Entre lo que trajo la actual pandemia, algunas -pocas cosas- han servido para postergar, abandonar o pasar a otros órdenes de análisis las acciones a adoptar para -por lo menos- atenuarlas. No se calcula que la desidia en considerar los mismos agravan, además, la de por sí calamitosa situación a que está sometida la gran mayoría.
Tras un cambio de dirección en el gobierno británico -acompañando una proporción de injerencia del de Estados Unidos- luego de más de tres años, el Reino Unido anunció su divorcio de la Unión Europea (UE). Esta determinación que ocupó gran parte de los espacios políticos fue opacada tiempo después cuando la OMS advirtió al mundo acerca de la pandemia del coronavirus.
Esto último, que sobrepasaba el hecho europeo, hizo que sobre el brexit ocurriera una baja de tono y que los decibeles informativos -frente a un tema económico de primer orden- se circunscribiera a los arreglos posteriores en los compromisos y el distanciamiento entre Bruselas y Londres.
Se eludieron detalles y situaciones puntuales, quedaron sin ponderar debidamente aquello que advertimos, como los votos en desacuerdo con la separación de la mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte y Escocia y la reiterada intención de Londres de ahondar fiscalmente en la división de los territorios conquistados del Ulster y la República.
De nueva cuenta hoy reaparecen entre los pronósticos las decisiones mediante caminos de violencia: componen tal extremo la reinstalación por Reino Unido de una frontera efectiva y nuevas fiscalidades entre ambos territorios (los más pobres de la zona) y la falta de fuentes de empleo que afectan por igual a católicos y protestantes y de lo cual las dos comunidades acusan a los británicos, dejando de lado las distinciones y diferencias confesionales.
A modo de muestra acerca de las inquietudes que despiertan las propuestas de factibles acciones del gobierno británico, nos permitiremos tomar cierto espacio para desentrañar el sobresalto. En estos días Londres dio a conocer, el 2 de septiembre, el proyecto de ley que revé compromisos ya acordados para tiempos del brexit, lo cual es una directa violación asumida del derecho internacional que molestó a la Unión Europea (UE). Esta propuesta, conocida como “ley del mercado interno» británico modifica disposiciones acordadas para impedir la vuelta de fronteras físicas entre las Irlanda y de Eire con el Reino Unido después del período de transición que -en teoría- finaliza el 31 de diciembre. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que ese proyecto viola la «ley internacional». La alemana evocó en latín: «Pacta sunt servanda” que se traduce al castellano como «Lo pactado obliga”, por lo que lo firmado debe ser mantenido y cumplido, se exigió a Londres una reunión bipartita urgente.
El francés Michel Barnier, jefe de los negociadores de la UE, afirmó el 4 de septiembre sobre los acuerdos de relación futura entre la institución y el Reino Unido a partir del postbrexit, que todo se mantiene igual ante la negativa londinense de cumplir con lo que firmó en la Declaración Política del acuerdo de retiro. Señaló que la UE está «intensificando su trabajo de preparación y estar listo para todos los escenarios el 1ª de enero de 2021», mientras se tiene preparado un plan B de «no acuerdo», en tanto el tiempo pasa y las oportunidades desaparecen. Se permitió especular y manifestar textualmente: «Nadie debería subestimar las consecuencias prácticas, económicas y sociales de un escenario sin acuerdo».
Hasta hace unos 11 meses, el actual primer ministro británico Boris Johnson firmó en la UE, un acuerdo sobre el brexit. De esta manera, llegó al 31 de enero de este año en que Reino Unido dejó la UE, lo que le suponía algún cambio, ya que perdería voz y voto, hasta el próximo 31 de diciembre o su salida definitiva, momento en que finaliza el periodo de transición para negociar el acuerdo de relacionamiento comercial, por ejemplo. En dicho tránsito se encontraban las partes cuando Londres dijo -con su proyecto de ley- que no pensaba cumplir con lo acordado…
Cuando falta tan poco tiempo para el final, la sensación que tienen los negociadores y líderes de la UE es que Johnson no es confiable y que en la práctica no vale la pena hacer acuerdos con su gobierno. El 30 de agosto una filtración al Financial Times insinuó que Londres había variado su criterio sobre la legislación de aduanas y que esto afectaba lo dispuesto en el brexit para Irlanda del Norte. El 1ª de septiembre confirmaba la especie el ministro para Irlanda del Norte y sostenía que en casa del premier todos conocían el tema.
Por su lado, la televisión irlandesa no lo acogió con agrado: «El acuerdo de retirada fue ratificado tanto por la UE como por el Reino Unido y entró en vigor el 1 de febrero. Desde entonces, ninguna parte puede cambiarlo, aclararlo, enmendarlo, interpretarlo o dejar de aplicarlo unilateralmente. El protocolo de Irlanda forma parte integral del acuerdo de retirada … Si se adopta como se propone, este proyecto de ley será una clara violación de las disposiciones sustantivas del protocolo».
También me llegó un cable de Xinhua que dice: «Reino Unido pondrá fin al libre tránsito de nacionales de la Unión Europea (UE) si no logra llegar a un acuerdo con Bruselas para el 31 de octubre». El colmo de todos los cambios es el que festinan los londinenses: «Poner fin al libre tránsito significa que ya no tendremos que conceder acceso ilimitado y sin control a las personas de los países de la UE cuando llegan aquí en busca de trabajo».
Pandemia más rupturas de uniones capitalistas demorarán toda recuperación: optimistas ansiosos deberán esperar a pie juntillas que se cumplan las bienaventuranzas de ciertos economistas:“La expansión posterior a la pandemia, si la hay, puede tardar años en cumplir con la definición moderna de recuperación [un retorno al ingreso inicial per cápita] como consecuencia de una profunda recesión”.
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