Por lo general cuando se debate y se analiza la evolución de la economía, la pobreza o la educación el foco suele estar puesto en la toma de decisiones y el desempeño de los indicadores. Rara vez vemos un cuestionamiento a los datos o metodología. En materia de seguridad pública, en cambio, los datos del Ministerio del Interior (MIN) son fuertemente cuestionados, y desde larga data. Las cifras de denuncia de delitos, la categorización de los homicidios y las muertes dudosas son algunos de los cuestionamientos más fuertes que dejan a la valoración sobre la política de seguridad en un relativismo casi absoluto. Esto termina siendo dañino para toda la institucionalidad.
Hace pocos días la divulgación de nuevos datos sobre la evolución de los delitos comparado con 2019 desató una nueva polémica. Resumiendo groseramente, podemos decir que los datos divulgados por el MIN muestran un marcado descenso de los delitos contra la propiedad (rapiñas, hurtos, abigeato) y una estabilización del delito de homicidios. Desde la oposición no se duda en responder cuestionando el registro y procesamiento de los datos. Se apunta en particular el desincentivo a las denuncias y la inconsistencia de las cifras de homicidios consumados si se las compara con Fiscalía (La Diaria, 22/01/2024). Recientemente en el programa El Lado B los analistas también advirtieron por este tema. Se puso en cuestión la baja en las denuncias de delito dejando abierta la interpretación de que podría estar relacionado a un desestimulo por parte del propio Ministerio del Interior, por ejemplo, reduciendo el uso de Tablet para denunciar delitos. En una reciente entrevista en Desayunos Informales el asesor en seguridad del MIN Diego Sanjurjo fue muy elocuente al señalar que es cierto que la posibilidad de denunciar está relacionada a qué tan graves son los delitos y a la frecuencia con que estos se suscitan. Pero aclaró que este es un dato continuo para todos los gobiernos, desmintiendo también la hipótesis del retiro de las Tablet para reducir las denuncias artificialmente. A su vez destacó la implementación de una encuesta de victimización lo cual podrá ampliar la mirada sobre los delitos.
Pero a este panorama hay que sumarle otro hecho polémico, como lo fue la controversia entre autoridades del MIN y el director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad Javier Donnangelo por haber hecho declaraciones públicas sobre un estudio con nuevas mediciones de homicidios y su categorización, lo cual no cayó bien en las autoridades. Es una nueva escena con aire de deja vu que nos retrotrae a la era Bonomi. En 2011, el entonces director del Observatorio, el sociólogo Rafael Paternain renunció a su cargo por discrepancias con la presentación de las cifras de delito que había realizado el entonces ministro Eduardo Bonomi. El secretario de Estado tuvo que aclarar que los datos de 2010 “no se maquillaron”.. Quien asumió en ese entonces como nuevo director del Observatorio fue Javier Donnangelo. En 2015 el jerarca concurrió a la comisión especial de seguridad en el senado a solicitud del entonces senador Javier García. Bonomi había señalado en una nota de prensa que pretendía cambiar la forma de medir los delitos por “problemas metodológicos” en el observatorio. Donnangelo respondió a los legisladores que el ministro estaba mal asesorado (El Observador 22/08/2015).
Ahora la historia parece repetirse. Donnangelo cuestionó una investigación sobre homicidios realizada por tres académicos a solicitud del Ministerio del Interior para su uso interno. La investigación afirma que las categorías que usa actualmente el Ministerio tienen limitantes. La tipología que formulan en la investigación –a partir de expedientes y partes policiales- toma en consideración una serie de dimensiones y variables a partir de la cual se construyen 15 categorías. Ninguna de ellas se corresponde con el concepto de “ajuste de cuentas”, expresión oficial que se comenzó a utilizar en 2012. Esto deriva en que, a partir de la nueva tipología, la distribución de las causas de los homicidios sea diferente a la actual (Búsqueda 10/07/2024). El punto neurálgico es que el informe concluye que solo 1,9% de los homicidios son por disputas entre bandas criminales, y solo el 11% atribuible al narcotráfico. Este número es contrario a las cifras del Observatorio el cual plantea que entre 40 y 50% de los homicidios se asocian al conflicto entre criminales (La Diaria, 11/07/2024). Javier Donnangelo cuestionó públicamente el informe académico. Esto derivó en la apertura de un sumario administrativo.
Por otra parte, en una nota de 2021 el semanario Brecha consignaba que en 2020 y 2021 crecieron abruptamente las “muertes dudosas” que se definen como todos aquellos casos que no encontraron un desenlace en la justicia penal, en que puede haber casos de homicidios no computados por la estadística del Observatorio. Esa tipificación puede cambiar conforme avanza la investigación fiscal. Este tema inicialmente fue abordado en la mencionada nota. De hecho, fue un punto de discusión en la comparecencia de las autoridades de Interior en Comisión Permanente del Parlamento en el mes de enero. A nivel político, en su momento, el tema llamó la atención del propio director del Observatorio y ni que hablar de la oposición respecto al repentino crecimiento de las muertes dudosas al tiempo que se presentaba una baja en los homicidios. En principio se lo vinculaba a la pandemia por Covid-19. Pero el mantenimiento de la tendencia hasta el presente abre preguntas y las autoridades no han dado una explicación definitiva de por qué se dio el aumento.
Más allá de toda la discusión técnica que involucra a la policía, técnicos del MIN, fiscales y forenses, llama poderosamente la atención que en materia de seguridad pública no se logra establecer una base clara y legítima de monitoreo y evaluación a partir de la cual sí poder discutir la gestión. Lejos de generarse certezas, la propia sensibilidad política de los datos parece abrir una batalla a la cual es difícil ponerle un adjetivo.
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