Las 797.261 firmas destinadas a convocar a un referéndum para derogar la Ley de Urgente Consideración- buque insignia del gobierno- en un contexto singularmente adverso, constituyen un heroico triunfo contra el miedo, la desinformación, la patraña de la mentira institucionalizada y el blindaje mediático.
Como se sabe, se requieren 671.544 adhesiones, lo cual equivale al 25% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral habilitados para sufragar, para convocar a las urnas.
Lo realmente sugestivo es que la campaña de recolección de firmas se concretó en una coyuntura de temor, confinamiento por la pandemia, desconfianza y encubrimiento de los deletéreos contenidos de un paquete legislativo que recorta derechos consagrados constitucionalmente, establece nuevas herramientas represivas y promueve mecanismos para desmantelar el Estado y favorecer los intereses de las clases privilegiadas.
En efecto, la denominada LUC es una suerte de programa de gobierno de impronta retardataria y restauracionalista, votada por la coalición multicolor en tiempo récord y sin instancias de debate, con el propósito de retroceder los relojes de la historia.
Esta ley, que contiene disposición tan diversas como el endurecimiento del delito de desacato a la Policía, la insólita creación del delito de agravio a la autoridad, la limitación del derecho de huelga y de reunión, la abolición de la autonomía de la educación, una estricta regla fiscal, cortapisas a ley de inclusión financiera y desalojos en tiempo récord de arrendatarios de vivienda con toda la carga dramatismo que ello supone, constituye un compendio del peor manual de neoliberalismo más reaccionario.
Por supuesto, durante el trámite legislativo los medios el aparato mediático obsecuente ignoraron la LUC como si no existiera, al amparado en una pandemia que justificaba ocupar dos tercios de informativos de tres horas e ignoraban también la crónica policial, como si realmente se hubiera terminado el tan apócrifo recreo que pregonó el oficialismo.
Pese a todo, las rúbricas recolectadas superan en más de 100.000 las estipuladas por la normativa electoral, merced a la patriada de una militancia política y social que dejó la piel en la cancha.
En números redondos, el total oficial de rúbricas recolectadas supera largamente la exigencia constitucional y los votos obtenidos por el gobernante Partido Nacional en la primera vuelta electoral de octubre de 2019.
Esa circunstancia dio por tierra con los pronósticos de los agoreros, que aseguraban y confiaban que la campaña sería un rotundo fracaso. Evidentemente, les salió el tiro por la culata.
Es que esta suerte de cruzada nacional, que sumó el esfuerzo de la izquierda política pero también del movimiento sindical, de las organizaciones sociales y de los actores de la cultura, sólo apunta a habilitar una consulta popular que permitirá al electorado decidir sobre su destino.
Por supuesto, contribuirá a un debate amplio, que pondrá en tela de juicio .como en toda democracia que se precie de tal-un conjunto de herramientas jurídicas que fueron homologadas, entre gallos y medias noches, en una escenografía de confinamiento, miedo y restricciones y absoluta falta de información.
Demostrando un coraje que sólo ostentan quienes hacen de la dignidad una suerte de credo, miles de militantes instalaron puestos callejeros, recorrieron barrios, casa por casa, ferias, vacunatorios, centros comerciales y ollas populares, en un despliegue territorial que no conoció pausa. Por razones obvias, no hubo actos de masas de apoyo a la campaña.
Por supuesto, la propaganda mediático se limitó a algunas spots por el alto costo de los espacios y al escaso acceso a los medios audiovisuales y estuvo limitada por la negativa del Poder Ejecutivo a autorizar el uso de la cadena de radio y televisión. Muy diferente fue la actitud del gobierno del Frente Amplio, que sí la otorgó al proyecto de reforma constitucional “Vivir sin miedo” que promovió el hoy fallecido Larrañaga.
Con todo en contra, los promotores del recurso de derogación lograron igualmente la hazaña de reunir muchas más firmas de las necesarias y así inaugurar un tiempo de lucha política contra la mentira, el ocultamiento, la hipocresía y la falta de escrúpulos de un oficialismo que reúne, en un mismo arco, a las peores expresiones de la más rancia derecha de la post-dictadura.
Para quienes vivimos con inconmensurable pasión la patriada de fines de la década del ochenta destinada a anular la Ley de Impunidad que perdonó los aberrantes delitos perpetrados por la dictadura, esta epopeya realmente nos conmueve y nos acaricia el corazón.
Por razones naturalmente cronológicas, esta nueva patriada reunió a los viejos militantes sobrevivientes de hace ya tres décadas con una concientizada nueva generación de jóvenes que se rebela contra la abolición de sus derechos y de la esperanza y rechaza el terrorismo verbal de los mezquinos y mentirosos profesionales que contaminan la actividad política.
En los últimos días y temiendo que sucediera lo que realmente sucedió, estos mercenarios quemaron las naves convocando a no firmar, para evitar lo inevitable.
Más allá del eventual desenlace del referéndum, que seguramente será convocado para principios de 2022, el pueblo uruguayo desafió los estragos provocados por la pandemia y por un gobierno que no adoptó medidas para evitar más muertes, aumentó la pobreza y la desocupación, incrementó las tarifas públicas y bajó los salarios y las jubilaciones.
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