El proyecto de ley de urgente consideración que será la guía de ruta del gobierno multicolor de derecha, provocó una andanada de rechazos y cuestionamientos por parte del movimiento sindical y de la izquierda, que lo calificaron incluso de inconstitucional.
Aunque varias propuestas ya habían trascendido, las normas sobre seguridad y relaciones laborales previstas en la iniciativa marcan un retroceso a tiempos pretéritos.
El Presidente del PIT CNT, Fernando Pereira, consideró que “el texto es negativo y esperable” y que algunas medidas, como la eliminación de las ocupaciones de lugares de trabajo, “sólo pueden tener razones ideológicas”.
En los últimos 15 años, la ocupación de los lugares de trabajo fueron la excepción y no la regla, aplicándose en situaciones de cierre por lock out patronal y a los efectos de preservar las fuentes de trabajo o la maquinaria.
Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 57 de la Constitución –que consagra el derecho de huelga- promueve “la creación de tribunales de conciliación y arbitraje”.
Del enunciado se infiere que deben existir mecanismos de entendimiento entre trabajadores y patrones, con una fuerte presencia del Estado, lo cual está explicitado en la Ley de Negociación Colectiva de impronta frenteamplista.
Por ende, toda limitación al ejercicio de dicho derecho y una eventual prescindencia del poder político en la solución de los conflictos, no sólo viola el espíritu de la ley madre 10.449, que creó en 1943 los Consejos de Salarios durante el gobierno del batllista Juan José de Amézaga, sino también la propia Carta Magna.
La denominada “ley ómnibus” también prevé un superlativo grado de discrecionalidad y legitimación del uso de la fuerza por parte de la Policía, con el propósito de disolver piquetes obreros y hasta reprimir manifestaciones. Existe el riesgo de criminalizar la protesta, lo cual está absolutamente reñido con los fundamentos mismos del sistema democrático.
“En casos de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público”, asevera explícitamente la medida proyectada, que tiene mucho de coacción punitiva.
¿Quién evalúa qué es un hecho de apariencia delictiva? Esta mera referencia nos retrotrae al oscuro pasado del pachecato, cuando se apaleaba y encarcelaba a trabajadores y hasta se les militarizaba, como en una dictadura.
Empero, entre las múltiples controversias que genera esta macro-propuesta de 457 artículos, la que origina mayores rechazos entre las filas de la futura oposición frenteamplista es la relativa a la seguridad ciudadana. No en vano, nada menos que 94 artículos refieren a dicho tópico.
En efecto, es insólito que se extienda la presunción de legítima defensa a todo el predio de una vivienda o de un establecimiento rural, lo cual, eventualmente, podría alentar el uso desmedido de la violencia privada, que, en algunos casos, puede legitimar y dejar impune incluso una venganza personal.
En el caso concreto de efectivos policiales y hasta de militares, esta prerrogativa –si no es racionalmente gestionada- puede alimentar el “gatillo fácil”, como sucede en el Brasil gobernado por el fascista Jair Bolsonaro, donde son habituales los asesinatos de civiles inocentes perpetrados por uniformados.
Por su parte, la proyectada desmonopolización de la importación, exportación y refinación de combustibles constituye un artero golpe contra ANCAP y contra las empresas públicas, lo cual evoca los aires privatizadores de la ola neoliberal de la década del noventa y favorecerá claramente a los intereses económicos de las corporaciones y del gran capital.
No le va en zaga le eliminación del monopolio en la comercialización de transmisión de datos que detenta ANTEL, que permitirá competir en ese mercado al oligopolio audiovisual privado aliado al bloque conservador.
En tanto, el radical cambio en la gobernanza de la educación pública incluido en la iniciativa legislativa, marca otro retroceso a los patéticos tiempos de la denominada Ley Sanguinetti 14.101, que creó -durante el primer tramo del gobierno del luego dictador Juan María Bordaberry- al autoritario CONAE.
Coincidentemente, esa ley de triste recuerdo -que se transformó en un arma durante la dictadura- también fue tramitada como de urgente consideración y votada por el Partido Colorado y por blancos conservadores herreristas, que el caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate calificaba como “blancos baratos”.
Ahora, se proyecta una estructura centralizada y bonapartista, que arrasará con la autonomía de los Consejos Desconcentrados y eliminará casi totalmente la representación docente, vulnerando groseramente dicha conquista social.
El mamotreto incluye también una rígida regla fiscal – que viabilizará un salvaje recorte del gasto y la inversión social – y la supresión de la obligatoriedad de la inclusión financiera, que permitirá el recrudecimiento de la evasión, favorecerá el lavado de activos, alentará la informalidad laboral y afectará los derechos de los trabajadores, entre otras disposiciones.
Esta es apenas una sucinta reflexión crítica, que analiza un conjunto de normas que apuntan claramente a desmantelar muchas de las reformas implantadas durante el ciclo progresista y a satisfacer las demandas del mercado y la oligarquía.
En más de un sentido, hay una suerte de retorno a tres décadas a atrás, cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera impulsó sus felizmente frustradas reformas de cuño neoliberal.
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