¿Plata dulce? ¿Canilla libre de exoneraciones y gastos suntuarios?

Si bien este Gobierno asumió con la promesa de llevar a cabo una gestión centrada en la austeridad, y los anteriores habían también prometido recortar gastos superfluos, cotidianamente nos enteramos de cosas que rompen los ojos a quienes deben soportarlas mientras transitan una situación difícil.

Han trascendido diversos beneficiarios de exoneración de impuestos. Hace unos días era la empresa de Isaac Alfie, luego el club de golf de La Tahona, y ahora se sabe que el Frente Amplio utilizó el mecanismo para importar camisetas, gorros y carteles chinos para la campaña electoral. También supimos de gastos inexplicables en el Estado: desde las milanesas con puré y engrampadoras de Bustillo, las escaleras “al cielo” de Antel, o las pinchaduras del Ministerio del Interior, por solo mencionar unos ejemplos. Y todos hemos escuchado hablar de los viajes, los hoteles de lujo y demás o las fiestas bien regadas por cualquier ocasión.

¿Es correcto que se apliquen este tipo de exoneraciones a gente con capacidad contributiva, mientras no se le afloja un peso al arroz para las ollas populares? Si bien todo se realiza dentro de la legalidad, ¿es ético? ¿En qué mundo viven los que toman las decisiones de gastos estatales? ¿Se derrocha la plata de todos sin control? ¿Deben dejar el “pico fino” para sus consumos personales pagados de sus bolsillos, o el Estado tiene que asumirlo? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato?  

Proteccionismo “frívolo” y “despilfarro” por Oscar Mañán

La ley de promoción y protección de inversiones (N°16.906) y sus decretos modificatorios (092/998, 455/007, 002/2012, 299/015 143/018) prevé beneficios fiscales a contribuyentes de IRAE e IMEBA, IP, tributos de importación, etc., tanto para inversores nacionales o extranjeros que realicen actividades industriales, agropecuarias o cooperativas.

Fajnzylber acuñó el concepto de “proteccionismo frívolo” para criticar la industrialización de la región en los años 60 y distinguirlo del “proteccionismo para el aprendizaje” de las experiencias orientales exitosas. América Latina aplicó protecciones genéricas a la industria, sin contrapartidas, mientras que la industrialización en el sudeste asiático implementó protecciones a sectores estratégicos que se esperaba pudieran eslabonarse con otros. La protección estaba atada a objetivos de aumento de la productividad, lo que luego llamaría Jomo (economista japonés) “protección efectiva para la promoción de las exportaciones”. Si no se concretaba el aumento de la competitividad la protección caducaba.

El sistema de incentivos en Uruguay es aún peor, porque no es a la industria (que genera más valor) que se protege sino a toda la inversión susceptible de justificación en papel (ya sea por empleo, descentralización, tecnologías limpias, I+D, exportaciones, etc.) y sin obligaciones posteriores.

Sin duda, este sistema de protección y promoción no ha sido ni es exitoso, salvo para alentar el pillaje y la especulación de aquellos que se encuentran más cerca de los que toman decisiones. Un sistema elitista, nada estratégico para los intereses del país que alienta la ventaja privada de patas cortas.

Los recortes de la inversión propios del pensamiento liberal-conservador, especialmente la inversión pública, los salarios y el gasto social, se asocia al “despilfarro” en gastos superfluos, lo que Marx llamó “los gastos de representación de Monsieur capital”. Explotación y despilfarro son dos conceptos de la economía política que dan muy buena cuenta de la historia del país y la región.

La información divulgada de gastos superfluos o despilfarro de figuras públicas de alto nivel se contradicen con lo que ha sido el discurso de austeridad y ahorro que prometía el actual gobierno. Curiosamente, el país que menos gastó para afrontar la situación provocada por la pandemia en la población más vulnerable, apenas se abordaron extensiones del seguro de desempleo. Poco o nada se destinó a quienes sufrían la informalidad, más allá del reparto de algunas canastas alimenticias, y cuyo financiamiento estuvo a cargo de contribuciones forzadas de los salarios públicos. Los sectores económicos más exitosos solo aportaron a voluntad, y sabemos que ésta jamás es proporcional a sus ingresos o ganancias.

Obviamente, el impacto de la inversión no es igual en los diferentes sectores económicos, es necesario una planeación estratégica de aquellos sectores deseables de promover y cuál es el nivel de inversión requerido dado los objetivos establecidos. Es claro que el impacto económico de un beneficio fiscal para la compra de maquinaria agrícola o un sistema de riego no se compara con la exoneración de tributos a la importación de materiales o instalaciones deportivas.

Notas para un tema complejo por Gustavo Melazzi

El desvío de recursos en manos del gobierno (nuestros recursos) para usufructo personal y/o de sus vínculos, presenta infinitas variantes. Sin embargo, sean pequeños o cuantiosos, siempre son corrupción, y en todas las circunstancias se les trata de ocultar a la población.

Resulta imposible sistematizar tales variantes, además de inconducente. Pero todas ellas, en la medida que se develen deben rechazarse, analizar sus circunstancias e impactos. Desde el pago de almuerzos a la compra de colchones; desde exoneraciones tributarias y créditos del banco “de todos” con nombre y apellido a contratos de obra dirigidos; desde operaciones “grises” en casinos y viajes en compañía hasta la lista de gastos de la casa presidencial.

Muchos factores abonan estas prácticas. El culto al individuo; al personaje de éxito, medido éste en función de su riqueza dineraria, para lo cual “vale todo”. El incentivo a la prepotencia, la soberbia y, especialmente, a la impunidad de quienes cuentan con cierto poder, que alcanza incluso ámbitos intergubernamentales, como la nula atención y respeto a los señalamientos del Tribunal de Cuentas a ilegalidades y mala praxis en la gestión de gobierno. La cerril defensa de acusados de actos reñidos con la legalidad porque “es de los míos”.

Prácticas y actitudes que impactan en la conciencia del pueblo. Que abonan la idea de que “son todos iguales”. ¿Qué respuesta se puede esperar entonces cuando se le convoca; se apela a su compromiso para un proyecto de futuro?

Pero si bien se deben discutir y enfrentar cada uno y todos los actos de corrupción, lo importante es trascenderlos. No quedarnos en análisis puntuales e intentar solucionar “ese” escape a la legalidad y/o defenestrar merecidamente sus ejecutores. Superar la casuística.

¿Qué hacer entonces? ¿Qué propuesta impulsar?

Cada vez que un acto de corrupción se destapa es un lugar común que se mencione la importancia de la ética; la honestidad, y la moral. Correctas y bellas ideas, pero poco conducentes.

Sólo la más absoluta transparencia de los actos de gobierno puede minimizar la corrupción. Que el destino de nuestros recursos sea diáfano, y posibilite, así, su control social real por parte de la población, ya sea en general, o por medio de organizaciones sociales y partidos políticos que se preocupen por el tema.

¡A R T I G A S  C A R A J O! por Esteban Pérez

¡Triste destino el del pueblo de la Banda Oriental!

Entre otros postulados el movimiento revolucionario libertario y social nacido desde el pie y encarnado en la figura de Don José tenía el, “que los más infelices sean los más privilegiados”.

Ésta, su visión social y federal, fue traicionada por dos de sus más altos allegados: Rivera y Lavalleja y hasta el presente nuestro pueblo aún padece los efectos de dichas traiciones: los partidos que fundaron representan hoy la clase social que explota al pueblo uruguayo y se llena de privilegios utilizando la gestión del Estado.

De aquella milicia de indígenas, negros y gauchos pobres sólo queda la ilusión de lo que pudo haber sido; lo sustituyeron por un ejército que ha actuado históricamente como brazo armado de la oligarquía, verdugo de su propio pueblo sin que hasta ahora insinúe siquiera alguna intención de volver a sus raíces históricas, sino que más bien continúa de amoríos con los ricos. Coherentes con esta línea, sus representantes parlamentarios se han aliado con la burguesía nacional casada con intereses extranjeros.

El 1% más rico del país tiene en sus manos el poder y el gobierno que lo representa.

Repasemos algunas “cositas” que han sucedido en el primer año del gobierno “sandía” (porque al decir de la Reina de la Teja “es blanco y colorado por dentro y por fuera verdecito”). En diciembre del 2020 el Poder Ejecutivo dicta un decreto “perdonando” el pago de casi 2 millones de dólares en aportes a los dueños de los grandes medios de comunicación, los que paradójicamente, facturan un promedio anual de la nada despreciable cifra de 180 millones de dólares.

No nos vamos a detener en las exoneraciones a la empresa de Alfie o al Club de Golf de La Tahona, o en los carísimos almuerzos, pero sí queremos hacer hincapié en los 6.000 millones de dólares en cuentas extranjeras que tiene ese 1% más rico que hoy nos gobierna.

Sin que se les mueva un pelo, a cara de perro, aplican un recorte sobre las espaldas del pueblo de 600 millones de dólares.

Ese ahorrito genera, junto con la rebaja salarial de aproximadamente un 6%, 120.000 nuevos pobres que se suman al núcleo duro de la pobreza. Más de 200.000 familias han quedado sin trabajo y muchas más sobreviven como pueden en la informalidad. El 82 % de los hogares de bajos recursos no terminan el bachillerato al tiempo que recortan 10.000 becas del programa Uruguay Estudia; y hay muchas más noticias para este boletín, pero para muestra basta un botón…

La pandemia aporta lo suyo, necio es negarlo, pero también lo es el no querer visualizar la utilización de la misma como excusa para exprimir al pueblo; al mismo tiempo que se exonera a los más ricos y se niega un subsidio a la población que carga en sus penurias diarias el peso de la crisis,no se le toca el bolsillo a los que más tienen cuándo deberían ser éstos los que solventaran las necesidades populares,sólo con una pequeña parte de lo mucho que desde siempre han sangrado al pueblo trabajador.

La Patria, nos dijeron, es la de Artigas: nos siguen mintiendo; es la de los dueños de la tierra y el capital. La Patria, la de los más infelices, urge encontrarla, construirla…

Los prestidigitadores del humo por Sol Inés Zunin

Cuando me preguntan qué pienso sobre los almuerzos y engrampadoras ministeriales contesto que no estoy de acuerdo con que hayamos extendido la concesión del puerto de Montevideo sin un debate informado y profundo.

Podrán argumentar que no se trata de una discusión” o lo uno o lo otro” pero, para ser bien realistas, el tiempo y la energía disponibles para investigación, análisis y discusión de estos temas suelen ser más bien escasos y yo prefiero enfocarlos en aquello que realmente determinará nuestras condiciones de vida.

Participación e invisibilidad

Porque, ¿en qué se diferencia el almuerzo de un ministro pagado con recursos del Estado, del almuerzo de un empresario beneficiario de un subsidio del mismo Estado? Tal vez en que la intrascendencia para las arcas públicas del primero resulta inversamente proporcional a la atención que recibe. Y viceversa.

También, y tal vez más importante, en que nuestra opinión sobre los gastos ministeriales pareciera importar más que nuestras ideas sobre políticas de Estado (y vaya si concesiones y grandes subsidios lo son).

Es la pertinaz “invisibilidad de los temas centrales”, garantizada por la alimentación regular de indignaciones nimias con las cuales mantener a la opinión publica bien lejos del verdadero queso.

Una clara “win-win situation”: las mayorías son entretenidas y sostenidas en una especie de neurosis crónica y el bacalao se corta lejos de su mirada simple que, confundiendo el humo con niebla, acaba creyendo que todo es producto de una especie de inevitabilidad natural.

Una trampa, sí. Hecha la ley (la democracia), hecha la trampa.

El planteo implica tomarse un poco más de tiempo para descubrir que, ¡oh sorpresa!, el humo que nubla la visión pública nunca viene de leña empresarial, sino siempre del árbol caído político. O sea, nunca son las vidas y los gastos suntuarios del verdadero poder los que están en la mira, aun cuando esos gastos se financien gracias a decisiones de políticas públicas tomadas lejos del ojo y el debate de las mayorías.

El humo que proviene de un tibio fueguito conservador y social demócrata que ayuda a mantener calentitas las cabezas populares, pero frías las manos del poder. Frías y libres, para poder cincelar el Estado a su conveniencia.

Se trata de la perfecta invisibilidad, en la que la ciudadanía, alejada de la política, asustada con su suciedad y tufo corrupto, discute con lujo de detalles los costos del café y los sanguchitos de los políticos, pero no las decisiones que cambiarán el PBI de su país para las generaciones por venir.

Brillante estrategia de los eternos ladrones de guante blanco, los carteristas al por mayor, los prestidigitadores del humo.

Ser y parecer por Cristina De Armas

No hay cosa más difícil de decir que aquello que ya se sabe, pero aún más, lo que a unos no interesa decir y a otros no les importa saber. Decía Churchill que la Democracia era el peor de los sistemas a excepción del resto y que el primer argumento en contra de ella era una conversación de cinco minutos con el votante promedio. Imaginen a Churchill en las redes sociales.

Cuando los votantes dicen que son todos iguales no lo sabe, pero no habla en realidad de los políticos como pretende, habla de las democracias porque, con sus grados de corrupción que las hace más o menos plenas el sistema es el mismo y los políticos son parte elemental de ellas. El que se corrompe es el hombre- dirán muchos y es verdad, pero lo que para fuera del sistema es corrupción, dentro, es oficio y no todos se corrompen, por eso, la cantidad y el grado define a la democracia. No existe la democracia corrupción 0, es parte del sistema.

Una vez alguien me diferenció dictadura y democracia de esta manera. Democracia: – Jefe, Cacho habla mal de nosotros. – ¿A cuántos representa? – A muchos. –Tráigalo y negociamos.  Dictadura: -Jefe, Pocho habla mal de nosotros. – Tráigalo.

En general, las dictaduras se dan y se prolongan en países cuya riqueza proviene de su propio suelo y no de la producción de su gente. Esos países no tienen gran necesidad de mantener a sus ciudadanos contentos y felices, no tienen necesidad de negociar ni con otros actores políticos porque no hay políticos ni con actores sociales, no hay negociación. A la democracia la define la negociación, entre actores políticos primero quienes en una democracia representativa lo que intentan es representar justamente a la mayor cantidad de grupos sociales posibles con miras a que el voto de la masa social los lleve al gobierno y a la administración de los dineros públicos. La forma de lograr eso, lleva al punto.

Desde el dirigente barrial al Presidente, nunca se deja de negociar y las negociaciones implican deudas que de una u otra manera deben pagarse a menos que se quiera tener enconados detractores. Hace poco escuchábamos un audio privado que se hizo viral de un director de ASSE donde decía que había metido más de cien cargos en ASSE, que había sabido negociar y que si levantaba el teléfono, bajaba a las farmacias o algo así. Quizás alguien vinculado a ese sector farmacéutico está entre los 30 cargos que recortaron y que, si no se hubiera difundido ese audio, seguirían en esos cargos, al igual que él en el suyo. Distinta es la situación del director de la OPP de quien también tomó estado público que había solicitado estando en la actividad privada una exoneración de impuestos a su empresa. Eso es correcto, cualquier empresa puede solicitarlo. La diferencia es que a él le llega la respuesta afirmativa teniendo un cargo de Estado. Cualquiera que tenga actividad en el sector privado no está impedido de continuarla si adquiere un cargo público en tanto no exista conjunción entre lo público y lo privado (art.161 del Cod. Penal) De todas formas lo rechazó previo diálogo con el presidente por aquello que dicen que le sucedía a la mujer del César. Debía ser y además, parecer.

La suspicacia es siempre mayor a los hechos, hay más gente honesta en política que de la otra porque el propio sistema tiene un tamiz que filtra, a su tiempo y en su forma, pero lo hace.

Prioridades por Juan Pablo Grandal

Como generalmente pasa cuando se tratan estas temáticas, mis opiniones pueden ser bastante políticamente incorrectas. Y es que, sinceramente, muchos de las preocupaciones planteadas en el tema de hoy me parecen bastante irrelevantes. La verdad, no me preocupa en demasía el gasto en un almuerzo por parte del Canciller Bustillo, o que el Frente Amplio haya utilizado exoneraciones tributarias para importar insumos para la campaña electoral, o el club de golf de La Tahona, o lo que sea. El efecto real que tienen todos estos eventos en la vida real de la gente es tan insignificante que se acerca a lo inexistente. Puede generar cierto disgusto en la opinión pública, pero por una cantidad de tiempo bastante limitada.

Es que mucha gente no intenta siquiera pensar seriamente sobre el concepto del “poder”, y su funcionamiento objetivo en la vida real. El poder conlleva muchas cosas, pero me voy a centrar en dos que para mí son las más importantes: conlleva privilegios, y conlleva obligaciones. Ninguna estructura de poder puede funcionar efectivamente sin ambos, y quienes no somos anarquistas y por lo tanto defendemos la existencia de algún tipo de autoridad y jerarquía, debemos tenerlo en cuenta.

Que la gente “poderosa” tiene uso de diversos privilegios es algo que a lo largo de la historia ha tendido a molestar, y es absolutamente entendible, y en muchos casos lo comparto. Pero prioricemos, ¿qué importa más? ¿Atacar los privilegios de la casta política, o mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Se puede hacer ambos? Son preguntas interesantes. Por ejemplo, se puede afirmar que se debe vigilar de forma más férrea los gastos de Cancillería para evitar derroches como el mencionado anteriormente. O que el régimen de exoneraciones tributarias sea más restrictivo. Pero quien plantea esto no está pensando en cómo mejorar la vida de la gente. Está asumiendo que la mayoría de nuestro pueblo vivirá o permanecerá en la pobreza, y que por lo tanto se debe evitar cualquier muestra de derroche o de privilegio.

Lo planteo de esta manera: ¿a un pueblo que vive en la relativa abundancia le importaría el gasto en un almuerzo por parte de Cancillería, o las exoneraciones tributarias de un club de golf? La realidad es que en el contexto actual una parte muy importante del pueblo oriental está pasando por una situación muy grave, dependiendo de la solidaridad de sus vecinos y/o la ayuda estatal para subsistir. Así como es cierto que previo a la pandemia, veníamos de un desaceleramiento económico importante, con crecientes niveles de desempleo, y una pobreza estructural que hace décadas no hemos sabido enfrentar. En este contexto, ¿tiene el más mínimo sentido preocuparnos por cuestiones banales que son parte de la vida diaria de cualquier sociedad?

Volvamos a los conceptos de “privilegios” y “obligaciones”. Personalmente, a mí, y confío en que muchos compatriotas piensan igual, no me preocupa en lo más mínimo tener una clase política que sea ostentosa o beneficiaria de ciertos privilegios. Lo que sí me importa es que cumpla con sus obligaciones ante nuestra gente. Que, en mi opinión, son construir un país que viva en la relativa abundancia, con altos niveles de empleo y salarios; con educación de calidad; con calles seguras; entre otras cosas. Ahí es donde falla nuestra clase política, por razones tan profundas que superan a esta columna.

Para los partidos políticos es muy fácil acusar al otro de inmoralidades varias, mucho más fácil que discutir seriamente sobre el fracaso de todos y cada uno de ellos en construir un mejor futuro para nuestro país. Yo en ese juego no entro, porque además de no ser prioritario para la vida de la gente, está plagado de hipocresía y politiquería partidaria, que a esta altura, al no militar por ningún partido, no me interesa. Si los de abajo, los pobres, los trabajadores, la clase media, viven bien, lo que hagan los de arriba no me importa ni me preocupa. Y si, por el contrario, su situación es mala, no me importa si los gobernantes son los más honrados y buenos tipos que puedan haber, siguen sin cumplir con sus obligaciones ante el pueblo.

Hoy, no puedo hacer un balance real sobre el gobierno actual ya que la situación actual les ha impedido gobernar de forma “normal”, y ante todo su manejo de la pandemia no ha sido malo. Veremos cómo manejan la situación económica post-pandemia, y ahí sí estaré listo para realizar los juicios de valor que haya que hacer. Pero, que quede claro, los juzgaré acorde a como han trabajado para mejorar el bienestar del pueblo, no por el precio de las milanesas del Canciller. Como deberíamos hacer todos.

La verdad de las milanesas por Leo Pintos

¿Qué pasa que ahora todos los “periodistas” buscan gastos públicos?

Confieso que al recibir la convocatoria de Voces no sabía cómo empezar esta columna. Por fortuna la realidad se encarga siempre de darnos la inspiración que se necesita en estos casos. La pregunta fue de la Senadora Graciela Bianchi a un periodista, y claro está, fue el pie para comenzar estas líneas.

Son demasiadas las evidencias de desinteligencia e insensibilidad política para un gobierno a un año de su instalación. Normalmente este tipo de cosas se empiezan a

ver en un segundo período consecutivo de gobierno de un mismo partido, como lamentablemente ocurrió con el Frente Amplio. Fue aquí mismo, luego de la elección de

segunda vuelta de 2019 que dije que sería la primera vez que un gobierno de derecha gobernaría con redes sociales y que no la tendría fácil. Así pues en este año de gobierno las redes sociales han sido más efectivas que la oposición a la hora de desnudar los grandes errores de este gobierno, que no son otra cosa que viejos vicios de la política. Las primeras marchas y contramarchas ocurridas al inicio de la actual gestión con las autoridades de Antel, la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Administración Nacional de Puertos, y el reciente caso Enrique Montagno en ASSE, dejan al desnudo los problemas del gobierno para encontrar cuadros dirigentes preparados para ocupar puestos de responsabilidad política en el Estado. Y en puestos que creíamos ocupados por personas preparadas nos encontramos con evidentes casos de insensibilidad política, simple desidia y por qué no, falta de ética y visos de ilegalidad. Porque parece difícil no ver desidia en ordenar un gasto exorbitante en un almuerzo de trabajo (arreglos florales incluidos). Porque es poco inteligente seguir adelante con un trámite de exoneración impositiva para el estudio privado de uno de los principales cargos de responsabilidad como es el de Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y me viene el recuerdo de Pablo García Pintos pagando sus aportes al Partido Nacional con la tarjeta corporativa del BROU cuando éste integraba el directorio del banco en plena crisis del 2002.

Quizá sea momento de revisar la legislación respecto a la política de incentivos y exoneraciones. No parece lógico que una simple compra de mobiliario de oficina para un estudio contable esté exonerada de tributos al amparo de que genera puestos de trabajo. Quizá sea hora de transparentar los procesos de compras y adjudicaciones en el Estado. Siempre teniendo bien claro que lo legal regula la esfera externa de las personas, pero que la ética pertenece a la esfera interna y no hay regulación que impida el desvío ético en la gestión de los recursos públicos.

Volviendo al inicio de esta opinión, queda claro una vez más que depende de qué lado del mostrador se esté para exigir y justificar conductas y acciones, y que son esa

forma de moverse en la política de lo público lo que abona el terreno para la aparición de los mesías de la antipolítica, que basta que se pasen para el otro lado del mostrador para que dejen en evidencia que son lo mismo.

Dejémonos de tergiversar hechos y políticas por Max Sapolinski

Muchas veces nos hemos quejado de la liviandad con que se tocan algunos temas a caballo de una vida comunicacional basada en las redes sociales. Es suficiente que algunos militantes de las redes sociales hagan hincapié en determinado aspecto para poner en duda la honorabilidad de personas y la justicia de los procedimientos.

En la frivolidad de las discusiones que muchas veces se generan, las inmortales estrofas de Enrique Santos Discépolo en “Cambalache” reinan sobre las polémicas: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.

Es así que, que en el debate parece que se pusieran en el mismo nivel de la discusión a aquellos que no hacen otra cosa que utilizar lícitamente los instrumentos que las políticas de promoción de inversiones de todos los partidos diseñaron y aquellos que en forma irresponsable dilapidan por acción u omisión de cuidado los recursos de todos los uruguayos.

No merece la pena gastar líneas en reprobar la irresponsabilidad en la gestión pública de aquellos que no han captado a conciencia la verdadera vocación de servicio público y dilapidan el dinero de todos. Por suerte, la historia política de nuestro país cuenta con dignos ejemplos de desinteresada y honrada dedicación.

Detengámonos sí, en el tema que ha sido puesto en discusión sobre exoneraciones e incentivos a inversiones que redunden en mayor actividad y empleo.

Las políticas basadas en incentivos, exoneraciones e incluso subsidios son instrumentos de política económica totalmente válidos y utilizados por las más diversas economías del mundo en una importante diversidad de formas. Renegar de ellas es amputarse posibilidades de crecimiento.

Pretender que sentadas las bases de consideraciones objetivas, haya ciudadanos que por ocupar unas posiciones de servicio público no sean merecedores a los mismos beneficios que cualquier otro habitante de la República es totalitario e inconstitucional. Este caso, así como el ejemplo de beneficios adjudicados dentro de la normativa a determinados emprendimientos que han estado vinculados al Presidente de la República (idénticos a otorgados en el pasado por otras administraciones) e incluso aquellos que benefician a determinado partido político no son más que miserables batallas instaladas en las trincheras de la guerra virtual.

Parece que la coyuntura por la que atravesamos merece levantar la mira. Pensar con la responsabilidad que la hora exige, preocupados y ocupados por el presente y con la vista en procura del difícil momento que nos tocará afrontar cuando nos podamos acercar a la normalidad. Dejémonos de tergiversar hechos y políticas.

Hagamos todos los esfuerzos para diferenciar el bien del mal, el blanco del negro, lo justo de lo que no lo es. Para poder vencer al axioma de Cambalache: “Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley”.

Son todos Alfie por Camilo Márquez

Una resolución del 11 de febrero del ministerio de economía donde se consigna la exoneración de impuestos al equipamiento para un nuevo estudio jurídico de nada mas ni nada menos que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y que tomó estado público recientemente, ha reavivado el debate sobre los gastos y la utilización de los dineros públicos. Aunque todos esgrimen que estos procedimientos se encuentran dentro de la ley, sobrevuela el fantasma de la corrupción, que en el periodo reciente ha ocupado un lugar especial en la crisis de los distintos regímenes políticos de la región. Pero además porque cualquier ciudadano descifra estos tejemanejes como una forma de corrupción legalizada.

Ante la polvareda que se levantó Alfie renunció al beneficio en acuerdo con el presidente, lo que provocó que desde el FA se los fustigara, ahora, por desistir de la exoneración solo porque el documento había tomado estado público. En el trascurso de una cosa y la otra desde filas del Partido Colorado, anuncia el semanario Búsqueda, “manejan documentación que muestra que el FA recibió en 2019 un beneficio tributario de varios miles de dólares por la importación de gorros, camperas y banners para la campaña electoral de ese año”. Hablando en plata ¿cuáles son los montos que el estado dejó de morder? En el caso de Alfie $ 400 mil pesos, en el de los banners del FA, 19 mil dólares, a la cotización de hoy algo así como $850 mil pesos. En resumen, chirolas.

De un modo más amplio hay que señalar que estos favoritismos y clientelismo se da siempre en un marco de complicidades reciprocas entre los partidos que se turnan en el poder y delatan el entrelazamiento de las administraciones con las firmas y estudios de abogados, frecuentemente interconectadas a su vez con grandes monopolios. Sin ir más lejos, la empresa minera Aratiri uso un informe de Alfie que la favorecía en el juicio que inicio contra el Estado uruguayo.

La indignación desmedida grafica lo vulgar del debate (es la expresión correcta) y más importante aún, su función distraccionista. La bancada del FA, se apresta a interpelar a la ministra de economía Arbeleche no por la falta de medidas dirigidas a la población para que pueda hacer frente a la pandemia o al menos practicar una cuarentena apropiada, sino por la eliminación de un gravamen a un jerarca para lo cual calcula puede sacar un redito electoral futuro, una demostración de arribismo sin límite. Por otro lado, ridículo en comparación a las exoneraciones que se entregan a los capitalistas de todo pelo, todo el tiempo.

La clase obrera ha visto carcomida rápidamente sus condiciones de vida. La crisis de vivienda, transporte y la precariedad laboral no han tenido ninguna respuesta ni de la seudo oposición política ni de su correlato sindical representada en la dirección del PIT-CNT. La burocracia va a utilizar el repunte de contagios como pretexto para un repliegue aún más pronunciado.

El gobierno hace equilibrio apoyado en un armado pegado con cola. Después de dilapidar el esfuerzo de la población, está jugado enteramente a una vacunación que se estira más y más en el tiempo. Las opciones se acaban. Uruguay ha ingresado con fuerza en la crisis desatada por el manejo capitalista de la pandemia, que en nuestro país amenaza no sólo con un colapso sanitario que ya nadie niega, sino con una crisis política en regla.

El presidente lanzó una advertencia contra las aglomeraciones: «Vamos a aplicar la ley vigente», dijo en un tono de inconfundible naturaleza represiva con la mira puesta en las protestas.

Es necesaria una gran clarificación política que concentre la tensión en una lucha de clases contra el gobierno y todo el sistema político que lo apoya de forma directa o indirecta.

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