El escandaloso monopolio acordado por el gobierno con la multinacional portuaria belga Katoen Natie, que extiende la concesión de la explotación de la terminal de contenedores Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo por sesenta años, debería dirimirse en los estrados judiciales.
La oscura operación, que viola flagrantemente la libre competencia establecida en la Ley de Puertos aprobada durante el gobierno del nacionalista Luis Alberto Lacalle Herrera, desregula la actividad portuaria, comporta una grosera renuncia de soberanía y supone un repliegue del Estado en sus obligaciones. El proceso que condujo a este auténtico mamarracho ilegal, en cuyo marco el Partido Nacional, a través del ex ministro de Transporte y Obras Pública, Luis Alberto Heber, actuó a espaldas de sus propios socios de la coalición, sienta en un grave precedente y lesiona la imagen internacional del país.
Si se mantiene este acuerdo –que es lesivo para los intereses nacionales- los importadores y exportadores deberían negociar con un único operador y, si los precios del servicio no son los adecuados, optarían por realizar sus actividades de carga y descarga en otra terminal portuaria.
Asimismo, además de violar la normativa vigente en la materia, violenta un principio fundamental de la filosofía del gobierno multicolor, al impedir la libre competencia, acorde a las reglas de la economía de mercado.
La mejor estrategia para que el Secretario de Estado demuestre que no hubo “dolo” (delito) en su accionar cuando ocupaba la titularidad del MTOP, es que aporte las pruebas de que todo el procedimiento fue impoluto y no que ande con evasivas y siga apostando al ocultamiento.
Si persiste en su actitud de mutismo sin revelar la verdad, lo cual contradice la transparencia que pregona recurrentemente el oficialismo, despierta obvias suspicacias, porque entrega plenamente la operativa portuaria a una empresa privada y acepta todas las condiciones de esta.
En tal sentido, la tan mentada amenaza de juicio contra el Estado es un mero pretexto para justificar un proceder oscuro, ya que no existen evidencias documentales que la parte presuntamente demandante tenga elementos para litigar y menos aun que pueda tener éxito en su reclamo.
El país tiene por lo menos dos antecedentes de juicios ganados en instancias de arbitraje, cuando salió airoso ante la demanda planteada por la multinacional tabacalera Philip Morris y en el diferendo entablado por la minera Aratirí.
Aunque el Ministro Heber se explayó y hasta se ofendió por las acusaciones de la oposición, no convenció ni a los socios de la coalición multicolor, pese a obtener su respaldo.
No en vano, la bancada del ultraderechista Partido Cabildo Abierto demandó al propio gobierno que integra que congele el acuerdo y lo reformule, para mejorar las condiciones de la negociación y otorgar garantías que hoy no están dadas.
El contrato, que es inédito en la historia del país, entrega un monopolio por sesenta años a una empresa privada sin mayores regulaciones ni controles. Es decir, cuando la concesión concluya, ni siquiera el Presidente Luis Lacalle Pou estará en este mundo, salvo que viva hasta los 108 años de edad.
Es claro que este adefesio jurídico, que regirá hasta 2081, entrega el negocio portuario casi sin restricciones a capitales monopólicos y no existe ningún informe que avale cuáles son las ventajas para nuestro país.
Al respecto, el senador frenteamplista Mario Bergara explicó se ejecutó “con un expediente vacío. Es decir, sin un solo informe que no sea el informe de la empresa. Entonces, si del lado de la empresa se usan informes de la empresa y del lado del gobierno también se usan los informes de la empresa, en esa mesa de negociación no sabemos dónde estaba el interés nacional”.
Asimismo, añadió que se trata de un acuerdo en donde el Estado prácticamente se retira de sus potestades regulatorias, porque se liberan tarifas. “El Estado ya no va a fijar las tarifas sino que lo va a hacer la propia empresa. Además, el Estado se ata las manos en cuanto a que no va a llamar nuevos competidores o nuevas licitaciones”.
El contrato tampoco previene la posibilidad de que la empresa venda el paquete accionario a terceros, lo cual generaría un problema adicional de compleja resolución.
Si bien a priori no existen evidencias probatorias de “dolo”, la responsabilidad del Ministro Luis Alberto Heber no es meramente política. En efecto, más allá de los eventuales entretelones de la operación, de su accionar se infiere que podría haber perpetrado el delito de abuso de funciones, actuando con absoluta discrecionalidad y perjudicando el interés nacional.
Esta figura jurídica, prevista en el artículo 162 de Código Penal, que condena presuntos actos arbitrarios contra la administración, le fue aplicada a números jerarcas blancos y colorados, al ex ministro de Economía y Finanzas del Frente Amplio Fernando Lorenzo, al ex vicepresidente de la República Raúl Sendic y al ex diputado Daniel Placeres. Los tres renunciaron a sus fueros para comparecer ante la Justicia y fueron procesados como cualquier ciudadano común y corriente.
Si Heber en su calidad de ministro fuera denunciado, tendría que ser sometido a juicio político y sólo podría ser destituido por el parlamento por mayorías especiales. Esa eventualidad es una quimera, porque, al igual que en el caso del senador cabildante Guido Manini Ríos, sería blindado por la coalición y su presunta responsabilidad penal quedaría impune, como en tantos otros casos.
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