El proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para que se reinstale la Ley de Caducidad que en 1986 clausuró las causas penales por violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, configura una operación antidemocrática instigada desde los clubes militares que cobijan a los represores.
Este es un nuevo episodio de la embestida baguala emprendida por este partido ultraderechista y socio de la coalición multicolor contra el Poder Judicial. La artera maniobra se suma, obviamente, a las permanentes críticas a la Justicia por los procesamientos de notorios criminales uniformados y a la demanda de destitución del Fiscal de Corte Jorge Díaz.
El líder de CA senador general Guido Manini Ríos jamás ocultó su simpatía por el gobierno autoritario que arrasó las instituciones, integró las filas del Ejército en esa época y hasta amparó con su silencio al asesino José “Nino” Gavazzo, al no informar sobre sus graves confesiones ante un tribunal de honor.
Ahora, en una actitud que exacerba al sistema político, afirmó que su iniciativa – que fue rechazada de plano por el Frente Amplio y el Partido Independiente y recibida por los demás socios de la coalición sin demasiado entusiasmo- apunta “a dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo y haciendo lo que quieren, con falsos testimonios muchas veces, llevando a inocentes presos”.
No basta con la voluntad legislativa para “dar vuelta la página”, como sucedió hace ya 34 años, cuando colorados y blancos sancionaron la Ley 15.808 de diciembre de 1986, que declaró la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, una figura que no está prevista en nuestro orden normativo.
Pese a esa inmoral felonía, este mamarracho jurídico groseramente inconstitucional, fue objeto de decenas de recursos de inconstitucionalidad desestimados en 1988 por una Suprema Corte de Justicia obsecuente, de una consulta popular celebrada en 1989 en un ambiente de miedo a un nuevo golpe de Estado, de un nuevo dictamen de otra Suprema Corte de Justicia que la declaró inconstitucional en la sentencia 365/2009 y de la sanción de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad 18.831, en 2011.
Esta última norma, que Manini objeta, recoge los laudos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el dictamen
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que consideró a la caducidad contraria a derecho, ya que los delitos de lesa humanidad son permanentes y, por ende, no caducan ni prescriben.
Si Uruguay volviera a restituir la vigencia de la ley que dictaminó un perdón a ciegas a los delincuentes que violaron los derechos humanos, se expondría al escarnio, la condena internacional, eventuales sanciones económicas y hasta incurriría en una actitud de desacato de las resoluciones emanadas de dichos organismos.
Lo que Manini no entiende -en su condición de vocero de los criminales que habitan las catacumbas de los centros militares- es que hacer justicia no es postrarse ni resignar soberanía, sino reafirmar la institucionalidad democrática.
Hay familiares, hijos y nietos de desaparecidos que todos los 20 de Mayo marchan contra la impunidad , junto a otros jóvenes que –sin estar implicados emocionalmente con las víctimas- se suman espontáneamente a una causa nacional. Estas voces no han sido acalladas por el tiempo y ninguna ley las acallará.
En efecto, aunque hay más de dos decenas de represores militares procesados con prisión o condenadas por delitos de lesa humanidad, todavía no hay dictamen judicial sobre 160 causas judiciales activas que se dirimen en el marco del antiguo código penal y otras tres que vienen siendo diligenciadas en el contexto de la nueva normativa penal.
Lo cierto es que la Ley de Caducidad, que fue sancionado por un parlamento presionado e intimidado por la tutela militar entre bambalinas, es a todas luces inconstitucional, ya que vulnera el principio de igualdad ante la Ley, el estatuto de la separación de poderes de nuestro sistema representativo y la independencia del Poder Judicial, todos consagrados por nuestra Carta Magna.
La conclusión se desprende de los informes en minoría redactados por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia Nelson García Otero y Jacinta Balbela de Delgue, contenidos en el dictamen de la corporación que rechazó, por mayoría de 3 a 2, en mayo de 1988, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por magistrados.
Por supuesto, la resolución de la SCJ, que consagró la impunidad, tiene un talante eminentemente político y no se ajusta a derecho. No en vano, el organismo era por entonces presidido por Rafael Adieggo Bruno, un hombre de la dictadura que ocupaba el cargo desde 1984 e incluso ejerció la presidencia de la República durante 17 días, en la transición entre el régimen autoritario y el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.
Si se restituyera este adefesio jurídico que no es técnicamente una amnistía porque perdona crímenes nunca investigados ni sometidos a proceso, deberíamos abrir la totalidad de las cárceles y dejar en libertad a todos los asesinos, ladrones y violadores, acorde al principio constitucional que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.
Este irracional exabrupto de Cabildo Abierto jaquea nuevamente al gobierno multicolor y al presidente Luis Lacalle Pou- que es una suerte de rehén- quien deberá seguir surfeando en la cresta de la ola y tolerando a un socio problemático.
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