¿Quién se anima a reformar la seguridad social?

La realidad del sistema de seguridad en nuestro país es deficitaria desde hace décadas. Esta situación es multicausal desde la extensión de la vida, pasando por la baja de la natalidad hasta los múltiples subsistemas jubilatorios que no son autosustentables. Sin dudas es ineludible encarar el tema, pero no es nada sencillo. ¿Hay algún partido dispuesto a pagar el costo político de implementar una reforma? ¿Alcanza con extender la edad jubilatoria? ¿Se proyecta cambios a futuro solamente de las condiciones para jubilarse? ¿Cómo se encara el tema de las cajas profesional, militar, bancaria, policial etc.? ¿Es posible lograr una política de estado en esta área? ¿Se tendrá en cuenta la revolución tecnológica con la pérdida de empleo que se avecina? ¿Van a primar los intereses corporativos? ¿Seguiremos pateando la pelota para adelante con la reforma?

Dinero hay por Gonzalo Abella

La llamada “Reforma de la Seguridad Social” es la versión uruguaya de un plan global  del Banco Mundial. Su objetivo es el despojo de las conquistas obtenidas en Seguridad Social por la lucha ya centenaria de los trabajadores.

Dinero hay. El déficit anual del Banco de Previsión Social es la mitad de las super ganancias netas anuales de las AFAPs, y para peor, los costos de seguros de paro hoy los atiende sólo el BPS. Las AFAPs deben desaparecer ya.

En la era Astori se abolió el impuesto del 1% a las ganancias de la banca privada, impuesto que debería restituirse; y nunca se fijó impuesto alguno a las Redes Privadas de Cobranza, que engordan con todos los servicios privatizados estatales y departamentales. Se desconoce concretamente los niveles de ganancia por servicios y usura de los prestamistas privados. Desde 2006, el aporte patronal al BPS se redujo a la mitad de lo que aportan los trabajadores. Ni qué hablar de lo que perdemos por las zonas francas y por la exoneración servil a las Trasnacionales que nos saquean, el ferrocarril que le construimos, el puerto que les entregamos. Sumemos a todo ello los costos anuales de una deuda externa ilegítima.

Dinero hay, pero el problema es político. La Socialdemocracia que nos gobernó por quince años no tocó la propiedad de las Trasnacionales; antes bien, fortaleció su poder. El Gobierno actual es peor: es administrador directo de las trasnacionales. Por eso, los dictados del Banco Mundial son la ley del amo. Socialdemócratas y neoliberales repiten que somos un país envejecido y que eso debe pagarse rebajando la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Los artículos de la LUC que determinaban la formación de una Comisión de Expertos para la Reforma reaccionaria y establecían un plazo final para elevar el proyecto, no fueron incluidos entre los 135 artículos que la cúpula PITCNT-FA nos permitió plebiscitar. Felizmente, el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social tiene un proyecto alternativo y antagónico; por él deberemos luchar.

En el Reglamento de Tierras de 1815, en su artículo 7, Artigas da prioridad en la distribución de tierras a “las viudas pobres con hijos”. Nadie les preguntaba a estas mujeres si habían aportado algo a la Provincia; simplemente eran viudas pobres con hijos y eso bastaba. En ese espíritu artiguista, rechazamos el proyecto del Banco Mundial y apoyamos a la ATSS y su proyecto popular.

Otra Seguridad Social por David Rabinovich

 Afirma el senador Gustavo Penadés: “acá todos nos tenemos que hacer cargo de un problema que todos sabemos que existe… todos tenemos que asumir la responsabilidad patriótica de que la reforma es impostergable». ¿Todos, todos…? ¿Todos tenemos la misma responsabilidad y similares posibilidades de aportar nuestro granito de arena?

Sin ninguna duda que la inseguridad social existe. Es una amarga realidad para la inmensa mayoría de la población que no sabe si mañana tendrá cómo alimentarse, abrigarse, atender problemas de salud, de derecho efectivo a la educación y a la “seguridad”. Claro. La sociedad no está organizada para encarar con absoluta prioridad nuestras necesidades y los derechos humanos que la letra de nuestra Constitución ampara. Ocupada con los ‘derechos del capital’ queda poco espacio para otros asuntos.

¿Por qué, entonces estamos hablando de la reforma de la Seguridad Social y no de la construcción de una sociedad justa y solidaria en la que ser mayor no sea una amenaza ni efectivo castigo, para nadie?

Cuando los Penadés del mundo nos dicen “problemas de la seguridad social”, los trabajadores deberíamos escuchar “problemas de financiamiento”. No les preocupa tanto cómo se atiende la situación de quienes ya no pueden trabajar más, sino el “déficit fiscal” que genera atender ese “gasto inmenso”. Ya lo dijo Luis: “los malla oro no se tocan”. Los que tienen y ganan mucho no quieren pagar nada; sus deseos son órdenes para el multicolor gobierno que democráticamente elegimos.

Otro carozo atravesado en la garganta de las derechas son los mal habidos «derechos» de los militares a jubilaciones de privilegio que nos cuestan a ‘todos’ una verdadera fortuna. No saben cómo justificarlo y no es tan fácil de ocultar.

Ya se sabe que los sistemas que pretenden que la sociedad se haga cargo de quienes necesitan bienes, servicios, cuidados y no pueden adquirirlos en el ‘mercado’, en particular si se basan en premisas como: “A cada uno según su necesidad y de cada cual según su capacidad” son cosa de ‘comunistas’ (también de socialistas, anarcos, progresistas de cualquier cepa y hasta de ‘buena gente’ no más).

Además, la reforma arranca mal porque se plantea desde perspectivas exclusivamente fiscales. Las ‘soluciones’ de las cámaras empresariales y el gobierno –disfrazadas de criterios técnicos- son políticas de recortes en los beneficios y deterioro de las condiciones de acceso. Quedan fuera del debate los principales problemas en el mundo del trabajo y lo que quizá sea peor aún, las posibilidades que la revolución científico-técnica ofrece de reducir el “tiempo trabajo”, repartirlo mejor y ofrecer niveles dignos de vida para todas y todos. ¿Por qué la productividad debe estar sólo para beneficio de las ganancias del capital?

Eso que llaman el PBI ‘per cápita’, que sería la riqueza ´disponible´ para cada persona en el país, ha crecido de forma tal que se nos cataloga como ‘país de altos ingresos’. Pero se nos exige, cada vez más, trabajar más años y con mayor productividad porque no somos ‘competitivos’… Mientras los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, no tienen oportunidades ni de ser explotadas/os en un trabajo ingrato y mal pago.

Estamos pensando mal. El ‘déficit’ que hay que encarar no es el que nos dicen los dueños del capital ni sus representantes.

La solidaridad negativa de los burros por Roberto Elissalde

La izquierda tiene una oportunidad histórica de hacer avanzar la cultura política en el país con dos temas que están quemando a la opinión pública: la reforma de la seguridad social y la seguridad pública. La coalición de las derechas se ha topado con dos temas que no son de su exclusiva responsabilidad pero que en el pasado sirvieron para hostigar a los gobiernos del Frente Amplio. Demostrarse incapaz de resolverlos implica para ellos el peligro de tener que devolverle el gobierno al FA.

Por esta razón existe entre algunos frenteamplistas la tentación de aplicar una práctica revanchista (y ciega): tanto nos pidieron achicar el costo del Estado y el déficit fiscal y tanto nos pidieron que renunciáramos a Bonomi, que ahora nos toca desentendernos del primer tema y acusar a Luis Alberto Heber de ser un inútil y reclamar su despido. Estas actitudes propias de un espejo de la mala política sólo pueden convertirse en el corral de los burros.

El país tiene un problema creciente de seguridad pública -que se ve agravado por la profesionalización de la delincuencia- y un déficit estructural en la financiación de su seguridad social. Para poder dar algo de seguridad y bienestar a quienes pretenden gobernar, los partidos políticos tienen que asumir costos, hacer esfuerzos y aceptar compartir responsabilidades.

Los sectores que se unieron contra el Frente Amplio no se preocuparon ni se preocupan realmente por solucionar el auge de la delincuencia sino sólo por calmar a la opinión pública con el mantra de “poner más policías en la calle”, un canto que se ha probado insuficiente.

Respecto a la seguridad social pasa otro tanto. No es posible pensar que si durante 30 años de trabajo aporto el 20% de mi salario al BPS, voy a poder jubilarme cobrando el 50% durante 25 años (o 30). Los números no dan y sólo hay dos caminos para equilibrarlo: trabajar más años o aportar más (vía aportes o vía impuestos).

Hoy el gobierno de derecha es mano y tiene que mostrar sus cartas. Excluyó al FA de la elaboración de propuestas, pero está obligado a presentar una solución (en vez de exigir solidaridad ciega). Pero el FA sería suicida si retira la mano: este es un problema de todos los uruguayos y a alguno le puede explotar en la cara (FA o anti FA) pero el resultado va a ser catastrófico para todos.

El gobierno tiene que mostrar sus propuestas y aceptar el costo político que tiene decir una verdad evidente pero desagradable. Y la izquierda tiene que asumir con responsabilidad que trabaja para el bien del país y solidarizarse con el esfuerzo –que no implica solidaridad con el gobierno. Y hacer propuestas que nos hagan avanzar hacia la equidad social: convergencia de todos los regímenes jubilatorios, cantidad de años de trabajo, de aportes y de edades de retiro para militares, profesionales universitarios y trabajadores comunes, estímulos para que quienes se sientan bien y con ganas puedan seguir trabajando y aportando, régimen de abandono paulatino de la actividad laboral, etc.

Juega el gobierno y tiene que asumir el riesgo, pero por el bien del país –y en particular de la mayoría de los trabajadores que quiere representar–, el FA debe apoyar una reforma que no será simpática, pero es imprescindible.

La pandemia que se viene por por Danilo Arbilla

Desde hace 55 años, por lo menos, identifico dos constantes en materia de seguridad social: una, que el sistema está en crisis, no aguanta más y hay que reformarlo, y dos, cómo ven el tema los uruguayos según las encuestas.

La reforma de la seguridad social siempre ha estado en la agenda. Era un tema salvador cuando no había para titular la sección: “El gobierno estudia una reforma de la seguridad social”. Nadie lo desmentía; el ministro del ramo, preguntado al respecto confirmaba: es un tema que nos preocupa y lo tenemos en carpeta.

Significa este recuerdo una relativización de los anuncios algo catastróficos de hoy: puede que sí o puede que no

Pero no nos confiemos. También vienen a mi memoria otros repetidos titulares de la prensa: “El próximo 25 pagan presupuesto de abril (sueldos) a los funcionarios”; “A principios de junio se pagarán jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo”. Así que ¡cuidado!

Hubo unos cuantos ajustes desde la época en que existía la “ley madre” (10 años y un hijo), la jubilación por despido (con 10 años de aporte y 40 de edad), las pensiones especiales (conocí un caso de una señora que cobro una pensión- por hija soltera a la muerte de su padre- durante 89 años). Y así hemos ido tirando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante.  Y el cuerpo ¿cuánto tiempo más aguantará?

La otra constante, más enraizado incluso, es la opinión de los uruguayos. La mayoría entiende que el sistema está en crisis y que hay que encarar una reforma sobre la base de bajar mínimos para jubilarse – por supuesto ni hablar de una extensión de la edad tope para el retiro- y aumentar las jubilaciones.

Bueno, bonito y barato. Es parte de esa irrealidad de que “como el Uruguay no hay” y a la que todos los uruguayos nos resistimos a renunciar. Lo llevamos adentro: todos soñamos con vivir del Estado y si no nos toca ser funcionario público, con más razón tenemos derecho a una jubilación decorosa (aunque nunca hayamos aportado ni un centésimo).

Y en eso estamos. Nadie se pregunta hasta cuándo la vaca podrá seguir dando leche.

No es chica cosa esto de la reforma jubilatoria. En todos lados se arma lío. Aquí, dado “nuestro entender” con más razón.

En Uruguay los jubilados y pensionistas en total suman unas 800 mil personas. Y todos votan. Hay que pensar que, con su entorno suman por los menos un millón de votos.

Los políticos tienen claro que hay que hacer una reforma urgente; y también lo del millón de votos. He aquí la traba.

Uno cree que no deberían actuar con fines electoralista. Que el gobierno haga lo que debe hacer y que la oposición no juegue con fuego y no opte por el oportunismo.

Se puede hacer mucho, parecería. Hay que unificar y recortar privilegios. Hay que elevar la edad de retiro, lo que es consecuencia de la buena suerte de vivir más. Aportando o en negro todos ya trabajamos más allá de los 65 años.

Si no se hace una reforma en serio vendrán años duros, por más tiempo y más letales que la pandemia.

En lo personal casi que no me comprenden las generales de la ley. Dadas mis vulnerabilidades no creo que vaya vivir seis o siete años más. Ahora, si llego y no se ha hecho nada creo que van a ser unos últimos años jodidos.

Reformar la reforma es el dilema por Oscar Mañán

Los Estados deben responsabilizarse de un umbral de bienestar para sus habitantes, un piso que es parte sustancial de los parámetros de convivencia y solidaridad que constituyen derechos humanos elementales rastreables desde 6 mil años A.C.

Ciertamente, la seguridad social es un tema más profundo y preocupante que solamente una reforma jubilatoria como se la presenta. El gasto público social, es un tema aún más amplio que sus componentes de seguridad y asistencia social. Aspectos ineludibles son la vivienda, salud y educación además de la seguridad y asistencia social. Las instituciones públicas deben garantizar estos aspectos que constituyen bienes públicos indispensables, que por definición no deben estar sujetos a relaciones mercantiles o de poder.

Pero cuando se habla de seguridad social, engloba salud, educación, pensiones y jubilaciones contributivas y no contributivas, y asistencia social propiamente.

Discutir sobre una reforma de la seguridad social implica debatir sobre esos parámetros mínimos de bienestar y dignidad aceptables para todos. A menudo este debate se vuelve instrumental, y sólo remite a cambios que bajen el déficit del sistema sin plantearse alternativas de financiamiento. Las erogaciones del sistema de pensiones y jubilaciones conforman un dilema de sustentabilidad en contextos demográficos de baja natalidad y extendida esperanza de vida, con niveles bajos de empleo y salarios, alto desempleo, subempleo e informalidad del trabajo. Es decir, bajas contribuciones por el número de cotizantes como por la inestabilidad del empleo, deben financiar poblaciones pasivas más longevas.

Negar las dificultades de financiamiento bajo los parámetros actuales sería necio. Pero, el GPS es un instrumento eficiente por su impacto en la distribución del ingreso, en especial el gasto en salud y educación. La asistencia social también impacta progresivamente en la distribución del ingreso, sin embargo, pensiones y jubilaciones tienen un efecto contrario.[1] En esto último sí hay que trabajar, en especial, elevando los mínimos y mejorando el pilar solidario del sistema.

Las contribuciones públicas al BPS, los Servicios de Retiros militares y policiales como la asistencia “transitoria” a Caja Bancaria, se llevan en 2017 2,2% del PBI.[2] Existe un aumento de estas contribuciones que exige una reforma dilatada en las cajas de jubilaciones y pensiones de militares y policías. Homogeneizar el sistema de jubilaciones y pensiones e igualar beneficios se enfrenta a los costos políticos y a supuestos costos de transacción (Lorenzo, 2020). Lamentablemente, se piensa en aumentar la edad jubilatoria o bien atar las contribuciones a los salarios medios, criterios que rompen con la solidaridad del sistema y aumentan las penas de todos los trabajadores.

Los bienes públicos deben ser producidos y resguardados por un sistema estatal y público, con esto los trabajadores se ahorrarían millones en comisiones que hoy retienen las AFAPs. Eliminar las AFAPs y reestructurar el BPS, sería lo más sensato apelando a impuestos a los sectores más beneficiados. Un fuerte impuesto a la herencia (el que ya aparecía en 1848 en El Manifiesto…) ayudaría a cuestionar la reproducción de la riqueza, o bien al patrimonio ahora casi inexistente. Revisar los aportes empresariales, las renuncias fiscales a la educación privada o a la inversión extranjera directa, serían contribuciones más que suficientes para rearmar un sistema previsional estatal y público sustentable y cargado de futuro.

[1] DINEM-MIDES / MEF / OPP (2020). [Impacto distributivo del Gasto Público Social en Uruguay 2009-2017] Documento de Trabajo. [https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/1674.pdf]

2Lorenzo, F. (2020). El Sistema de Pensiones en Uruguay: institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera. CEPAL – Serie Macroeconomía del Desarrollo N° 204;

[https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45819/1/S2000385_es.pdf]

Cuando nos ponemos viejos por Cristina De Armas

La reforma de la Seguridad Social es un hecho ineludible, no sólo porque existe algo muy difícil de lograr que es el consenso político sino que a nivel social, aún con reclamos se entiende ineludible. La masa trabajadora, los ciudadanos activos que aportan a la Seguridad Social, se ha estancado mientras la población pasiva no sólo se extiende, sino que se vuelve más longeva. Las personas viven más de lo que el ahorro acumulado en sus años activos puede cubrir, todo ello debilita el sistema. No hay más culpables que las buenas políticas sanitarias y los buenos hábitos de vida. Así como se dice que quien no se adapta a la realidad muere, sociedad que no se adapta se empobrece. No es algo a lo que se deba adaptar sólo Uruguay, es un hecho mundial como lo es el otro gran hecho mundial y en cuya adaptación estamos, el nacimiento desde hace décadas de más mujeres que hombres y su influencia en centros de poder y mayoría futura en la fuerza productiva. El nuevo mundo. El primero de los tres puntos fundamentales de esta reforma es el aumento de la edad de jubilación, por lo ya explicado. En segundo término se mantendrá el sistema mixto, buscando bajar los costos administrativos de las AFAP con un aumento de Comisión sobre saldo y una reestructuración de República AFAP. En tercer lugar la unión de todas las cajas de previsión social, incluida, la militar. Éste no es un tema más, es sin duda la reforma insignia de este gobierno, pero mucho más que eso, es nuestro futuro del que se trata y de las generaciones por venir.

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