“Hay familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida”, afirmó el líder del partido ultraderechista Cabildo Abierto, senador general Guido Manini Ríos, exhibiendo todo el cinismo que lo caracteriza.
Un acto de odio no es buscar los restos de personas asesinadas por una dictadura fratricida. Es, por el contrario, un acto de amor y de respeto a la memoria de los que ya no están.
Un acto de odio es sí perseguir sistemáticamente a quienes se embanderan con otras ideologías, encarcelarlos, torturarlos y asesinarlos con la más salvaje impunidad.
Aunque haya sido blindado por la mayoría de sus socios de la coalición multicolor –que perpetraron una auténtica patraña- y se ampare en sus fueros parlamentarios para no comparecer ante la fiscalía como cualquier ciudadano, Guido Manini Ríos es culpable de no tener la valentía de presentarse ante los estrados judiciales.
Es culpable del delito de “omisión” por ocultar -durante casi un año- las confesiones del criminal José “Nino” Gavazzo ante un tribunal militar y porque su defensa interpuso chicanas judiciales para dilatar la causa y evitar que compareciera ante la sede penal, cuando todavía no detentaba el beneficio de la inmunidad que le confiere su calidad de legislador.
Esos escandalosos fueros, que eventualmente pueden amparar delincuentes con banca parlamentaria, violan el artículo 8 de la Constitución de la República, que establece que “todas las personas son iguales ante la Ley”.
Evidentemente, no todos somos iguales ante la Ley, como tampoco lo fueron los militares que violaron los derechos humanos y fueron amparados por la Ley de Caducidad.
Pero también es culpable de mentir que renunciaría a sus fueros para comparecer ante la Justicia y luego dar marcha atrás, porque sabía de la contundencia de las pruebas que lo inculpan. No en vano, hasta los testimonios de los propios militares que integraron el tribunal de honor ante la fiscalía lo condenaban.
Pero, lo que es aún peor –aunque no haya cometido un delito cuya gravedad amerite pena de prisión- es culpable, desde su investidura, de defender a cara de perro a los represores procesados que perpetraron crímenes de lesa humanidad y de cuestionar y descalificar permanentemente el accionar del Poder Judicial y asignarle intencionalidades políticas.
No en vano, en la propia sesión del Senado que abordó el frustrado pedido de desafuero del legislador de marras, parlamentarios de Cabildo Abierto, como el senador Guillermo Domenech, reiteraron que no le tienen confianza a la Justicia.
“Vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como son, a la Justicia se la acata, no es que se le tenga confianza, yo creo en Dios, no creo en la Justicia, la acato. Que eso es lo que debe hacer un republicano y un demócrata”, afirmó enfáticamente. Esa no la reflexión de un demócrata, que respeta y defiende, como es menester, el principio de separación de poderes.
Tal vez Domenech- que fue abogado sumariante durante la dictadura y participó en la caza de brujas contra numerosos docentes que sólo reivindicaban la libertad de cátedra- confíe sí en la justicia militar que, por entonces, condenaba ilegalmente a civiles por sus ideas y los exponía al tormento en las cárceles de los motineros uniformados.
Ese es devaluado concepto de democracia que tiene Domenech y que tiene su líder, el general Guido Manini Ríos, quien se agravia cuando se acusa a su partido de ser afín al gobierno autoritario.
Sin embargo, no dudó el integrar a las filas de Cabildo Abierto, entre otros, al ex represor y coronel retirado Antonio Romanelli, al teniente coronel retirado Eduardo Radaelli, condenado en Chile por el secuestro, desaparición y asesinato en Uruguay de Eugenio Berríos, y al mayor retirado Enrique Mangini, antiguo miembro de la fascista Juventud Uruguaya de Pie -que tatuaba esvásticas en los muslos de jóvenes estudiantes- y que incluso es sindicado como participante en el asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela, en 1972.
La fuerza política nuclea también a otros oficiales castrenses retirados, que comparten con Manini Ríos su condición de miembros de la golpista logia Tenientes de Artigas.
Uno de sus núcleos de apoyo son los gorilas del Centro Militar, un auténtico antro de golpistas que es presidido por el coronel Carlos Silva Valiente, otro reaccionario nostálgico que integra Cabildo Abierto.
Si Manini no quiere que se vincule a CA con la dictadura, que expulse a todos los referentes de esa colectividad que han reivindicado al autoritarismo, que no critique más a la Justicia y que no defienda más a los criminales.
Obviamente, si no quiere que se le vincule con la mafia uniformada que asoló a nuestro país, que explique por qué cursó y egresó de la Escuela Militar en 1978 y se integró a un Ejército sedicioso que abolió la democracia y por qué ascendió tres grados durante ese período oscuro de nuestra historia.
Aunque no lo estamos responsabilizando de haber violado los derechos humanos, ¿por qué Manini Ríos siguió revistando en una institución prepotente que practicaba sistemáticamente el terrorismo de Estado?
¿Acaso no estaba enterado de lo que estaba sucediendo? ¿No tiene nada para decir ni para declarar? Si realmente es un demócrata como dice ser, ¿por qué no pidió la baja para no ser salpicado por el lodo de sus camaradas delincuentes?
Por supuesto, también son culpables los civiles blancos y colorados que colaboraron con el engendro autoritario, los que votaron la Ley de Caducidad y los que ahora le cerraron el camino a la Justicia en el Senado y prostituyeron la institucionalidad.
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