Las polémicas declaraciones del futuro Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional coronel ® Rivera Elgue provocaron una auténtica tormenta política, a escasas horas de la asunción del gobierno multicolor que encabezará el nacionalista Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou.
Es que el futuro jerarca de una Secretaría de Estado tan sensible por sus implicancias en dolorosos episodios del pasado reciente, relativizó insólitamente las aberraciones perpetradas por los militares durante la dictadura.
Al respecto, Rivera Elgue afirmó que las Fuerzas Armadas en su conjunto “no actuaron mal en la dictadura. Hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal, pero la institución, no”, señaló.
«Si no, no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay. Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay”, dijo.
La primera reflexión que ameritan deposiciones de tanta gravedad viniendo de alguien que en pocos días integrará la cúpula del ministerio que tendrá mando directo sobre los uniformados, es que no fueron treinta y dos sino ciento noventa y dos los ciudadanos secuestrados y desaparecidos durante el gobierno autoritario, según reporta la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República.
Evidentemente, este señor –si es que se le puede designar así- tiene mala memoria o problemas con la aritmética elemental que, tratándose de personas y no de meros objetos, debería ajustarse bastante más a la realidad.
Sus declaraciones trasuntan un soterrado apoyo a los gorilas que asaltaron el poder en 1973, cuyo primer pecado fue haber arrasado con las instituciones. En efecto, cuando afirma que “las Fuerzas Armadas no actuaron mal” en ese período tan álgido de nuestra historia, está avalando implícitamente el deleznable Golpe de Estado que instauró el gobierno cívico militar.
Realmente, a nadie debería sorprender este episodio, ya que Rivera Elgue integra el ultra-derechista Partido Cabildo Abierto, que tiene dudosas credenciales democráticas, porque convocó, entre otros, al ex represor y coronel retirado Antonio Romanelli, al teniente coronel retirado Eduardo Radaelli, condenado en Chile por el secuestro, desaparición y asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos, y al mayor retirado Enrique Mangini, antiguo miembro de la organización fascista y Terrorista Juventud Uruguaya de Pie, que es sindicada como partícipe en el asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972.
Empero, tan o más grave que las reflexiones del designado jerarca fue la reacción del senador y líder del CA general retirado Guido Manini Ríos.
Según el legislador, las declaraciones de Rivera Elgue fueron sacadas de contexto. “Creo que lo primero es no quedarnos con el título, habría que leer la nota entera y no sacar de contexto las declaraciones que hizo el futuro subsecretario. La pregunta que se le hace es si las FFAA deberían pedir perdón, él hace una serie de consideraciones de las distintas partes que actuaron en esa época tan lamentable del país que nos fracturó hace medio siglo”, señaló.
«Lo que menciona es que los excesos que llevaron a desapariciones fueron casos aislados, muchas veces hechos por gente que actuó fuera de la política de las Fuerzas Armadas. Dice que el hecho de que fueran 32 los desaparecidos, comparado con realidades que se ven en la región, demuestra que no fue una política sistemática», agregó.
Por supuesto, Manini vuelve a incurrir –por acción u omisión- en el error del número de desaparecidos, de lo cual se desprende una tácita aceptación de las declaraciones de su correligionario.
Lo que el ex comandante en Jefe del Ejército no condena abiertamente –como hubiera correspondido a alguien que integrará un futuro gobierno democrático-es a la dictadura que asoló al país durante doce años. No en vano se graduó como cadete en 1978 y -durante ese oscuro período- ascendió en tres oportunidades.
Como se sabe, a este militar -que afirma que los uruguayos no quieren hablar más del pasado pese a los recurrentes reclamos de verdad y justicia de las organizaciones de derechos humanos- le corresponde responder ante la Justicia por su ambigua actitud con respecto a las confesiones del represor José “Nino” Gavazzo ante un Tribunal de Honor.
En ese contexto y aunque ahora dispone de fueros parlamentarios, el ex jerarca militar deberá comparecer ante los estrados judiciales por una imputación penal de omisión.
En efecto, cuando aun ostentaba el rango de Comandante en Jefe del Ejército, Manini Ríos demoró casi un año en denunciar a sus superiores que, en las actas del Tribunal de Honor, el delincuente Gavazzo admitió haber desaparecido el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro.
Si bien a priori nadie afirma explícitamente que existió un deliberado intento de encubrimiento o de dilación, lo concreto es que el jerarca militar no informó, en tiempo y forma y tampoco denunció la situación, a lo cual estaba obligado como funcionario público ante el conocimiento de un delito, según lo establecido por el Artículo 177 de Código Penal.
Como si no fuera suficiente, Manini Ríos acusó al Fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli –que tiene la responsabilidad del caso- de “estar mandatado” por el poder político, en una actitud de soberbia y desprecio propia de quienes no creen en las instituciones democráticas.
Tal vez tenga nostalgias del pasado más oscuro.
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