¿Pena de muerte en Uruguay?

 Los trágicos sucesos de las últimas semanas tuvieron su punto de mayor resonancia con el asesinato de Florencia, la cajera del supermercado. La rabia y la impotencia hacen muchas veces que nos aflore el enano fascista que todos llevamos dentro y las redes sociales fueron un claro ejemplo de esto. Muchos  comentarios apuntaba a militarizar la sociedad, a dotar a las fuerzas de seguridad de discrecionalidad para disparar sus armas, a la cadena perpetua y hasta la pena de muerte, para no tener que pagar los gastos de manutención de estos “pichis que no merecen vivir”. Y por otra parte, días pasados una encuesta de Opción reflejaba que el 43% de los consultados se manifestó a favor de la pena capital y un porcentaje aún mayor por la cadena perpetua. Es llamativo que según esta investigación de opinión publica los porcentajes más altos por la pena de muerte son entre los más jóvenes y en los estratos más pobres de la sociedad.

¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Está creciendo en nuestros jóvenes el impulso de aplicar la ley del Talión? ¿Ha mejorado en otros lados la situación este tipo de medidas? ¿Fracasa la educación o la política? ¿Hay una grieta cultural insalvable? ¿Cómo debemos encarar este fenómeno?

Cortar este círculo vicioso por Ignacio Álvarez

Justo es un tema que vengo discutiendo con amigos a quienes considero desarrollados intelectualmente, pero sin embargo me sorprendió sobremanera su radicalidad a favor de la pena de muerte. Un castigo con el que estoy en contra, primero porque no tiene marcha atrás, y la Historia está llena de casos de supuestos asesinos ejecutados que más tarde se supo que eran inocentes.

Pero además, aun cuando se tuviera la certeza de su culpabilidad, filosóficamente me opongo, porque la considero un acto de venganza más que de justicia, y que por lo tanto nos rebaja como Humanidad: asesinar está mal. Punto.

Tampoco considero de recibo al factor disuasivo, porque la experiencia y la lógica indican que no existe tal lógica en la mente de un asesino (miremos si acaso se han frenado los femicidios con el reciente aumento de pena, que insólitamente castiga más duramente matar a una mujer que a un niño).

Y sobre todo, sigo apostando a dar(nos) una oportunidad: que ese asesino tenga la chance de rehabilitarse. Que se le ofrezcan las herramientas, tratamientos y la contención que probablemente no tuvo en su niñez. Y que si luego de ser evaluado seria, prolongada y profesionalmente, demuestra su capacidad de reinsertarse en la sociedad, eventualmente se lo libere, porque tampoco tiene sentido mantener eternamente en prisión a una persona recuperada y productiva, en la cual se invirtieron tantos recursos.

Pero eso sí, de la misma manera, si el individuo demuestra no haberse rehabilitado y es un peligro para la sociedad, soy partidario de la cadena perpetua, y eso es algo a modificar en la legislación vigente. Porque hoy, independientemente de lo peligroso que siga siendo un individuo, cumplida la pena se lo libera sí o sí, sea un pedófilo compulsivo o un psicópata asesino.

Para terminar, tengo claro que la forma de combatir estos hechos es por un lado mejorando la eficacia policial, de forma de proteger a la sociedad de sus agresores (recordemos que con el caso del Kiki nos enteramos que hay más de 200 requerimientos por homicidio). Y por otro, atacando sus causas, que en última instancia se vinculan a algo tan básico y tan difícil de implementar como lo es el amor. No es novedad que cada uno da lo que recibe, y esto no se relaciona tanto con la pobreza como con los referentes y seres queridos de nuestros niños. ¿Pero qué se puede esperar como padres de los que crecen como hijos olvidados? Mi inevitable conclusión es por lo tanto escéptica en una sociedad que se está deteriorando día a día, y lo único que vislumbro es la posibilidad de apostar a intervenciones masivas con escuelas de tiempo completo y con tantos Jubilares o Impulsos como sea posible, para que la mayor cantidad de niños y adolescentes puedan tener la contención, formación y los modelos que no tienen en sus casas, que les permitan cortar este círculo vicioso. Y por supuesto cárceles que busquen lo mismo.

Mi pobre angelito delincuente por Perla Lucarelli

La delincuencia tiene en vilo a toda la sociedad, pues no sabemos en qué momento podemos ser robados, agredidos o incluso asesinados por un desconocido. Ahora, antes de salir de casa, tenemos que pensar a dónde queremos ir, a qué, qué es lo mínimo que podemos llevar, a qué hora debemos volver, cómo volvemos y hasta si nuestra casa puede quedar sola…Convivimos con el miedo, tras las rejas de nuestro propio hogar, salimos con miedo, exponemos nuestra vida e integridad, trabajamos con miedo.

Los uruguayos no estábamos acostumbrados a vivir así. Uruguay era el país más seguro de la región y uno de los más seguros de América Latina.

Lo más triste y peligroso es la pérdida absoluta de los códigos de la delincuencia. El delincuente, hoy, no sale solo a robar. Sale a matar, aun si ya ha robado. Lastima, mata a ancianos, menores… Es impiadoso, mecánico.

¿Cómo se ha llegado a esto? Desde hace unos años a esta parte, hemos visto cómo el Sistema ha venido favoreciendo y facilitando la tarea a los delincuentes. Se ha gestado una “victimización del delincuente” y un verdadero desinterés por la víctima real del delito, hasta llegar a la impunidad con la que roban y matan hoy en día. Se creen dueños de la vida de los demás, tienen la “pena de muerte” en sus manos, sitian a la gente honesta y trabajadora, que se ve obligada a ser sus rehenes por ser justamente eso: honestos y trabajadores. Todo el Sistema Judicial y el Nuevo Código de Proceso Penal está diseñado para “ayudarlos” adelinquir con total y absoluta libertad de acción. Insólito, ¿no?

La delincuencia no va a parar mientras el delincuente, que se sabe impune y protegido por el sistema,siga viendo que sus delitos no tienen consecuencias reales y duraderas. Mientras siga entrando y saliendo de la cárcel como deporte, seguirá burlándose del sistema y continuará delinquiendo.

El delincuente tiene que saber que si comete un delito le espera una pena de prisión que puede llevarle muchos años y hasta EL RESTO DE SU VIDA y en una cárcel – fábrica, donde tendrá que procurar su propio sustento y destinar una parte de su trabajo a una pensión para su víctima o familia de esta. Basta de presos mantenidos por el Estado. Cárceles autosustentables. El delincuente pensará si delinquir o no SOLO cuando TENGA LA SEGURIDAD que le espera una buena cantidad de años (o el resto de su vida, dependiendo del delito) en una cárcel donde tendrá que trabajar para vivir dignamente y obtener su propio sustento; si no, no comerá. Y muy importante:  parte de su trabajo será para resarcir a su/s víctima/s, LAS VICTIMAS REALES, en forma vitalicia.Solo de esta manera, sabrán que robar y matar NO ES GRATIS. Solo de esta manera tendremos esperanzas de presos recuperables y una real baja de los delitos. Con el sistema actual, IMPOSIBLE.

¡Pena de muerte nunca! por Washington Abdala

En los Estados Unidos está probado que uno de cada diez afrodescendientes condenado a la pena de muerte fue asesinado injustamente por el sistema. Esto es oficial, no una opinión. O sea, la pena de muerte mata gente inocente. Punto.

No, la pena de muerte jamás será una opción para nadie sensato. Los humanistas no vamos por allí jamás.

Solo las turbas enloquecidas claman por ella, pero no es una opción democrática.

Creo si, que la cadena perpetua revisable debería ser un asunto a analizar en este país (la mayoría del planeta occidental la posee). Cuarenta y cinco años para seres irrecuperables entiendo que no sirve. Máxime cuando los institutos que benefician al criminal se disparan y reduce su pena siempre. Nadie nunca en Uruguay estuvo ese tiempo. Nadie.

Esto no se quiere discutir en Uruguay. Esta discusión si es compleja.

La ciencia demuestra que hay personas que no volverán jamás a ser “sanas” y no podrá convivir con los demás. No hablo de “inimputables” por pérdida de conciencia y voluntad de sus actos, hablo de seres que simplemente por su psicopatía no sienten el daño hacia el otro. Pero son conscientes de lo que producen y no los afecta para nada. Mis colegas abogados saben la tensión entre el articulo 18 y el 30 del código penal.

Este es el debate. Hay varios asesinos que sabemos –por estudiar sus casos a fondo- que están por fuera de los valores de convivencia social colectivos. Esas peligrosísimas personas no deberían volver a la sociedad por el bien de todos. Pero como Uruguay es un país en que estos asuntos solo los afirmamos unos pocos, así quedan, encerrados en una biblioteca jurídica hasta que la realidad va mostrando su lado más cruel. Los “abogados sensibles” se ponen del otro lado de la biblioteca y sostienen que la “rehabilitación” es una máxima dogmática. No lo entiendo así, creo que leen mal la constitución y la ley penal. La rehabilitación solo vale para el que la puede procesar, no para todos. Es un derecho-deber no un regalo de la vida.

Y, como siempre, tienen que pasar tragedias como las que vivimos por estos días para que los “máximos” penales aparezcan. Y no debería ser así. Si se necesita de lo aberrante para entender lo obvio es que estamos perdiendo la capacidad de razonar entre lo justo, lo necesario y lo ideal. Es justo y necesario que ciertos individuos no vuelvan a la sociedad. Es ideal creer que serán rehabilitables todos, eso no es cierto. Lo sabemos de memoria.

Cada vez más, se sabe científicamente del cerebro, asuntos que no se conocían de él. No es la teoría Lombrosiana, es que de veras hay personas que hacen el mal sin sentir nada. Todo indica -según los expertos- que hay gente “irrecuperable”. Los que estamos en el territorio del derecho lo sabemos. En mi caso, por haber actuado en infinidad de casos en defensa de la policía en el territorio jurídico en hechos de sangre y muerte, he conocido esos perfiles humanos y no son experiencias gratificantes conocer esos individuos. No es broma de lo que hablo y creo que muchos de los que teorizan jamás se enfrentaron cara a cara con individuos que parecen salidos infierno del Dante. Pero son de verdad y están allí, castigando a una sociedad y a un sistema que empieza a no saber que hacer con ellos.

No deberíamos terminar como Brasil. Ese es el final patético de la película porque allí terminan castigando a cualquier inocente. Esa es la lección a evitar no el modelo a seguir. Tampoco podemos seguir repitiendo que nuestro modelo es el sueco. No se puede ser ingenuo. No resulta serio sostener que podemos ser Nueva York de Giuliani en unos meses (no digo no tener en cuenta su opinión, solo afirmo que estamos en Uruguay y los caminos son otros.) Lo que está claro es que el país requiere un nuevo pacto colectivo de seguridad, que se requiere mejor legislación, que la policía requiere más motivación, formación y confianza (y no es solo económico el asunto). Se requiere de un consenso sobre medidas operativas que acorralen al asesino irrecuperable pero que simultáneamente “achiquen” espacio a la rapiña cotidiana. Es invivible un país en el que el tema de seguridad es el central en la vida de la gente.

En el parlamento cuando se creo el “copamiento” como súper figura penal, fui de los que en su oportunidad redactó con otros colegas esa norma (con la asistencia de pocos connotados juristas porque nadie le quería poner rostro). Es más, fui el miembro informante de esa ley por la comisión respectiva. En su oportunidad me dijeron de todo. No quedó penalista que no nos pisara la cabeza. ¿Qué pasó en la vida? Que el “compamiento” era real, masivo, que necesitaba una sanción asimétrica pero severa y que solo así se lo lograba ubicar como correspondía para frenarlo (por cierto era una sumatoria de otras figuras penales, pero ese no era el debate, el debate era si había que darle más pena a esos comportamientos.) Y se frenó. Esa es la evidencia. O sea, hay leyes que sirven. No es cierto que el delincuente no conoce las normas, las tiene de taco.

¿La inflación penal es mala? Si, si es un recurso a mano y para satisfacer a las masas (y adquirir votos). Ahora, si es un dato de la realidad, si los individuos no tienen destino humano posible, una pena absoluta como la cadena perpetua (revisable en algún momento) sería lo lógico. Y muchas normas más que sabemos se necesitan pero que solo el olor a sangre hará que nazcan. Penoso que ese sea el camino. Penoso y lamentable.

Pero pena de muerte no, ya lo sabemos. Este país es maduro en eso.

El mayor aliado de la delincuencia es la impunidad  por Guillermo Maciel

Es grande la angustia de la gente ante el delito, la situación de la inseguridad se torna hasta desesperante. Muchas personas sienten que tienen temor de dejar su casa sola o salir de ella. Hay un sentimiento de orfandad. Si no se está seguro en un lugar (casa, escuela, trabajo, calle) es porque las autoridades no dan las garantías suficientes y no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades con eficacia.

Paralelamente, el presupuesto destinado al Ministerio del Interior se multiplicó casi por 4; y está mucho mejor en cantidad de funcionarios, en armamento, en vehículos, en equipamiento, en tecnologías, en mejores salarios, en absolutamente todo. Cabe entonces cuestionarse: ¿Los uruguayos estamos mejor en seguridad?

En los primeros 55 días del año ya ocurrieron 69 homicidios, es decir promedialmente más de uno por día. Una cifra realmente record. A su vez, el año pasado tuvimos un nuevo aumento de crímenes que alcanzaron los 283.

La responsabilidad por la inseguridad no puede atribuírsela a la sociedad. Decir “La culpa es de la sociedad” es la frase perfecta para que la culpa no sea de nadie y que todo siga igual.

Tampoco es válido generalizar en el Estado. En materia de seguridad no fracasa el Estado, fracasa quien lo gestiona: el gobierno. Y tampoco la tiene la prensa por informar de la realidad que nos afecta.

Cada día los uruguayos gastan más en seguridad, en cerraduras, rejas, alarmas, seguros, los guardias seguridad privada, etc. tratando de protegerse del auge delictivo. Prueba de que la inseguridad ha empeorado.

La constante de muertos y heridos, de asaltos y rapiñas, de golpes a remesas y redes de pagos, a shoppings, a casinos, a cajeros automáticos, a lo que se suman asonadas en avenidas y calles, y hasta los casos de familias humildes expulsadas de sus casas por bandas de narcotraficantes, ilustra hasta el grado que se ha llegado. Y cuando se llega a la situación límite en que las víctimas del delito son los propios policías (rapiñaron a tres en una semana) significa que el desborde es gravísimo y el fracaso es rotundo.

Gran parte del problema radica en que el mayor aliado de la delincuencia se llama impunidad.  Es decir, si los delitos no se aclaran, si el delincuente no es capturado, si no se consiguen las pruebas, si no se lo lleva a la justicia, y una vez que se cumplen todas esas etapas la justicia no lo logra procesar, o lo procesa y no cumple la totalidad de la pena, estamos ante un problema. Porque el delincuente lo que percibe es que hay una especie de luz verde para seguir delinquiendo, donde el mismo se transforma en un «negocio próspero».

La impunidad opera como casi un incentivo. Cabe consignar que la reinserción social debe ser un objetivo a cumplir de la condena, pero su fin primero y principal es la protección social de la mayoría silenciosa que no delinque.

La fuerte caída en la aclaración de los homicidios, donde la tasa de no esclarecimiento es del 49,8,  implica que la mitad de los 283 homicidios ocurridos en el año pasado estén sin aclarar, y ello es un dato brutal de impunidad.

Se ha publicado que el ministro habría señalado que iba a crear una especie de dirección de investigaciones, que la prensa incluso la puso “el FBI uruguayo”, pero las comparaciones con el FBI que se hace dejan mucho que desear El FBI no recoge pruebas de crímenes en cajas de bananas, el director del FBI no se va de vacaciones cuando le están explotando cajeros, robando los locales de cobranza y cuando tiene un muerto por día.

Otro punto cardinal es el de la rehabilitación. Y los números en esta materia también dejan mucho que desear (el 80% de la población reclusa no estudiaba, el 65% no trabajaba y el 60% son reincidentes).

Cambiando al Ministro del Interior y a su equipo no va a cambiar todo, pero muy probablemente dejando a este equipo no va a cambiar nada.

Suenan las alarmas por Mauro Mego.-

Los procesos de fragmentación social y marginalidad en el Uruguay, no eran cuento. Décadas de deterioro, y de un profundo cambio social gradual atizado también por fenómenos globales, están dando sus resultados. Los dispositivos que hace medio siglo amalgamaban la sociedad uruguaya hiperintegrada, hoy no resuelven estas grietas socioculturales. Creo que, propio de nuestra histórica autocomplacencia, no advertimos nunca la profundidad de este proceso, tal vez por tener realidades mucho más dramáticas en el vecindario o por esa  máxima inconsciente de que seríamos diferentes al resto. Lo cierto es que durante décadas este proceso se fue desarrollando lentamente, junto con factores nuevos que fueron apareciendo, como la explosión tecnológica, de comunicación y el interminable espiral consumista. Así podemos constatar que no hay, y no sabemos si alguna vez lo hubo, un solo Uruguay sino que hay varios, dependiendo del lugar dónde toque nacer. Verdaderas culturas  muy diferentes conviven hoy a cuadras de distancia. Un conjunto acumulado de déficits (económicos, culturales, sociales) a los que arrojamos a miles de compatriotas durante décadas. Los gobiernos del FA han intentado abordar por primera vez este tema y queda aún mucho por hacer, y en muchos casos, quedan elementos por replantear.

A partir de que los resultados no deseados de esta realidad salen a la luz en forma de hechos violentos, se activan las alarmas. Claro, son alarmas diferentes a las que uno leía en el diario hace 20 años, dónde también había delitos y muertes. Ahora la espectacularización de la sociedad, que ha llevado lo privado a lo público, lo secundario al podio de lo importante y la muerte a cada televisor o pantalla de móvil, potencian el mar de emociones violentas que muchas veces leemos en redes sociales, ese extraño sitio que hoy marca la agenda. Tenemos también la mala suerte ya histórica de tener elencos políticos, y mayormente buena parte de la oposición, entregados al cortoplacismo electoral, lo que hace aún más compleja la búsqueda de soluciones reales, que lejos están de militarizar las calles, de otorgar discrecionalidad a la Policía para el uso de la fuerza y mucho menos ese triste reflejo de plantearse la pena de muerte. Sueño ingenuamente que todo el sistema político repudie de plano estas “soluciones”, no solo por lo que filosóficamente constituyen para una sociedad democrática sino por la sobrada evidencia empírica que muestra que ninguna de ellas, ni aisladas ni todas juntas, han resuelto nunca estos dramas humanos.

¿Queremos  combatir muerte con más muerte?, pedimos seguridad  pero no queremos gastar en tener cárceles de primer nivel, o centros de reclusión juvenil útiles. Humanizar cárceles, invertir dinero allí, mejorarlas, intervenir la raíz de los dramas como la alarmante infantilización de la pobreza que aún está entre nosotros, y entender que en la democracia quien delinque también tiene derechos que solo la Justicia-y no la venganza-puede garantizar.-

La caducidad de las pretensiones sociales en un mundo envilecido por David Rabinovich

Opción Consultores: 78% de los uruguayos está a favor de la cadena perpetua y 43% a favor de la pena de muerte. Palabra más, palabra menos, esta frase fue insistente titular en los medios.

La expresión “vox populi, vox Dei” o sea, «la voz del pueblo, [es] la voz de Dios»,  es explicada en Wikipewdia como «la opinión popular de la gente ordinaria revela la voluntad de Dios y debe obedecerse». Indica entonces que, sean o no acertadas, las creencias populares​ se imponen por su fuerza irresistible y no es prudente oponerse a ellas.

Pero las encuestas no parecen ser infalibles, ni son la voz del pueblo y mucho menos la de Dios. Me permito concluir que no pasa de ser otro argumento para justificar lo que ha demostrado ser inútil a los fines declarados. No se arregla la “inseguridad” en base a reprimir el delito cometido en lugar de buscar, en primer lugar, mecanismos de prevención adecuados.

En El Observador leo: “Solo una cultura de tolerancia cero ante las transgresiones, junto a una enseñanza eficaz e integradora, al pleno empleo, una Policía eficaz y respetada y a un sistema carcelario modélico pueden reducir drásticamente la delincuencia. Y además se requiere paciencia, pues los resultados se ven en el largo plazo. Eso es lo que muestra la experiencia internacional exitosa. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Uruguay parece haber tomado el camino inverso: superabundancia de diagnósticos y justificación permanente del fracaso, más un discurso hipócrita.”

Si de discursos hipócritas hablamos hay que valorar, en el de las derechas, la falta de severidad para con los peores delitos de lesa humanidad o los de ‘guante blanco’ y los negocios turbios, la evasión y la elusión fiscal, las fortunas fugadas a las guaridas fiscales… No puede ser sólo tolerancia cero para nosotros: ‘los pichis’. (Pichis por pobres, jóvenes, infractores, de izquierda como en la dictadura o ‘diferentes’).

Se pregunta el editorial de El País -un domingo, día de mayor venta:- ¿de dónde hubiera podido sacar el Kiki la idea de que no debía hacer eso, si las instituciones y la sociedad entera le habían dicho siempre que podía hacer cualquier cosa y no pasaba nada? Y fundamenta su crítica feroz a las instituciones y la sociedad entera, dejando afuera la responsabilidad propia y supongo que la de los que piensan como ellos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?

Si la sociedad se ha envilecido y la calidad de la democracia se deteriora ¿dónde están las responsabilidades? ¿En las izquierdas que reivindican tozudamente, justicia, equidad, solidaridad, tolerancia, educación y cultura? ¿En las derechas que confunden libertad con falta de límites para el afán de lucro, que promueven el egoísmo y la falta de responsabilidad social?

La encuesta aludida responde con claridad a una cultura de época producto de un sistema social históricamente determinado. Si una amplia mayoría está de acuerdo en aplicar la cadena perpetua, como ya se le aplica a los enfermos mentales; si  casi la mitad considera pertinente además la (re)instauración de la pena de muerte, porque tenerlos presos sale caro, ¿fracasa la educación, la política o la sociedad capitalista? ¿Hay una grieta cultural insalvable? Quizá sea que mantener los privilegios de pocos implica, en los hechos, marginar una gran parte de la humanidad. La inclusión tiene un precio y la exclusión otros costos.

Los pelones por Esteban Pérez

En aquellos largos veranos de la infancia tuve el privilegio de pasar periódicamente algunos días en la quinta de mi tío. Correteábamos con mis primos detrás del arado observando el esfuerzo de los enormes bueyes, disfrutando el canto de los pájaros y el dulce aroma de los frutales.

Cierto día el tío notó con disgusto y preocupación que un árbol de pelones estaba infectado por el bicho taladro. Nos explicó que ingresa por una rama y si no se la corta a tiempo, muere el árbol y se contagia todo el montecito. Observó, tomó una decisión y serrucho en mano,  cortó el frutal a la altura de la raíz; inmediatamente lo prendió fuego hasta convertirlo en cenizas, ante la mirada de nuestros infantiles ojos que veíamos aquello como el velorio de un amigo.

Hay quienes quieren prender fuego y quemar a los “Kikis”, llenos del mismo odio que éstos tienen hacia la sociedad: reclaman cadena perpetua y pena de muerte… se están equivocando de árbol.

Pasan por alto que la pena de muerte ya se aplicó en este país en forma institucional, brutal y sus verdugos aún siguen impunes: los que torturaron y asesinaron a prisioneros políticos durante la dictadura.

Está vigente también hoy cuando una banda realiza un “juicio” ejecutando a quien no cumple determinados códigos, los llamados “ajustes de cuentas”.

Existe además en las condiciones de vida impuestas a sectores de la población que nacen y crecen mal nutridos, sin posibilidades, marginados del sistema, sentenciados a terminar en una vida indigna o en una prolongada agonía en nuestras cárceles.

Reitero: se están equivocando de árbol, miran el arbusto y no ven el gigantesco árbol podrido, el sistema bajo el cual vivimos y la mayoría padecemos: el capitalismo.

Una vez más debemos asumir con decisión, firmeza, coraje y organización que hay que cortarlo de raíz.

Una sociedad que está basada y fundamentada en la explotación del hombre por el hombre, inevitablemente genera miseria, guerras y muerte.

Debemos generar conciencia, organización y nuevos valores, a la vez que ir delineando en forma comprensible el modelo de sociedad igualitaria y justa que se convierta en la meta a alcanzar.

El recreo que el Imperio concedió a Latinoamérica se está terminando; relámpagos de tormenta nos rodean desde los países vecinos.

La etapa del progresismo concedida por el poder económico mundial para ordenar el caos generado por las dictaduras agotó sus posibilidades una vez cumplido su objetivo.

Ahora el sistema necesita tirar del lazo para exprimir las materias primas de nuestras tierras.

Los gobiernos progresistas deberán, en mediano o corto plazo, apretar hacia abajo aggiornándose a los intereses imperiales (se terminó la bonanza), o dar un salto hacia la izquierda pegándole un hachazo a las estructuras del sistema.

En la situación anodina en la que se encuentra hoy nuestro gobierno, no sólo no dará ese hachazo, sino que además está generando condiciones para el retorno de la cara más fea de los gobiernos burgueses o (lo que también es posible), se convertirá en represor de su pueblo.

El gobierno ha generado suficientes leyes y decretos no aplicados aún que,  junto con un aceitado aparato represivo, están destinados a reprimir movilizaciones populares con una eficiencia institucional como no se ha visto hasta ahora.

Pero, de ser desplazado en las próximas elecciones, esas herramientas las utilizará quien lo suceda. No queda otra alternativa dentro de este sistema.

Ante este panorama, lo que sí tenemos el deber de realizar es  ir preparando al movimiento popular para hinchar el lomo y mostrar los dientes.

Pena de muerte, ya existió en Uruguay por  Milton Romani

Regresábamos del recreo. Escuela República Argentina. Salón de quinto año, con grandes vidrios esmerilados hacia el segundo patio abierto. Amanda Aurora Goyen, que había sido maestra rural, nos dijo mirando el reloj: Niños, a esta hora están matando a un hombre. Quedamos helados. Ella empezó un corto pero emotivo mensaje humanista, que la llevo a sacarse sus anteojos negros que siempre usaba, y secarse las lágrimas. ¨Así es, agregó. En una cárcel de EEUU están matando a un hombre en la cámara de gas por crímenes que él dice no haber cometido. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie¨ En aquellos momentos el caso Caryl Chesman fue noticia mundial. Había estudiado derecho en la cárcel y hacia ejercicio de su defensa. Los medios de entonces lo titulaban El asesino de la luz roja. Quizás no era inocente. Pero no merecía morir. Procesado 1040, que se ha dejado de difundir, planteaba que todos podemos ser presos en algún momento. Eso lo sabemos bien.

La gente que se transforma en turba y pide pena de muerte es impermeable a los argumentos racionales. Porque están reaccionando primariamente a un instinto salvaje. Lo que es imperdonable en términos de convivencia, es que haya políticos que siguen fogoneando este tema en forma totalmente irresponsable. Para no citar el rol de algunos medios de comunicación que son, francamente, amplificadores y grandes escuelas del crimen. Que es sino, los reiterados videos de copamiento de estaciones de servicios o de supermercados, con el detalle de como entran, como amenazan y como se fugan. ¿Esto es disuasivo? No lo es. Resulta que hay un mito que impide que se den noticias o se graban videos sobre suicidios. Fui voluntario en Prevención de Suicidios durante cuatro años. Se de lo que hablo. No hay ninguna ley que impida eso. Pero se sabe que hay un efecto imitación, y que la aparición de la noticia, ¨invita¨ por decirlo, e impulsa al acting a quienes tienen ideas de muerte. Porque no sería lo mismo en los atracos e incluso en los homicidios. Creo que hay una ética de la comunicación que tendría que estar al servicio de la prevención y la convivencia y que no colide con la libertad de expresión.

El tema es que solo quieren satisfacer, sus deseos primarios de venganza y le importan tres carajos si es o no útil. Es bastante fácil deducir que la pena de muerte, como la intensificación de todas las penas, la inflación penal, nunca ha servido para un carajo. Claro que nunca piensan en la retaliación, o como esto incrementa la violencia. Una vez declare a Voces:

¨Los pibes del Marconi están diciendo: “Vení, yo quiero bronca, yo estoy acostumbrado a los palos.” ¿Qué les vas a proponer? ¿Rigor? Eso es profundizar la escalada de violencia por parte del Estado. Preguntales a Colombia, a México, a todos, preguntales qué lograron aumentando los niveles de violencia. A lo mejor no tengo la solución, pero lo que te puedo asegurar es que si les das palo, ellos van a decir: “Vení. ¿Me metés en cana? Me escapo” Te voy a decir una cosa como profesor de psicopatología. ¿Sabés a quien es al único que calma el diagnóstico? Porque viste que en psicología y en salud mental son enloquecidos por tener un diagnóstico. Al único que calma es al diagnosticador, porque al tipo al que le hiciste el diagnóstico no lo calmaste nada. ¿A quién calman las penas? Al que pone las penas, que piensa que resolvió un problema. El fenómeno no lo resolvió. Milton Cairoli, cuando fue a la comisión de adicciones de Diputados se quejaba diciendo que ya lo habían convocado en el año 97 porque habían querido poner el delito de copamiento. ¨No, no creen un nuevo delito, porque el delito de copamiento es un delito de rapiña con privación de libertad¨ Lo crearon. En esa época había dos copamientos, y ahora que existe el delito hay cuatrocientos¨

Las sociedades necesitan cada tanto un chivo expiatorio que purgue las penas de todos y todas. El odio es un componente inevitable de los seres humanos, y para muestra está Mercedes Vigil hablando de Daniel Viglietti. Todo lo malo lo colocamos en alguien, que quizás no es un santo, pero que se lo demoniza de tal forma que no hay lugar para ningún rasgo de humanismo. Insólitamente en estos últimos hechos, el rasgo humano partió de los familiares de Florencia y de la mama de Christian Pastorino. Que la crónica policial espectacularizada siempre le roba la identidad. Es difícil recordar el nombre de El Pelado, que fue todo un icono criminal y al que muchos hubieran matado. Hace tiempo allá en los 60, fue la época de El Cacho. El símbolo uruguayo del Mal¨ títuló Eduardo Galeano a una crónica y reportaje  al infantojuvenil (así se lo etiquetaba) Zelacio Durán Naveiras, alias «El Cacho».

Pena de muerte ya se practicó, y como, en Uruguay. Sin vericuetos legales. No se trata de un recurso evasivo, sino en señalar que esto ocurrió y esta impune. En materia de seguridad ciudadana, sigue siendo una amenaza.  Recordemos la tesonera investigación de Roger Rodriguez.

¨El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a Montevideo, de forma ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” de Automotores Orletti. Fueron entregados a oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos. El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), tripulado por el mayor Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro Malquín (copiloto) y el capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la plataforma de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter Dopazzo. Los 22 uruguayos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya. Fueron secuestrados en sus domicilios en setiembre y octubre por comandos de una coordinación represiva integrada por la Policía Federal, la banda de Aníbal Gordon y militares uruguayos. Los últimos estaban comandados por el mayor José Nino Gavazzo del Servicio de Información y Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina operaron los oficiales Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo Medina y José Sande, además de un grupo de soldados¨

Es el mismo grupo criminal organizado estatal, que aplicó la pena de muerte a Zelmar, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Whithelaw. Los mismos que trasladaron desde Buenos Aires a Floreal García, Mirtha Hernández de García, Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo de Brum, embarazada de seis meses y medio, y Graciela Estefanell y le aplicaron pena de muerte en Soca, dejando desaparecido al niño Amaral Garcia que como otros niños solo fueron recuperados a pura militancia. Que cumplía órdenes, alguna de las cuales fueron decididas en el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) presidida por Juan Maria Bordaberry. Como también fue decidida la pena de muerte para Elena Quinteros según el Memorándum Secreto que condeno a ex Ministro de RREE Juan Carlos Blanco.

No hay alarma sobre estos hechos. Nos sigue indignando a muchos. La inseguridad de los mismos permanece por el cerrado secreto de las instituciones castrenses, que si tienen información y siguen, ominosamente, guardando camposantos ilegales en los cuarteles de la patria.

Llueve sobre mojado  por Gastón Villamayor

La pena de muerte en Uruguay es inconstitucional y aunque se reformara la Constitución, los tratados internacionales que Uruguay ha suscripto hacen imposible su aprobación, hacerlo aislaría a Uruguay absolutamente del Derecho Internacional, ergo es imposible. Hay que ser bien claro con esto y evitar opiniones que promueven la ignorancia.

Cada vez que sucede una muerte violenta en el contexto de un delito vivas voces levantan la bandera de la mano dura. Perdón, cada vez que sucede una muerte violenta en el contexto de un delito, no. Porque cuando el delito es un femicidio, los iluminados que aparecen con recetas mágicas para solucionar la inseguridad, paradojamente no se indignan, ni siquiera esbozan una mínima preocupación. Algo que me da un poco de vergüenza es como en estos casos se esconde el reclamo demagogo que exige primacía jurídica sobre la política, se esconde cuando la cuestión es sobre legislación penal y los mismos que claman por lo jurídico sobre lo político, son los que promueven una justicia que se lleva puesto al Orden Jurídico. Capaz sea reiterativo con las palabras de esta columna, pero no menos que el debate que nos convoca. Esta ambigüedad de la que hablo, es vieja conocida para políticos y juristas. En 1934 cuando Goyena expuso los motivos por los cuales legislaba el Instituto de Reincidencia, explicaba que pese a ser inconstitucional, y violatorio de los principios jurídicos penales más elementales, optaba por legislarlopara saciar el “clamor social”, explicaba que la sociedad no sería capaz de comprender el non binis ídem, principio de derecho que prohíbe castigar dos veces a un individuo por el mismo delito,  por tanto, no puede ser factor de agravamiento de una segunda pena por un nuevo delito. Es decir que en Uruguay desde la entrada en vigor del Código Penal, lo político se lleva puesto a lo jurídico. Hace unos meses en este mismo espacio mencionaba otro ejemplo, el de la ley 19.446 que restringe la libertad provisional, condicional y anticipada (derechos constitucionales), de reincidentes y reiterantes; previo a su aprobación se solicitó informes técnicos a las asociaciones que nuclean magistrados, defensores de oficio, fiscales e incluso al Instituto de Derecho Penal de la UDELAR. En forma categórica y unánime, todos los informes fueron negativos al proyecto de ley. Fundamentación técnica, incuestionable por la academia, se pronunciaba en contra de ese proyecto de ley 100% político. Fue aprobado por todos los partidos políticos excepto Unidad Popular. El diputado y abogado Pablo Abdala salió en la prensa expresando satisfacción por haber dado primacía al “clamor social”, el mismo argumento que 80 años atrás Goyena exponía en los motivos del CP. Finalmente hace unos meses se declaró inconstitucional y ni Pablo Abdala ni el resto de los legisladores que votaron ese mamarracho dijeron algo. Unidad Popular podría haber salido a capitalizar eso políticamente, pero tampoco lo hizo, y me parece bien.

Se me ocurre que capaz un día ante una muerte violenta en el contexto de un delito, después de repetirse hasta el hartazgo la noticia, el video y los comentarios sobre el hecho, a algún político se le ocurre mirar la historia, el derecho comparado, escuchar a los juristas y se da cuenta que la inflación penal nunca ha sido una solución para el problema de la inseguridad. Capaz un día a algún político se le ocurre incorporar en el debate la rehabilitación como primera medida al problema de la seguridad. Mientras tanto, seguirá lloviendo sobre mojado.

La violencia está en nosotros por Florencia Cornú

Como al fuego, algunas veces logramos domesticarla y otras parece consumirnos, dejándonos frente a la desolación más absoluta. El dolor y la indignación que provocan ciertos actos parecen quemar aquellos valores que son lazos indispensables para construir una sociedad en la que valga la pena vivir. Y entonces morimos varias veces:  cuando el homicida toma la vida de la víctima y nos expone a todos a su violencia; cuando en medio del dolor queremos institucionalizar la emoción de la venganza; cuando se manipula la inseguridad a la espera de que no haya valor que no estemos dispuestos a empeñar gracias al miedo.

Discutimos con la piel en carne viva y es difícil sintonizar los argumentos y hablar sobre lo mismo. Se dice, por ejemplo: la pena de muerte existe y la aplican los delincuentes. Por efectiva que pueda parecer esta frase, no se puede compartir. Los delincuentes cometen crímenes, las penas las aplica el Estado. Y la respuesta del Estado no debería ser, lo que yo entiendo, es una manifestación de barbarie, no de justicia.

Según cifras de Amnistía Internacional, en el año 2016 se produjeron 3117 condenas a muerte en 55 países.  Los países con más condenas no son, precisamente, los menos violentos: Arabia Saudita, Irán Irak y, en occidente, Estados Unidos.  En ese año, en este país se cometieron 17.250 asesinatos y hubieron 32 condenas a pena de muerte. Las cifras parecen mostrar que el pretendido efecto “desmotivador” de la pena de muerte no es tal.

Una de las preguntas que tiene pretensiones de ser la llave que cierre la discusión es: “Y si fuera tu hija, no querrías verlo muerto?”, como si esa respuesta individual pudieran ser la medida de la respuesta institucional. Hace muy poco, en Florida (EEUU), una madre mostró, que esa respuesta tampoco es única. Su hija era como Florencia, una joven mujer trabajando en una tienda. Sin ninguna razón, el hombre que había entrado a robar disparó y la mató. La madre pasó años tratando de entender por qué y en ese proceso, conoció al homicida y ha luchado contra la propia fiscalía para evitar que lo maten. Clama que el proceso de años el homicida en el corredor de la muerte solo servirá para mortificar a su familia.

Pero una pregunta tan o más difícil que la anterior es: ¿Y si el condenado fuera tu hijo? Porque si fuera el hijo de otro, es casi seguro que tratemos de poner al padre en el mismo cadalso del hijo. Pero, y si no fuera el hijo de otro? Todos tenemos un lugar en el que no nos imaginamos estar nunca y hablamos desde el púlpito de esa certeza. En Texas, esta vez un padre que perdió a su esposa y a uno de sus hijos, tuvo la oportunidad de mostrar que se puede ser estar a ambos lados de la pregunta. Igual que la madre de Florida, tuvo que luchar para que el Estado no matara al homicida de su familia. Pero esta vez, el homicida era su propio hijo. El jueves pasado, en un hecho poco frecuente, el gobernador, defensor de la pena de muerte, conmutó la sentencia.

Otro argumento frecuentemente utilizado es el del peso económico de mantener a un criminal, irrecuperable, preso. Sin entrar en el árido terreno de nuestras penas como medios de rehabilitación, esta variación macabra del utilitarismo, además de ser moralmente insoportable, ni siquiera es verificable.  Sucede que, salvo que se pretendan ejecuciones sumarias, la barbarie se tiene que vestir con un poco y, mal que pueda pesar, existen las garantías del debido proceso, los recursos, instancias todas que se cumplen y que pueden llevar a tener condenados por décadas en los corredores de la muerte. La semana pasada, en una cárcel cerca de donde vivo, sin ir más lejos, se ejecutó a un violador y homicida, luego de 25 años. Sus últimas palabras fueron: “asesinos, asesinos!”

¿Pena de muerte o muerte de pena? Por Oscar Sarlo

Una vez más, como un rito que celebra nuestras raíces bárbaras, ante una muerte que nos indigna, se lanzan voces de venganza expiatoria, bajo el nombre de pena de muerte.

Como muchos ritos bárbaros, algo hay que sacrificar; para algunos, el sacrificio lo pagarían los asesinos, pero me parece que a esta altura de la civilización, el sacrificio recaería sobre nuestra racionalidad colectiva para encarar con madurez los problemas sociales. Y esto, en puridad, es como para morir de pena.  Y esto por varias razones.

(1) Primero, porque parece que no nos diréramos cuenta de la diferencia entre existe entre venganza y derecho penal. Si advirtiéramos que el derecho penal es si una respuesta, pero una respuesta racional a las ofensas sociales graves, entonces no caeríamos en (2) la segunda irracionalidad: plantear o sugerir o alentar el rediseño del sistema penal en plena histeria colectiva por un hecho indignante. ¿Por qué no se plantea mejor –lisa y llanamente- las bondades de la venganza, y dejamos tranquilo al sistema penal? ¿Por qué no sugerimos que –además de matar a los asesinos- habría que violar a los violadores, y torturar a los torturadores, y tirar desde un andamio a los constructores que provocaron la muerte de un obrero, etc. etc.? Pero claro, nadie se animaría a plantearlo, porque allí se enfrentaría a (3) la tercera irracionalidad de esta situación: el debate público sobre la pena de muerte ya fue saldado y con excelentes argumentaciones públicas a comienzos del siglo XX. Y como siempre que se salda claramente un debate moral él queda reflejado en los textos jurídicos, como para recordarmos que esas razones ya son obligatorias para el futuro.

Alguien podrá pensar que los consensos morales –igual que los medicamentos- tienen un vencimiento; es posible que un siglo después ya no sirvan aquéllas razones, pero entonces, la racionalidad indica que para reabrir la discusión hay que comenzar por replantear la consagración constitucional de la abolición de la pena de muerte, y la forma de cambiarlo. Todo lo demás es demagogia u oportunismo político.

(¿todos? ¿en qué grado? ¿con qué garantías? ¿y si es un amigo, familiar o pertenece a mi clase social?)

La pedagogía de la muerte por Pablo Ney Ferreira

Esto de los ciclos parece funcionar muy bien y poseer cierta capacidad explicativa, y no solamente para describir las constantes oscilaciones de la macroeconomía de cualquier país de economía capitalista. Nuevamente nos enfrentamos como sociedad a otra ola de reclamos de mayores penas, cadenas perpetuas e incluso de la pena de muerte.

Estos reclamos solo suceden en determinadas situaciones que se presentan cada vez que aparecen una serie de robos y asesinatos, y se desencadenan cuando uno de ellos aparece como muy impactante.

Desde 1907, el país parecía haber resuelto el tema de la pena de muerte, y por lo menos desde los años 80, solo en este tipo de situaciones extremas, se escuchan algunas voces indignadas que reclaman que el estado se convierta en un asesino, rebajando a mi entender la condición que nuestro país esgrime con orgullo, como vanguardia de instauración de derechos políticos y sociales incluso a nivel mundial.

Ejecuciones públicas en el Uruguay. Hasta suena gracioso. Imaginen que tuviéramos que contratar verdugos y pusiéramos avisos en los periódicos solicitando “verdugos con experiencia demostrada, para matar gente con el permiso de un juez”. Afortunadamente el impulso asesino de buena parte de la población se va poco a poco diluyendo con el paso del tiempo, y estoy seguro que si hiciéramos una medición de opinión pública dentro de un año las cifras de los que claman por que el Estado se convierta en asesino, bajaría sensiblemente.

Quizás el horrendo espectáculo del fusilamiento de los cuatro asesinos de un médico italiano, llevado a cabo en medio de una manifestación pública de unos 25.000 espectadores en lo que hoy es la actual Plaza de los Treinta y Tres, a fines del siglo XIX haya marcado un antes y un después entre dos pedagogías diferentes: por un lado la “pedagogía de la muerte”. Haciendo gala de una crueldad tremenda y ejemplificando a la violencia y a la humillación como elemento disuasorio para los futuros violadores de la Ley, haciendo que el espectáculo de la muerte y la crueldad fuera un ejemplo moral para todos.  Por otro lado la pedagogía del derecho y de la recuperación de todos los reos, elemento que permanece en la casi totalidad de la civilización moderna como un camino de paz y de humanidad.

Denunciar como bestial a alguien que protagoniza un episodio tremendo, para luego, con todas las legalidades del caso, asesinarlo entre todos parece absolutamente incomprensible, y lo único que hace es convertirlo en alguien famoso por haber sido ajusticiado, sin darle la menor chance de redimirse, y situarnos frente a la constante presencia de la espada de Damocles, representada por la posibilidad de error jurídico que siempre está ahí.

Se entiende que parte de la sociedad se enoje, se indigne y reaccione en forma violenta queriendo hacer todo tipo de disparates, pero el resto de los integrantes de la misma (y principalmente los gobernantes) tenemos la responsabilidad de mantener la calma y de disuadirlos, pensando y explicando que este tipo de reacciones solo servirán para convertirnos en lo mismo que queremos suprimir,

La tragedia uruguaya por Leo Pintos

Así como el midazolam seda, el bromuro de vecuronio paraliza y el cloruro de potasio detiene el corazón de un condenado a muerte, la demagogia, el miedo y la politiquería condenan a un pueblo a la ruina. Del mismo modo,  cuando para emitir una opinión es necesario aclarar ciertas cosas básicas es porque hay un problema grande a nivel de la sociedad toda. Al contrario de lo que se cree, la tecnología nos tiene tan desconectados de la realidad que solo las tragedias mediatizadas nos hacen salir del ensimismamiento emocional. La premisa estás con nosotros o estás con ellos parece ser la que rige nuestras reacciones. Y con esta realidad se hace difícil compaginar la consternación con la razón. Los medios de comunicación son uno de los pilares de toda democracia, incluyendo las tan demonizadas redes sociales, pero no pueden ser el marco de referencia para pensar soluciones. Es lamentable la muerte de Florencia Cabrera, pero es tan dolorosa como la primera muerte ocasionada por Christian Pasturino, Alison Pachón y cualquier otra muerte injusta a manos de un delincuente. Pero cierto es que también es doloroso ver cómo el video del asesinato de Florencia era difundido en una suerte de regodeo sin sentido. Por más que una parte de la población, azuzada por periodistas y políticos digan lo contrario, Uruguay no es Guatemala, El Salvador, México o Venezuela. De hecho, es uno delos países más seguros de América Latina. Vivimos 96 horas de paranoia, de falta de respeto a las víctimas, de insania lisa y llana. Nada importa, ni siquiera saber que el exceso de información sobre la identidad y la historia del asesino de Alison y Florencia los convierte en héroes y en verdaderas leyendas en su mundo.

Pero lo peor de las tragedias como la de estas dos mujeres es el repugnante oportunismo de algunos políticos y sus propuestas demagógicas. Entrado y avanzado ya el siglo XXI, que haya quien pida pena de muerte y, aún, cadena perpetua es claramente una señal de retroceso civilizatorio. Ambos castigos son esencialmente inhumanos, y, lo que es peor, absolutamente ineficaces a la hora de combatir la delincuencia. Se trata de una irracionalidad originada en un ánimo de venganza, alejada absolutamente de los ideales de justicia. Son planteos oportunistas que encierran una enorme ignorancia por parte de quien los realiza, pues sabido es que ni la condena a muerte ni la cadena perpetua atemorizan a quien está dispuesto a matar por odio, bajo los efectos de la pasta base, el alcohol u otras drogas. Y también la política, a veces utópica, a veces ingenua, que domina la izquierda tampoco ayuda demasiado. Lo cierto es que empezar a revertir los actuales índices de delincuencia y violencia requiere tiempo y dinero y ni la población ni sus representantes políticos parecen estar dispuestos a invertir ambos recursos. Pero, desde luego, lo que se ha hecho hasta ahora no parece haber funcionado, pues desde el retorno a la democracia los delitos no han parado de crecer. A lo mejor, deberíamos detenernos a pensar si los que hoy proponen medidas drásticas no son parte del problema; quizá deberíamos exigir que nos digan cómo lo hicieron, no cómo lo harían. Porque si la respuesta de la democracia es la pena de muerte entonces algo está fallando. Decía Franklin, «Cualquier sociedad que renuncia a su libertad para obtener seguridad no se merece ni la una ni la otra, y acabará perdiendo ambas», y sería una tragedia para el Uruguay.

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