Quien sostenga que las medidas extremas que proponen algunos parlamentarios, son parte de la esgrima política es que no está escuchando la voz de la ciudadanía. Al crecimiento del femicidio y los crímenes atroces se le agrega esto que va mucho allá de lo que cualquier mente normal pueda entender: Un padre viola a su hija desde los cuatro años, en su propia casa. Cuando es detenido, ese sujeto es condenado a nueve años de cárcel.
El Betito era uno de los jefes de aquellas tan mencionadas superbandas, que asolaron Montevideo en la década del 90, vinculado al narcotráfico. Se le consideraba uno de los delincuentes más peligrosos del país, jefe de sicarios que manejaba su organización desde la cárcel. Para la policía no cabía dudas de su peligrosidad, estaba alojado en el sector donde van a parar los capos del narcotráfico internacional. El Betito había sido detenido en el año 2006, pero a pesar de todo lo que se sabía de él, fue puesto en libertad el pasado 25 de marzo. Pocos días atrás fue detenido nuevamente, tras una persecución policial donde intercambiaron disparos durante un largo trayecto. Cuando el auto de los delincuentes se detuvo, sus ocupantes escaparon en varias direcciones, pero la policía los encontró desarmados, como unos angelitos. En resumen, la Justicia no encontró mérito para mandar al Betito nuevamente a la cárcel, y fue dejado en libertad.
El pasado 5 de este mes, en el barrio Escalone de Maldonado, una pareja pidió ayuda a unos vecinos para trasladar a su pequeña hija de dos años a la asistencia pública, porque, les comentó, se había desmayado. Los vecinos la vieron en ese estado y la llevaron al hospital junto a sus dos padres. La niña murió a poco de llegar. La muerte había sido provocada por un golpe en la cabeza. Pero no era el único golpe. La niña de dos años mostraba signos de violencia en varias partes del cuerpo, con heridas recibidas en distintos momentos. La policía investigó el hecho y citó a los vecinos que la habían trasladado al hospital. No era nada nuevo, la niña asesinada y dos hermanos eran sometidos a palizas con mucha frecuencia. Nadie había denunciado nada. La madre fue enviada a la cárcel sin admitir su culpabilidad y el padre quedó en libertad, emplazado, eso sí, pero en libertad.
Hay suficientes pruebas para determinar que Williams Pintos es el asesino de la niña Brissa González. Las cámaras registraron casi todo. Cuando la televisión mostró la llegada de la policía al sitio donde Brissa había sido enterrada daba la clara sensación de que iban a un lugar fijo, en medio de un monte de la costa. La policía sabía que allí estaba el cuerpo de la niña que estaban buscando. ¿Pintos había confesado? Un mes antes del asesinato había sido investigado por violencia doméstica y el juez había determinado que no se acercase a menos de 500 metros del lugar donde había cometido actos de acoso, robo, intento de asesinato y abuso de una mujer que, por su parte, tenía tres hijas de otra relación. La jueza interviniente toma una serie de medidas, pero Pintos violó la prohibición de acercarse al domicilio de su expareja, por lo que la jueza tomó la decisión de enviarlo a un equipo multidisciplinario, especializado en violencia doméstica. Las medidas, el diagnóstico, las evidencias del carácter violento de Pintos no impidieron que cumpliese con su abominable acto de abuso y asesinato de la niña Brissa González. Pintos trabajaba como taxista, el dueño del vehículo consideraba que Pintos era una persona tranquila. Esto es espeluznante. Tampoco los vecinos del matrimonio que mató a su hija de dos años, en el barrio Escalone de Maldonado habían imaginado vivir al lado de alguien capaz de matar a golpes a una hija. Tampoco la Justicia que sí sabía la peligrosidad del Betito actuó de acuerdo a esos antecedentes. De a poco parece ir desapareciendo la humanidad de buena parte de los uruguayos y por los huecos de donde hubo un muro aparecen cada vez más espinas. ¿Acabarán tirando abajo nuestro sentido moral y los mecanismos de defensa de la buena convivencia?
Unos días atrás, el ministro Bonomi, acompañado por las autoridades policiales y ministeriales, opinó sobre los puntos de vista que algunos legisladores habían dado a conocer sobre la pena de muerte y la cadena perpetua. En su opinión el aumento de las penas, en ambos casos, no traería como consecuencia la disminución de los crímenes. En América se sigue aplicando en Estados Unidos, Cuba, Guatemala y Belice, aparte de algunas islas del Caribe como Bahamas o Jamaica. ¿Disminuyó el delito en esos países? No se sabe. Pero en cualquier caso, el ministro Bonomi, perdió, una vez más, la oportunidad de callar. Una vez más actúa como operador político no como un ministro que debe frenar su lengua ante la bronca que tiene la gente porque no entiende cómo pasan estas cosas, y él tampoco, porque si no ya hubiese acabado con el infernal aumento de crímenes aberrantes.
Puede haber mejores palabras para dar tranquilidad a la población, pero ante la falta de cintura mejor es no opinar, el que está opinando es el sistema político, y no es el ministro quien tendrá que conducir a los uruguayos fuera de esta locura.
¿Se le puede achacar responsabilidad al Ministerio del Interior? No, de ninguna manera. ¿Tal vez al Poder Judicial? En oportunidades se dice que la policía está enojada con los jueces porque dejan en libertad a delincuentes que da mucho trabajo apresar, y seguramente pueden tener razón quienes piensan así. Pero la Justicia aplica leyes que han sido aprobadas, es su trabajo interpretar y aplicar las leyes vigentes en el país. ¿Quién tiene la culpa, entonces, los legisladores? La democracia es debate, el Parlamento elige las leyes que las mayorías parlamentarias les permite, y esas mayorías salen de elecciones libres, donde el ciudadano expresa su voluntad. Si algún reproche hay que hacer va a recaer, sin lugar a dudas, sobre la ciudadanía misma, que tendrá que dejar de lado su bronca para poder encontrar algo de luz en este interminable martirio de familias que sufren por una u otra razón.
Fernández Huidobro, aunque resulte ingrato opinar sobre alguien que ya no se puede defender, era partidario de la autodefensa, palabras más, palabras menos. Fue como confesar que el Estado no puede garantizar la defensa de sus ciudadanos. Pero su solución no sería ni libertad, ni garantía, ni justa, porque si hay algo irreversible es la muerte, y después que se produce esa muerte “justa” ya no hay marcha atrás, no hay error que se pueda enmendar.
El Código Penal de nuestro país marca una pena máxima de treinta años, a los que se le puede agregar otros quince de seguridad. Pablo Goncálvez sólo cumplió 7 años, sólo 7, reduciendo su pena con trabajo y estudio. ¿Merece ese beneficio un tipo que por su capacidad intelectual pudo aprovechar algo que el legislador otorgó a quien podría acabar siendo útil a la sociedad que agravió en su momento, pero al que lo persigue el arrepentimiento?
Cada uno de nosotros debiéramos sentirnos responsables de cuidar la vida y el futuro de las tantas Brissa González que viven en nuestro hogar común. Estamos distraídos y desbordados. No sabemos cuál es la mejor solución mientras un puñado de delincuentes nos marca el ritmo. No tomar decisiones apresuradas no quiere decir dejar pasar el tiempo a ver si las soluciones aparecen solas, porque lo único que estamos consiguiendo es juntar furia, y eso ya lo vivimos
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