La decisión de los ediles multicolores de la Junta Departamental de Montevideo de promover un juicio político a la intendenta Carolina Cosse, enrarece aun más el ya tenso clima político entre bloques ideológicos antagónicos y excede los meros parámetros de la administración capitalina.
Aunque el recurso ante el Senado de la República no prosperará porque se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los integrantes del cuerpo legislativo, esta embestida baguala- al decir del ex presidente blanco Luis Lacalle Herrera- constituye un nuevo capítulo de esta encarnizada contienda política.
En efecto, los argumentos que esgrimen los 13 ediles que apoyaron la moción son de una sorprendente inconsistencia, ya que la titular de la comuna no violó la Constitución de la República ni cometió ningún delito, que son las causales estipuladas para activar este mecanismo legal y promover la remoción de un jerarca en la cámara alta.
Ni la no comparecencia de la Intendenta ante la Junta ni la eventual falta de respuestas a los pedidos de informes de la oposición montevideana- que según fuentes oficiales fue tajantemente desmentida-constituyen faltas que justifiquen un juicio político.
Por supuesto, en este caso el marco normativo autoriza a la intendenta a ser reemplazada por un funcionario de alto rango, quien compareció ante el legislativo departamental con los documentos requeridos. La lectura de los informes fue escuchada apenas por dos ediles colorados, ya que el resto de los representantes opositores abandonaron la sala.
Obviamente, esta nueva maniobra de la derecha montevideana se inscribe en el marco de la contraofensiva emprendida por el conglomerado multicolor, con el propósito de distraer la atención de los escándalos con tufillo a corrupción que salpicaron y aun salpican al inquilino de la Torre Ejecutivo.
Si bien el presidente de la República no se ha pronunciado sobre el tema, varios referentes del oficialismo han anticipado que acompañarán el procedimiento. Empero, también han surgido voces discordantes como la del Ministro de Defensa Nacional, Javier García, entre otros, quien calificó la decisión como “desproporcionada”.
Empero, el propósito de esta desleal maniobra política es desgastar la figura de Carolina Cosse, quien goza una amplia aprobación a su gestión y es una potencial precandidata para las elecciones internas de 2024.
Los ediles blancos, que encabezan la dura oposición contra la administración frenteamplista, son los responsables de no haber votado un crédito de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo- que requería mayorías especiales- destinado a obras de limpieza y saneamiento.
No en vano, desde el año pasado, está en marcha a nivel judicial, una auténtica patraña penal para lograr el enjuiciamiento de la propia Cosse, por su eventual responsabilidad en presuntas irregularidades con relación al proyecto, programación y ejecución del estadio cerrado multipropósito Antel Arena. La demanda aunque carece de todo sustento jurídico, tiene igualmente un desenlace incierto.
La voz más potente en apoyo a la iniciativa fue la de la presidenta de la Departamental del Partido Nacional de Montevideo, Laura Raffo, quien afirmó que los ediles “han sufrido un destrato” y “no aguantan más”.
Esta patética economista y empresaria, que aunque resulte inverosímil tiene aspiraciones presidenciales, es realmente una oligarca que pisó calles no asfaltadas únicamente durante la campaña para las elecciones departamentales. Obviamente, se trata de la hija de Juan Carlos Raffo, ex Ministro de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, que fue reiteradamente acusado de recibir coimas a cambio de favores.
Parafraseando a Raffo, en realidad los que no aguantan más son los 380.000 uruguayos pobres -78.000 más que en 2019- que sobreviven malamente como pueden y se alimentan en más de 500 ollas y merenderos populares que aun existen en todo el territorio nacional, particularmente en el departamento de Montevideo.
Por supuesto, no aguantan más los trabajadores, jubilados y pensionistas que perdieron salarios durante tres años consecutivos, porque las altas tasas de inflación superaron largamente sus menguados ingresos.
Naturalmente, no aguantan más los sindicatos públicos ignorados por el gobierno y los privados estafados por su empleadores, además de hostigados y perseguidos como si fueran leprosos.
Obviamente, los uruguayos no aguantan más a un gobierno corrupto, que le otorga –en una suerte de cuasi monopolio- el servicio de contenedores del Puerto de Montevideo a un multinacional durante medio siglo, sin que se conocieran públicamente los motivos ni los compromisos asumidos.
Pero, fundamentalmente, no aguantan más a un gobierno que le otorgó un pasaporte a un capo narco requerido internacionalmente y que amparó en su seno la actividad de una asociación para delinquir que funcionada en el 4º piso de la Torre Ejecutivo, la cual se dedicaba a la falsificación de documentos de ciudadanos rusos. Tampoco, obviamente, no tolera más a un gobierno financiado por una poderosa tabacalera, que flexibilizó las políticas de la lucha contra la epidemia más letal de todo el planeta.
En realidad, el que debería ser sometido a juicio político es el presidente de la República, por sus ineludibles implicancias en estos inocultables escándalos de explícita apariencia delictiva. Empero, eso no sucederá por el blindaje de sus aliados, que le otorgan una impunidad propia de repúblicas bananeras.
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