 4 millones).

El proceso del Antel-Arena me recuerda la decisión y construcción de la Torre de Antel (terminada 2002).  Fue un proyecto no previsto, impulsado por el Cr. Ricardo Lombardo, presidente de Antel bajo gobierno de Sanguinetti (1995-1998), quien simultáneamente lanzó su pre-candidatura a la presidencia de la República por el Partido Colorado. El proyecto fue objeto de duras críticas por su naturaleza y por la inversión excesiva que implicaba, pese a lo que fue sostenido por el Ejecutivo, como sucedió con el Antel-Arena. Terminadas las obras, Antel dio a conocer el costo total de la obra (U$S 102.281.000).  Lombardo replicó fraccionando los trabajos en distintos componentes: dijo que el costo había sido de U$S 78 millones, de los que deduciendo los equipamientos y mobiliarios, se llegaba a U$S 71 millones, de los que  41 millones correspondían a la Torre”. Los otros 30 millones, dijo se dividían (misteriosamente) en exigencias municipales, contribución a la cultura, edificio de usuarios y subsuelo.

El Antel-Arena es uno de los proyectos insignia que la presidencia de Mujica dejó “bien empaquetados”, con  carácter de compromiso político. Política fue y es la razón de sostenerlo: los gobiernos deben mostrar obra. Como proyecto político fue defendido dentro del FA cuando se lo suspendió por parte del gobierno del Dr. Vázquez. Los proyectos políticos necesitan de aprobación, para lo que es importante reducir los costos publicitados. Los extras se agregan con el proyecto en marcha y se los presupuesta, contratan y contabiliza por separado.

La Torre sin equipamientos no podía funcionar, tampoco el Antel-Arena. En ambos casos era políticamente necesario “mostrar obra” y que fuera “barata”, lo que parece justificar las danzas de millones que la arena lanzada a los ojos dificulta ver.

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