Los brutales recortes que aplicará el gobierno al presupuesto educativo luego de 15 años de crecimiento – que alcanzó a más de un 160% durante el ciclo progresista- constituyen un atentado contra los derechos de niños y adolescentes.
Esta actitud, que sintoniza con la austeridad proclamada por la derecha, nada tiene que ver con la crisis devenida del Coronavirus, sino con el talante reduccionista de un bloque conservador que apuesta a la restauración neoliberal.
La excusa es la necesidad de abatir el déficit fiscal para no perder el grado inversor y construir políticas de reactivación del empleo, mediante incentivos y exoneraciones al capital.
El achique comenzó a aplicarse con el decreto 90/2020, el cual establece que las dependencias estatales solamente pueden ejecutar el 85% del presupuesto asignado.
Esta motosierra es consecuente con el ahorro de 900 millones de dólares anuales anunciado por el presidente Lacalle Pou, sin afectar las políticas sociales.
Sin embargo, este gobierno ya le metió bisturí a prestaciones sensibles como el Sistema Nacional de Cuidados, al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y a los programas que gestiona la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
La obsesión por amputar sin contemplar necesidades, pone en riesgo incluso la prestación a la población de los servicios de UTE Y OSE, según lo denunciado por los sindicatos.
Sin embargo, el histórico “botín de guerra” de la derecha sigue siendo la educación pública, a la cual los reaccionarios más exacerbados -de los cuales hay muchos en este gobierno- consideran una “madriguera de bolches y tupas”.
No en vano, uno de los primeros ataques contra la enseñanza fue perpetrado por el gobierno autoritario del colorado Jorge Pacheco Areco en 1970, con el ilegal decreto de intervención.
El segundo golpe fascista se concretó a comienzos de 1973, con la promulgación de la ley 14.101, denominada peyorativamente “ley Sanguinetti”, en referencia al ex presidente de la República, quien fue Ministro de Educación y Cultura del gobierno ultra-derechista del luego dictador Juan María Bordaberry.
Esta norma pulverizó literalmente la autonomía de los entes educativos y fue empleada, durante la dictadura, para destituir a miles de docentes por razones ideológicas.
Tras el epílogo del período autoritario, los presupuestos educativos de los gobiernos de derecha fueron de inanición, lo cual se tradujo en salarios de hambre, locales ruinosos, falta de equipamiento, profesores y maestros desmotivados y deficientes aprendizajes, con tasas de egreso incluso inferiores a las actuales, según lo consignado por sendos informes de la CEPAL de mediados de la década del noventa.
Luego de tres lustros de incesante incremento del presupuesto educativo, el gobierno conservador -que integra incluso a un partido fascista- aplica su lógica reduccionista y viola flagrantemente su compromiso electoral.
Según lo denunciado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria -que no ha sido desmentido por el oficialismo- el futuro presupuesto educativo sufrirá un salvaje amputación de aproximadamente un 22%, a raíz de lo cual habrá entre 40.000 y 50.000 horas docentes menos.
Ese auténtico hachazo dejará sin trabajo a unos 2.500 educadores y generará una explosiva superpoblación de alumnos por clase, ya que serán eliminados 150 grupos del Plan 2006, según lo revelado por fuentes gremiales.
Concomitantemente, se afectarán las coordinaciones docentes interdisciplinarias, que bajarán de 4 a 2 horas semanales, la actividad de los Profesores Coordinadores Pedagógicos (POP), que se verá reducida a sólo 20 horas y el programa POB (Profesor Coordinador Bibliográfico), que quedará en 20 horas.
También se prevé reducir el tiempo de trabajo de los coros liceales, en el caso del director a 4 horas y en el del pianista acompañante a 3 horas, así como eliminar la asignatura Educación Sonora (Música) en tercer año del Ciclo Básico.
Otra actividad de talante inclusivo que se prevé eliminar es el POITE (Profesor Orientador en Informática y Tecnología Educativa) en el caso de los turnos nocturnos. Evidentemente, la coalición multicolor –que no parece conmoverse con el genio de Beethoven o de Bach- prefiere los acordes de una marcha militar.
También se abatirán los recursos destinados a los referentes de educación sexual y a las tutorías, que atienden a los estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad socio-educativa y riesgo de desvinculación.
Por su parte, el Consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria en representación de los maestros, Daniel Caggiani, denunció que el CODICEN votó recortes al programa Trayectorias Educativas, de 15.000 horas a 5.000 horas.
Se trata de un proyecto alfabetizador que atiende en forma personalizada a escolares en situación de vulnerabilidad que no han adquirido los conocimientos mínimos en lectura y escritura.
Incluso, las propias autoridades de la ANEP han admitido que, debido a las limitaciones presupuestales, no será posible crear los 136 liceos modelos prometidos. Aparentemente, con viento a favor, esa cifra llegaría apenas a 50 durante el quinquenio.
A nivel global, la inversión en la educación pública bajará del 5,2% del PBI alcanzado en 2018 al 4,3%, al final del período.
Este ajuste fiscal -que tiene como propósito desmantelar al Estado y privilegiar al capital privado acorde a la ideología de mercado de la satrapía multicolor-vulnera, en el caso de la educación, los derechos constitucionales de los niños y adolescentes pertenecientes a las familias que viven en la periferia social.
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