Los procesos de integración latinoamericana no han conseguido otra cosa que la acumulación de acrónimos y casi ningún resultado que se ajuste a los propósitos iniciales: ALADI, CAN, CARICOM, MERCOSUR, AEC, ALBA, CELAC, SELA, PARLASUR, ALALC, G-3, GAFILAT, MILA, OFILAC, PETROCARIBE, SAI, SICA, UDUAL… Son sólo algunos de los esfuerzos. Casi la totalidad de estas iniciativas han coincidido con el empuje de algún par de países que creen haber encontrado la fórmula ideal, como Argentina y Brasil en el caso del Mercosur, pero tras varios años de generar expectativas, cuando no riesgosas aperturas y expulsiones (Venezuela y Paraguay), la constante ha sido la supervivencia de una burocracia que parece tener la misión de mantener con vida este costoso cementerio de dudosas buenas intenciones.
El último episodio fue el vaciamiento de UNASUR, con la ya previsible permanencia de Uruguay, soldado al mástil del Titanic. El pasado día 20, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación en esta institución latinoamericana por tiempo indefinido. El motivo es la inoperancia en que está sumida la institución, al punto, según los renunciantes, que no hay acuerdo entre Venezuela y Bolivia, en la designación del nuevo Secretario General. Si entre estos dos países no hay acuerdo, no es difícil imaginar las distancias entre el resto de los países y estos dos consuetudinarios socios.
Uruguay no acompañó a sus socios del Mercosur y decidió permanecer junto a Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. Esta sistemática negativa de Uruguay a denunciar al régimen de Maduro, ante cualquier instancia internacional, parte de la idea que hacerlo afirmaría la posición del imperialismo norteamericano. Y una segunda cuestión: Que denunciar al régimen sería dejar solo al pueblo venezolano. En primer lugar, Venezuela no está siendo agredida por ninguna potencia ni país extranjero sino por el propio gobierno. La prensa de todo el mundo y los testimonios coinciden en que la crisis humanitaria en Venezuela tiene como principal causante al propio gobierno del país, que actúa como un gobierno invasor. En segundo lugar se nos vende la falacia de que gobierno y ciudadanía son sinónimos. Este es uno de los efectos del discurso populista que consiguen confundir los términos en que se establecen las relaciones de poder. La ciudadanía delega en el sistema político su voluntad transitoria, y los gobiernos que toman esta voluntad como un cheque en blanco, se escudan tras ella para no responsabilizarse de sus actos
Uruguay tiene una visión crítica ante el régimen venezolano, incluso en el Frente Amplio no parece haber un consenso claro a favor de permanecer callado ante un régimen que no tuvo empacho en destratar al canciller uruguayo. Pero la interna del oficialismo consigue maravillas a diferencia del equipo económico, la cancillería y buena parte del gobierno que no enfrenta la oposición interna por temor a que se le vaya al agua el castillo que consiguió armar en tantos años de lucha. El Frente Amplio no sólo no ha conseguido desprenderse de la emotividad que le dejó la dictadura, sino que, por momentos parece ser un latiguillo que esgrime en determinados momentos de sequía política. La dictadura rinde, no sólo fue un período desastroso para el Uruguay sino que lo repetimos, como la ingesta de un pepino, para recordarnos los peores años que vivió el Uruguay desde la Guerra Civil de 1904. La dictadura es recuerdo y permanencia. Algunos ni siquiera sabrían qué hacer con su vida de no haber existido esa nefasta dictadura.
La afinidad con el régimen de Maduro no puede tener otra explicación que la nostalgia de un pacto cívico-militar que nunca llegó a cuajar en Uruguay. No sólo el MLN buscó ganarse los favores de parte del Ejército. Los más viejos y los politólogos saben muy bien qué fueron las conversaciones del Boiso Lanza, del los cuarteles Florida, La Paloma, y la infinidad de conversaciones que tupas, comunistas y militares mantuvieron en la previa al golpe de Estado, y a lo largo de los años de la dictadura. Siempre hubo una aspiración a encuadrar a las Fuerzas Armadas junto a las fuerzas populares. El régimen chavista tiene ese perfil, y hasta se autodefine como un régimen cívico-militar.
Paradójicamente, la izquierda siempre odió a las Fuerzas Armadas, por ser el brazo armado de las oligarquías, sin dejar de buscar una alianza que cambiara el eje de la disputa de fondo. En ninguna parte del mundo ese tipo de solución trajo bienestar y prosperidad a los pueblos. Al contrario, acabaron invirtiendo lo que no han tenido en armamento, como ha sido el caso de Siria, o el de Venezuela, para no viajar tanto.
Tres años atrás, todavía el régimen chavista, con su heredero designado por el propio Chávez, a la cabeza, concitaban el silencio de la mayoría de los medios de prensa latinoamericanos, así como de los propios gobiernos, que, en los hechos, ampararon destituciones express de diputados, encarcelamiento de líderes políticos, y se han guardado de mencionar la presencia abrumadora de personal militar y de inteligencia cubanos en ese país. A Maduro se le fue la moto, llegó a bailar salsa con “la primera combatiente”, Cilia Flores, su mujer, en uno de los salones del palacio de gobierno, a la vista de una violenta acción represiva de la Guardia Nacional contra los jóvenes rebeldes, que enfrentaban a las fuerzas del régimen chavista con escudos de madera. Ha costado mucho que los gobiernos latinoamericanos tomasen medidas contra Maduro, que es un dictador, con todas las letras. El éxodo del pueblo venezolano es sólo parte de una crisis muy profunda que, especialmente, Maduro ha sometido a la ciudadanía.
Pero de todos los gobiernos de la región hay uno que sobresale por su obsecuencia: el nuestro. Acaba de agregar una perla al collar: Mientras nuestros socios y vecinos del Mercosur se levantaron de la mesa para retirarse de UNASUR, Uruguay mantuvo su apoyo a Maduro y compañía, haciendo caso omiso a la creciente acumulación de pruebas de que se trata de un gobierno mafioso, con vinculaciones con el narcotráfico. Fundió la industria petrolera, fomentó la creación de esa especie de bandas con derecho a matar: los motorizados, desconoció olímpicamente el resultado del voto popular en la última elección parlamentaria y montó una Asamblea Nacional Constituyente para anular los poderes de la legítima. Incluso, la Asamblea Nacional designó a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que debe vivir y funcionar en el exterior por el riesgo de que su trabajo fuese silenciado. Ya no hay forma de ocultar el fracaso estrepitoso de la revolución bolivariana.
El gobierno uruguayo no suscribió la redacción final del último encuentro de presidentes en Lima, y tampoco esta decisión de abandonar la UNASUR, aún a sabiendas que esas instituciones acaban siendo un refugio de burócratas y políticos fracasados, dominados por el dinero circunstancial de uno u otro bloque.
La voz de Uruguay se pierde entre tanto estruendo. Los venezolanos perseguidos, y los que, simplemente, perdieron un país que los cobije, están aquí, entre nosotros, trabajando en lo que pueden. ¿Y el Uruguay institucional se pone del lado de quien los expulsó? Una vez más resulta difícil de entender, y más difícil de explicar.
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