El debate entre el senador frenteamplista Mario Bergara y su par nacionalista Gustavo Penadés, en torno al referéndum anulatorio de 135 artículos de la LUC, se pareció más a un partido de fútbol que a una confrontación de ideas, con el opositor atacando sin pausas sobre el arco rival para perforar la red adversaria y el oficialista poniendo “la bañadera”, para evitar ser goleado sin piedad.
En el marco de un intercambio que tuvo momentos duros y acusaciones, Penadés afirmó que la ciudadanía conocía de antemano el contenido de la ley, que, a su juicio, fue difundido durante la campaña electoral.
También perpetró su primera falacia, al proclamar que el gobierno cumplió con todos los compromisos asumidos. En efecto, prometió bajar o congelar el valor de los combustibles y los subió 6 veces en 14 meses, prometió no aumentar las tarifas públicas y las aumentó, anunció que no incrementaría la presión impositiva y rebajó la bonificación del IVA del 4% al 2% en las compras con tarjeta de débito y también se comprometió a mantener el poder adquisitivo de trabajadores y pasivos y bajó los salarios y las jubilaciones dos años consecutivos.
También liquidó la negociación colectiva en el sector público y recortó las inversiones públicas, en función de las limitaciones que impone la regla fiscal.
Asimismo, dijo que las medidas contenidas con la LUC son una garantía en materia de libertades, pese a que contienen instrumentos represivos que nos retrotraen a los tiempos del autoritarismo, reglamentan el derecho de huelga y limitan el de reunión, entre otras cortapisas.
Bergara replicó, acusando al gobierno de aplicar recetas que nos retrotraen a la ruinosa década neoliberal del noventa. En tal sentido, consideró que LUC no aporta soluciones a los problemas de la gente y, por el contrario, los agrava, con tarifazos, caída de sueldos y pasividades y pérdida de derechos.
Una de las mayores controversias se registró en el eje temático dedicado a la educación, En ese contexto, Penadés admitió la mejora presupuestal aplicada por los gobiernos del FA, pero deploró los resultados educativos, afirmando que el 30% de los jóvenes son analfabetos funcionales y que sólo el 40% termina el ciclo secundario.
En realidad, el 30% de los adultos también eran hace un tiempo analfabetos funcionales –personas que no culminaron el ciclo primario y no volvieron a estudiar- tendencia que se comenzó a revertir durante el ciclo progresista, cuando se implantó el Programa de Alfabetización que permitió acreditar saberes, que
ya no existe por decisión del gobierno de multicolor.
Incluso, como lo afirmó Bergara, en 2005, cuando asumió el primer gobierno progresista, la tasa de egreso de Educación Media era aun más baja que en el presente.
Obviamente, denunció el arrasamiento de la autonomía en el sistema educativo, la eliminación de la representación docente en los órganos de conducción y el desmantelamiento de los consejos de educación, que, aunque no lo mencionó, viola groseramente el artículo 202 de la Constitución.
En lo que atañe al eje temático de la vivienda, el legislador frenteamplista desmintió –con cifras- que antes ya se podía arrendar una propiedad sin garantía, en una relación de 1 cada 5 alquileres. En ese contexto, fustigó el talante punitivo de la nueva ley, que establece desalojos para malos pagadores en tiempo récord y multas usurarias de casi un 60% para quienes no entreguen la vivienda en tiempo y forma.
Sin ningún fundamento de peso, el parlamentario blanco defendió el nuevo régimen que, a su juicio, otorga garantías al arrendador y el arrendatario, pese a que en un eventual juicio por desalojo, el eslabón más débil es el inquilino y no el propietario.
El tema de la seguridad, que a priori es el as en la manga de la derecha y el flanco más atacable de los promotores del SÍ propició un intercambio no exento de coincidencias, cuando Penadés reconoció que los gobiernos del FA invirtieron mucho en salarios policiales y en equipamiento.
Antes, Bergara había criticado a los gobiernos de derecha por los sueldos sumergidos, el armamento obsoleto y los chalecos vencidos. También deploró el recorte presupuestal que padece hoy el Ministerio del Interior y la rebaja salarial.
Obviamente, en este tramo el legislador oficialista destacó la caída estadística de los delitos, que Bergara atribuyó a la inamovilidad derivada de la pandemia, aunque omitió referirse al sub-registro de denuncias. Empero, si aludió a los casos de abuso policial denunciados y a los asesinatos perpetrados por particulares, amparados por la legítima defensa presunta incluida como figura jurídica en la LUC.
El último bloque estuvo dedicado a la Ley de Inclusión Financiera, cuyos cambios favorecen la informalidad laboral y el lavado de activos, pese a la acérrima defensa de Penadés, quien afirmó que ampara los derechos de empleados y empleadores.
Bergara atacó con argumentos bien sólidos, considerando que el empleado que necesita trabajar no está en condiciones de negociar con el empresario la modalidad de pago electrónico, porque está en una situación de vulnerabilidad.
Este nuevo debate, exento de rispideces salvo las acusaciones de terrorismo verbal de Penadés al bloque opositor, confirma nuevamente que la LUC es funcional al poder económico y a las clases más privilegiadas y que los promotores de la derogación aspiran a preservar las libertades y los derechos ciudadanos conquistados durante los tres lustros de administraciones progresistas y a detener el abuso de poder.
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