Los reiterados ataques del Presidente de la República Luis Lacalle Pou al Frente Amplio desnudan la dramática grieta existente entre el gobierno y la oposición y convocan a refrescar la memoria de los uruguayos en torno a sonados casos de corrupción y procesamientos de figuras referentes del Partido Nacional.
En efecto, el otorgamiento de exoneraciones impositivas a la empresa del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, encendió la hoguera de acusaciones mutuas entre el oficialismo y el FA. Si bien el beneficio fue tramitado durante la administración anterior, fue concedido recién en febrero y firmado por la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.
Aunque no se trata de una exención ilegal, a la cual el propio funcionario beneficiario renunció para detener la hemorragia de críticas no bien se hizo pública, es bastante más que una falta ética. El hecho configuraría, a priori, un delito de conjunción de interés público y privado, que debería haber sido denunciado como tal ante la justicia competente.
Ello se suma a la censurable participación de Alfie en el millonario juicio entablado por la multinacional Aratirí contra el estado uruguayo, en su cuyo contexto actuó como asesor de la empresa y declaró testimonialmente contra los intereses del país.
Obviamente, son meramente anecdóticas las compras de once milanesas con puré para un almuerzo en la Cancillería de la República con un costo de 33.000 pesos (casi 3.000 pesos por milanesa) y también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de diez engrampadoras, mediante una compra directa por un monto de 4.000 dólares, a 400 dólares por unidad (18.000 pesos), precio que trasciende largamente a los valores de mercado.
Empero, lo más grave fue la furibunda reacción del propio Luis Lacalle Pou cuando fue interrogado sobre la demanda de renuncia de Alfie y Arbeleche planteada por el Partido Socialista. Al respecto, el mandatario afirmó que “lo que está bueno es tener trazabilidad y resistir el archivo y notoriamente en este caso no se resiste, estoy hablando del Partido Socialista”, añadiendo que no le alcanzaban los dedos de las manos para mencionar situaciones “reñidas con la ley y la ética” durante los gobiernos frenteamplistas.
Si bien nadie niega los antecedentes penales de los procesamientos del ex vicepresidente Raúl Sendic y del ex diputado del FA Daniel Placeres, – ambos jurídicamente discutibles- no menos cierto es que la propia fuerza política los forzó a renunciar y a comparecer ante los estrados judiciales sin la inmunidad parlamentaria.
No sucedió lo mismo con el senador cabildante Guido Manini Ríos, quien fue amparado por la coalición multicolor, que rechazó el pedido de levantamiento de los fueros cursado por el fiscal Ricardo Perciaballe, quien pretendía investigar la grave responsabilidad del ex comandante en jefe del Ejército en el ocultamiento de las confesiones del represor José “Nino” Gavazzo registradas en las actas de un tribunal militar.
Empero, Lacalle Pou no tiene autoridad moral para pontificar, porque su partido tiene un largo y oscuro prontuario penal por graves casos de corrupción que se remontan a la presidencia de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1994) y al primer gobierno de coalición blanqui-colorado (1995-1999).
La nómina de procesados incluye al ex presidente del Banco República Enrique Braga, quien fue enjuiciado por el sonado escándalo del negociado del Banco Pan de Azúcar, al ex secretario del propio Luis Alberto Lacalle Herrera, Daniel Cambón, procesado por estafa, al ex presidente de AFE Rodolfo Flores, encarcelado por un delito continuado de fraude, al ex director de AFE Iván Coronel, sentenciado por fraude, al ex presidente del Banco de Seguros, Julio Grenno, imputado por abuso de funciones, al ex intendente y diputado Carlos Mazzullo, procesado por estafa, al ex director del Banco Hipotecario, Jorge Sacchi, también acusado de fraude, al ex director de OSE Alberto Casas, enjuiciados por graves ilícitos y amparado en sus fueros de diputado hasta la prescripción y a Andrés Arocena, ex intendente de Florida y Walter Zimmer, ex intendente de Colonia, ambos procesados por abuso de funciones.
Durante los últimos quince años, pese a estar en la oposición pero ostentando posiciones de privilegio político en los gobiernos departamentales, el Partido Nacional registra un total de cuarenta y seis procesamientos de figuras referentes de la colectividad, por delitos que van desde abuso de funciones, conjunción de interés público y privado, fraude, estafa, corrupción de menores, robo y hasta homicidio.
Reproducir la nómina de imputados sería imposible por lo acotado el espacio. Empero, basta recordar, a título de ejemplo, al diputado Sebastián Andujar, denunciado por libramiento de cheques sin fondos, al edil Álvaro Puerto, procesado por fraude, al ex edil y diputado Nelson Bosch, procesado por narcotráfico, al ex intendente Agustín Bascou, denunciado por compras de combustible en su propia estación de servicios y libramiento de cheques sin fondos, al hoy diputado Rodrigo Blás, denunciado por defraudación a la DGI y al ex edil Hebert Machín, procesado con prisión por asesinar a su esposa y resistir al arresto a disparos de armas de fuego, entre muchos otros.
Como Lacalle Pou es católico, debería repasar la máxima bíblica que recomienda ver la viga en el ojo propio antes que la paja en el ojo ajeno, que se adecua a la sórdida historia delictiva de su propia colectividad.
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