La cantidad de homicidios, único delito no susceptible de ser estadísticamente manipulado, se disparó exponencialmente este año, superando las cifras de prepandemia, en la comparación entre el primer semestre de 2019 e igual período de 2022. Esta tendencia ascendente ya se percibía desde el último tramo de 2021, cuando, entre octubre y diciembre, hubo varios fines de semana con cifras récord de asesinatos.
Esta es la evidencia empírica de que la política de seguridad de un gobierno que prometió soluciones mágicas en la materia e incluso proclamó el fin del recreo de la acción delictiva, va de mal en peor.
En este marco, a la ofensiva de la oposición se suma ahora el clamor de los vecinos del área metropolitana que demandan soluciones urgentes a sus situaciones de indefensión, ante la constatación que numerosos barrios de nuestra capital han sido tomados por asalto por las mafias del narcotráfico.
Un ejemplo concreto es la pesadilla que afronta el barrio Peñarol, que jamás fue identificado como zona roja y ahora exhibe el triste privilegio de haberse transformado en un auténtico campo de batalla, con récord de homicidios y la aparición de cuerpos descuartizados y quemados.
Estas dantescas prácticas, que son muy habituales en sociedades donde impera la violencia como Colombia México y países centroamericanos controlados por las denominadas maras (pandillas), como Guatemala, El Salvador y Honduras, en los últimos dos años se han naturalizado en Uruguay.
El patético Ministro del Interior que padecemos los uruguayos, Luis Alberto Heber, atribuye – paradójicamente- esta escalada de odio y degradación humana “a la eficiencia policial” en el combate al narcotráfico y a la reducción del stock de drogas circulante.
Obviamente, se trata de una explicación simplista y baladí, típica de un jerarca inepto pero soberbio, que en lugar de aceptar su fracaso al frente de la cartera ministerial de Interior, intenta convencernos del presunto éxito del gobierno en la lucha contra la delincuencia.
En efecto, en un informe previo al reporte del primer semestre conocido hace apenas dos semanas, el Ministerio del Interior comparó la tasa delictiva de los últimos treinta meses del gobierno del Frente Amplio con igual período de la actual administración.
Nada más absurdo que parangonar, por razones obvias, dos lapsos tan diferentes. En efecto, mientras los 30 últimos meses del gobierno anterior transcurrieron en absoluta normalidad, el período de análisis 2020-2022 coincide con la irrupción de la pandemia, que transformó, durante un buen tiempo, las calles de los principales centros poblados en desiertos.
En efecto, de esos 30 meses que fueron tomados como ejemplo de presunta baja de delitos, nada menos que 24 meses transcurrieron en una situación de virtual confinamiento, con mínima movilidad y con centros comerciales y oficinas cerradas, incluyendo locales de pasatiempo como cines y teatros, entre otros. En ese lapso, que abarca la emergencia sanitaria vigente durante dos años, entre marzo de 2020 y marzo de 2022, la tasa de delitos cayó al igual que en todo el planeta, por razones meramente circunstanciales.
Por ende, lo que intenta ser exhibido como un importante avance del gobierno en materia de seguridad, termina en una grosera falacia y una monumental cortina de humo para ocultar la realidad del presente, que transcurre ya en una coyuntura de pospandemia.
A ello se suma la cantidad de muertes sospechosamente calificadas de “dudosas”, que pueden estar encubriendo el crecimiento de las cifras.
Por supuesto, el gobierno se sigue aferrando al supuesto éxito de sus políticas represivas en la caída estadística del nivel de otros ilícitos como los robos y las rapiñas, que, fríamente, estarían exhibiendo números positivos.
En ese marco, para blindarse contra las razonables críticas y cuestionamientos de la oposición, alega que quienes gestionan el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad son los mismos que trabajaban en los gobiernos anteriores. Lo cierto es que la tarea específica de esta unidad ejecutora del Ministerio del Interior es procesar, cuantificar y sistematizar la información disponible originada en las denuncias, que son las únicas fuentes genuinas.
Nadie duda razonablemente de la rigurosidad del trabajo profesional de recopilación y estadístico de este equipo técnico. No obstante, hay una clara dicotomía entre el número de denuncias y la percepción ciudadana sobre la inseguridad, que, luego de más de dos años, ya en mayo de 2022 volvió a ser el principal núcleo de preocupación de la población, según lo consignado por el Director de la empresa de opinión pública Opción Consultores Rafael Porzecanskt, pasando del 18% al 29%. “La seguridad es el principal problema del país. Trimestre a trimestre crece la preocupación ciudadana por la seguridad”, sintetizó.
A ello se suma un informe de la empresa Equipos Consultores de setiembre, el cual consigna que para el 46% de la población la inseguridad es el principal problema, superando largamente a la inflación y la suba de precios.
Como se recordará, una investigación de campo encargada por la Organización de las Naciones Unidas a Opción Consultores, confirmó un importante subregistro de denuncias. En ese contexto, el 17% de de los encuestados declaró que sufrió al menos un delito en el último año, aunque solamente la mitad de estos fueron denunciados. Aunque el trabajo tiene datos aun más jugosos, lo contundente es que la realidad mata dato estadística y mata falacia oficialista.
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