La denuncia del programa televisivo flechado y carroñero Santo y Seña, que expuso al senador comunista Oscar Andrade al escarnio público, provocó un insólito revuelo en el oficialismo, como si las omisiones del legislador opositor fueran un delito.
Evidentemente, la bien orquestada operación de enchastre mediático contra el parlamentario rindió sus frutos, transformándose en tema de portada de informativos durante prácticamente una semana, pese a las explicaciones del implicado.
Si bien nadie niega que el curul frenteamplista pudo haberse equivocado al omitir el pago de sus tributos municipales por la modesta casa construida mediante el mecanismo de autoconstrucción, con la solidaridad de sus compañeros del SUNCA en el no menos modesto balneario San Luis, esa actitud no daba para urdir un circo de proporciones, que se montó para maquillar el nuevo tarifazo en el precio de los combustibles decretado por el gobierno.
Grande fue la sorpresa de los medios que concurrieron al lugar, acostumbrados a las suntuosas residencias donde habitan los miembros de la clase dominante y de sus aliados políticos de la derecha y a los exclusivos barrios privados, como la Tahona, donde tiene radicada su propiedad el presidente Luis Lacalle Pou.
Pese a las explicaciones del político escrachado, que denunció la realidad de miles de trabajadores que construyen su hogar con idénticos procedimientos por sus menguados ingresos, la campaña igualmente logró sentarlo en el banquillo de los acusados.
En efecto, Andrade, que tiene una cuantiosa retención judicial de sus estipendios, dona buena parte de su sueldo a la fundación SUNCA solidario y a diez instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad,
Este es un ejemplo de solidaridad y generosidad de alguien que recibe en la mano el salario de un albañil, que debería ser imitado por la oligarquía egoísta dueña de la economía del país y por algunos gobernantes, como el Director de la OPP, Isaac Alfie, quien se exoneró a sí mismo para financiar sus emprendimientos privados.
En un país en el cual durante décadas la morosidad contumaz fue una práctica habitual, en algunos casos de hasta veinte años, ante la vista gorda de los gobiernos blancos y colorados de turno, la derecha no tiene autoridad moral para criticar estas prácticas.
Esas situaciones escandalosas, que se mantuvieron encubiertas por la obsecuente complicidad de las administraciones que dirigieron los destinos del país antes de 2005, provocaron, por ejemplo, la virtual quiebra del Banco República- el principal acreedor de deudas impagables, durante la crisis del 2002.
Como es notorio, el sistema financiero tuvo que ser capitalizado mediante un crédito puente de 1.500 millones de dólares destinado a otorgar liquidez a los bancos fundidos, durante el paupérrimo gobierno de coalición blanqui-.colorado encabezado por el fallecido ex presidente Jorge Batlle.
Empero, el cangrejo debajo de la piedra apareció cuando, durante la primera presidencia del frenteamplista Tabaré Vázquez, se descubrió el volumen de las deudas impagas que mantenía el capital con la banca oficial.
En efecto, según documentos reservados del banco estatal, en 2005 había una lista de 71 empresarios agrarios deudores contumaces, que tenían pendiente de pago la friolera de 125 millones de dólares, en un total de 364 millones de dólares. De Ese total, sólo 32 adeudaban por entonces montos de 100 millones de dólares.
En otro orden, la deuda acumulada entre 1999 y 2002, que coincide en el tiempo de la devastadora crisis económica provocada por los gobiernos de la época, trepaba a los 1.000 millones de dólares.
Según un segundo informe del BROU, otra nómina se refería a los deudores con atrasos hasta el 31 de diciembre de 2004 también del sector agropecuario. En este caso, los omisos eran 8.177 productores y la deuda alcanzaba a los 642 millones de dólares, con un promedio de 78.500 dólares por deudor.
Empero, el problema eran los deudores contumaces que nunca pagaron ni se adhirieron a convenios, que por entonces debían nada menos que 337 millones de dólares.
Por su parte, la morosidad con créditos considerados incobrables también alcanzaba a la industria, con 672 millones de dólares y al comercio, con 528 millones de dólares.
Por supuesto, la ley de refinanciación votada durante el primer gobierno del Frente Amplio logró regularizar relativamente la situación, aunque con generosas quitas o reducción o eliminación de intereses para poder solventar el pago de los créditos, sin llegar a los extremos de la escandalosa compra de carteras incobrables aprobada por la dictadura a comienzos de la década del ochenta.
Si bien la responsabilidad de cualquier deudor es cumplir con sus obligaciones, la cómplice vista gorda de blancos y colorados ante la escandalosa morosidad que se registró durante sus gobiernos debiera llamarlos a silencio. Empero, nada hicieron porque muchos de los deudores – representantes del gran capital, del patriciado rural o de la oligarquía empresarial, eran amigos o correligionarios.
Evidentemente, la historia los condena, porque el alto endeudamiento empresarial sumado a los devastadores efectos de la crisis del 2002, puso en riesgo la existencia misma del Banco de la República, que estuvo a punto de desaparecer.
Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, que miren la viga en el propio como lo proclama la Santa Biblia, que asuman sus culpas y no cometan el incalificable atrevimiento de acusar de criminal a un obrero devenido senador.
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