¿Transparencia o demagogia?

La semana pasada el MPP presentó una propuesta de 16 leyes que afirma son para devolver la confianza en la política. Las medidas van desde topear los sueldos de legisladores y jerarcas públicos, gravarlos con un impuesto, eliminar subsidios y prebendas de los cargos públicos, eliminar la partida de prensa en el parlamento, regular los pases en comisión y ceder la residencia presidencial de Suárez a la UTU, entre otros puntos.

¿Son incorrectas estas medidas? ¿O eliminan uno de los modos legales de financiar la política? ¿Por qué las proponen recién ahora cuando el FA lleva 14 años en el gobierno? ¿Se trata de demagogia electoral? ¿Habrá consenso dentro del propio FA? ¿Fortalece esta actitud la confianza en los políticos? ¿Deben los políticos tener ingresos tan por arriba del ingreso medio de sus gobernados? ¿Pasa los problemas económicos del país por estos costos? ¿Existen otros despilfarros o gastos superfluos donde recortar? ¿Es posible lograr un gran acuerdo inter partidario para aprobar estas medidas antes de las elecciones?

Es un problema ético por Gonzalo Pérez del Castillo

Hace casi un año que el Partido Independiente presentó las siguientes medidas para fortalecer los mecanismos de control y mejora de la gestión pública:

• Prohibir el uso de tarjetas corporativas para Directores y Gerentes de Entes Autónomos
• Que sea obligatorio seleccionar mediante concurso abierto de oposición y méritos a quienes ocupen los cargos gerenciales de Entes Autónomos y otros servicios descentralizados
• Que las declaraciones juradas de los jerarcas públicos sean publicadas
• Que las observaciones del Tribunal de Cuentas para montos elevados posean efectos suspensivos
• Fortalecer y ampliar los cometidos de la JUTEP
• Reducir las excepciones al mecanismo de la licitación pública previstas en el artículo 33 del TOCAF
• Extender la prohibición de los directores de entes autónomos para ser candidatos a todo el periodo de gobierno
• Limitar el monto del subsidio que poseen los titulares de ciertos cargos de carácter electivo de confianza política
• Que las comisiones legislativas cuenten con asesoramiento técnico específico de parte de Tribunal de Cuentas para el análisis y control de los proyectos de ley, Presupuesto y Rendición de Cuentas

Estas medidas fueron presentadas formalmente por el Senador Mieres al Presidente Vázquez y a la Vicepresidente Topolanski. Hasta la fecha no se ha tomado ni siquiera la decisión de incluir estas propuestas en la agenda del Poder Legislativo. Las 16 medidas, con similar propósito, que plantea ahora el MPP no son incorrectas, pero son, por lo menos, tardías. ¿Son creíbles? No, no lo son. Cabe preguntarse, efectivamente, por qué se proponen ahora y nunca antes durante los 14 años de gobierno del FA con mayoría parlamentaria.

Con respecto a “los políticos” el problema no es cuánto ganan ellos. Quien enfoca el problema por ese lado distrae la atención del problema central.

En este año la democracia uruguaya elegirá, a nivel nacional, a 130 representantes, 1 Presidente y 1 Vicepresidente. Nada más.  Estas son las personas encargadas por el pueblo de controlar cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Existen muchos despilfarros y gastos superfluos donde se puede recortar y eso lo saben todos los políticos ¿Por qué no lo hacen?  En el Uruguay de 2019 esto ya dejó de ser un problema de responsabilidad o de buena gestión. Es un problema de honestidad y de justicia. Es un problema ético. No se justifica moralmente la voracidad con la que se aplican impuestos, tarifas y multas al pueblo uruguayo y la falta de control sobre cómo los recaudos se gastan en favor del mismo.

La historia reciente demuestra que ni los partidos tradicionales ni el FA supieron dar una respuesta satisfactoria a este problema.

Demasiado tarde para lágrimas por Leo Pintos

Para muchos la situación está más que clara: o la izquierda toma nota de los resultados electorales en el mundo y hace foco en los grandes problemas de la sociedad, o vendrán otros con fórmulas mágicas a imponer sus políticas retrógradas. El Frente Amplio ha tenido la gran suerte de no tener en frente líderes opositores carismáticos que pusieran en riesgo su permanencia en el poder. No obstante ello, en los últimos años no ha podido escapar a la lógica confrontativa reinante en la sociedad y se ha enfrascado en pequeñas luchas de moda en redes sociales que a la mayoría de la gente nada le importa. Los grandes temas que hacen a un país se discuten en los ámbitos de gobierno, dando cabida a la sociedad organizada, como los sindicatos de trabajadores, las agremiaciones empresariales, etc. Es un error enorme entrar en esa lógica binaria que algunos políticos con el beneplácito de algunos medios pretenden instalar en la opinión pública, en la que todo se cuestiona, en la que el detalle hace a la gran cuestión y nada sirve. Por eso que el sector mayoritario del partido gobernante se descuelgue con una batería de propuestas tras catorce años en el gobierno parece demagógico. Es que cuando los problemas de una sociedad son tan grandes lo de «más vale tarde que nunca» no aplica y lo que llega tarde es sencillamente omisión.

¿Por qué digo que estas medidas son demagógicas? Porque nunca es bueno hacer normas jurídicas con antorchas en las manos. Porque no es bueno gobernar a pulso de tendencia dejando de lado la ideología. Porque la ética no se legisla, se aplica. Porque el haz lo que yo digo no lo que yo hago es lo peor en política. En todo caso la propuesta deja al descubierto los vicios y desvíos que se generan en el ejercicio del poder.

No es serio quitar las partidas de prensa diez años después de la irrupción de la prensa digital. Es necesario, pero lo necesario que llega a destiempo pierde credibilidad.

Se trata de no tomar al Estado como botín para que sirva de moneda de pago a la militancia. Porque entre decenas de miles de funcionarios estatales existe gente idónea para desempeñar tareas siguiendo los lineamientos que dictan las jerarquías políticas si están ajustadas a derecho. Seguimos esperando aquello de «los mejores en los puestos claves».

Es injusto no devolver al trabajador los excedentes del FONASA, alcanza con administrar y asignarle al Fondo Nacional de Recursos lo necesario para cubrir lo que se deba cubrir.

La asignación de viáticos para los funcionarios que deban viajar al exterior tiene que ser la que corresponda a tal fin, alcanza con la correcta rendición. La cuestión es transparentar la autorización de cada viaje considerando la utilidad, la adecuada representación y extensión del mismo. Y así podría seguir con cada propuesta, pero sería aburrido.

La desconfianza en la política es en mayor o menor medida algo común en todos los países y los ejemplos sobran. Pero la confianza no se legisla, se gana con austeridad, transparencia y siendo consecuentes con el discurso.

Los partidos políticos tienen sentido cuando sirven al pueblo, cuando llevan adelante la tarea que la ciudadanía les asigna, esto es llevar adelante los proyectos de gobierno pensando en el bien común, la justicia social y la igualdad de oportunidades. Cualquier otra cosa es demagogia. La política genera confianza cuando permite la renovación, cuando ejerce la autocrítica, cuando sanciona a quien se aparta de la ética, cuando rinde cuentas. En suma, cuando el discurso y la acción coinciden.

¿15 años para “devolver la confianza en la política”? por  Federico Kreimerman

Llama poderosamente la atención que las propuestas del MPP surjan luego de 15 años de gobierno en el curso de los cuales no se afectó un solo privilegio del sistema político y por el contrario se toleró pasivamente el despilfarro de los recursos públicos como queda evidenciado en los casos Pluna y Ancap, entre otros.

En cuanto a los sueldos de legisladores, ministros y demás jerarcas del Estado, es inadmisible la brecha que existe entre esos salarios y los de la mayoría del pueblo trabajador, la izquierda desde los tiempos de la comuna de París sostuvo siempre que los cargos electivos deben tener un salario que no supere al de un obrero calificado, de modo de evitar la conformación de castas burocráticas con intereses propios; como evidentemente pasa hoy, y el propio partido de gobierno es muestra de ello.

Es justo topear el sueldo de los legisladores y generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas efectivos.

Para recuperar la «credibilidad del sistema político» hace falta que se gobierne a favor de las mayorías, menos pirotecnia electoral y más soluciones concretas a las necesidades de nuestra gente.

La austeridad en sí misma no significa nada, si por ejemplo durante el gobierno del presidente austero se extranjerizó más tierra que nunca antes en la historia de nuestro país.

Lo que sí es un valor es vivir en arreglo con los principios y al servicio de la transformación social.

Estas medidas son apenas un maquillaje cosmético, en un país que brinda todos los privilegios a la inversión extranjera directa.

En relación a ceder la casona de Suarez a la UTU recordemos que las 30 medidas de gobierno del FA en el 71 proponían convertir la Estancia de Anchorena en una colonia de vacaciones para los escolares, hasta el momento ha servido para comer asado con George W Bush y con Mauricio Macri, y para poca cosa más.

Efectivamente existen un conjunto de propiedades suntuosas en manos del Estado que podrían destinarse a otras prioridades y al uso público y social.

De todos modos y como ya lo adelanto su diputado, la Unidad Popular está dispuesta a votar siempre contra los privilegios, ahora mismo, no después de las elecciones. No parece que el oficialismo esté dispuesto a hacerlo.

Resulta demasiado evidente que estas propuestas del MPP responden más a una necesidad electoral de una fuerza política que ha perdido credibilidad, que a una intención real de mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema político. Pero la desesperación los lleva al tiro por la culata, pues es tan evidente y burda la jugada, que se vuelven aún menos creíbles.

Es difícil mantener una conducta coherente por Max Sapolinski

Preguntaría mejor: ¿Año electoral = propuestas demagógicas?

Aún el más ingenuo y ajeno observador a la realidad nacional percibe que si el sector mayoritario del partido de gobierno desembarca a siete meses de las elecciones nacionales a generar propuestas de temas que lanzados como slogans y sin discusión afectan la sensibilidad de la población, es que éste busca por el lado de la demagogia lograr apoyos en las instancias electorales.

Sin lugar a dudas que varios de los planteos efectuados ameritan un análisis y eventual ejecución.

Pero más allá de la conveniencia o no, más allá del momento en que se realizan estas propuestas, más allá de si se podrían obtener los consensos o mayorías necesarias, cabe preguntarse sobre la autoridad moral de quienes las realizan a la vista de los antecedentes que detentan.

¿Acaso no fue el Presidente Mujica, líder del MPP quien a comienzos de su mandato aumentó sin medir consecuencias y en forma totalmente arbitraria y poco planificada, las remuneraciones de ministros, subsecretarios y directores generando caos en la escala retributiva de la administración pública y una ola de juicios contra la Administración?

¿Acaso no fueron integrantes de la aliada ideológica del MPP, la lista 711, de donde provenían los responsables de los más sonados casos de desastre administrativo en la historia de la función pública del Uruguay, como fueron sin duda los casos de ANCAP  y ALUR?

¿Acaso no es la candidata apoyada por el MPP, la Ing. Carolina Cosse, la responsable del mayor desvío de fondos de una empresa pública al haber construido pese al dictamen contrario del Tribunal de Cuentas de la República y con un costo que sobradamente duplicó el valor presupuestado el ANTEL ARENA?

Es muy fácil arribar al año electoral y efectuar todo tipo de planteos que puedan lograr adhesiones generadas por el malestar de la población que siente que desde el Estado se despilfarran los dineros de los contribuyentes y se brindan servicios precarios.

Lo realmente difícil es mantener un discurso y una conducta coherente.  Lo difícil es establecer una trayectoria política que amerite la confianza por defender siempre las posiciones responsables y honestas. Lo difícil es decirle la verdad a la gente.

Por eso, la tan mentada frase del Maestro Tabárez cobra dimensión extraordinaria no sólo en el ámbito deportivo.

“El camino es la recompensa”, porque el “camino” da la pauta de lo que somos y lo que pensamos.

Bienvenido será todo tipo de acuerdo interpartidario que permita racionalizar y hacer justicia en terminar con determinadas prebendas y abusos.

Esperemos que los acuerdos que sin lugar a dudas deberán generarse para gobernar en el próximo lustro, contemplen decisiones justas y equilibradas en la materia.

Promesas sin certezas por Sebastián González

El MPP presentó una serie de medidas para reducir el gasto del Estado y “defender la política”. Es llamativo que un sector que ha sido mayoritario dentro de la fuerza política de gobierno en los últimos catorce años proponga estas medidas justo en el comienzo de una campaña electoral.

El MPP tuvo catorce años de mayorías parlamentarias –con un gobierno de su propio líder de por medio- para proponer y llevar adelante estos planteos, pero parece que se acordaron justo ahora, cuando el Frente Amplio ha sido duramente cuestionado por actos de corrupción y despilfarros de dineros públicos y cuando propios y ajenos señalan que puede llegar a perder la elección nacional.

La austeridad y el cuidado de los dineros públicos son algo positivo y hasta deseable en un gobierno, y más dentro de uno que se autoproclama como “de izquierda”. Si estos planteos van en serio, son reales y sinceros, seguramente tendrán el apoyo y el voto de la Unidad Popular, pero debe hacerse ya, ahora, no es necesario esperar a la próxima legislatura o periodo de gobierno.

Es necesario echar luz sobre varios aspectos de la política, como por ejemplo los cargos de confianza y la integración de los directorios, pero es necesario hacerlo en este momento y no desde una postura demagógica y electoralista.

Pero esta actitud no es nueva en el MPP. En octubre del año pasado, el diputado Alejandro Sánchez dijo en una emisora que el país necesitaba un “plan de viviendas” que “mejore el tejido social”. Sin embargo, siete meses antes de esas declaraciones, ni su fuerza política ni su sector votaron el Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública propuesto por la Unidad Popular, el cual pretende solucionar un problema crónico de la clase trabajadora uruguaya.

Con este tipo de contradicciones, no queda más remedio que pensar que estas medidas tienen hoy un fin electoral y oportunista. Esta actitud parece similar a la que muchas veces toma el Partido Comunista cuando habla de “correlación de fuerzas” y de “gobierno en disputa” cuando se los cuestiona por haber perdido sus principios marxistas-leninistas y por apoyar el modelo “pseudoprogresista” del Frente Amplio, sin embargo, son los mayores defensores de este modelo y las políticas económicas de los gobiernos del frentistas lideras por Danilo Astori y bendecidas por el FMI.

Un elefante en un bazar por Alejandro Sciarra

El votante uruguayo a veces me da un poquito de lástima.

Si alguna de todas estas dieciséis medidas, con todo respeto, demagógicas, populistas, electoralistas, la mayoría disparatadas, algunas de ellas inconstitucionales, manipuladoras, tuviera algún sentido real para el Movimiento de Participación Popular, entonces estarían aprobadas ya hace años, mientras ellos mismos gobernaban con mayoría absoluta y podían aprobar la ley que se les antojase.

Podría terminar acá, pero aprovecho el espacio gentilmente concedido para pasar algún aviso más, para no dejarlo sólo en la ternura que me genera el votante inocente que se come tan solo una de estas dieciséis pastillas.

Cuando desde el MPP se plantea una serie de medidas de esta índole, es imposible deducir otra cosa que no sea la baja estima que se tiene en cuanto a la capacidad intelectual ajena.

Porque hay promesas electorales que pecan de voluntariosas, a veces ilusas o forzadas. Pero en este caso estamos lejos de voluntarismos o de intentar despertar una renovación de la confianza en un sistema político que parece profundamente dormido. Estas dieciséis medidas son un pitorreo, un menosprecio del votante. Nadie puede decir que se trata de una intención seria y a la vez, evitar que se le caiga la cara al suelo de vergüenza. Es imposible de disimular. El MPP, que parecía silencioso entre elecciones socialistas, internillas de sucesores en la Intendencia de Montevideo y demás, entra en escena con una batería de medidas armadas en una reunión de hora y media para ser generoso. Con la misma delicadeza que lo haría un elefante en un bazar.

Gracias.

La cordura del plan no importa por Valeria David de Lima

Un periodista le consultó al entonces Presidente de la República; José Mujica, qué opinión tenía del intendente de Salto Germán Coutinho. Al respecto el primer mandatario dijo: “Coutinho viene haciendo un buen trabajo, anda lindo. Es un gran jugador, de esos que andan bien en toda la cancha. Hay Intendente para rato». Meses más tarde los medios locales y algunos nacionales titulaban: Salto sin efectivo y con deuda millonaria. Coutinho “gestionó” tal despilfarro en la Intendencia de Salto que no dejó plata ni para pagar salarios, gracias a esa administración que según Mujica “andaba lindo y jugaba en todas las canchas” los salteños estaremos endeudados por varios años. Transparencia y austeridad son los términos más recurrentes utilizados por el expresidente en sus conferencias por el mundo, sin embargo, y casi que en paralelo – por que como te digo una cosa, te digo la otra, se lo veía defender a capa y espada una pésima gestión de Sendic al frente de ANCAP, que lejos de ser austera no paró de ser muy eficiente a la hora de realizar malísimas inversiones para el ente petrolero, sino pregúntenle a Marta Jara que todos los días pone un aviso en el diario: SE VENDE HORNO sin uso, y sin sacar de la caja. Yo respeto a la gente que le cree a Mujica, así como respeto a la gente que cree que Sturla habla con Dios, así como también respeto a los fieles que financian los templos del pastor Márquez, adquiriendo propiedades en el cielo en infinitas cuotas pero a la menor tasa de interés. Respeto todas esas “religiones”, pero no comulgo con sus ideas. En su audición radial el lider del MPP hizo referencia a la crisis de confianza que, según él, actualmente atraviesan la democracia representativa y la función de la política a nivel global y también nacional. Allí mismo presentó un conjunto de iniciativas; “16 proyectos de ley para que la clase política viva como la mayoría de los uruguayos”. Mujica -quien fue presidente en el segundo gobierno del FA- aseguró que este paquete de medidas concretas es aplicable ¡YA!, ¡HOY! Quien lo escucha y no sabe de los placeres de Envidrio; le cree. El crecimiento de la desconfianza en la actividad política se genera a partir de conductas visiblemente alejadas de la ética que cualquier servidor público pueda tener, arriba de un colchón de Divino, en la Casita del Parque, en alguna estación de servicio de Bascou o en el cambio de Sanabria. Si nos tiembla el pulso a la hora sancionar en filas propias y/o ajenas prácticas que tanto mal le hacen a la actividad política de poco servirá un proyecto de ley que elimine partidas de prensa a los legisladores, no son éstos los problemas del Uruguay de hoy. ¿Transparencia o demagogia? Puede ser que sí, puede ser que no.

La ética entre el electoralismo y la motosierra por Oscar Mañán

Las medidas propuestas por el MPP a la opinión pública buscan un acuerdo nacional, como lo exponen, para “enaltecer la tarea política, en la reconstrucción de la frontera ética para blindar de legitimidad el sistema político” dado el escenario de “lógicas anti política impulsadas por ciertos actores”. De la misma letra se desprende que las propuestas se hacen eco del clamor popular, respecto a los privilegios del sistema político, los cargos de confianza, los altos salarios, etc.

Algunas no son novedosas y hacen a la carrera administrativa, ya garantizada en el art. 60 de la Constitución de la República pero que ahora se extenderían más allá de la administración central, incluso a los gobiernos departamentales. ¿Serán éstas compatibles con las autonomías de los gobiernos departamentales?

Otras estuvieron sobre la mesa de negociación con la COFE en los tres gobiernos del FA, y especialmente, durante la discusión por el Estatuto del funcionario público sancionado por el gobierno de Mujica. La postura inclaudicable de los trabajadores públicos es defender principios como “a igual tarea, igual remuneración”, lo que exige una carrera administrativa ordenada, con garantías de ingreso y tránsito (ascenso) y una escala de sueldos transparente con diferencias salariales pre-establecidas entre grados.

Curiosamente, los planteos de los trabajadores no son atendidos. Lo que busca corregirse ahora, es producto de diversas perforaciones a la carrera administrativa, explicada por la falta de concursos sistemáticos de ingreso y ascenso, o la entrada indiscriminada de “asesores”, “personal de confianza”, becarios y contratos chatarra encubiertos, tercerizaciones de las funciones públicas, etc.. En todo caso, estos temas que se buscan abordar, fueron generados por la práctica política denunciada por los trabajadores públicos que defienden un Estado fuerte con una burocracia independiente de los gobiernos de turno.

El ahorro o el traslape de fondos de un lugar a otro no puede ser el centro de las transformaciones, sí debería serlo la mejora de la gestión pública, hacerla más eficiente. Aumentar los impuestos a la burocracia política o achicar gastos de funcionamiento no mueve la aguja de las cuentas públicas. Por supuesto, que es una medida simpática para aquellos que piensan que el peso del Estado es excesivo, pero más seria y eficaz sería una política impositiva más decisiva en los gravámenes al capital, a la especulación financiera, a las prácticas monopólicas en la tierra urbana como en el campo.

Puede entenderse la necesidad de aliviar el déficit fiscal y atender aquellos temas de la agenda social para los que escasean los recursos. Llama la atención que estos temas se rescaten en aras de la “ética”, o bien de dar una señal de austeridad con miras a las próximas elecciones. Ahora se empuña la motosierra contra el personal de confianza que estos mismos gobiernos promovieron. Es por lo menos hipócrita, ya que la reforma del Estado de los últimos gobiernos estuvo basada en dividir en dos la carrera administrativa, escalafones operativos (de carrera) y de conducción (los que exigen adhesión al proyecto político de turno, en esencia de confianza).

La demagogia de los gestores del ajuste por Lucía Siola

Las 16 leyes que ha presentado el líder del espacio 609 y ex presidente de la República José Mujica para avanzar en la ‘transparencia’ de la gestión del Estado constituyen en el escenario actual una burda maniobra electoral. La propuesta que busca lograr un acuerdo nacional para ‘reforzar la credibilidad en la política y en la democracia’ se sustenta en un slogan que afirma que la ‘clase política debe vivir igual que el resto de los uruguayos’, algo de lo que al parecer recién ahora se acuerdan, y que el caso de Sendic –entre otros- se contradice en los hechos.

Este conjunto de proyectos de ley que ahora se presentan apuntarían a atacar algunos de los privilegios de los cargos políticos y de confianza, a partir de establecer un tope salarial, una serie de recortes de gastos, viáticos y subsidios, de creación de nuevos impuestos, y de mecanismos de controles tanto tributarios, como de las cuentas bancarias de cada funcionario político. Pero más que un ataque a los privilegios, se trata de una especie de regulación y de tope frente a los abusos a los que frecuentemente nos tiene acostumbrados la verdadera burocracia estatal (los gobernantes y sus funcionarios políticos). Si el MPP quiere terminar con los privilegios de los políticos del régimen, debería retomar la propuesta hecha por el gremio docente en 2014: que los políticos  vivan con el salario de un docente.

La propuesta se presenta como una pequeña reorganización del gasto público, en defensa de rubros en salud, educación y vivienda. Sin embargo, es imposible no considerarla una propuesta demagógica, porque por un lado, es un parche que no alcanza ni para comenzar a resolver el estado de hundimiento en el que están dichas áreas, y por otro, es un intento de ocultar que luego de 14 años de gobiernos del FA aún tenemos una educación pública sin los recursos necesarios para su funcionamiento, una salud pública en ruinas, y un déficit habitacional fenomenal. Pero lo que es aún peor, es la orientación estratégica que persigue esta propuesta, pues el mensaje que se busca dar en común acuerdo con todo el arco político del régimen es que el ‘ajuste comienza por casa’, ‘nosotros los políticos también nos sacrificamos para bajar el déficit’. Por eso, el anuncio de estas medidas viene acompañada de un pronunciamiento del sector y del propio Mujica, (que se suman a la de los precandidatos del partido de gobierno y de la oposición) en cuanto a la necesidad de reformar la seguridad social, y en particular la previsión social, como mecanismo para bajar el déficit fiscal. Una política que reclama el FMI y el Banco Mundial y que ya han puesto en marcha Mauricio Macri en Argentina, y  Jair Bolsonaro en Brasil. El aumento de la edad de retiro que el próximo gobierno, sea del color que sea, impulsará, constituye una confiscación a los jubilados y trabajadores de hoy, así como también a los del mañana, pues la jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Además es también un ataque a los jóvenes que ya en la actualidad sufren del trabajo precario y la falta de empleo, algo que se extenderá con el aumento de la edad de retiro.

No debemos dejarnos engañar, el déficit fiscal que tiene el Estado es producto fundamentalmente de las enormes ganancias que se le ha garantizado a las grandes y medianas empresas y sobre todo al capital financiero mediante el rendimiento de los bonos de la colosal deuda externa, que ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas de gobierno del FA, y que venimos pagando sistemáticamente el pueblo trabajador uruguayo. Lo cierto es que frente a la reversión del denominado ‘carry trade’, los capitales golondrina que pulularon por América Latina durante estas últimas décadas se comienzan a retirar dejando a los Estados nacionales en quiebra. Lo que está en curso en el continente es una nueva crisis de deuda, para la que se preparan todos los candidatos del régimen, que en general comparten la necesidad de meter mano a los fondos de pensión y previsión, en promover una reforma de la reglamentación laboral al estilo UPM, y en desarrollar un ajuste fenomenal sobre los trabajadores y las trabajadoras. Es a esto a lo que se está sumando el MPP.

Hay que ajustar a los ajustadores. Necesitamos una salida que aborde el fondo de los problemas: eliminación de los subsidios y exoneraciones a las grandes empresas, aumento de los aportes patronales para cubrir la seguridad social, no pago de la deuda externa. Sólo a partir de este programa se podrá llevar a cabo un plan de reorganización económica del país para que la crisis la paguen los capitalistas.

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